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| Protestas en la Ciudad de México, muchos sectores de la población continúan exigiendo la presentación con vida de los 43 normalistas. Fotografía: Heriberto Paredes |
«Los muchachos están vivos y están pidiendo una millonada por ellos», declaró la semana pasada Rogelio Ortega, gobernador interino de Guerrero. Incluso afirmó que podrían pedir el apoyo económico de organismos internacionales para recabar el monto y pagar el rescate. Adela Micha, con su fingido tono de seriedad, le preguntó –continuando con la entrevista– quién le había dicho eso y el funcionario respondió que los propios estudiantes de la Normal. Sin ningún tipo de sustento, en cadena nacional y en horario estelar, se daban esperanzas a las familias.
No ha transcurrido ni una semana de estas declaraciones y Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), en conferencia de prensa, afirmó ayer que los 43 estudiantes normalistas fueron asesinados y calcinados por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos (GU), aunque luego declaró que todavía serán considerados como desaparecidos y que se intensificará la búsqueda.
A lo largo de estos 44 días de desesperación y de nulos resultados en las investigaciones, tanto el gobierno de Guerrero, en los primeros 10 días, y la PGR, luego de atraer el caso, han dado diferentes versiones, han filtrado declaraciones ministeriales que se contradicen y que no brindan respuestas. La nueva versión difundida por el procurador, por un lado, da sentido al último hallazgo de restos humanos en el basurero municipal de Cocula, y por otro, quita lugar y sentido a las declaraciones ministeriales de los primeros detenidos, es decir, 22 policías municipales y 12 sicarios que confirmaron su participación en los tiroteos contra los estudiantes el pasado 26 de septiembre.
Vale la pena detenerse un poco en esta falta de concordancia entre estas primeras declaraciones ministeriales y lo que ahora se anuncia como la «reconstrucción de los hechos» y su posible explicación. Los distintos niveles de gobierno y quienes los detentan han mentido y mienten sin tener consideración del dolor que las familias padecen y sin atender a los reclamos nacionales e internacionales que exigen justicia y presentación con vida.
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