Enrique Calderón Alzati
A tres meses de los lamentables sucesos
de Iguala, lejos de saber con certeza lo sucedido, las interrogantes crecen y
se profundizan, vinculándose con otros hechos para conformar un escenario
patético de dimensiones nacionales, señalando cada día con mayor precisión que
se trata de un crimen de Estado, cuyos responsables no son otros que las más
altas autoridades del país.
El afán reiterado del Presidente de dar
carpetazo a la tragedia mediante declaraciones y ofrecimientos llenos de
vaguedades y vacíos, así como la investigación periodística presentada por la
revista Proceso en las semanas pasadas, informando de la
participación de la Policía Federal y del Ejército Mexicano en la operación que
dio como resultado el asesinato de tres de los estudiantes y la desaparición
forzada de otros 43, sin que el gobierno de la República haya dado una
respuesta seria, que ponga en duda los resultados de esa investigación, nos
llevan necesariamente a hacernos una pregunta de la mayor importancia: ¿qué es
lo que llevó a los actuales gobernantes a optar por una acción de este tipo,
destinada a desaparecer a esos estudiantes y al mismo tiempo a tratar de
vincularlos con un grupo de narcotraficantes?
Para dar respuesta a esta pregunta
tenemos poca información, pero ciertamente muy valiosa. Por una parte, las
declaraciones de los propios padres de familia, que nadie ha puesto en duda, y
por otra la historia misma de las escuelas normales rurales y, en particular,
la de Ayotzinapa. En la conferencia dada por los padres y su representante, del
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, luego de la reunión que
tuvieron con el presidente Enrique Peña Nieto, ellos declararon con firmeza las
reiteradas amenazas recibidas de funcionarios federales, estatales y municipales
de obstaculizar el trabajo de la escuela e incluso de cerrarla. ¿Por qué cerrar
una escuela, cuando supuestamente una de las prioridades del gobierno es la
educación? En esa conferencia quedó claro que los estudiantes de Ayotzinapa no
eran de origen local, sino que provenían de todo el estado, indicando con ello
que se trata de una escuela con alto prestigio en todos los municipios de
Guerrero. La claridad de sus razonamientos y declaraciones me dio la certeza de
que se trataba de personas inteligentes, bien preparadas y seguras de sus
derechos, permitiéndome concluir que la escuela ha sido una institución
importante para los campesinos de todo el estado de Guerrero.
Ello me llevó a recordar un hecho
ocurrido en las elecciones de 1988: un hijo mío realizaba sus prácticas de
campo en las montañas de Guerrero, entre Chilpancingo e Iguala; terminaba la
carrera de ingeniero geofísico y con algunos compañeros recogía muestras de
minerales, lo cual los llevó a buscar una casilla para votar ese 6 de julio. La
población de la comunidad a la que llegaron les pareció un tanto arisca y
reservada, contrastando con su actitud amable de los días anteriores. Sin
embargo, al saber que ellos deseaban votar por Cuauhtémoc Cárdenas, la actitud
cambió de inmediato. Su reserva se debía a que en las semanas previas, las
poblaciones de la región habían acordado el voto unánime por Cárdenas y veían
con desconfianza a los forasteros que podían hacerles quedar mal con las otras
comunidades. Luego él me contó que a su regreso a Chilpancingo pudieron ver en
las cunetas de la carretera boletas tiradas y medio quemadas en varios sitios.
Ello me impactó mucho, pues en aquellos días aún no se sabía quién sería
finalmente el triunfador. Cuatro meses después, con un grupo de colaboradores
de la Fundación Rosenblueth publicamos un libro titulado Geografía de
las elecciones presidenciales de 1988, en el que constataba la altísima
votación por Cárdenas en los municipios del centro y sur del país, aun después
de las múltiples alteraciones de los resultados, realizadas por el gobierno de
Miguel de la Madrid.
Fue así que luego de escuchar a los
familiares de los normalistas me quedaba claro que aquella anécdota escuchada
años atrás cobraba sentido, por lo que decidí dedicar algún tiempo a conocer la
historia de las normales rurales, encontrándome que su origen databa de 1920-30
como parte del proceso mismo de la Revolución realizada mayoritariamente por
campesinos, cuyas demandas quedaron plasmadas en la Constitución de 1917. Las
escuelas habían sido creadas con objeto de formar a los maestros de las zonas
rurales, que se encargarían de enseñar a las familias campesinas a leer y
escribir, a conocer la historia de México, el cultivo de la tierra y a defender
sus derechos sobre ella. Después, con el reparto de tierras realizada por el
general Lázaro Cárdenas, las normales rurales recibieron un gran impulso como
parte del plan de desarrollo agrícola que incorporó la creación de fondos de
crédito y la preparación de los campesinos para modernizar la producción
agrícola del país. El proyecto se consolidaba con los internados, donde sus
estudiantes provenientes de otras regiones eran alojados y alimentados; con
todo ello las escuelas se convirtieron en parte fundamental de la Revolución de
1910.
Luego los sucesivos gobiernos priístas
comenzaron a desdibujar ese proyecto para instaurar los privilegios y las ideas
del libre mercado, en un afán de modernización, que sin tomar en cuenta la
terrible pauperización causada en Europa por la revolución industrial (descrita
magistralmente por Víctor Hugo en Los miserables) generó en México
terribles desequilibrios sociales, migración a las ciudades y el crecimiento
aberrante de ellas, en virtud de la concentración de inversiones y capitales.
El descontento de las zonas rurales,
muy principalmente en el centro y sur del país, como respuesta a las políticas
neoliberales impuestas luego de la crisis petrolera de 1980, se hizo manifiesto
en las elecciones de 1988; en ellas, la influencia ideológica de las normales
rurales en las zonas campesinas de Guerrero, Hidalgo, Michoacán y Morelos, así
como de Coahuila en el norte del país, tuvieron un rol muy importante en la
votación por Cárdenas, complementada por la de trabajadores petroleros de
Veracruz, Tabasco y Campeche.
Tanto los poderes fácticos como el
grupo que está hoy aferrado al poder tienen claro que las escuelas normales
rurales constituyen uno de los mayores riesgos para lograr sus objetivos ajenos
y contrarios a los intereses del país, por ello es que Ayotzinapa se ha
convertido en el símbolo de la nueva lucha por la nación que hoy se extiende
por el territorio nacional, manifestando a los gobernantes su hartazgo por la
corrupción y la impunidad que ellos representan y defienden, suponiendo tener
la fuerza, mientras nosotros, el pueblo de México, estamos convencidos de tener
la razón.
En lo personal no creo que la lucha
armada sea el camino que debamos seguir, pero creo firmemente que podremos
combatir al mal gobierno, al que le hemos perdido la confianza, para derrotarlo
con inteligencia, con nuevas formas de lucha social y con la organización de la
sociedad toda. Ello tomará tiempo, no será cuestión de semanas, como
seguramente algunos quisieran, pero que no nos quede duda de que al final
venceremos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario