La Ley General de Aguas, aprobada recién en la Cámara de Diputados, profundizará los conflictos sociales y limitará el uso del agua para la agricultura en perjuicio de la producción de alimentos para los mexicanos, definió hoy martes la organización nacional “El Barzón”.
Además, la reformada ley es una iniciativa que ha puesto en riesgo la salud de la población más vulnerable, al establecer que “el derecho humano al agua” se garantiza con 50 litros del vital líquido, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que al menos cada persona requiere como acceso óptimo 100 litros por día.
La Ley Nacional de Aguas se extralimita al considerar solo a los “asentamientos humanos”, dejando fuera a las localidades indígenas y rurales que representan a 5 de los 9 millones de personas que carecen de acceso al agua potable.
Los dirigentes de El Barzón Nacional y de Chihuahua, Alfonso Ramírez Cuéllar y Martín Solís Bustamante, afirman que el Congreso Federal “no puede aprobar una Ley que no contempla la participación ciudadana y limita el acceso al agua y a la alimentación a todos los mexicanos”.
Y añaden que en la mencionada Ley “no se ve reflejada una verdadera agenda de desarrollo hídrico vinculada al medio ambiente, biodiversidad, energía, agricultura y uso de suelo”.
Por el contrario, advierten que dicha Ley “garantiza agua para uso minero y fracking, lo que implica profundizar los conflictos sociales y limitar el uso del agua para la agricultura”. En opinión de los barzonistas, destinar concesiones a los corporativos para realizar grandes obras hidráulicas como el acueducto VI o para el uso industrial, traería graves afectaciones a los pueblos indígenas y campesinos al competir, y en todo caso reducir los volúmenes destinados a la producción de alimentos y consumo personal y en el peor de los casos, al despojarlos de sus tierras para el uso extractivo.
Señalan que lo planteado en la “Ley de Aguas de Korenfeld”, se ha hecho sin tomar en cuenta la necesidad y la participación ciudadana. No contiene compromisos institucionales que establezcan mecanismos de diálogo para la solución de conflictos por el agua, que a la vez garanticen la gobernanza y gobernabilidad del recurso.
El objetivo de esa Ley es seguir controlando los sistemas de agua y dar privilegio a las grandes corporaciones para la explotación de este recurso, poniendo en riesgo el derecho humano al vital líquido.
Pero también pone en riesgo la producción de los alimentos. Por un lado 50 litros implica que la Ley no está considerando que se requieren al menos 3500 litros de agua virtual, (agua requerida para la producción y preparación de los alimentos), diaria por persona, lo que refleja que no establece ni plantea una planeación hídrica.
De inicio se requiere saber la disponibilidad de agua que hay en el país, y a partir de ahí establecer las obras requeridas dando prioridad a las cuencas sobreexplotadas, con metas y una programación a corto y mediano plazos para realizarlas.
Al respecto se requiere realizar estudios de disponibilidad de agua actualizados de cada acuífero y reglamentar su extracción de acuerdo al volumen disponible.
La planeación hídrica funcionaría como un mecanismo para determinar la superficie de riego agrícola en base a la demanda hídrica de diversos cultivos, tomando como base el volumen concesionado a cada usuario de aguas nacionales.
No establece la participación institucional y de gobiernos estatales así como las sanciones administrativas y penales debidas contra los aprovechamientos ilegales de aguas superficiales y subterráneas como la suspensión de la extracción, servicios de energía eléctrica y apoyos de programas a dichos usuarios.
Finalmente, CONAGUA desatiende los problemas más críticos de la población con esta Ley, condenando a los mexicanos más vulnerables al impulsar el autocuidado y autoprotección de la población en emergencias frente a los desastres hidrometeorológicos como las sequias o los huracanes.
Apuntan que ante tal abandono, la población deberá buscar la manera de sobrevivir ante tales eventos. Y añaden que por si fuera poco, se sancionará con 1,000 o 50,000 días de salario minino las obras de exploración, estudio, monitoreo y remediación sin el permiso de la CONAGUA.
Fuente original: http://ahoramismo.mx/
Categoría: Nacional
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