El Ejército Popular Revolucionario (EPR) llamó a no acudir a
las urnas el próximo 7 de junio al considerar que votar es legitimar el actual
régimen y el "terrorismo de Estado".
La organización insurgente emitió un comunicado con fecha de 5 de mayo en el que aseveró que la creciente inconformidad contra el actual gobierno y por la situación que se vive en el país, como la pobreza, la falta de empleos, la inseguridad, la tortura sistemática, las ejecuciones y desapariciones forzadas, se ha expresado en llamados contra el proceso electoral en puerta, colocando en el centro del debate si se debe o no votar.
"La experiencia histórica nos enseña que votar legitima al régimen actual, el cual es responsable de las condiciones materiales de existencia de miseria y pobreza en las que vive el pueblo; votar en las actuales condiciones es legitimar que exista más desempleo y aceptar que existan salarios precarios; votar legitima y respalda la anulación de derechos constitucionales y humanos inalienables como el derecho al trabajo, a la educación y a la vida; es legitimar el terrorismo de Estado contra el pueblo, aceptar y aplaudir los asesinatos, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la represión, el hostigamiento y el hambre sobre el pueblo como política terrorista".
El grupo insurgente refirió que en algunos sectores se estigmatiza y descalifica a quienes promueven la anulación del voto como el abstencionismo político, a los que consideró formas de "condena popular a un régimen oprobioso". Sin embargo, acotó, no se comprende que no acudir a las urnas "es defender y hacer valer la voluntad popular, porque una parte del pueblo ha decidido condenar al régimen por medio de esta forma de lucha, sobre todo a través del abstencionismo político consciente".
Para el EPR es necesario impulsar ese abstencionismo consciente, sobre todo ante la actual coyuntura electoral con objeto de "forjar una conciencia política revolucionaria" ya que en las actuales condiciones que atraviesa el país sufragar "fortalece y legitima a la democracia burguesa y condena al pueblo a mayores condiciones de pobreza y miseria".
El grupo rebelde también se refirió al caso de los normalistas de Ayotzinapa víctimas de desaparición forzada hace más de siete meses en Iguala, Guerrero, a manos de policías municipales en colisión con el crimen organizado -esto de acuerdo a la versión oficial.
Cada día --planteó el EPR-- sin que se haga justicia por este caso "se comprueba que estos crímenes de lesa humanidad son el reflejo crudo de lo que es el Estado policiaco militar y el terrorismo de Estado. Desde el gobierno represivo y antipopular se sigue con la criminalización del descontento popular y la solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa, es la prueba que el Estado no tiene voluntad ni disposición por presentar a los detenidos-desaparecidos, porque él es el responsable, es una prueba de su participación en los crímenes de lesa humanidad, que hoy desde las instituciones gubernamentales se pretende negar su condición de crimen de Estado".
Para este grupo insurgente, las autoridades intentan diluir "su responsabilidad" en éste y otros casos de desaparición forzada, como el de sis militantes Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, desaparecidos en Oaxaca en 2007, por lo que sólo se acusa y señala a personas desligadas de las instancias institucionales, como a los integrantes del crimen organizado.
La organización insurgente emitió un comunicado con fecha de 5 de mayo en el que aseveró que la creciente inconformidad contra el actual gobierno y por la situación que se vive en el país, como la pobreza, la falta de empleos, la inseguridad, la tortura sistemática, las ejecuciones y desapariciones forzadas, se ha expresado en llamados contra el proceso electoral en puerta, colocando en el centro del debate si se debe o no votar.
"La experiencia histórica nos enseña que votar legitima al régimen actual, el cual es responsable de las condiciones materiales de existencia de miseria y pobreza en las que vive el pueblo; votar en las actuales condiciones es legitimar que exista más desempleo y aceptar que existan salarios precarios; votar legitima y respalda la anulación de derechos constitucionales y humanos inalienables como el derecho al trabajo, a la educación y a la vida; es legitimar el terrorismo de Estado contra el pueblo, aceptar y aplaudir los asesinatos, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la represión, el hostigamiento y el hambre sobre el pueblo como política terrorista".
El grupo insurgente refirió que en algunos sectores se estigmatiza y descalifica a quienes promueven la anulación del voto como el abstencionismo político, a los que consideró formas de "condena popular a un régimen oprobioso". Sin embargo, acotó, no se comprende que no acudir a las urnas "es defender y hacer valer la voluntad popular, porque una parte del pueblo ha decidido condenar al régimen por medio de esta forma de lucha, sobre todo a través del abstencionismo político consciente".
Para el EPR es necesario impulsar ese abstencionismo consciente, sobre todo ante la actual coyuntura electoral con objeto de "forjar una conciencia política revolucionaria" ya que en las actuales condiciones que atraviesa el país sufragar "fortalece y legitima a la democracia burguesa y condena al pueblo a mayores condiciones de pobreza y miseria".
El grupo rebelde también se refirió al caso de los normalistas de Ayotzinapa víctimas de desaparición forzada hace más de siete meses en Iguala, Guerrero, a manos de policías municipales en colisión con el crimen organizado -esto de acuerdo a la versión oficial.
Cada día --planteó el EPR-- sin que se haga justicia por este caso "se comprueba que estos crímenes de lesa humanidad son el reflejo crudo de lo que es el Estado policiaco militar y el terrorismo de Estado. Desde el gobierno represivo y antipopular se sigue con la criminalización del descontento popular y la solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa, es la prueba que el Estado no tiene voluntad ni disposición por presentar a los detenidos-desaparecidos, porque él es el responsable, es una prueba de su participación en los crímenes de lesa humanidad, que hoy desde las instituciones gubernamentales se pretende negar su condición de crimen de Estado".
Para este grupo insurgente, las autoridades intentan diluir "su responsabilidad" en éste y otros casos de desaparición forzada, como el de sis militantes Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, desaparecidos en Oaxaca en 2007, por lo que sólo se acusa y señala a personas desligadas de las instancias institucionales, como a los integrantes del crimen organizado.
La Jornada en linea
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