18-02-2020
La Comisión
Ejecutiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional denunció
acoso, intimidación y despojo de tierras de mujeres indígenas posesionarias en
la Sierra Norte de Veracruz, con el aval del Gobierno Federal, donde se
construye la Universidad Benito Juárez por lo que exigió al Presidente Andrés
Manuel López Obrador detener su campaña de hostigamiento contra las féminas en
el medio rural en tanto que a la CNDH le demandó investigar el caso para emitir
una recomendación y a la Procuraduría Agraria así como al Tribunal
Agrario le urgió garantizar la restitución de 3 hectáreas arrebatadas
a las afectadas desde 2019.
En
conferencia de prensa, las afectadas Petra Cabañas Durán y Sandra Hernández
Cabañas, posesionarias hasta el 2019 de sus tierras en la comunidad de Carboneros Jacales
ubicado en el municipio de Huayacocotla, Veracruz, sostuvieron que
autoridades federales, estatales, municipales y comunales les dieron a conocer
que sus tierras habían sido donadas, sin autorización de parte, y ello
implicaba que “donas o donas. De lo contrario te desalojamos con la Guardia Nacional
y te echamos de la comunidad”.
Tras las
amenazas a estas indígenas de origen Náhuatl por parte
del Comisariado Ejidal, el despojo de tierra sin asamblea
previa y con amenazas a cuestas, las posesionarias y la CNPA MN iniciaron
los procesos legales ante la PA y el TA a fin de que se restituyan dichas
tierras las cuales están ociosas cuando con ellas se producía maíz, frijol y
haba.
Por lo
anterior, en esta comunidad donde hay 290 ejidatarios de las cuales 50 son
mujeres y muchas otras son posesionarias, la inconformidad por el arrebato de
tierras para crear la Universidad Benito Juárez es sinónimo de “rebeldía, de
ser revoltoso y ello amerita la expulsión”, expresó Petra Cabañas Durán avalada
por Alberto Galindo García, miembro de la Comisión
Ejecutiva de la CNPA MN.
Cabe
recordar que la 4T ofreció construir 100 universidades para que los más pobres
tengan acceso a la educación superior pero no aclaró que sería través del
despojo de terrenos así es como las Universidades para el Bienestar Benito
Juárez (UBBJ) comenzaron a operar en marzo de 2019 que en conjunto deberán
atender a 39 mil 600 estudiantes de zonas marginadas pero resulta que la de
Carboneros Jacales ubicado en el municipio de Huayacocotla, Veracruz (donde
confluyen etnias Náhuatl, Tepehua y Otomí), sigue en obra negra, sin alumnos,
académicos o administrativos.
Seguros de
que no se puede donar lo que no es del Estado, las indígenas Petra
Cabañas Durán y Sandra Hernández, el 5 de enero de 2020
ante la visita del Presidente de la República al municipio de Huayacocotla,
Veracruz, junto con Francisco Hernández Soto, Francisco Javier Hernández
Cabañas denunciaron públicamente que han sido despojados de sus parcelas para
construir la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, con sede en el
Ejido Carbonero Jacales.
Reiteraron
que se trata de alrededor de 3 tres hectáreas que nunca le donaron a la
Universidad Benito Juárez pero resulta que las autoridad “se sacó de la manga”
una acta circunstanciada de fecha 22 de febrero de 2019 referida a la visita de
topógrafos y firmada por autoridades ejidales y los supuestos donantes; misma
acta remite a un acuerdo de Asamblea de fecha 17 de febrero de 2019 y un plano
presentado el 08 de agosto de 2018.
Cabe
aclarar que Alejandro Durán Ortega promotor de la Universidad
ha sido denunciado por otros ejidos ante el Órgano Interno de Control de la
Procuraduría Agraria y ante la Secretaría de la Función Pública por manipular
junto representantes agrarios la redacción de actas en los ejidos.
Alberto
Galindo García, miembro de la Comisión Ejecutiva de la CNPA MN, dijo
que en los núcleos agrarios “por costumbre y acuerdos internos” los derechos de
posesión de la tierra se traspasan de padres a hijos y/o familiares, sin que
sea necesario acudir a instancias agrarias como la Procuraduría Agraria y
Registro Agrario Nacional o ante Notario Público en caso de propiedad privada.
Señaló que
justo de esto están abusando las autoridades ejidales, agrarias y representante
de la universidad para concretar el despojo.
Es
innegable la necesidad de espacios educativos para la juventud y es loable que
eso se haga (aunque debieran ser de mayor proyección), pero nunca bajo el
despojo de las personas más humildes; pues ahora que reclaman su patrimonio de
décadas son amenazados con ser expulsados de su ejido y localidad, de
concretarse es responsabilidad del Gobierno Federal que nunca quiso escuchar,
incluyendo el mismo Presidente de la Republica, detalló.
Dijo que
al buscar en Portales de Internet, no se encuentra lugar sede
desde donde opera la Coordinadora de Universidades para el
Bienestar.
Añadió que
el nombre Raquel de la Luz Sosa Elizaga, nombrada como
coordinadora de las 100 Universidades para el Bienestar sólo aparece en medios
de comunicación, más no en portadas oficiales.
Pero
además las Universidades para el Bienestar Benito Juárez carecen de validez
oficial, no cumplen con el mínimo de materiales de construcción, mobiliario,
equipo y necesidades de reparación básica, según estudio realizado por la
Organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
No tienen
el personal adecuado para impartir materias. En tanto que el presupuesto
ejercido en 2019 fue irregular, pues los primeros tres trimestres no reportaron
gastos, pero al cierre del año se erogaron 880.2 millones de pesos, concluyó.
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