Los delitos y montos desviados por los que la Procuraduría General de Justicia persigue a los 33 alcaldes de Veracruz serán pocos, comparados con la revisión que se debe dar en 2012 (por las reformas constitucionales de 2008) a la entrega de presupuestos por resultados del uso de los recursos públicos estatales, y eso se le olvida al Congreso del Estado, consideró Rafael Arias Hernández, investigador de la Universidad Veracruzana (UV).
Amén de la bursatilización, del impuesto de la tenencia vehicular, dijo que aparecerán más deudas de la “delincuencia gubernamental”, como los 6 mil 500 millones de pesos que tienen los organismos operadores de los sistemas de agua de Veracruz con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
En entrevista, el catedrático de la Facultad de Economía señaló que en México lo aplicable a todos los gobiernos es que “lo prometido es deuda”, al ser cuestionado sobre los créditos que contraerán las nuevas administraciones municipales, la deuda de Veracruz y sobre los ex alcaldes procesados.
Arias Hernández advirtió que al entrar en pleno la vigencia de la Ley de Contabilidad Gubernamental, lo que viene es una mayor exigencia de transparencia y rendición de cuentas de todos los instrumentos financieros, no sólo de la deuda, y eso tiene que informarse, por lo que habrá más candidatos a responder por su ineficiencia, irresponsabilidad, corrupción o actividad delictiva a partir de 2012, pero asimismo refirió que ya está en vigencia parte de esta ley, desde 2008, “y será retroactiva, va a ser como la luz o el agua bendita o el collar de ajos en la casa de los vampiros”.
Ante la aprobación de créditos a los municipios, el economista acotó: “estamos frente a una obligación gubernamental ineludible de manejar un instrumento financiero importante, como la deuda pública, manejarlo con eficiencia y con responsabilidad y en ese sentido no sólo (compete a) los municipios sino al estado y a la Federación; el problema de la deuda pública es que se dispone de recursos y oportunidades del futuro y si no se maneja con cuidado entonces se cancela o se dificulta el futuro”.
En el caso de los ayuntamientos, mencionó, hay varias lecciones inmediatas: primera, no sólo es importante conocer los términos y las formas de contratación y de pago; segundo, es imprescindible identificar, revindicar y evaluar los objetivos de obra e inversión que dieron origen a la deuda, es decir no sólo es (necesario) saber cuándo se va a pagar y cuánto se va a pagar, sino también para qué se obtuvo el empréstito, y en ese sentido lo que pasó en los municipios será poco comparado con lo que va a pasar después de que se revisen las deudas públicas, porque en la revisión tienen que estar consignados los resultados de la obra pública o la inversión que se haya hecho o no.
La tercera lección, refirió, que tanto el gobierno federal, estatal y municipal se les olvida, es que hay una reforma constitucional de mayo de 2008 y que entrará en vigencia plena en 2012, enfocada al Presupuesto por Resultados que obligan a todos los órdenes de gobierno a informar, a transparentar, porque la deuda pública en este país es deuda y se tiene que pagar, y es pública porque la paga el público.
Con la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, los municipios, los estados y la Federación van a tener que ponerse las pilas, porque si no van a traer consecuencias de diversos tipos de manejo ineficiente e irresponsable que se haga, consideró el investigador.
Por eso, dijo, hay que recordarle al Congreso del Estado que tiene que actualizar las leyes de la reforma del Presupuesto por Resultados, pero que estas reformas no sólo son presupuestales o vinculadas con la Ley de Coordinación Fiscal, con la Ley de Contabilidad Gubernamental, sino también están vinculadas con la Ley de Acceso a la Información y sobre todo con las referidas a la participación social.
De esta manera, adujo, al contraer deuda se tiene que vigilar, comprobar que se haga en términos favorables al erario público, que su contratación, los plazos, las formas, sean ventajosas para el erario público, pero no sólo implica que se va a verificar lo que se va a pagar, sino que también se tiene que verificar para qué fue contratada, es decir, se cuestionará si las obras se hicieron o no se hicieron, porque con la reforma constitucional ya no hay posibilidad de que se encubra contablemente o se esconda públicamente.
En el caso de los municipios que son estructuras financieras más frágiles, refirió, se tiene que tener cuidado no sólo en los términos de contratación, sino en términos de cumplimiento, para qué se contrató, y se tiene que ver si se cumplió con la causa, el compromiso y la obligación que ocasionaron su contratación; si se hicieron las obras, tendrá que informarse con mayor precisión y en este sentido los municipios necesitan del auxilio del gobierno del estado, del Congreso, de la Federación.
“Es necesaria la capacitación técnica a los alcaldes porque sus condiciones de muchos de ellos no son favorables a estos cambios que suceden y entonces habrá más candidatos a la cárcel, a las irresponsabilidades, ya que los alcaldes al llegar creen que va a suburbanizar a su municipio y lo primero que hacen es comprarse una Suburban, pero hay nuevas leyes”.
Asimismo, expuso, en el caso de la deuda estatal no prescribe pero también tendrán que transparentarse puntos y verificarse si se hicieron o no las obras que se contemplaron, al igual la deuda del país que es el pendiente del Congreso federal.
Con esta reforma, dijo, se aclarará todo tipo de deudas que haya, y en el estado es importante reconocer el trabajo que hace Finanzas y Planeación, Tomás Ruiz González, “por su prudencia, cautela y el análisis antes de lanzar toda la ofensiva, porque hay deudas que tienen que verificarse, como los pendientes de pago que el gobernador anterior ordenó que interviniera Contraloría, porque a deuda revuelta ganancia de vividores; es importante de revisar qué otras deudas hay, porque Veracruz tiene una deuda enorme de casi 6 mil 500 millones de pesos a la Conagua, los organismos municipales operadores de agua no han pagado”.
