Córdoba, Ver.- La Contraloría municipal, a cargo de Alejandro Nieves Garnica, consignó un total de 141 observaciones y daños incuantificables al trienio de Juan Antonio Lavín Torres. Tras el proceso de entrega-recepción, el ayuntamiento entrante debe por ley ejecutar una auditoría interna para conocer el estado que guardan las arcas, para ello, cuenta con un periodo de 30 días; posteriormente, los resultados deben ser presentados al cuerpo edilicio.
Una vez obtenidos los resultados, la administración cuenta con un periodo de 72 horas para notificar a los ex funcionarios. En sesión de cabildo, se aprobó por unanimidad que, al notificar a los ex funcionarios, el plazo sea de siete día naturales para que se apersonen a solventar las observaciones hechas.
Asimismo, el cabildo aprobó que fuera el propio contralor municipal, Alejandro Nieves Garnica, el encargado de emitir las notificaciones, así como recibir a los funcionarios para solventar las anomalías detectadas. Así, el ex alcalde Juan Antonio Lavín Torres, el ex síndico Vicente Alvarado Montiel, la ex tesorera, el ex contralor, el ex regidor de Hacienda municipal y la ex directora de Obras Públicas deberán acudir a solventar las observaciones.
Una vez que los ex funcionarios acudan a dirimir las anotaciones, explicó el contralor, se realiza un segundo resumen ya depurado, que es enviado al Congreso Local. En total, la comisión especial a cargo de ejecutar la auditoría interna, encontró 141 observaciones en un compendio de 360 fojas, que contiene: observaciones a proyectos, a obras públicas, prestación de servicios, desvío de recursos, adquisición de terrenos, donación de terrenos, obligaciones fiscales no pagadas, otras obligaciones no provisionadas ni enteradas, cuentas por cobrar, adquisición de servicios generales, apoyos otorgados, indebida excepción de contribuciones, documentación faltante del ramo 033, observación a los procesos de licitación, observaciones al inventario general del ayuntamiento, observaciones al DIF municipal, así como a Hidrosistema de Córdoba, todos incluyendo los tres años de administración de Lavín Torres, de 2008 a 2010.
Sin embargo, Nieves Garnica evitó dar una cifra exacta en cuanto al posible daño patrimonial en el que incurrió Juan Antonio Lavín Torres, pues señaló, debe hacerse una suma total de todos las anomalías detectadas, a más que deben esperar a que los ex funcionarios solventen las observaciones para entregar una cifra real.
A pesar de ello, se destacó que una de las mayores anomalías que arrojó esta auditoría interna fue el posible desvío de recursos de los ramos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fondo de Aportación al Fortalecimiento Municipal (FAFM), además de obras inconclusas y expedientes que no fueron entregados de forma completa durante el proceso de entrega-recepción.
Posible desvío de recursos
Dentro de este renglón se anota principalmente el presunto desvío de 15 millones de pesos provenientes del FAFM, monto que al parecer se canalizó al pago de proveedores en 2009. También se registra un segundo presunto desvío de recursos de más de 12 millones de pesos, del ramo del FISM, que a decir del contralor, fue transferido a recursos propios para cubrir el gasto corriente del municipio durante el ejercicio 2010.
Igualmente se registra otro monto más por 3 millones de pesos, recurso municipal aportado en el último mes de 2010 por la anterior administración para la construcción del parque industrial del Tecnológico de Monterrey, el cual, dijo, carece de expediente técnico unitario, el monto fue pagado con recursos provenientes del FISM, por lo que también se considera un desvío de recursos.
El dinero proveniente de ramos como FISM y FAFM debe ser utilizado únicamente en obras que colaboren al combate de la pobreza, está estrictamente prohibido su uso para otra finalidad. Las acciones descritas no caben en esta definición, y por ley, se consideraría desvío de recursos.
Obra pública
En 2010 hay proyectos pagados por 9 millones 465 mil pesos. En 2009, por 8 millones 70 mil pesos. En 2008, por 3 millones 275 mil pesos. La mayoría de las observaciones que se desprenden de estos proyectos fue que en la mayor parte no existe la obra o no fue entregada por la administración pública anterior, por lo que tendrán que llamar a los ex funcionarios para que las entreguen.
Por mencionar algunas observaciones hechas al área de Obra Pública en 2010, Nieves Garnica enlistó proyectos registrados que no existen: uno en el mercado La Isla, por un monto de 45 mil pesos; en la glorieta Shangri Lá, por 46 mil pesos; un módulo de atención ciudadana, por 34 mil 500 pesos; tres levantamientos topográficos en el río San Antonio, con una longitud de tres kilómetros, por más de 29 mil pesos; proyecto arquitectónico en el trébol bulevar Tratados de Córdoba; levantamiento topográfico en el casco de la ex hacienda de Toxpan, por 16 mil 250 pesos; proyecto de escalinata y área de estacionamiento en la Calle 8 y Avenida 6, por 29 mil 120 pesos.
Asimismo, hay otras anomalías, como el proyecto ejecutivo en la red de distribución en Palotal y Barreal por un millón 344 mil pesos, la cual, dijo, no fue entregada. A este renglón se agrega que la anterior administración no explicó el fin o uso de la red de distribución. “En su gran mayoría no está el proyecto o que en otro de los casos, el proyecto se hizo ya entregada la obra”.
Lo enlistado se suma a otras observaciones más hechas al rubro de Obra Pública, por un total de 9 millones 465 mil 357 pesos.
Adicionalmente, otras de las irreguralidades detectadas fue que el constructor fungió como su propio supervisor de obra, situación que por ley no se permite. La mayoría de los proyectos ejecutados en 2010 cuentan con evidencia de que fueron realizados por un solo contratista, en este caso, Ricardo León Gómez Vivanco.
Sin embargo, refirió Nieves Garnica, esta misma persona en 2009 ejecutó la mayor parte de obras, pero no entregó proyectos, a pesar de ello, se le asignaron obras por montos considerables que van desde los 80 mil pesos hasta 200 mil pesos, algunas de las que se le asignaron fueron en realidad realizadas por la Dirección de Obras Públicas del municipio.
Aunado a ello, también hay otras acciones inconclusas como, la construcción de viviendas en la comunidad de Matliaquihui con fondos del Fondo Nacional de Habitación Popular (Fonhapo) con una aportación municipal de un millón 26 mil pesos, del cual dijo, existe un expediente incompleto, además de que no existe la supervisión de la obra.
Servicios profesionales
A decir del funcionario, en este rubro hay un monto total pagado en 2010 por 9 millones 917 mil pesos.
En este renglón enlistó las anomalías mas sobresalientes.
Existe un contrato de prestación de servicios computacionales, página web, mantenimiento, asesoría, capacitación para la Unidad de Acceso a la Información Pública. Una empresa por estas acciones cobró un importe de 966 mil pesos, sin embargo, y a pesar del monto excesivo, la empresa no realizó la página electrónica, fue hecha por el área de informática del propio municipio.
Contrato por la prestación de consultoría y asesoría a la sindicatura única de la presidencia sobre la obra pública de 2010; contrato y exhibición de 22 carteleras por 3 millones 278 mil pesos, de la cual existe evidencia de un pago por sólo un millón 102 mil de pesos; un pago por un millón 242 mil pesos por servicios profesionales para el desarrollo de tecnología y sistema de información para la Dirección de Comercio, padrón de negocios con venta de bebidas alcohólicas, el cual no existe, refirió el contralor.
Asimismo, servicios digitales del archivo histórico por un monto de 735 mil pesos; logística y seguimiento de información por 301 mil pesos; seguimiento de estrategias y ejercicios 2009 y 2010, así como auditorías técnicas y financieras para los ejercicios 2008, 2009 y 2010 por un importe de 4 millones 692 mil pesos, ejecutado por la empresa Auditoría y Productos San Andrés, de la cual no existe documentación de las observaciones preliminares, es decir, de su trabajo, además de que no existe el domicilio.
Éstas fueron las observaciones más sobresalientes que en un compendio de 360 hojas se incluyen y que los ex funcionarios tendrán que solventar en un periodo de siete días naturales a partir de que reciban su notificación, señaló el contralor Alejandro Nieves Garnica, y concluyó que varios vehículos no fueron entregados, destacan una Suburban que era de uso presidencial, así como mobiliario que pertenecía al ayuntamiento y al DIF municipal.
