Pobreza impide a jóvenes concluir estudios; crece la desigualdad social

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de plano vetó, por ejemplo, a los hijos de los obreros del país para convertirse en profesionistas, refirió el dirigente del Frente Ricardo Flores Magón. Foto AVC Noticias

Fernando Inés Carmona

Orizaba, Ver.- A tal grado llegaron los índices de pobreza en México que sólo 10 por ciento de los estudiantes de educación pública media superior, “por sus condiciones económicas”, tiene posibilidades de terminar una carrera y competir en el mercado de trabajo, revela Jorge Cruz Ibáñez, dirigente del Frente Ricardo Flores Magón.

De acuerdo con datos que arrojan estudios que hace el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), existen balances poco halagadores para el desarrollo de estos alumnos. No obstante, aclara que los análisis que hace ese organismo evaluador de las políticas públicas dejan en claro que la pobreza ya no es propia de las zonas indígenas del país, sino que ahora “alcanza sectores en donde hace años no se esperaban situaciones de pobreza tan severa como lo son las clases medias, la de los trabajadores del país”.

 

Refiere que hay organismos internacionales que han presionado al gobierno del país a someterse a ordenamientos del mercado extranjero, y esto afecta al desarrollo de la mayoría de los mexicanos.

Uno de ellos, comenta, es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en México: “este organismo de plano vetó, por ejemplo, a los hijos de los obreros del país para convertirse en profesionistas”.

“Esto sin duda es algo bastante grave. Tenemos un ejemplo, en el 2010 ante las malas decisiones del gobierno federal, ocasionaron que el país se encuentre sumido en la desigualdad social; ahí tenemos el incremento en los índices de pobreza, ya lo confirmó el Coneval, tenemos más de 52 millones de pobres y 12 millones están en condiciones de pobreza alimentaria, es decir no tienen los suficientes recursos económicos para poder siquiera comer a diario”.

El problema es grave, acusa, estas cifras son alarmantes y es urgente que se haga un cambio en las políticas públicas para evitar más desgaste de la economía nacional. "De qué nos sirve tener finanzas fuertes en el gobierno federal o en los sectores de las grandes empresas, si el grueso de la población mexicana no tiene con qué resolver los problemas económicos que significa mantener a una familia”.

 

Hay más datos que reflejan la crisis de las políticas públicas que aplica el gobierno de Felipe Calderón:

 

“Por ejemplo, tenemos un problema severo en la educación, es alarmante que 35 millones de adultos reciban menos de nueve años de educación pública y esto provoca que al año se generen 400 mil mexicanos que deban abandonar el país en busca de mejores oportunidades de trabajo, por no contar con un perfil educativo que les abra la oportunidad de trabajar en el mercado profesional nacional y deban buscar oportunidades de trabajo como migrantes indocumentados en los Estados Unidos, en donde son empleados desde albañiles, jardineros, en la pizca de cultivos, y a los que mejor les va en restaurantes, camareros o labores similares, nada de altas gerencias, por su condición migratoria y obviamente académica".

 

Lo peor de todo esto, lamenta, es que ni los gobiernos de los estados ni el federal, apliquen políticas que fomenten el desarrollo de proyectos productivos locales y eviten la migración ilegal a los Estados Unidos.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Noticia.aspx?ID=111122_145805_452&id_seccion=0

MENSAJE DE ANONYMOUS

QUINTERO Y MEJÍA ZAYAS, DE SETRAVI, RENUNCIAN A SUS RESPONSABILIDADES PÚBLICAS: CIPESA

Rosendo Zárate, José Miguel Espino, Alberto Esteva, Marcelino Flores y Mario Alberto Martínez, miembros del Consejo de Administración de CIPESA.

Concesionarios denuncian que estos servidores públicos dejan en manos de terceros particulares las tareas de orden administrativo y de regulación que les corresponde, lo cual tiene al transporte de la ciudad en un verdadero caos

México, D. F., a 22 de noviembre de 2011

Integrantes del Consejo de Administración de Circuito Periférico SA de CV (CIPESA), anunciaron que iniciarán movilizaciones y manifestaciones en la ciudad para que los habitantes conozcan que los verdaderos culpables del caos en el transporte público de la ciudad de México son los funcionarios de la Secretaría de Transportes y Vialidad (SETRAVI), quienes de manera arbitraria y autoritaria los han dejado sin participación en el Corredor Periférico Toreo – Canal de Garay.

Los transportistas exigen se les respete el derecho como concesionarios de las Rutas 2 y 98 para trabajar en el Corredor Periférico Toreo – Canal de Garay; se les otorgue la concesión que como empresa les corresponde en dicho circuito y se les entreguen los bonos de chatarrización a que tienen derecho dentro del programa “Sustitución de Unidades de Autotransporte Público Colectivo de Pasajeros por Autobuses Nuevos”.

En voz de Arturo Esteva expresaron que las autoridades encabezadas por Armando Quintero, secretario del Transporte y Vialidad y Martín Mejía Zayas, director General del Transporte, han renunciado a sus responsabilidades que como servidores públicos tienen para administrar y regular el transporte y, de esa forma, para lavarse las manos del caos en que han metido a la ciudad y, al mismo tiempo, para beneficiar a ciertos grupos. Tal es su caso, ya que luego de meses de participar en la conformación del Corredor Periférico Toreo – Canal de Garay, en diciembre de 2009 prácticamente los despojaron de su derecho.

Esteva, quién se desempeña como secretario de CIPESA relató que Mejía no sólo los amenazó con dejarlos sin trabajar si no se unían a la otra empresa que buscaba participar también en aquel momento, COPESA, sino que lo cumplió. “Un día nos dijo: Muchachos, sus intereses están seguros en COPESA, así que si quieren, arréglense allá, porque si quieren pleito, este se llevará 3-4 años. Mientras, yo sigo trabajando y ustedes no podrán hacerlo”.

“Es decir, que la autoridad en su afán por privilegiar y beneficiar a un grupo cercano a ellos, decidió renunciar a su responsabilidad como autoridad administrativa y reguladora del transporte y entregó nuestro destino a una empresa similar a la nuestra, a un par, sin que haya un argumento legal para hacerlo”, añadió Esteva, “lo cual vamos a dirimir en los tribunales”.

Los concesionarios expusieron varios documentos y declaraciones a los medios de comunicación, donde está primero confirmado que los funcionarios antes mencionados fueron enterados de la constitución de la empresa; ellos mismos canalizaron a los transportistas para que continuaran los trámites de participación en el corredor e, incluso, Armando Quintero informó a la opinión pública en agosto que ya les habían autorizado la compra de 150 autobuses, para que el 21 de diciembre de 2009 les cerraran la puerta y no se las volvieran a abrir hasta la fecha.

Por otro lado, dieron una serie de ejemplos de la forma cómo la SETRAVI es corresponsable de los accidentes como el del pasado 5 de noviembre en la autopista México-Cuernavaca, ya que, afirman, también han renunciado a su responsabilidad como autoridad para aplicar la revista —puesto que el buen estado de las unidades la dejan al libre albedrío de los concesionarios— y a regularizar a los miles de transportistas que son poseedores de las concesiones, lo cual les resta certeza jurídica para invertir en unidades nuevas.

El presidente del Consejo de Administración de CIPESA, Mario Alberto Martínez Valencia dijo que quiénes, sino los funcionarios de la SETRAVI, son los responsables de entregar las licencias-tarjetón, de contratar a quienes aplican los cursos de capacitación y de evitar el incremento de las tarifas, provocando lo que Armando Quintero mal llama “la guerra del centavo”. Esta irresponsabilidad, insistieron, es la verdadera culpable de los accidentes.

En cambio, destacó Esteva, “desde las oficinas de la SETRAVI se manipula la información con respecto a nuestro trabajo diario, con el fin de proteger la imagen de la dependencia y de sus funcionarios (haciéndonos cargo de la mala fama de los transportistas), pero son ellos (SETRAVI) igual de responsables —aunque no los únicos— de los accidentes y la mala prestación del servicio; sólo que la autoridad no es sentada en el banquillo de los acusados, sino son ellos quienes juzgan y por eso nunca se ha castigado la corresponsabilidad de cada lamentable accidente que sucede en esta Ciudad”.

 

Incluso, expresaron que las presuntas medidas correctivas contra sus compañeros son una farsa, ya que no se aplican porque saben que tienen corresponsabilidad, como ya fue dado a conocer por un legislador, quien expresó que los microbuses de la Ruta 1 en el ramal accidentado, sólo fueron reubicados a otros derroteros.

Sobre todo porque las autoridades están impedidas legalmente de cancelar concesiones con un golpe de escritorio. “Por principio de cuentas y para no violar los derechos de los gobernados la SETRAVI debe realizar un procedimiento administrativo y determinar la responsabilidad y no únicamente mencionar que se cancelaría la concesión, y forzosamente se encontraría que la SETRAVI también es responsable porque dejó de convocar a la revisión físico mecánicas de las unidades mediante la llamada revista vehicular, que irresponsablemente dejó de aplicar desde 2009”.

Asimismo, expresaron que si las autoridades realmente quieren hacer un bien a la ciudad, que canalicen parte de las 10 mil chatarrizaciones anunciadas recientemente hacia las concesiones que realmente lo necesitan y no sólo a los corredores con alta rentabilidad, la mayoría de los cuales han cambiado sus unidades viejas por autobuses.

Los concesionarios de las Rutas 2 y 98 que fueron dejados fuera del Corredor Periférico Toreo – Canal de Garay insistieron en que realizarán una lucha jurídica, social y mediática con el fin de que le sean respetados sus derechos y les entreguen los bonos de chatarrización a que tienen derecho, se les otorgue la concesión para trabajar en el corredor y se les reconozca como empresa.

2012 ya empezó

León Bendesky

La temporada política de elecciones en México ya está en marcha. 2012 empezó para todo efecto práctico con el anuncio de la candidatura de López Obrador representando a aquello a lo que llaman fuerzas progresistas. Este hecho define ya en buena medida el debate que se entablará el año entrante, no sólo entre los políticos, sino de modo amplio en la sociedad. A partir de esto es de alguna manera irrelevante, por bien sabidos, los contenidos que tendrán las campañas por la Presidencia. Así será quien sea el candidato del PRI, más aún si resulta nominado Peña Nieto como todos esperan. Y del lado del PAN, sea a quien escojan para dar una pelea que se antoja bastante cuesta arriba.

 

Hablar de las fuerzas progresistas en el país es un eslogan útil a estas alturas en que se lanza la campaña. Pero, sin duda, habrá que definir mucho mejor qué es lo que esto significa realmente para, así, identificar de modo claro su sentido, sumar a quienes refuercen y empujen, y poder convencer. Me refiero a que deberá aclararse a quién incluye el progresismo amplio hoy en México y en qué condiciones se conformaría un movimiento posible y útil. Será, pues, igualmente necesario descartar decisivamente y separarse de personas y grupos tan desgastados que sólo estorbarán. Pero, ¿podrá liberarse de tanto lastre el progresismo de nueva estirpe? Ese me parece uno de los desafíos más grandes del liderazgo de AMLO. Ganará mucho siendo claro y decisivo al respecto.

 

No hay en el país un monopolio del “progresismo”, nadie puede pretender tenerlo; tan sólo sugerirlo será una torpeza enorme y, más todavía, actuar como si así fuera. Deberá distinguirse nítidamente de su antagónico y confrontarse con lucidez con las fuerzas conservadoras. Estas pueden reconocerse de manera clara, lo cual es una ventaja; aunque esto tampoco puede hacerse por completo.

 

Aunque así sea, ello no garantiza que necesariamente se articule un discurso y se conforme una propuesta que superen el predominio efectivo que tienen el conservadurismo y los grupos más reaccionarios en esta sociedad. Vaya si esto lo sabe bien AMLO, luego de las elecciones de 2006; ¿podrá capitalizar dicha experiencia? Más vale que así sea. El asunto clave es que tales fuerzas conservadoras y reaccionarias no pueden dejarse al margen si se quiere gobernar con eficacia, sin demasiado antagonismo y llevar adelante una visión distinta del país.

 

Habrá que pensar que AMLO y quienes lo acompañen ahora aprendieron, y mucho, de la disputa de hace seis años y de su resultado, ese 0.56 por ciento de diferencia en los votos que tan rentable fue para el PAN y el PRI y para los más poderosos grupos económicos. Ya lo veremos, y más pronto que tarde. Tiene en su contra todo un aparato de desinformación muy bien armado que no quiere siquiera oír y tiene preparadas sus respuestas de antemano. También tiene en su contra una estructura de prejuicios bien instalada entre grandes segmentos de la población que, bien debe saberlo, se oponen casi por instinto a lo que representa su persona y a sus propuestas. El ambiente político en torno de AMLO es intenso en esos prejuicios, mucho más de lo que ocurre con otros políticos abiertamente cuestionables.

Hoy no hay otro político que desate tanta animadversión e, igualmente, que tenga seguidores tan exaltados. La política se manifiesta como un verdadero arte para este tipo de liderazgo, aunque no puede olvidar las técnicas que la definen en un exacerbado mercado electoral. Si la sociedad es eminentemente mercantil, la política no puede asilarse del entorno de las mercancías y del dinero. AMLO habrá de aprender a venderse, aunque eso choque, si así es en efecto, con la visión que tiene de sí mismo.

 

La campaña será, pienso, más relevante e intensa con AMLO en ella, si así resulta será ya una ganancia. Además, abre posibilidades que, siendo más radicales en un sentido de transformación, pueden ser más eficaces para movernos de un estado de relativo estancamiento en casi todas las dimensiones de la existencia colectiva (exceptuando la violencia reinante alrededor de la delincuencia y el crimen). El límite de las posibilidades de evolución y transformación es manifiesto en el marco de lo que pueden ofrecer el PRI y el PAN con sus respectivos socios.

La próxima elección va a ocurrir en el marco de un enorme déficit, si no es que de una gran crisis de la democracia a la mexicana, hecha a modo de unos partidos rentistas. Una expresión de esto es el caos en el IFE, que institucionalmente está desahuciado. Igual pasa con las prácticas de alianzas que promueve la dirigencia del PRI, conforme a los modos más primitivos de los que no puede librarse ese partido y que son repulsivas. Pero las fuerzas autodenominadas como progresistas no están libres de señalamientos, como sucede con el PRD, un partido que se devora a sí mismo y se exhibe lastimosamente con un liderazgo insalvable.

 

En fin, que la temporada electoral tiene muchos claroscuros. El liderazgo de AMLO habrá de atraer y aglutinar y, al mismo tiempo, rechazar decisivamente para botar los lastres. Ya veremos. Pero algo que podrá hacer es que la campaña sea más interesante en sus contenidos y propuestas, más productiva y, por qué no, más entretenida. Eso será bienvenido.

http://www.jornada.unam.mx/2011/11/21/opinion/029a1eco

Refuerzan vigilancia en zona centro de Veracruz

Fuerzas especiales de la Policía Federal, Marina y Ejército comenzaron a reforzar la vigilancia en la zona montañosa central de Veracruz, luego del ataque perpetrado por un grupo armado a las instalaciones de la presidencia municipal de Fortín de las Flores, presuntamente en venganza por la detención de 14 integrantes de la delincuencia organizada el viernes pasado.

De acuerdo con informes de las autoridades federales y locales, el atentado contra el palacio municipal, se registró al filo de las 09:45 horas de ayer, sin que se registraran lesionados, sin embargo si graves daños materiales a la estructura.

 

Testigos señalaron a las autoridades que varias personas armadas a bordo de al menos dos vehículos hicieron disparos contra la fachada principal del edificio que alberga el Ayuntamiento, para luego abordar rápidamente y darse a la fuga con dirección a Córdoba.

 

Inmediatamente elementos de corporaciones policiacas estatal, federal, Ejército y Marina arribaron al lugar, e iniciaron un operativo de rastreo, sin que rindiera frutos, pues los agresores ya habían escapado.

 

Minutos después, autoridades del Gobierno del estado y federales anunciaron el refuerzo en la vigilancia en por lo menos diez municipios de la zona montañosa central de la entidad, donde se tiene plenamente identificada a la célula de la delincuencia organizada que opera en esa región.

FYM evidencia contradicción entre Bermudez y Duarte

* Yunes cuestiona al secretario de seguridad pública acerca de la infiltración del crimen organizado en las instituciones así como del encubrimiento de los delitos por parte de las autoridades estatales.

Comunicado de Prensa

Continúan las comparencias de los encargados del despacho de las secretarías del ejecutivo ante el poder legislativo. Esta vez, tocó el turno al secretario de Seguridad Publica, a quien el diputado local por el distrito XXII, Fernando Yunes Márquez, realizó algunos cuestionamientos relacionados con la infiltración de células del crimen organizado a las filas de las instituciones de seguridad así como del encubrimiento del actuar delictivo por parte de las autoridades estatales.

 

Durante el planteamiento de sus preguntas, Yunes recordó que el gobernador Duarte ha hecho, en distintas oportunidades y ante diferentes medios de comunicación, declaraciones en el sentido de que recibió del sexenio anterior una herencia maldita, pues la administración precedente permitió que el crimen organizado realizara secuestros, extorsiones y homicidios; recordó que el mandatario, en este mismo sentido, ha dicho que el gobierno pasado ocultaba el actuar delictivo de estas bandas, evitando que estos delitos salieran a la luz pública.

 

“Relaciono esto porque estando Usted al frente del C4 mencionó que Veracruz era el más bajo en cuanto a secuestros”, explicó el legislador, para después agregar que dicha información no coincide con las cifras del secretariado ejecutivo del sistema de seguridad pública que estipulan que en Veracruz durante el 2010 hubo alrededor de 53 secuestros, “mientras esto ocurría, el gobierno estatal pasado reportó cero secuestros, cifras medio disímbolas, creo yo”.

En este sentido, el legislador cuestionó: ¿se negó en el sexenio pasado que en Veracruz existiera delincuencia organizada y común cuando en realidad existían? ¿sí o no?

El diputado por Boca del Río también le recordó que ya como secretario de Seguridad Pública, Bermudez declaró en relación a la presencia de células delictivas en las instituciones estatales que en sexenios diferentes, en diferentes partes de la república y en Veracruz no se consideró atacar esto como un interés primordial, por lo que le planteó:

“Es decir, ¿Usted acepta que en Veracruz hay y había policías corruptos y que el sexenio pasado, del cual usted formó parte importante, no consideró como interés primordial combatir este problema?

 

Por último, le recordó al secretario de seguridad pública que el gobernador en diferentes declaraciones ha sostenido que durante el sexenio anterior se permitió que bandas del crimen organizado crecieran en poder y en presencia y que se incrustaran en cuerpos policiacos y otras instituciones estatales.

“Al haber sido Usted parte importante de la administración pasada, como director del C4, le pido que me responda secretario, simplemente sí o no, sin evasivas y recordándole que está usted bajo protesta de decir verdad, ¿coincide usted con el gobernador del Estado en que en el pasado las instituciones públicas fueron infiltradas por el crimen organizado?”

Debido a que el funcionario estatal rehuyó los cuestionamientos planteados, Fernando Yunes insistió: “para que nos quede claro, ¿Usted no coincide con el gobernador del Estado cuando él ha declarado en infinidad de ocasiones que durante el sexenio pasado las instituciones públicas de Veracruz fueron penetradas por la delincuencia organizada, solo que antes no se decía lo que pasaba en Veracruz? Usted, independientemente de haber formado parte del gobierno anterior ¿no coincide con esa visión del gobernador Duarte?”

 

A lo que el secretario de seguridad, luego de evadir las preguntas dio a entender que no. Después de la comparecencia, el diputado Yunes calificó como grave el hecho de que el secretario de seguridad pública manifestara que en el sexenio anterior las instituciones públicas de Veracruz no estaban infiltradas por la delincuencia denotando una total contradicción con lo declarado por el gobernador Duarte: “vemos una descoordinación y un enfrentamiento con el propio gobernador que es su jefe. Y, por otro lado, me comentó que para él no existe una crisis de seguridad en Veracruz; sinceramente me molesta que los funcionarios públicos nos quieran ver la cara y piensen que no nos damos cuenta de la realidad. Pa´ pronto, durante la comparecencia el secretario se tuvo que salir porque le informaron de un enfrentamiento armado… por un lado dice que no hay crisis, pero, por otro lado, tuvo que abandonar la sala por dicho suceso.”

http://entornoveracruz.com/?p=3221

AL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS POR 162 MDP

En los próximos días, la Contraloría del municipio de Benito Juárez llamará a comparecer a ex funcionarios que tuvieron responsabilidad en el manejo de los 162 millones que hoy están desaparecidos

Por Hugo David Pérez y Juan Manuel Coronel (*)

Se autoriza reproducción

Cancún, Q. Roo., a 17 de noviembre de 2011

La desaparición de 162 millones de pesos etiquetados para obras de pavimentación y la creciente aparición de baches por todas las calles de Cancún, tienen al gobierno municipal metido en un círculo vicioso del que no será fácil salir.

 

Del silencio y hasta del ocultamiento inicial de ese faltante, el gobierno que encabeza Julián Ricalde Magaña se vio obligado a pasar a la acción, y la semana pasada anunció que en los próximos días la Contraloría Municipal llamará a comparecer a 10 ex funcionarios, después de la resolución de la Auditoría Superior Gubernamental, que tuvieron responsabilidad en el manejo de estos recursos públicos con el fin de deslindar responsabilidades.

Aunque oficialmente no se dio a conocer la lista, se filtró la información de que entre los comparecientes estarán los ex munícipes Gregorio Sánchez Martínez, Latifa Muza Simón, Jaime Hernández Zaragoza y el propio Ricalde Magaña, quien en la anterior administración fungió como titular de la Secretaría de Obras Públicas.

 

Los otros ex funcionarios que deberán rendir cuenta son Carlos Trigo Perdomo, Antonio Jiménez García y Jaime Zetina González, quienes fungieron como tesoreros cuando supuestamente desapareció el dinero.

Tanto el actual tesorero, Leonel Sauri Galué, como la síndico municipal, María Guadalupe Leal Uc, coinciden en que esto es sólo el principio de las investigaciones y estiman que éstas puede durar cerca de tres meses para dar con los responsables del desfalco millonario.

 

Las huellas del dinero

El problema de los baches y la falta de recursos han sido cíclicos en Cancún. A finales de 2006, durante el gobierno de Francisco Alor Quezada, fue declarada una contingencia vial en Benito Juárez por el grave deterioro en que se encontraban las calles y, en ese entonces, se anunció una inversión de 30 millones de pesos que nada resolvieron.

Hoy, los expertos señalan que el rezago histórico en pavimentación es de cerca de 2 mil millones de pesos en obra pública, lo que equivale al presupuesto anual completo de Benito Juárez – que en 2010 fue de casi 2 mil 300 millones.

Antonio Terrazas Lara, director de Obras Públicas del municipio, reconoce que hay regiones completas que ya no ameritan ni siquiera el bacheo, pues se encuentran tan deterioradas que requieren una repavimentación total. “Sería difícil calcular cuánta mezcla asfáltica se necesitaría”, apunta.

Y es que, por más que las autoridades intentan cuantificar el daño causado al pavimento por las inclemencias naturales, los habitantes responsabilizan a los respectivos gobiernos municipales por su falta de interés para mitigar este problema que año con año se agrava cada vez más.

Justamente, el crédito de 229 millones de pesos que el Congreso del Estado autorizó en septiembre de 2009, era para inversión de obra pública exclusivamente. De acuerdo al proyecto original, se pretendía rehabilitar las calles en 40 regiones de Cancún, además de la pavimentación, guarniciones, banquetas y alumbrado público en las avenidas Leona Vicario, Niños Héroes, Industrial y Zona Centro, con lo cual se iba a beneficiar a más de 800 mil habitantes.

 

Según Terrazas Lara, de haberse aplicado en su totalidad el empréstito, el avance en pavimentación hubiera sido significativo. “Cada administración tiene el dinero fijo corriente que le da la Federación, nosotros tuvimos un poco más de 200 millones que ejercimos este 2011; los 229 millones de pesos del empréstito del 2010 no eran parte de un presupuesto, era un además”, admite.

 

Con base en un diagnóstico, el funcionario señala que al menos el 25 por ciento de las vialidades del municipio benitojuarense no cuentan ni siquiera con caminos de terracería. “Hasta un peso mal aplicado o perdido, significa un bache. Para darnos una idea, en esta administración con 220 millones estamos haciendo arriba de 700 mil metros cuadrados de concreto hidráulico y nueve parques, imagínate o que se pudo hacer con los recursos perdidos”, refiere.

En cuanto al empréstito de los 229 millones de pesos – de los cuales 162 millones están desparecidos–, dice que existen algunas obras que se iniciaron pero no se finiquitó el pago y se abandonaron. Cita el caso de un contrato con Cemex, empresa regiomontana a la cual se le concedieron las obras de tres avenidas importantes, en proceso de entrega. “En la avenida Fonatur le faltan algunas luminarias eléctricas, algunos detalles que se le están corrigiendo”, comenta.

 

En idéntica situación está el caso del Centro de Sanciones Administrativas, en el que tuvieron que hacer algunas modificaciones, pero es una obra que está en proceso de finiquito. “Se han estado pagando estimaciones hasta el mes de abril. En el caso de Cemex, se están atendiendo las observaciones, y se le está preparando su finiquito”, dice Terrazas.

 

Después de las lluvias de la reciente tormenta tropical “Rina”, las calles y avenidas de Cancún colapsaron. Ahora, el gobierno municipal intenta solucionar el problema con 3 millones de pesos que abarcarán sólo las calles del centro y las avenidas principales. Aunque se anunció que se buscan captar recursos por la cantidad de 17 millones de pesos para aplicarlos hasta diciembre.

Obligado por las circunstancias

Fue hasta el pasado domingo 6 de noviembre cuando el gobierno del Ayuntamiento de Benito Juárez decidió romper el silencio y lanzó su primera aclaratoria sobre el paradero de los recursos del empréstito de 229 millones de pesos 656 mil 192 pesos.

 

En su informe destaca que gran parte de este capital fue utilizado en gasto corriente. De acuerdo con los registros contables exhibidos por el propio gobierno municipal, el dinero ingresó el 14 de abril de 2010 a través de la cuenta Banorte 0638275250 y el 30 de abril, de forma irregular, los recursos fueron transferidos a otra cuenta del banco HSBC.

En su edición 427, Luces del Siglo publicó el estado de cuenta de Banorte el cual indica que hasta el 13 de mayo de 2010 los recursos aún seguían ahí. Inclusive, el crédito había generado intereses dejando la cifra en cerca de 239 millones.

 

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la Contraloría hubiera errado en esta información, el secretario de Gobierno, Eduardo Galaviz Ibarra, asegura que lo presentado no es el resultado definitivo de la investigación. “Puede haber una contrariedad en los tiempos, lo que se hizo fue dar información porque había muchos rumores, por eso se pidió a la contraloría un reporte. No significa que con esto se agote el tema, sigue la investigación y sobre todo la petición al órgano superior de fiscalización para que nos mande copias certificadas de los documentos para que podamos hacer las aclaraciones y, en dado caso, las denuncias”, reconoció.

 

El comunicado oficial de la Comuna señala que parte del dinero fue utilizado para pagar un adelanto a cada una de las empresas ganadoras de la licitación de las obras. Y hasta el pasado 9 de abril de 2011, el reporte indica que se tenían contratadas 14 de las 15 obras, las cuales representaron un gasto total de 60 millones 722 mil 863 pesos.

Después de esta aclaración, el presidente Julián Ricalde Magaña aseguró que algunas de las empresas responsables obtuvieron un anticipo de 30 por ciento mientras que otras recibieron el pago en un 100 por ciento y las obras hoy están inconclusas.

El munícipe admitió que el dinero desapareció cuando Gregorio Sánchez Martínez ya no estaba al frente de la administración municipal, pero insistió en que eso no exime a su antecesor de la serie de mecanismos que se adoptaron para realizar las licitaciones y entregar el dinero.

Luego de que el Ayuntamiento adelantó casi 60 millones de pesos a las empresas constructoras, en la cuenta debían quedar 162 millones 560 mil 328 pesos. Sin embargo, el 10 de abril de 2011, al realizarse el proceso de entrega-recepción entre la administración anterior y la actual, el tesorero municipal entrante, Joel Sauri Galué, informó en su momento que no encontró evidencia de la existencia de los recursos.

 

Respecto al arqueo que se realizó hacia la cuenta HSBC 4041784919 a cargo de la Contraloría Municipal, se determinó que el saldo que se encontraba en la referida cuenta al día 9 de abril de 2011, correspondía a ingresos por concepto de pago del impuesto predial 2011. Es decir, no se hallaron recursos del crédito.

 

Según datos del ayuntamiento, Construcpecsa S.A. de C.V. fue contratada por siete obras con un monto total de 92 millones 924 mil 667 pesos, de los cuales recibió un anticipo de 31 millones 279 mil 727. Esta empresa que durante la administración de Gregorio Sánchez fue generosamente beneficiada, es propiedad de su compadre y amigo, Pedro Salinas García.

En respuesta, en una entrevista para Radio Ayuntamiento, “Greg” aseguró que el proceso de licitación fue conforme a la ley y negó el manejo de esos fondos dado que se encontraba de licencia para competir por la gubernatura. El desenlace de estas acusaciones se sabrá en las próximas semanas cuando Sánchez Martínez acuda a comparecer.

 

Trabajan sin recursos.

 

“Tener recursos es la diferencia entre calles deterioradas y calles con obra pública digna para una ciudad turística como Cancún”, asegura Jorge Aguilar Osorio, titular de Servicios Públicos de Benito Juárez. Es así que la dependencia solicitará un presupuesto de 350 millones de pesos para el siguiente año, aunque está consciente de que hay pocas posibilidades de obtenerlo.

 

Servicios Públicos, añade el funcionario, ha trabajado con un capital de 30 millones para llevar a cabo las obras de micropavimentación que se han realizado en seis meses; por eso se está pidiendo a las empresas que inviertan en las obras con el riesgo de no recibir el pago hasta diciembre.

De los 17 millones de pesos que se necesitan para pagar, sólo se han conseguido cuatro. “Básicamente sin recursos estamos haciendo el trabajo”, declara el titular de la dependencia municipal. Aguilar Osorio refiere que no tiene conocimiento sobre el desfalco de los 230 millones, pero considera que apenas con 200 millones de pesos podrían repavimentar con concreto hidráulico un número mayor a las 20 regiones que han realizado este año. “El dinero puede estar, el problema es que se transforme en calles”, concluye.

(*) Revista Luces del Siglo / Cancún

Web de Luces del Siglo: http://www.lucesdelsiglo.net/