28 de febrero de 2012

ABOUT JUSTICIA PARA GABRIELA ARLENE BENITEZ YBARRA


Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe exige justicia en el caso de la estudiante veracruzana de 17 años Gabriela Arlene Benitez Ybarra. 

Exigimos que se esclarezca este caso, y se castigue con todo el peso de la ley a las personas responsables. 

Fue un feminicidio y las autoridades también tuvieron una parte de responsabilidad en este acto deliberado de violencia e impunidad, la familia de Gabriela Arlene exige justicia contra este terrible crimen que arrebató la vida de su hija. 

Gabriela Arlene sólo es una de las miles de chicas que desaparecen todos los días, sin que a las autoridades les interese actuar, y posteriormente aplicar todo el rigor de la ley, estos crímenes flagelan a nuestra sociedad. 

Simplemente no podemos permitir que este acto deleznable quedé en la impunidad y el olvido, que las autoridades sigan haciendo caso omiso de nuestras exigencias, de no resolver, ya basta. 

¡No más feminicidios! 

¡Alto a la Impunidad y a la indiferencia! 

¡Ni una mujer o niña más víctima de las redes de trata! 

¡Ni una mujer o niña más víctima del crimen organizado!

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ANTECEDENTES
Uno de los casos más emblemáticos sobre desaparecidos en Veracruz registró la noche del viernes su capítulo más dramático, al hallarse el cuerpo de Gabriela Arlene Benítez Ybarra, una joven bachiller de 17 años desaparecida el 13 de junio pasado.
La Procuraduría de Veracruz, dijo Ybarra, perdió mucho tiempo al considerar que Gabriela se había escapado de la casa.

"Pierden mucho al principio, iban a investigar si no andaba mi hija con un grupo (delictivo). Te desprestigian, pierden mucho tiempo en desprestigiar a la victima", contó Ybarra entrevistada el pasado 18 de septiembre en Xalapa en el marco de la Caravana por la Paz al Sur.
"La autoridad perdió tiempo valioso en desestimar el caso, diciendo que escapó (...) que había violencia intrafamiliar", dijo Ybarra, quien detalló que empezó a buscar a su hija por su cuenta luego de que las autoridades no avanzaban con las investigaciones.
Los primeros 15 días, dijo, empezó a enviar correos electrónicos, luego empezó a convocar conferencias de prensa para difundir el caso y el 14 de agosto viajó al centro del país para participar en la marcha del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y buscar un encuentro con Sicilia.
"De alguna manera ésto se hizo público muy fuerte, fue como el caso, no sé si pones en riesgo la vida de ella, pero no te puedes quedar callado, no puedo yo callar esto" De acuerdo con Bárbara, el caso de su hija no es el único en el estado. Asegura que hay varios jóvenes desaparecidos de 16, 18 años en promedio.
MIENTRAS SE PREOCUPAN POR SEGUIR EN EL PODER, NO LES IMPORTA LO QUE LES PASA A LAS Y LOS VERACRUZANOS... ¿HASTA CUANDO SEÑOR JAVIER DUARTE DE OCHOA...? ¿HASTA CUANDO SE HARA JUSTICIA A LAS VICTIMAS?

Ernestina Ascencio Rosario: una historia que no termina


VICTIMA DE LA IMPUNIDAD Y DEL MALDITO PODER...
ACUERDOS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS PISOTEAN LA DIGNIDAD DE LOS POBRES Y... A ESTOS IMBÉCILES "NI SUS MADRES LES CREEN"

Nuevamente, doña Ernestina Ascencio Rosario se coloca en el centro y con ella la historia de impunidad y complicidades de los hombres en el poder. Cuando parecía que el caso quedaría en la historia, la inhabilitación del médico forense, Juan Pablo Mendizábal, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, por haber “contaminado” las pruebas que confirmaron la violación por parte de soldados contra doña Ernestina, revive la historia con más fuerza.

Y lo hace porque nuevamente deja al descubierto las cadenas de complicidades dentro y fuera del aparato de justicia al servicio del poder.

Hace tres años la lucha por la verdad de lo sucedido con doña Ernestina se debatía entre el pueblo de Soledad Atzompa, el Gobierno Federal  y la CNDH.  Por un lado una población que creía en la voz de doña Ernestina, quien antes de morir aseguró que “los soldados se me echaron encima”.

Para estas fechas el certificado de la necropsia realizada por el médico Juan Pablo Mendizábal y en la cual se certifica desgarro en el ano y vagina, así como la presencia de semen, es invalidada desde los Pinos y  la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El gobierno de Fidel Herrera y la procuraduría de Veracruz se retractan de la versión de agresión sexual contra doña Ernestina, lo que días antes habían defendido dando la razón a los hallazgos del médico forense, por arte de magia, se niega, como judas tres veces.

La violencia cometida contra doña Ernestina amplia su círculo hasta llegar a intimidar al propio pueblo de Soledad Atzompa, y al personal médico involucrado en el caso.

Esta violencia institucional cometida contra Doña Ernestina para ocultar la verdad llevó a la suspensión del forense Juan Pablo Mendizábal, de la médica Catalina Rodríguez quien atendió a Doña Ernestina aún con vida; al médico forense Ignacio Gutiérrez, quien intervino en la exhumación y en la segunda necrocirugía; y contra la química Ana María Roldán, quien localizó las enzimas P30 y fosfatasa ácida que se produce en la próstata.

Tres años después del proceso iniciado en contra del Forense Juan Pablo Mendizabal, la procuraduría veracruzana decidió  inhabilitarlo por haber “contaminado las muestras de líquido hemático que se tomaron del cadáver de doña Ernestina, versión realizada en 2006 por el entonces presidente de la CNDH, José Luis Soberanes.

La resistencia del Pablo Mendizabal para “corregir su versión”  y corroborar lo dicho por Calderón y defendido por Soberanes, lo llevó a una persecución. Sostenerse en que “la señora murió por razones traumáticas y no por patología” provocó la inhabilitación de su cargo después de 23 años de servicio.

Pero esta historia no termina aquí, pues a decir de Mendizabal el llegará hasta las últimas consecuencias para demostrar que su trabajo solo mostró la verdad, una verdad que no les gusta a los hombres del poder y que han hecho todo para ocultarla.

Sedena no abrirá investigación sobre muerte de Ernestina Ascencio: Croiz


EL EJÉRCITO ASUMIÓ UNA POSTURA QUE DESPUÉS DESMINTIÓ. PRIMERO ADMITIÓ QUE PUDO HABERSE TRATADO DE UN ATENTADO PERPETRADO POR SUS ELEMENTOS Y QUE ESTABAN INVESTIGANDO, SIN EMBARGO EN EL SEGUNDO BOLETÍN DESMIENTE AL ANTERIOR Y DICEN QUE HAY ELEMENTOS CONTRARIOS AL EJÉRCITO QUE PODRÍAN SER LOS CAUSANTES DEL CRIMEN. ELLOS SE PLEGARON A LOS DICTADOS DE FELIPE CALDERÓN: ERNESTINA MURIÓ NATURALMENTE ¦ FOTO PERSEO BERNAL.

FERNANDO INÉS CARMONA
Soledad Atzompa, Ver.- La muerte de Ernestina Ascencio Rosario, indígena nahua originaria de la congregación de Tletalzinga en este municipio, sirvió para que el entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán presionara a Felipe Calderón y canjeara la liberación de dinero federal, “que se utilizó en las elecciones de 2007”, por la convalidación de “la muerte natural”, de lo que los indígenas aún llaman “asesinato de la hermana Rosario”. Ahora y pese a la oferta de reabrirlo, la Sedena reafirma, “el caso está cerrado y no se reabrirá”.
Hasta febrero de 2007 la indígena Ernestina Ascencio era inexistente, mediáticamente, nadie sabía de su existencia en la congregación de Tetlalzinga en esta sierra. Una presunta violación masiva, a manos de la milicia con su consecuente fallecimiento, la hizo salir del anonimato y a la vez permitió que incluso familiares y líderes sociales, presuntamente lucraran con el fallecimiento.
El primer beneficiado del asesinato, considera Julio Atenco Vidal, dirigente de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (Croisz) y en ese entonces director de Obras Públicas del ayuntamiento de esta localidad indígena, “fue Fidel Herrera Beltrán”, a quien el entrevistado califica como un político pragmático que obtuvo dinero federal para las elecciones de 2007 negociando los hechos. Fidel Herrera es un profesional electoral”.
No obstante, reconoce que tras los hechos el ex gobernador sí fue sincero “o al menos eso es lo que creíamos en un principio, me sorprendió porque se mostraba sincero en cuanto a respaldar la lucha por que se hiciera justicia”, narra.
Pero primero Fidel me pidió que le garantizara que en esta parte de la sierra no había guerrilleros, quería la certeza que no estábamos protegiendo a la guerrilla a cambio de que el gobierno del estado encabezaría, con firmeza, defender hasta donde fuera necesario el caso. Él se comprometió a mantenerse firme en que se hiciera justicia.
“Esa actitud la reconocí incluso ante medios de comunicación nacionales. Con Carmen Aristegui, con Javier Solórzano, incluso él en una de las entrevistas al aire me preguntó si en verdad creía en la sinceridad de Fidel Herrera, le respondí que sí porque hasta ese momento había sido congruente y mientras lo sea merece una estrellita, cuando se actúa correctamente hay que reconocer sea quien sea”, dice.
Desafortunadamente, lamenta, Fidel Herrera es un político muy pragmático y cuando él dialogó con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que nos da la impresión fue la emisaria de Felipe Calderón, cambió su actitud”.
Otra de las muestras de presunta sinceridad que tuvo Fidel Herrera, fue el 15 de abril de 2007 al convocar a una reunión en uno de los salones de palacio de gobierno, a una comisión plural de diputados locales y federales para detallarles el caso. Ahí los médicos forenses se explayaron con sus informes y nos aseguraron que en el caso de Ernestina Ascencio estaban frente a un crimen.
“No sabemos por qué, nunca quiso asumir la equidad de género”
Ahí se aportaron las pruebas, se dio un informe pormenorizado, pero la única que mostró desconfianza fue la entonces diputada federal y ahora alcaldesa de Xalapa, Elizabeth Morales, “no sabemos por qué nunca quiso asumir la equidad de género, de defender a otra mujer, ni siquiera por sensibilidad. Ella aceptaba la tesis que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: muerte natural”.
A partir de ahí Fidel Herrera cambió la postura. “Tres meses después se reúne con el que era presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes y afirma que entre el dictamen de la CNDH y la postura del gobierno del estado no había diferencia sustantiva”.
“¡Cómo chingados no la había! Claro que sí, porque aquí se sostiene que era un crimen y la CNDH dice que era muerte natural. Ese era el aviso que Fidel Herrera y Felipe Calderón ya habían pactado.
“De hecho, el 19 de abril la hipótesis de la CNDH es la postura oficial del gobierno del estado y cuando Fidel Herrera la hace suya a través de los medios de comunicación, se le liberan los recursos económicos, todos aquellos que no habían llegado y los que estaban retenidos”.
Ese dinero, presume, se ocupó en la elección de 2007. Fidel Herrera compró votos, personal de tiempo completo para operar las elecciones porque él es muy profesional en términos electorales. Él tuvo muchos recursos, nos traicionó para tener recursos económicos y electorales. En esas elecciones el PRI recuperó la mayoría del Congreso local y de las alcaldías del estado.
Sedena y sus cambios de comunicados
Horas después de los hechos, recuerda, el Ejército asumió una postura que después desmintió. Primero admitió que pudo haberse tratado de un atentado perpetrado por sus elementos y que estaban investigando, sin embargo en el segundo boletín desmiente al anterior y dicen que hay elementos contrarios al Ejército que podrían ser los causantes del crimen. Ellos se plegaron a los dictados de Felipe Calderón: Ernestina murió naturalmente.
Primer comunicado que el cuartel Miguel Hidalgo emite
La misma tarde de los hechos admite la acusación y promete que se estaba investigando. Minutos después de haberlo entregado a los reporteros locales, los soldados reciben la orden de pedirle a los reporteros el anterior comunicado para canjearlo por otro en donde se acusa a grupos delictivos, “que usando ropa de color verde” pudieron haber sido los culpables de los hechos.
Caso cerrado: Sedena
A cinco años de los hechos, este fin de semana se cumplieron, la Secretaría de la Defensa Nacional reafirmó: el caso no se reabre.
Esta postura contradice a la oferta que en septiembre de 2011 se nos hizo en la ciudad de Boca del Río de analizar la posibilidad de reabrir el caso. En noviembre de ese mismo año nos notificaron que el caso no se reabriría. El aparato jurisdiccional ya había dictaminado al respecto. La respuesta da por hecho que el caso está cerrado, eso contradice a la supuesta voluntad del Ejército de dialogar con la sociedad civil. No se trata de un crimen de un animal o de un daño al medio ambiente, se trata de un ser humano y de la acción del Estado mexicano frente a este crimen.
En el Estado mexicano, considera, “pareciera que hay una razón de Estado para que este crimen quede en la impunidad. La justicia es un mito, está controlado por la corrupción e impunidad. El caso de Ernestina Ascencio es emblemático del Ejército frente a la mujer indígena, de la injusticia que impera en el país, es un caso que la Croisz no va a abandonar.
Médico forense temió ser agredido
Pero este caso implicó a otras personas. El médico forense Juan Pablo Mendizábal Pérez tuvo que resguardar información, no sé dónde, en caso de sufrir un atentado.
Él sigue en la misma tesis, hasta ahora él tiene elementos que están en custodia por si le pasaba algo. Tiene información que acumuló donde demuestra la existencia de violación y crimen, lo tuvo que poner en custodia.
Familiares beneficiados; pueblo, inconforme
“Si tú le preguntas a la gente sobre el sentir, ellos te dicen que no creen en lo que dijo Felipe Calderón, que se trata de una injusticia. El caso Ernestina está latente, hay organizaciones sociales como la Croisz que la defienden.
En contraste, los hijos sí se beneficiaron. Les mejoraron su casita, les dieron dinero, al parecer vía Renee Huerta, entonces dirigente de la Croiz, alrededor de 100 mil pesos a cada quien.
Sin embargo, no todos los familiares asumieron la compra de conciencia, “las hijas no están de acuerdo, pero por costumbre no hablan de lo que ellas sienten”.
Hay otros familiares, como los sobrinos nietos, cuñados que no están de acuerdo, ellos se mantienen firmes en la demanda de justicia y en ello se sustenta nuestra lucha”.
Los hijos directos “no cambiaron su forma de vida, a los hermanos mayores Julio y Francisco, les financiaron un taller de carpintería, pero lo que sí les cambiaron fue su forma de ser, ahora son soberbios, déspotas, toman mucho y ofenden”.
“Hace un año supimos que uno de ellos estaba molesto porque desde el gobierno del estado ya no les querían dar más dinero y estaba dispuesto a hablar, me imagino de cómo los centavearon pero ya no sabemos nada de ello”, señala.
Hoy Ernestina Ascencio, sepultada en el panteón de Tletalzinga está abandonada. Ni una flor aparece en ella, pese a que se cumplieron cinco años de su muerte.

Parquímetros en Orizaba, al margen de la ley; crecen protestas de usuarios


EL DICTADORCILLO PUEDE HABER INCURRIDO EN ABUSO DE AUTORIDAD...

FERNANDO INÉS CARMONA
Orizaba, Ver.- El alcalde Hugo Chahín y sus ediles pudieron haber incurrido en el delito de abuso de autoridad. El programa de parquímetros, aplicado por acuerdo de cabildo, no tiene la autorización para multar, inmovilizar o detener vehículos que sobrepasen las tres horas de estacionamiento en el primer cuadro de la ciudad, si se atreven a hacerlo sobrepasarían su función, “Tránsito del Estado es la única autorizada para aplicar infracciones viales”.
Pero el abogado Juan Oropeza, secretario del Foro de Abogados y Postulantes Metropolitanos, va más allá y revela que si el ayuntamiento, a través de los operadores de los parquímetros “se atreve a poner las arañas en las llantas de los vehículos, el conductor puede demandar al ayuntamiento y de paso promover un juicio de amparo que seguramente ganará”.
Las condiciones en las que opera el programa de parquímetros deja en claro que el ayuntamiento omitió la ley.
El ayuntamiento no tiene facultad para cobrar por el estacionamiento de vehículos en las calles, “no existe una reforma al Código Hacendario, a los ediles se les olvidó ese detalle. Debe existir una reforma, que incluso debe ser aprobada por el Congreso del Estado”.
Pero en el supuesto caso que esa reforma existiera, aún no podrían sancionar a los vehículos, “tendría que sostenerse un convenio con la Dirección General de Tránsito del estado para entonces pedirles el apoyo y se proceda a la sanción. Queda claro que el ayuntamiento y su departamento jurídico no se condujeron por los caminos legales. Lo hicieron al vapor”.
Estas condiciones permiten que cualquier automovilista pueda estacionar su vehículo en los cajones habilitados, pasar el tiempo de tolerancia, tres horas y ni el ayuntamiento o Tránsito del Estado puede sancionar, multar, inmovilizar y arrastrar con grúa el vehículo. Eso sería un abuso de autoridad. No hay argumento legal.
Por otro lado, Organizaciones No Gubernamentales criticaron el programa que desde hace una semana puso en marcha el ayuntamiento. El fin de semana fijaron su postura y advierten que el ayuntamiento “viola las garantías individuales como el libre tránsito”. Señalan que los operadores de los parquímetros lo único que pueden hacer es eso: operar los aparatos y no más.
No obstante, la operación de los parquímetros no es el único tema en discusión. La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) promotora del programa ahora se dice inconforme, no por la operatividad sino por la distribución de los recursos económicos que se obtengan de ellos.
El ayuntamiento, a través de su Departamento de Comunicación Social, anunció que el dinero recaudado se destinará de la siguiente forma: 80 por ciento para el DIF municipal y 20 por ciento para el mantenimiento del centro histórico, incluido los 16 parquímetros instalados.
“Creemos que debe haber una reconsideración”, reclama el presidente de la delegación de Canaco, Enrique Guillomen Maldonado, “debe haber mayor dinero para mantener en buenas condiciones el centro histórico y no que el DIF se lleve la mayor parte”, exige.
En tanto el haber abierto los cajones de estacionamiento y reducir nuevamente a un carril el tráfico vehicular provocó que los congestionamientos viales regresaran al centro de la ciudad. Hasta hace apenas dos semanas el desplazamiento vehicular en cuatro calles en línea recta era no mayor a los cinco minutos, hoy el mismo tramo se recorre hasta en 15 minutos, sobre todo en horas pico.

‘Son parquímetros inconstitucionales’


Violenta el derecho de libre tránsito, aseveran integrantes de diversos organismos

Viernes, 24 Febrero 2012
GUILLERMO MORALES
EL MUNDO DE ORIZABA

Los parquímetros en Orizaba además de no estar contemplados su cobro en el Código Hacendario Municipal, terminan siendo un impuesto local anticonstitucional que violenta el derecho de libre tránsito, pues el pago en la máquina hace las veces de un salvoconducto con el que pueden los automovilistas estacionarlo en el centro de la ciudad durante un determinado tiempo.

Según el coordinador del Frente Unificador de Trabajadores Urbanos y Rurales Organizados (FUTURO) Jorge González Rojas, las autoridades caen en contradicciones al declararse incompetentes para reabrir Madero al ser un tema propio de Tránsito, pero sí son competentes para cobrar por pararse un rato en la vía pública.

En ese sentido Jairo Guarneros, integrante de la Coordinadora de la Sociedad Civil, aseguró que las autoridades tienen un criterio mercantilista al querer cobrar por todo, mientras que González Rojas los calificó de persecutorios al tratar de reventar la economía del centro de la ciudad con tanto impuesto.

Llamó a los conductores a no utilizar los parquímetros, pero sí seguir yendo al centro histórico de compras, pues de ahí depende la economía de cientos de familias.

“Hay mucha razón en quien se opone a ese tipo de aparatos, porque no es un servicio municipal es un impuesto que violenta el derecho de libre tránsito, son impuestos municipales persecurtorios”, expresó.

Explicó que son impuestos y no servicios, al no ofrecer ningún servicio a quien paga una cantidad en el parquímetro y en ese sentido siempre han sostenido que el Ayuntamiento con su Código Hacendario Municipal, “los impuestos que contempla son de carácter persecutorio, es decir, que persiguen al consumidor y es una forma de reventar la economía en el primer cuadro de la ciudad.
Reiteró que los parquímetros tienen el objetivo de desalentar el acceso con vehículo al centro de la ciudad. ¿Porqué alguien va a pagar 10 o 15 pesos? y no obtiene un beneficio a cambio como cuando se va a las plazas comerciales que son lugares privados y donde los automóviles tienen mayor seguridad.

Aseveró que con estos cobros se violenta la Constitución que establece la libertad de tránsito, “el parquímetro la función anticonstitucional que hace es la del salvoconducto, cuando la Constitución dice que ningún mexicano tiene la necesidad de tener un salvoconducto por permanecer o transitar en la vía pública”.

Indicó que desde Juan Manuel Diez y hoy el presidente municipal Hugo Chahín Maluly dejan ver en sus acciones de gobierno no obedecen a un programa que atienda las necesidades de los orizabeños, “ellos provienen de un grupo empresarial que está coludido con los intereses transnacionales y que ese tipo de intereses atentan contra la economía local y regional”.

Aseguró que los presidentes municipales han actuado por ocurrencias, como lo es la instalación de una maya perimetral en el mercado Zapata y los parquímetros.

Recordó que haciendo uso del derecho de petición, solicitaron al ayuntamiento su plan anual de obras y acciones, el plan de gobierno contemplado en el plan municipal de desarrollo y nunca se los han otorgado, “dicen que no existe y a través del sindico Castelán Crivelli se nos contestó que ese tipo de documentos no existían; luego entonces el gobierno no actúa bajo un programa de gobierno estructural, van trazando estrategias según los grupos de poder económico a los que obedecen”.
González Rojas reveló que también solicitaron al Ayuntamiento la justificación del Código Hacendario, pues alguien un síndico, un regidor o el propio presidente en tiempo de Juan Manuel Diez debio haber presentado las reformas al Código Hacendario que están aplicando y la practica legislativa dice que esa solicitud de reformas al Código Hacendario debieron de haber ido acompañadas de una exposición de motivos.

El entrevistado, dijo que saben que los acuerdos de Cabildo reales son acuerdos en lo oscurito entre ediles que actúan como empleados y no como representantes populares. Los ediles en la pasada administración y ahora también parece que ya los plancharon, actúan como empleados del alcalde y no como representantes populares.

Y prueba de ello, argumentó que los parquímetros fueron autorizados en un cabildo, sin mayor tramite y discusión, análisis y reflexión, “simplemente fue un acuerdo que de manera pública se le dio forma, pero el fondo nadie lo sabe”.

BRUCE BERESFORD, PRESUNTO INOCENTE, ATRAPADO EN SU PROPIA FICCIÓN





Bruce Beresford Redman preso en la cárcel de Cancún por el presunto homicidio cometido contra su esposa; el crimen se asemeja al guión que dirigió, hace más de una década, su homónimo, el cineasta austrialano Bruce Beresford
Por Isela Serrano / Luces del Siglo (*) 
Se autoriza reproducción con crédito a la revista y autora


Cancún, Qna. Roo., a 27 de febrero de 2012


Como si la ficción se le escapara de la pantalla grande, Bruce Ainsley Beresford Redman protagoniza el papel de villano que jugó la atractiva actriz Ashley Judd en la película “Doble Traición” (Double Jeopardy), donde la mujer es acusada del homicidio de su marido a bordo de un yate. El film, que se estrenó en 1999 bajo la dirección de su homónimo el cineasta australiano Bruce Beresford, ahora se ha apoderado de la realidad de Bruce Ainsley, recientemente encarcelado por el presunto asesinato de su esposa, la brasileña Mónica Burgos, cometido hace casi dos años en un viaje de reconciliación marital a Cancún.

Los hechos por los cuales Bruce Ainsley fue extraditado de Estados Unidos y hoy permanece recluido en el penal de Cancún, se suscitaron el 5 de abril de 2010 en la habitación 7816 del Edificio Pelícano del hotel Moon Palace, donde de acuerdo a peritajes oficiales se perpetró el crimen. De origen, la investigación fue sesgada al grado de que Beresford Redman evadió la cárcel y tuvo las facilidades para huir libremente del país a pesar de que había una investigación en su contra. 

Misteriosamente comenzaron a desaparecer parte de las “pruebas sensibles” del caso y los peritos asignados recibieron la orden de “bajarle” a las investigaciones. Eran tiempos en que en la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo mandaba el polémico Francisco Alor Quesada. 

La leyenda urbana apunta a que Alor Quesada había recibido cinco millones de dólares para dejar libre al productor de televisión. A cambio le facilitaron una avioneta para abandonar, a hurtadillas, el país. Pero la “verdad histórica” de los hechos, la que valora el Juzgado Segundo Penal, por el momento considera que hay elementos suficientes para acreditar que Bruce Ainsley asesinó a su esposa asfixiándola con algún objeto blando como “pudiera ser su propia ropa”. 

Un total de 19 pruebas indiciarias fueron las que tomó en cuenta la juez Geny Alicia Cajún Alonzo para llegar a la anterior conclusión y ordenar el auto de formal prisión contra Beresford Redman. Para reconstruir el caso, ante la desaparición de algunas pruebas, el actual procurador Gaspar Armando García Torres movilizó un equipo que rastreó los peritajes que en su momento realizaron tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como peritos militares.

Así fue como la juez Cajún Alonzo tuvo en sus manos, entre otras pruebas, testimonios de trabajadores del hotel y familiares de la víctima que narran episodios violentos entre la pareja antes de que el propio Bruce Ainsley alertara sobre la desaparición de su esposa. También existen diversas fotografías y peritajes de los rastros de sangre que indican que la mujer fue asfixiada en la tina de jacuzzi de la habitación para después abandonar su cuerpo en la cisterna de aguas residuales del hotel.

Además, como otra evidencia, se supo que el ahora preso entró y salió de la habitación 11 veces entre la madrugada del 5 y 6 de abril de 2010, según se desprende de los reportes del número de veces que abrió y cerró la puerta, lo cual se pudo determinar a partir de los registros de la banda magnética de las cuatro tarjetas que tenía Bruce Ainsley para entrar a la habitación.

Todo apunta a que el crimen se cometió al interior de la habitación la noche del 5 de abril, previamente en un restaurante del hotel, Bruce Beresford intentó golpear a su mujer.

La escena del crimen 

El expediente 216/2010 señala que el levantamiento de cadáver se llevó a cabo el 8 de abril de 2010. En la habitación 7816 del edificio 78, conocido como Pelícanos, elementos de policía judicial hallaron sobre la cómoda los pasaportes de la pareja, sus documentos migratorios y una cinta industrial color gris.

El dictamen pericial de la necropsia, a cargo del doctor Roberto Ríos Ponce, perito médico forense de la Dirección de Servicios Periciales de la subprocuraduría Zona Norte concluyó que “Mónica Burgos falleció por asfixia por sofocación (…) probablemente el día 5 de abril, alrededor de las 23 horas”.

El dictamen de Mecánica de Lesiones realizado por la doctora Ariadna Méndez García, perito médico oficial de la delegación estatal de Quintana Roo y el dictamen de la necropsia realizado por el doctor Roberto Ríos Ponce, de la Procuraduría General de Justicia estatal, determinaron que las lesiones a la víctima, “fueron producidas por puño en la cara, mientras que las de glúteo se debieron a proyección; es decir, al tener contacto con una superficie dura como una bañera-
jacuzzi”.

La herida en la cabeza fue provocada por un golpe “compatible con un objeto de bordes irregulares, duro y de consistencia sólida, por ejemplo, un tubo metálico, un bat o un palo”.

En la habitación se encontró una playera de color naranja, “recién lavada, siendo notoria una mancha de color oscuro en la parte frontal izquierda; al interior del jacuzzi había una playera color gris con manchas de líquido rojo en la parte frontal”.


José Jesús Cepeda Valderas, Mayor de Justicia Militar Criminalista en retiro, determinó que “la mujer perdió la vida por sofocación provocada por un instrumento blando como pudiera ser su propia vestimenta”.

Los testigos presenciales

El 8 de abril Enrique Arena López, supervisor de mantenimiento del hotel, rindió su declaración. Fue él quien halló el cadáver flotando en la cisterna. Jean Ferreira Burgos, hermana de la occisa, refirió que Mónica Burgos y Bruce Beresford “habían tenido algunos problemas en su matrimonio, toda vez que su hermana había descubierto que su esposo mantenía una relación con Joy Pierce”. 

Dijo que el 30 de marzo, su hermana le contó los planes para vacacionar en México. Mencionó que su esposo había conseguido la habitación “con jacuzzi”. Ya tenían los boletos y saldría al día siguiente; es decir, el 31 de marzo. El 6 de abril recibió una llamada telefónica de su cuñado, quien le informó que su hermana se encontraba desaparecida. Jeane Burgos inquirió a Beresford si había llamado ya a su celular y él contestó que su hermana lo había olvidado en la habitación. 

Ella viajó a Cancún el 7 de abril. Al llegar al hotel, algunos policías le comentaron “que tenían información de que su cuñado había salido del cuarto durante la madrugada 11 veces y que había comentado que una de las cuatro tarjetas que les habían dado en el hotel la traía su hermana consigo; pero al verificar, notaron que él había utilizado las cuatro tarjetas, incluso después de la desaparición de su hermana.

El expediente también contiene la declaración de la concierge, Bertha Angélica Arroyo Ramírez, quien declaró que a las 08:30 horas del 5 de abril, una pareja de extranjeros ingleses de apellido Cook le reportaron que sus hijos detectaron que los huéspedes de la habitación 7816, ubicada arriba de la habitación de sus hijos hacían mucho ruido y “los terribles ruidos” los habían despertado.

El incidente fue reportado al supervisor de seguridad, Luis de los Santos en una hoja de papel escrita en inglés; vía telefónica un empleado de apellido Arroyo Ramírez se comunicó a la habitación en la que contestó Bruce Beresford. Al conocer la queja de los huéspedes y al ser interrogado si todo estaba bien, respondió textualmente “Sí, es verdad, lo que sucede es que estaba discutiendo con mi esposa, por el comportamiento de nuestros hijos, pero no volverá a ocurrir”.

El documento de 55 fojas deja ver que el inculpado Beresford Redman cayó en contradicciones; ya que, basado en sus primeras declaraciones de que su mujer había salido del hotel, lo lógico sería que descartaran la posibilidad de encontrarla dentro del hotel. Sin embargo, lo elementos de seguridad se dedicaron a buscarla adentro porque sabían que ella no había salido.

También rindió su declaración el camaristo Carlos Mario Vázquez Olan quien refirió que alrededor de las 15:00 horas reportó a la oficina de ama de llaves que la habitación 7816 tenía la tarjeta en la puerta de madera de “no molestar”. Al día siguiente, el empleado realizó la limpieza. Le pareció que las camas estaban separadas, los juguetes y libros estaban ordenados, cuando días antes “siempre encontraba desorden en la habitación”.

Erick Uriel González Reyes, responsable de operación y mantenimiento de áreas y servicios de la fase Moon Grand del hotel, declaró que el 4 de abril se percató que el hombre que acompañaba a una huésped intentó agredirla físicamente en un restaurante pero se detuvo.

Al ser interrogado por el agente de la policía judicial, Juan Gabriel Chuc May, el presunto homicida refirió primero que había tenido una fuerte discusión con su esposa por el comportamiento de sus hijos y posteriormente declinó contestar si no se encontraba presente su abogado y el cónsul de su país.

De acuerdo con el Dictamen de Criminalística fueron hallados 19 indicios; entre ellos, secuencias de maculaciones rojizas en las columnas de la habitación, barandal, afuera del acceso peatonal de la habitación.

Las pruebas concluyeron que “al momento de realizar la diligencia, se observó que el lugar no fue protegido ni preservado como lo indica la Criminalística; sin embargo, luego de la posible pérdida o alteración de material sensible significativo, los indicios recabados fueron debidamente fijados, levantados y embalados; concatenándose el dictamen de Química Forense realizado por el Q.F.B. Jorge Barragán Vargas, perito químico adscrito a la coordinación estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República”.

Rodolfo Mogo Almeida, asistente de seguridad declaró que el hotel tiene un estricto control de vigilancia y seguridad y es prácticamente imposible que no exista registro de una salida o un ingreso.

El regreso de Bruce Beresford

La trama de este thriller incluye que el 8 de febrero de 2012, proveniente de una prisión federal en Los Ángeles California, Estados Unidos, el presunto homicida arribó al aeropuerto de Cancún. Esa madrugada, la temperatura había descendido y llovía. Por la noche, el ex productor de “Survivor” durmió en la cárcel de Cancún. 

El día 13 de febrero de 2012, asistido por un traductor, Bruce Beresford Redman declaró ante la autoridad judicial que no estaba de acuerdo con lo que declaró el 6 y 7 de abril de 2010, la primera fecha, corresponde al día que compareció ante el Ministerio Público para informar la desaparición de su esposa Mónica Burgos; la segunda, al rendir declaración en calidad de presentado.

Si bien reconoció sus firmas, rechazó ser la persona que mató a Mónica Burgos, a quien dijo amar.
Declaró haber sido presionado para confesar que él la había matado; sin embargo, no pudo precisar qué tipo de autoridades lo presionaron. 

El dictamen

El miércoles 15 de febrero de 2012, la juez Geny Alicia Cajún Alonzo resolvió dictar el auto de formal prisión contra Bruce Ainsley Beresford Redman, como probable responsable del delito de homicidio calificado a su esposa, Mónica Burgos Beresford Redman. 

Con el cúmulo de indicios que lo señalan como el homicida, ahora Bruce Beresford deberá comprobar su presunta inocencia y convencer al juzgado de que las pistas que apuntan a su supuesta culpabilidad son pura ficción.


EL DATO

La película del homónimo

“Doble Traición” es un filme de suspenso protagonizado por Ashley Judd y Tommy Lee Jones en donde una mujer es acusada del asesinato de su marido y descubre que el supuesto homicidio fue un montaje realizado por su pareja, quien manipuló la situación para que las evidencias la incriminaran.

La actriz multifacética Ashley Judd, quien ha participado en más de 20 películas de diferentes géneros, es la protagonista de la película (Libby Parsons), originalmente titulada Double Jeopardy.

Después de ser encarcelada injustamente, Libby Parsons, sale en libertad condicional y comienza la búsqueda de su esposo. Al ser perseguida por su oficial de libertad condicional interpretado por Tommy Lee Jonnes, juntos comienzan a resolver el complicado caso.

La película fue dirigida por Bruce Beresford, cineasta autraliano y quien fue nominado al Oscar por sus trabajos. Su última película fue “El último bailarín de Mao”.



EL DATO

De acuerdo con el descriptivo legal 86 del Código Penal de Quintana Roo quien “prive de la vida a otro se le impondrá una pena de seis a 18 años de prisión (…) y de 12 a 30 años de prisión al responsable de homicidio calificado”.
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GARZÓN: ESPAÑA ANTE LA HISTORIA


Por José Martínez M. (*) 
Se autoriza reproducción con crédito al autor
México, D. F., a 27 de febrero de 2012

Para mi general y amigo
José Francisco Gallardo Rodríguez
En los últimos días, los ojos del mundo se centraron en el proceso judicial en contra del juez Baltazar Garzón. La prensa mundial también se ocupó del caso. No es para menos. Es la primera vez que se procesa a un juez por defender los derechos humanos y que se ha distinguido por perseguir crímenes internacionales. 

Por tal motivo, la semana pasada cientos de miles de personas salieron a las calles a protestar contra el Tribunal Supremo de España y en defensa del asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya y miembro del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y los Tratos Inhumanos y Degradantes.

No es poca cosa el palmarés de Baltazar Garzón, con más de una veintena de doctorados Honoris Causa por varias universidades españolas y del extranjero y una reputación ganada a pulso por procesar a conspicuos sátrapas y genocidas como Pinochet. Y otros a quien tenía en la mira como a Silvio Berlusconi, el ex primer ministro de Italia a quien en 2001, solicitó al Consejo de Europa desaforar cuando éste se desempeñaba como miembro de la asamblea parlamentaria del Consejo.

El caso Garzón me recuerda al proceso que en su momento enfrentó en Francia el capitán Alfred Dreyfus y un tanto el caso del general José Francisco Gallardo Rodríguez, por proponer en México un ombudsman para las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? El abuso de poder y la conjura de los poderes fácticos.

La revelación del escándalo en Yo acuso (J’accuse), un artículo de Émile Zola en 1898, provocó una sucesión de crisis políticas y sociales inéditas en Francia que, en el momento de su apogeo en 1899, revelaron las fracturas profundas que subyacían en la Tercera República Francesa. Dividió profunda y duraderamente a los franceses en dos campos opuestos, los pro y los contra a Dreyfus y reveló la existencia en la sociedad francesa de un núcleo de violento nacionalismo y antisemitismo difundido por una prensa sumamente influyente. El caso se convirtió en símbolo moderno y universal de la iniquidad en nombre de la razón de Estado. 

El caso Dreyfus tuvo como origen un error judicial, sobre un trasfondo de espionaje y antisemitismo, en el que la víctima fue el capitán Dreyfus que marcó un hito en la historia del antisemitismo. Enjuiciado por un tribunal militar por el delito de alta traición, Dreyfus fue condenado a prisión perpetua y desterrado en la Colonia penal de la Isla del Diablo en la costa de la Guayana francesa.

Convencida de la arbitrariedad de la condena, la familia del capitán, con su hermano Mathieu al frente, intentó probar su inocencia y para ello recurrieron a los servicios del periodista Bernard Lazare. Simultáneamente, el coronel Georges Picquart, jefe del servicio de contraespionaje, comprobó, en marzo de 1896, que el verdadero traidor había sido el comandante Ferdinand Walsin Esterhazy. El Estado Mayor se negó, sin embargo, a reconsiderar su decisión y sacó a Picquart de Francia destinándolo al norte de África.

A pesar de las intrigas del ejército para evitar la revisión, en 1898 el Tribunal Supremo reabrió el caso y al año siguiente anuló la sentencia que condenó a Dreyfus, ordenando realizar un nuevo Consejo de Guerra, que se efectuó en Rennes ese mismo año. Contra todo pronóstico, Dreyfus fue condenado otra vez, ahora a diez años de trabajos forzados, aunque en este fallo el tribunal mencionó que existían «circunstancias atenuantes». 

Diez días después, agotado y con su salud quebrantada por cuatro largos años de prisión en condiciones inhumanas, Dreyfus aceptó el indulto que le concedió el presidente Émile Loubet. En 1906 su inocencia fue reconocida oficialmente por la Corte de Casación a través de una sentencia que anuló el juicio de 1899, sin reenvío para realizar un nuevo juicio, y decidió la rehabilitación del capitán Dreyfus, decisión inédita y única en la historia del derecho francés. 

Rehabilitado, el Capitán Dreyfus fue reintegrado al ejército con el rango de Comandante, participando luego en la Primera Guerra mundial. Con la dignidad en alto, Dreyfus falleció en 1935.

La siguiente es la carta abierta de Émile Zola al presidente de Francia M. Felix Faure y publicado por el diario L’Aurore el 13 de enero de 1898 en su primera plana a favor del capitán Alfred Dreyfus: 

“Yo acuso al teniente coronel Paty de Clam como laborante –quiero suponer inconsciente– del error judicial, y por haber defendido su obra nefasta tres años después con maquinaciones descabelladas y culpables. Acuso al general Mercier por haberse hecho cómplice, al menos por debilidad, de una de las mayores iniquidades del siglo. Acuso al general Billot de haber tenido en sus manos las pruebas de la inocencia de Dreyfus, y no haberlas utilizado, haciéndose por lo tanto culpable del crimen de lesa humanidad y de lesa justicia con un fin político y para salvar al Estado Mayor comprometido. Acuso al general Boisdeffre y al general Gonse por haberse hecho cómplices del mismo crimen, el uno por fanatismo clerical, el otro por espíritu de cuerpo, que hace de las oficinas de Guerra un arca santa, inatacable. Acuso al general Pellieux y al comandante Ravary por haber hecho una información infame, una información parcialmente monstruosa, en la cual el segundo ha labrado el imperecedero monumento de su torpe audacia. Acuso a los tres peritos calígrafos, los señores Belhomme, Varinard y Couard por sus informes engañadores y fraudulentos, a menos que un examen facultativo los declare víctimas de una ceguera de los ojos y del juicio. Acuso a las oficinas de Guerra por haber hecho en la prensa, particularmente en L’Éclair y en L’Echo de Paris una campaña abominable para cubrir su falta, extraviando a la opinión pública. Y por último: acuso al primer Consejo de Guerra, por haber condenado a un acusado, fundándose en un documento secreto, y al segundo Consejo de Guerra, por haber cubierto esta ilegalidad, cometiendo el crimen jurídico de absolver conscientemente a un culpable. No ignoro que, al formular estas acusaciones, arrojo sobre mí los artículos 30 y 31 de la Ley de Prensa del 29 de julio de 1881, que se refieren a los delitos de difamación. Y voluntariamente me pongo a disposición de los Tribunales. En cuanto a las personas a quienes acuso, debo decir que ni las conozco ni las he visto nunca, ni siento particularmente por ellas rencor ni odio. Las considero como entidades, como espíritus de maleficencia social. Y el acto que realizo aquí, no es más que un medio revolucionario de activar la explosión de la verdad y de la justicia. Sólo un sentimiento me mueve, sólo deseo que la luz se haga, y lo imploro en nombre de la humanidad, que ha sufrido tanto y que tiene derecho a ser feliz. Mi ardiente protesta no es más que un grito de mi alma. Que se atrevan a llevarme a los Tribunales y que me juzguen públicamente. Así lo espero. Émile Zola”, París, 13 de enero de 1898. Esta carta le costó a Zola el exilió en Londres, donde vivió en secreto. 

El del general José Francisco Gallardo fue un caso sin precedentes en la justicia mexicana. En pleno salinato, la represión en su contra partió cuando el militar presentó una tesis de maestría titulada “La necesidad de un ombudsman militar en México”. 

El delito consistió en haberla publicado en la revista Forum, una modesta publicación mensual. Por ese motivo, Gallardo estuvo más de diez años en prisión. Se le fincaron innumerables delitos, 16 averiguaciones previas, 9 causas penales, 7 autos de formal prisión y más de 20 delitos imputados. 

Gallardo interpuso 17 amparos en materia penal y 20 en materia administrativa contra actos de la autoridad militar a lo largo del proceso que se le siguió desde 1993. Ante el abuso de la autoridad su caso fue atraído por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió una recomendación al gobierno mexicano para que fuese liberado. 

La Suprema Corte de Justicia de la ación concedió amparo al general Gallardo Rodríguez a fin de mantener su grado militar, el cual le había sido cancelado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Las autoridades militares le exigieron la entrega de las patentes o constancias de sus grados militares a fin de proceder a su cancelación, en cumplimiento de una sentencia del Supremo Tribunal Militar. 

Además, le habían prohibido que no usara las insignias de General Brigadier, retirado su salario y apercibido que no firmara con su grado de general, ya que de hacerlo se haría acreedor al cargo de usurpación de funciones.

Un claro ejemplo de abuso de poder de las autoridades militares. El caso Gallardo dejó en claro tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ninguna institución de Estado, ni el Ejército, debe eximirse de la crítica y del escrutinio social. 

El debate en torno al caso Gallardo motivó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, dictaminara que la autoridad militar utiliza las instituciones de justicia para un fin distinto para el cual fueron concebidas, realizando actos con apariencia legal; al debate se sumaron la Organización de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rigths Watch, Pen Internacional el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, el Departamento de Estado de Estados Unidos, las comisiones de derechos humanos del Congreso de la Unión y las organizaciones no gubernamentales mexicanas, todas bajo el pronunciamiento por la desaparición de la jurisdicción militar para esclarecer los crímenes del pasado y terminar con las graves y sistemáticas violaciones a los derechos civiles. 

Ahora el caso Garzón pone ante la historia a España como nación. De manera inaudita la justicia española –si se le puede llamar así– por primera vez procesa a un juez por defender los derechos humanos. Dos de las principales organizaciones defensoras de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, hicieron un llamado al gobierno de España, las que coincidieron en señalar que “la obligación de cualquier Estado es perseguir cualquier violación de derechos humanos y no se puede juzgar a ningún juez por hacerlo”.

Los principales diarios del mundo reaccionaron con indignación ante el proceso a Garzón. La inhabilitación de Baltazar Garzón “es una persecución por motivos políticos”, tituló The Guardian. “Una injusticia en España”, apuntó The New York Times. Le Figaro, tituló su portada “Superjuez”, The Times lo calificó como “El juez de las cruzadas”. 

Baltazar Garzón se convirtió en una figura emblemática de la justicia. Su actuación rebasó las fronteras. Combatió al crimen organizado, lo mismo que al terrorismo, los abusos del poder y crímenes de lesa humanidad. A principios de los noventa se enfrascó en combatir a los cárteles de las drogas, encabezó las operaciones antidrogas “Nécora” y “Pitón” desarticulando a dos poderosas bandas de narcotraficantes que operaban en Galicia. Fue nombrado delegado del Plan Nacional sobre la Droga, alcanzando el rango de secretario de Estado. 

En cuanto al terrorismo fue implacable con los grupos vinculados a Euskadi Ta Askatasuna (ETA) por lo que los partidarios de País Vasco y Libertad lo señalaron de criminalizar a las organizaciones independentistas, entre ellas a varias editoriales y periódicos de la izquierda nacionalista vasca. Lo cuestionaron por guardar silencio ante más de 200 casos documentados de tortura de los separatistas. 

Sin embargo, Garzón también actuó con mano firme ante las organizaciones de la ultraderecha y las mafias políticas vinculadas al Partido Popular, que fue lo que desató una campaña de odio en su contra y un proceso judicial sin precedentes que lo llevaron a partir del 14 de mayo de 2010, ha ser suspendido cautelarmente en sus funciones de juez de la Audiencia Nacional por decisión del Consejo General del Poder Judicial. El motivo: haber ordenado unas escuchas en la cárcel de Carabanchel entre los acusados de una gran red de corrupción, conocida como caso “Gürtel” y que involucra a decenas de políticos vinculados al gobernante Partido Popular, que encabeza el presidente Mariano Rajoy. 

El empresario Francisco Correa Sánchez, el Carleone español, dirigía varias empresas muy estrechamente vinculadas al Partido Popular (PP), entre ellas Special Events, que durante algunos años organizó importantes eventos del partido cuyo gobierno lidera Mariano Rajoy.

En su alegato Garzón hizo saber que a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, las escuchas se hicieron para evitar que los acusados siguieran delinquiendo y lavando dinero desde la prisión. Los integrantes del Tribunal Supremo acusan a Garzón del delito de “prevaricación” por haber ordenado las escuchas, que esta autoridad considera “ilegales” por lo que exigen una pena de 11 años de inhabilitación y pérdida definitiva del cargo que ostenta.

No obstante el punto medular del proceso en su contra lo constituye, además, el haberse declarado competente desde el año 2008 para investigar las desapariciones ocurridas durante la guerra civil española y el franquismo. 

Garzón tocó las fibras más sensibles de la ultraderecha española, que ahora detenta el poder político y, que para su desgracia, le ha jugado una vendetta con el proceso judicial en su contra que ha puesto a España en el escándalo por todo lo que ello representa, para un país que demuestra que aún no cicatrizan las heridas de su pasado reciente y que pone en jaque a sus instituciones y a la democracia española.

Detrás de las acusaciones a Garzón ante el Tribunal Supremo están los grupos fascistas aglutinados en torno a la ultraderechista Falange Española de las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) y las no menos fascistas y ultraderechistas Manos Limpias, y la asociación Igualdad e Identidad. 

Garzón no está solo, son varios los magistrados del Tribunal Supremo que defienden su causa y que saben que se trata de un caso de ignominia. En palabras del ex fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, el caso Garzón puede ser resumido así: “Es un golpe a la democracia 35 años después de la muerte del dictador, la extrema derecha ha conquistado una victoria que ha sido posible por un Tribunal Supremo sensible a esa persecución y un Consejo General del Poder
Judicial cómplice”. 

En palabras de la organización Human Rights Watch resume así el caso Garzón: “Ahora, la justicia misma se ha convertido en una víctima de España. El juez Garzón ha luchado por hacer justicia para las víctimas de graves atrocidades cometidas en el extranjero y ahora está siendo castigado por intentar hacer lo mismo en su propio país… Los verdaderos crímenes aquí son las desapariciones forzadas y los asesinatos, no el intento de un juez de investigarlos”.
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*José Martínez M., es periodista y escritor. Es Consejero de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex). Es autor del libro Carlos Slim, Los secretos del hombre más rico del mundo, y otros títulos, como Las enseñanzas del profesor. Indagación de Carlos Hank González. Lecciones de Poder, impunidad y Corrupción yLa Maestra, vida y hechos del Elba Esther Gordillo.