Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pone en tela de juicio los beneficios de la guerra contra el narco emprendida por el presidente Felipe Calderón. A la luz de los resultados obtenidos y la forma en que se ha llevado a cabo este combate, la estrategia ha sido contraproducente
En cuanto a derechos humanos, el ombudsman afirma que el gobierno de Calderón está reprobado.
Un delito que se agravó durante el sexenio, y que lesiona la dignidad humana de la ciudadanía, es la tortura, práctica que aumentó hasta “2 mil por ciento”, señala el abogado.
Pero éste es solo un ejemplo de cómo ha ido empeorando la calidad de vida en México.
“En estos últimos seis años se fue dando un fenómeno en materia de derechos humanos: un aumento exponencial de las quejas por violaciones graves en la materia”, declara Plascencia Villanueva, quien ha estado al frente de la CNDH desde 2009.
“Me refiero a las ejecuciones extrajudiciales, a las desapariciones forzadas, los cateos ilegales, las torturas, los tratos crueles, las revisiones indignas”.
Entrevistado en exclusiva por Reporte Indigo, explica que estas irregularidades fueron las que hicieron que la CNDH se comprometiera a llevar a cabo “un trabajo mucho más eficiente, de mejor calidad y, sobre todo, más demandante”.
Y documenta el fracaso..
“En 2005, se había presentado un solo caso en materia de tortura. En cambio, para el caso de 2011, estamos hablando de cerca de 2 mil asuntos en tortura y tratos crueles, lo cual nos da una idea de lo exponencial de este crecimiento”, lamenta.
Se recrudece la violencia
El titular de la CNDH considera que, en algunos aspectos, la situación ha empeorado con respecto a 2006.
“Estamos ante una condición más difícil, comprometida, particularmente en el tema de la seguridad pública. Y eso es algo que se puede percibir en cuanto al recrudecimiento de la violencia en infinidad de municipios de la república. Y particularmente también en el incremento de violaciones a los derechos humanos, a propósito de esta violencia”.
Pero admite que ha habido algunos avances, como la reforma constitucional que se hizo el 10 de junio de 2011.
“La más importante que haya habido en derechos humanos en la historia del país”, precisa Raúl Plascencia Villanueva.
A partir de esta reforma, el trabajo de la CNDH se vio fortalecido, se ampliaron los derechos de los mexicanos y se buscó generar un equilibrio entre la labor de las instituciones de seguridad pública y la defensa de los derechos humanos.
Cuando se le pregunta si ha valido la pena la guerra contra el crimen organizado emprendida Calderón, señala que la situación del país se ha deteriorado.
“Sin duda que aquí hay un cambio sustancial entre lo que sucedía hace seis años y lo que sucede actualmente. Hoy por hoy, hay un sinnúmero de ciudades en todo el país en donde la violencia se encuentra verdaderamente en límites muy muy altos”.
Y menciona los enclaves donde el gobierno federal no ha cumplido su obligación de garantizar seguridad.
“Por ejemplo, en el estado de Tamaulipas. La ciudad de Monterrey, el estado de Nuevo León, que la tranquilidad lo caracterizaba, y que ahora se ha transformado precisamente en lo contrario.
“La zona de la Laguna, que comprende los estados de Coahuila y Durango, también eran zonas sumamente apacibles, donde se podía vivir con una gran tranquilidad. La ciudad de Cuernavaca, en Morelos, la ciudad de la eterna primavera, que tenía las características nacionales y mundiales, y así se promocionaba, donde uno podía ir a descansar, a pasar sus últimos años de la vida en total calma y tranquilidad”.
Agrega que a la lista se suman Durango, Culiacán, Mazatlán, la propia ciudad de Chihuahua, Ciudad Juárez y muchas más.
Retenes de la muerte
“Pero agreguemos un dato adicional. Esta dinámica del establecimiento de retenes, puntos de revisión, de acciones por parte de cuerpos policiales y militares en operativos de carreteras, propiciaron también que cientos de víctimas inocentes perdiesen la vida sin tener nada que ver en la comisión de un delito, o bien, en un operativo policial o militar”, denuncia Raúl Plascencia.
Desde diciembre de 2009, la CNDH ha venido documentando los casos de las víctimas que no tenían vinculación alguna con un delito, pero perdieron la vida por estar en el lugar menos indicado a la hora equivocada.
De 2010 a la fecha, han muerto más de 150 personas en estas circunstancias.
Recuerda específicamente el caso de la familia Almanza Salazar, que se dirigía a Matamoros, Tamaulipas, cuando fue agredida por elementos militares. Dos menores perdieron la vida.
Peligro extremo en las carreteras
Viajar por carretera se ha convertido en un riesgo mortal. No importa si son vías libres o autopistas de cuota, el peligro es el mismo. Y ni hablar de los caminos rurales.
“(Transitar por las carreteras) se fue convirtiendo en algo de extremo peligro, no solamente por el hecho de encontrarse con un delincuente que pudiera asaltar a las personas, sino por verse en medio de un operativo, de un enfrentamiento entre la autoridad y los delincuentes. Y la sociedad está inerme ante esa circunstancia”, apunta el presidente de la CNDH.
Inseguridad y migración
Diversas ciudades y poblaciones se fueron tornando inseguras. Y muchas personas se vieron forzadas a abandonar sus comunidades. Pero no en busca de oportunidades de empleo y desarrollo, sino de seguridad.
La CNDH reporta que cerca de 150 mil personas se fueron de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Durango y Coahuila. Algunas incluso abandonaron el país.
Recomendaciones pendientes
Quedan pendientes la gran mayoría de las recomendaciones que se emitieron sobre personas desaparecidas, ejecuciones extrajudiciales, tortura.
El titular de la CNDH afirma que el mayor peligro para una sociedad es la impunidad. La falta de castigo prácticamente es una invitación a seguir violando los derechos humanos.
Agrega que es fundamental recuperar la seguridad pública en los espacios donde se fue perdiendo.
“Otro tema es alinear los esfuerzos de las dependencias en materia de seguridad pública. Hasta ahora, parecería que se encuentran realizando acciones totalmente dispersas, disociadas, en lugar de ir trabajando una plena coordinación”, advierte.
Tres Marías: inconcebible
No hay justificación alguna para que un elemento de la policía, so pretexto de brindar seguridad pública, lleve a cabo una acción como la que tuvo lugar en Tres Marías, Morelos, el viernes 24 de agosto, afirma Raúl Plascencia Villanueva.
No hay argumento que valga para “disparar de manera reiterada en contra de un vehículo, sin motivo alguno, sin que se esté repeliendo una agresión, sin que se esté tratando de aprehender a un delincuente que ofrece resistencia”.
Explica que este hecho es un claro ejemplo de “cómo se vulneran los protocolos de acción que están aprobados por la propia SSP federal”.
Señala que cuando el gobierno decidió enfrentar al crimen organizado, no diseñó una estrategia para evitar que la sociedad resultara perjudicada.
“Lo que se propició fue lo contrario”, afirma.
En el suceso de Tres Marías, no había forma de diferenciar a un policía de un sicario porque los elementos de la Policía Federal no portaban uniforme, ni vehículos oficiales, ni mostraron credenciales, ni montaron un retén reconocible.
“Es importante, por ello, que en este asunto se lleven a cabo las investigaciones a profundidad. Estamos hablando, en efecto, de policías que estaban actuando con ropa de civil, en vehículos no oficiales. Y esto resulta contrario a la propia reglamentación interna. De manera que la investigación tendrá que llegar a fondo respecto de los que actuaron y de los que son responsables dentro de la actuación de los policías federales.
“Porque es inconcebible que dentro de una corporación policial con un marco de jurídico claramente limitado, encontremos acciones totalmente al margen de la ley”, señala el titular de la CNDH.
¿Y LA RENUNCIA DE GARCÍA LUNA?
Plascencia Villanueva advierte que se tienen que tomar varias decisiones sobre el atentado cometido contra dos estadounidenses que viajaban en un vehículo con placas diplomáticas.
Un tema es la investigación de quienes hayan omitido cumplir con su deber y hayan propiciado esta circunstancia, explica. Y también tienen que revisarse los controles que existen al interior de la SSP federal.
“Porque ya nos sucedió con el asunto de Ayotzinapa (Guerrero), en donde la respuesta que se dio a la CNDH fue que los mandos superiores no tenían conocimiento de lo que estaba pasando ante un evento que estaba en todos los canales de televisión.
“Es importante que se tomen medidas jurídicas, penales, por los delitos que se cometieron. Pero también administrativas, para que una dependencia pública pueda conducirse de la mejor manera. Y que no suceda que una parte de sus elementos, en lugar de cumplir la ley, se esté coaligando para actuar como delincuentes”, puntualiza.
Al terminar la investigación, agrega, corresponde tomar la decisión de la renuncia del secretario federal de Seguridad Pública o del secretario de Gobernación.
General Tomás Ángeles: caso vigilado
En cuanto al general Tomás Ángeles Dauahare, la CNDH revisa el caso detenidamente para garantizar que sus derechos humanos sean respetados.
“Estamos revisando el expediente de manera íntegra, de manera que al finalizar, podremos hacer un pronunciamiento. Hemos pedido a la autoridad que se resguarden sus derechos en el sentido de una debida defensa”, explica Plascencia.
