por Lilia Baizabal
“La impunidad es el primer síntoma de la conversión de un Estado en Corruptocracia”: Harold Marmolejo Rojas
Trascendió que el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) deberá aclarar en base a qué se resolvió devolver al gobierno de Veracruz, un promedio de 25 millones de pesos en efectivo decomisados en enero de este año a dos empleados de la de la Secretaría de Finanzas del estado. Antes de 10 días, se develará por fin el misterio sobre este caso.
Como recordará a mediados de enero de este año, dos funcionarios del gobierno de Veracruz que transportaban 25 millones de pesos en efectivo fueron detenidos por la Policía Federal en el aeropuerto de Toluca, según confirmó la secretaría de Finanzas de la administración estatal.
El escándalo nacional no se hizo esperar luego de que la administración pública estatal, informó que esos 25 millones eran para financiar la organización de los festejos del carnaval de Veracruz y la Candelaria en Tlacotalpan, que tendrían lugar en el mes de febrero.
La sospecha creció cuando trascendió que la empresa que presuntamente contrataría a los artistas, tenía sus oficinas en Bosques de las Lomas en el Distrito Federal y no en Toluca, estado de México.
Por lo raro del caso, el PAN a través del comité ejecutivo nacional, solicitó que se transparentara la procedencia de esos 25 millones de pesos. Gustavo Madero el dirigente nacional dejó entrever que había la posibilidad de que esos millones, hubieran sido enviados por el por el gobierno de Veracruz para probablemente financiar actividades de la campaña del candidato presidencial del PRI Enrique Peña.
El dato podría ser fundado luego de que precisamente en Toluca, operó la base de la organización desde donde se orquestó la campaña electoral que le permitió al PRI, “ganar”, la presidencia.
El dinero era transportado en efectivo por los empleados de finanzas Saiz Zepeda y Miguel Morales, que continúan colaborando en la dependencia, no así el tesorero de la misma secretaria Vicente Benítez González que fue destituido para acallar a la opinión pública.
El gobierno de Veracruz, jamás pudo ofrecer una explicación convincente de por qué envió a Toluca, estado de México, una suma tan importante en efectivo para pagar un presunto contrato de prestación de servicios y no a través de una simple operación bancaria, como lo establece la misma autoridad hacendaria.
La Procuraduría General de la República (PGR) procedió el mismo día al decomisó del dinero en efectivo, al tiempo la autoridad estatal, reclamó la devolución del dinero argumentando su procedencia lícita.
Lo raro del caso es que cinco meses después, antes de que se celebraran las elecciones del mes de julio, la misma dependencia a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de Hacienda, devolvió al Gobierno de Veracruz los casi 25 millones de pesos que le aseguró en enero pasado.
Y no solo eso, hasta pagaron al estado una cantidad extra de 236 mil 586 pesos por concepto de los intereses, que presuntamente generó la retención del dinero y luego de que presuntamente, la administración estatal, acreditó el origen legal de los recursos.
Mientras se pensó que el caso pasaría al olvido, en su sesión del martes, los integrantes del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), ordena al SAE dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ( SHyCP), abra el archivo y revele a la opinión pública en base a qué y cuáles fueron los documentos que presentó el estado de Veracruz para acreditar el origen lícito de esos 25 millones de pesos.
Un ciudadano quiso saber cómo fue posible que Hacienda y PGR hubieran devuelto así como así, una suma tan fuerte al estado de Veracruz, sin que se le haya sancionado siquiera por evadir la misma disposición hacendaria que ordena el manejo de sumas mayores a 20 mil pesos, a través de depósitos bancarios.
Pacientemente, el interesado cumplió con la larga lista de requisitos que piden las instituciones para transparentar la información y Hacienda le negó el derecho.
Llevó su queja al IFAI y muy atinadamente, los consejeros ordenan que un plazo menor a 10 días, la dependencia revele en un informe convincente los detalles en los que la dependencia se basó para proceder a la devolución de los recursos, incluso antes del proceso electoral federal del 1 de julio de este año.
Ojalá que el ciudadano que obtendrá esa valiosa información la comparta con los medios de comunicación para poder saber a ciencia cierta qué más se manejó tras este escandaloso caso de abuso de autoridad y opacidad en el manejo de los recursos públicos, uno de los grandes pendientes de la administración “próspera”.
No extrañará que nos salgan con otra desagradable sorpresa. A todas luces se vio que Tomás Ruíz el ministro de finanzas, con aspiraciones a ser el próximo gobernador de Veracruz, movió sus influencias en Hacienda, de donde fue empleado por más de 10 años, para lograr la devolución de ese dinero. Por eso no lo destituyeron también.
Lo raro del caso es que no explicaron a detalle por qué no usaron la transferencia bancarias para realizar esos jugosos depósitos, por qué no se detalló y se hicieron públicas las erogaciones en la contratación de cada uno de los artísticas y cuánto cobró cada uno.
Reza la filosofía popular, “el que nada debe, nada teme”, entonces por qué le ocultaron a la opinión pública cómo y de qué manera se gastaron esos 25 millones de pesos, cuánto se le pagó a cada artista y hasta cuánto recolectó el estado por la celebración de esos festejos.
Era lo mas lógico. Pero no, siempre callan y siembran cortinas de distracción pensando que la gente no tiene memoria y no se interesa en saber de qué manera se administran los recursos que paga a través de sus impuestos.
Alga anda mal en la administración pública de Veracruz, cuando van por la solicitud del cuarto préstamo en año y nueve meses de gestión y las magnas obras prometidas por el PRI en campaña, todavía no llegan. Y ni se ve que tengan intención en iniciarlas.
Los veracruzanos están cansados –hartos– de tanta impunidad, corrupción, prepotencia, mediocridad, abulia, opacidad y mentiras que identifican a un gobierno que no ha querido transparentar el uso de los recursos públicos. Y que no puede resolver todavía los graves problemas de rezago, marginación, pobreza, analfabetismo, inseguridad y ahora hasta la epidemia de dengue hemorrágico, que sigue cobrando muertos, aunque lo nieguen.
Los veracruzanos están fastidiados de que, en cambio, se despilfarren los recursos públicos en festejos frívolos y contrarios a fomentar valores que dan cohesión a la sociedad.
La sociedad está cansada, además, de que se confunda la rendición de cuentas con el culto a la personalidad, como lo hacen ahora los flamantes funcionarios del gabinete que tiene de todo menos “prosperidad en sus acciones”.Ahí están los hechos.
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