Durante la administración del actual
gobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte, en esa entidad se han
descubierto 11 fosas clandestinas con al menos 134 cadáveres, presuntamente
víctimas del crimen organizado.
Todas esas inhumaciones clandestinas
han sido documentadas por los medios, excepto dos: se trata de las fosas de
Portezuelo y Mata Loma, ocultadas por las autoridades federales y estatales. El
hallazgo ocurrió en noviembre de hace cuatro años –cuando la narcoviolencia se
recrudeció en esa parte de la costa del Golfo de México– y se pudo mantener en
secreto, hasta ahora.
MANLIO FABIO ALTAMIRANO, Ver.- “En la
oscuridad los enterraron. De noche, también, los exhumaron”. Así relatan
pobladores de las comunidades de Portezuelo y Mata Loma el hallazgo
de dos fosas clandestinas en este municipio, de donde hace cuatro años agentes
de la Procuraduría General de la República (PGR) y autoridades locales
extrajeron restos de 28 personas.
La madrugada del 4 al 5 de noviembre de
2011 –y las tres siguientes–, fuerzas federales y elementos de la entonces
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) trabajaron a marchas
forzadas para retirar las pruebas de una matanza que fue silenciada cuando
llegaba a su fin el sexenio de Felipe Calderón y empezaba el gobierno de Javier
Duarte en Veracruz; 48 meses después, sólo algunas autoridades locales y
federales, así como habitantes de este municipio, saben de ese
hallazgo.
A espaldas de un pequeño basurero al
descubierto, por una brecha de grava abierta por Pemex y a un kilómetro de la
comunidad de Portezuelo, presuntamente la delincuencia organizada enterró 28
cuerpos; de ellos se tiene la certeza de que 17 eran hombres y cinco
mujeres. Del resto, la PGR señala que ni con un dictamen de antropología
forense se pudo obtener el “perfil genético”.
En los oficios SJAI/DGAJ/11235 y
SJAI/DGAJ/07650/2015 de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos
Internacionales (SJAI) de la PGR (obtenidos mediante la plataforma Infomex)
se advierte que la Agencia de Investigación Criminal, la Coordinación de
Servicios Periciales y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (SEIDO) establecieron que las edades de los ejecutados
y enterrados en las dos fosas fluctúan entre 23 y 50 años.
“Los restos de 27 cadáveres se
encuentran en el Laboratorio de Genética Forense de la Coordinación
General de Servicios Periciales (de la PGR), siendo que únicamente se logró la
identificación de los restos óseos de un cadáver, mismo que fue entregado a sus
familiares”, señala la SJAI.
Añade: “Los documentos que atienden su
requerimiento de información obran dentro de una investigación ministerial, que
se encuentra ‘en trámite’, por lo que tienen el carácter de reservado por un
periodo de doce años”.
La inhumación clandestina de estas 28
personas tuvo lugar un mes después de que empezó a recrudecerse la violencia en
la zona conurbada Veracruz-Boca del Río (entre septiembre y octubre de 2011),
que dejó 67 muertos en tres eventos distintos: el 20 de septiembre de 2011 un
comando abandonó en la Plaza del Volador, en Boca del Río, 35 cadáveres
maniatados, semidesnudos y con sendas letras “Z” talladas en la espalda; 16
días después la Marina emitió el comunicado 313/2011, donde consignaba el
hallazgo de 32 cuerpos sin vida en diversas viviendas de los fraccionamientos
Jardines de Mocambo, Costa Verde y Costa de Oro.
En Veracruz la violencia fue impuesta
por Los Zetas, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y, en el norte, el Cártel
del Golfo, junto con la corrupción de policías intermunicipales, ministeriales
y otras autoridades, que permitieron el asentamiento de esas mafias en la
región.
En lo que va del sexenio del priista
Javier Duarte se han hallado once fosas clandestinas en Veracruz, incluyendo
una en Alvarado (con nueve cuerpos) y las de Portezuelo y Mata Loma, de las
cuales no se tenía noticia. En esas once fosas se localizaron 134 cuerpos, más
de la mitad de ellos –según cifras oficiales– aún sin identificar.
El Colectivo por la Paz y la agrupación
Solecito –entre otras organizaciones de personas que buscan a sus familiares
víctimas de desapariciones forzadas– siguen recriminando la inacción e
inconsistencias de las autoridades locales para dar con el paradero de los
desaparecidos, y en el ámbito federal cuestionan la “lentitud” y “poca
cobertura” con que se aplica el sistema de recompensas de la PGR.
“Aquí no pasa nada”
En Portezuelo y Mata Loma la gente vive
del cultivo de maíz o se convierte en mano de obra del corporativo industrial
Tamsa y de la Ciudad Industrial Bruno Pagliai. “Aquí había delincuentes de esos
pesados. No eran de aquí, pero ya se fueron como hace dos años;
tiempo atrás aquí no pasaba nada. Bueno, sí pasaba… pero no podías hablar, ni
decir nada. Ustedes (los periodistas) lo saben muy bien”, expone un habitante
del lugar.
En Portezuelo no hay ni 300 habitantes;
apenas existe una pequeña iglesia y una primaria con seis aulas, una
para cada grado escolar.
“Aquí es un ejido donde no pasaba nada…
hasta que supimos lo de los cuerpos; pero en la prensa no salió nada, ni al
otro día, ni después. Hubo temor y miedo, pero después todo volvió a la
tranquilidad”, dice a Proceso un lugareño.
Un funcionario cesado de la extinta PGJE
acepta hablar de “la matanza silenciada” a condición del anonimato. Expone que
desde el Palacio de Gobierno en Xalapa se dio la orden para que el asunto se
manejara en el más estricto hermetismo.
“Todas las labores se hicieron de
noche. El movimiento de peritos forenses, de MP, se efectuó en secreto para que
nadie se enterara. Ni la prensa ni otros miembros de la procuraduría, menos los
de Veracruz, tuvieron conocimiento de las diligencias que se hacían desde
Xalapa por gente de la capital”, señala.
Para garantizar la secrecía de la faena
–ahonda la fuente–, a quienes participaron en la exhumación se les retiraron
teléfonos celulares, ipads y otros dispositivos electrónicos mientras se
realizaban los trabajos. “Esa fue la instrucción”, asegura, del entonces
titular de la PGJE, Reynaldo Escobar Pérez, hoy aspirante al Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado.
“Sólo jefes, directores, tenían vías de
comunicación; ellos eran los que pasaban el reporte al Palacio de
Gobierno y entiendo que a autoridades federales también.”
De acuerdo con el entrevistado, la
mayor parte de los cuerpos estaban “hechos pedazos”, la mitad “decapitados”, y
había cuatro que vestían uniformes “tipo militar”. El documento SJAI/DGAJ/11235,
derivado de la solicitud de información número 0001700236515, refiere
que la PGR no “cuenta con ese dato”, en referencia a datos que permitieran
dilucidar si entre las víctimas había personal castrense.
La fuente consultada expone que la
investigación sobre las dos fosas se hizo con tal hermetismo que ni siquiera se
avisó a los alcaldes de la región: Soledad de Doblado, Veracruz y Manlio Fabio
Altamirano.
“El hallazgo lo obtiene la Marina
gracias a que atraparon en Soledad a un malandro (sic) al que le encontraron
información, fotos y videos sobre víctimas. Ahí comienza la excavación.”
“Sólo hay caca de vaca”
En Veracruz es común que las
autoridades quieran ocultar o matizar el hallazgo de fosas o ejecuciones
masivas.
El 24 de junio del 2014 el
subprocurador de la zona sur, Arturo Herrera Cantillo, fue cesado de la PGJE
por haber “confirmado” a la prensa el hallazgo de dos fosas en un rancho del
municipio de Tres Valles.
“Mi error fue dar a conocer la
existencia de varias narcofosas en el rancho El Diamante, cuando el gobierno y
la Fiscalía estatal mantenían la información en total hermetismo”, dijo
Cantillo a una radiodifusora local en aquella ocasión.
Respecto a la última fosa descubierta,
en Alvarado el pasado septiembre, reporteros de nota roja fueron avisados por cooperativas de
pescadores y por familiares de personas desaparecidas del hallazgo de un nuevo
cementerio clandestino en la comunidad de Paso Nacional, a donde sólo se podía acceder por
lancha. Toda la tarde y noche del día 10 y la mañana del 11 de septiembre el
hecho fue negado por la Fiscalía General del Estado.
“Se recibió la alerta, hay diligencias
pero hasta ahora sólo han encontrado caca de vaca (sic)”, dijo el vocero de la
Fiscalía, Omar Zúñiga.
El reconocimiento de nueve cuerpos
llegaría la tarde del 11 de septiembre, luego de que integrantes del Colectivo
por la Paz y Solecito, así como periodistas, se atrincheraran en las
instalaciones del Servicio Médico Forense.
En conferencia de prensa, el 13 de
septiembre, el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras apeló a la “comprensión” de
los medios que se anticipan “a la postura oficial del gobierno”, justificó que
una “nota”, “un comentario sesgado de columnistas” o “chismes” relacionados con
el hallazgo de cuerpos “trastoca las fibras más sensibles” de las madres que
buscan desde hace meses o años a sus hijos.
“Hay comunicadores que meten clavos
para sacar alcayatas. Los entiendo, es su trabajo; pero lo que importa para la
Fiscalía es saber qué pasó con ese ser humano que perdió la vida de una forma
notablemente violenta.”
Bravo Contreras aseguró que de 2014 a
la fecha la identificación de cadáveres se ha agilizado gracias a un software
certero que con exámenes genéticos e investigaciones científicas permite
perfeccionar la “toma de datos” a familias de personas desaparecidas.
Tierra de fosas
En 11 fosas clandestinas ubicadas en lo
que va de este sexenio, Proceso contabiliza la exhumación de 134 cuerpos, sin
contar las ejecuciones y abandono de cadáveres en parajes carreteros, riberas o
predios baldíos.
En junio de 2014, efectivos de la
Secretaría de Marina descubrieron en el rancho El Diamante –propiedad de un
exalcalde priista–, municipio de Tres Valles, al menos 31 cadáveres. Hoy apenas
se ha logrado la identificación de la mitad de éstos.
En febrero de 2012, más de 15 cuerpos
fueron descubiertos en el rancho La Poma Rosa, en Acayucan; ahí una célula de
Los Zetas se apropió de la mitad del terreno. El narcocementerio fue ubicado a
raíz de la detención de El Pollo H, líder local zeta .
En marzo del mismo año, fuerzas
federales detectaron ocho cadáveres en la congregación Frijol Colorado, en
Perote. En Antón Lizardo, comunidad costera perteneciente a Alvarado, en un
predio conocido como Playa Cava, fueron hallados siete cadáveres con huellas de
tortura, semienterrados en un terreno arenoso.
La fosa de Alvarado tenía nueve cuerpos
con huellas de tortura. Hasta ahora ninguno ha sido identificado.
En junio de 2012, nueve cuerpos fueron
encontrados en el municipio de Lerdo de Tejada. El hecho fue minimizado por el
aparato gubernamental.
En julio de 2014, policías
ministeriales exhumaron al menos ocho cuerpos en la congregación de Paraíso
Novillero, del municipio de Cosamaloapan.
