6 de julio de 2016

PREMIO DE CONSOLACIÓN PARA FRANCISCO PORTILLA



Al acabársele las cartas de su pobre baraja, Javier Duarte de Ochoa las recicla, y ahora manda al vapuleado Francisco Portilla Bonilla, que era su "gallo" para ser Fiscal Anticorrupción, a que ahora busque premio de consolación en una magistratura anticorrupción. Pero eso no es todo, pues para acompañar en la terna a Portilla Bonilla, el Mandatario Estatal escogió a Guadalupe Josephine Porras David, la exdiputada local, exdirigente cenopista y exalcaldesa de Minatitlán, quien fue señalada como responsable de un desfalco de 500 millones de pesos durante su administración en ese municipio, además de que, en 2014, regidores minatitlecos la denunciaron, junto con el exalcalde Leopoldo Torres, por el delito de fraude y encubrimiento en la construcción del puente a Capoacán. 

También, aparece el nombre de Tomás Antonio Bustos Mendoza, secretario de fiscalización en el Congreso del Estado, y quien tampoco ha brillado por su transparencia y honestidad. En ese contexto, el diputado local panista Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, coordinador de los legisladores blanquiazules en el Congreso Estatal, dio a conocer que se logró echar abajo la discusión de este punto en la décima sesión ordinaria que se celebrará este jueves, pues el PRI y sus aliados, pretendían que fuera votada de manera inmediata. 

El diputado por Tantoyuca indicó que en la reunión que sostuvo la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, se aprobó que mañana jueves entren los dictámenes de entrega de 10 propiedades al Instituto de Pensiones del Estado y la Casa Veracruz a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 2 organismos más, y esa junta, encabezada por el vetusto cacique magisterial Juan Nicolás Callejas Arroyo, propondrá que se emita una nueva convocatoria para el puesto de Fiscal Anticorrupción, donde cambiaron algunas reglas, entre ellas que en 3 días puedan revisar expedientes: uno para descartar a los que no consideren adecuados y dos más para entrevistar y decidir a la nueva propuesta. Por cierto, se ha conocido que, este jueves, representantes de organismos empresariales y grupos de sociedad civil de Minatitlán publicarán en medios impresos del Estado una enérgica carta para exigir al Congreso del Estado se abstenga de aprobar el nombramiento de la ex alcaldesa Guadalupe Porras David, como magistrada anticorrupción. 

Empresarios, industriales, comerciantes, profesionistas y prominentes miembros de la sociedad civil, coinciden en que Porras David es, en Minatitlán, y en general en Veracruz, el ícono de la corrupción rampante, cuya tropelía mayor fue haber desaparecido en un santiamén ese medio billón de pesos (léase 500 millones de pesos) en una de las administraciones municipales más nefastas de la que los minatitlecos tengan memoria, con el aval de Fidel Herrera Beltrán y el gobernador en turno, Javier Duarte de Ochoa, quien por razones inconfesables la ha propuesto para ocupar una magistratura. Y es que es del dominio público que en su gestión, hizo agua ese recurso destinado a la construcción del puente “Capoacán”, del que sólo colocó unos pilotes, aunque curiosamente, el Orfis no detectó irregularidad alguna. Otro trastupije fue el ejército de “aviadores” en la nómina del ayuntamiento que presidió Porras David, sin que en su momento los entes fiscalizadores se dieran por enterados. Queda claro que la designación de Porras David -salvo que el Congreso del Estado dé marcha atrás-, sería para los minatitlecos una verdadera afrenta.

POLICÍAS Y MARCHAS

Así como miles de policías custodian marchas, un día custodiarán a funcionarios a la cárcel.
Pedro Echeverría V.
1. Estaba pensando detenidamente en las cuatro marchas que organizaron en la ciudad de México hoy miércoles los maestros de la CNTE. Hace unos minutos recibí decenas de fotografías de mis amigos tomadas desde diferentes ángulos de las manifestaciones. No pudieron acordonar o encapsular a ninguna marcha porque los maestros fueron sumamente hábiles para aturdir a los milicos bloqueadores que tenían la obligación de impedir que algún contingente llegara al Zócalo. No era un juego de gatos y ratones, pero el centro histórico se convirtió en cientos de bloqueos de granaderos y policías para paralizar las cuatro marchas.
2. Jamás les he mentado la madre a los policías y soldados que nos han bloqueado mil un veces nuestras manifestaciones, aunque sí con mucha claridad lo he hecho contra los jefes militares, el gobierno y los empresarios quienes son los que dan las órdenes. A los policías y soldados les lavan el cerebro por sus jefes obligándoles a aprenderse de memoria que los gobiernos y los ricos son “la patria” y hay que defenderlos y, por el contrario, quienes protestan en las calles son los malos que deben reprimirse y hasta asesinar si es necesario. No se olviden ver la película “Cara de Guerra” para observar como lavan el cerebro de los soldados u oficiales en las fuerzas armadas.
3. El paro de maestros de la CDMX es muy importante; no es necesario que lo hagan todas las escuelas para enloquecer al poder, pero si lográramos que paren todos los maestros, incluso de centros de educación superior, estaríamos hablando que el gobierno estaría al borde de su renuncia o derrocamiento. Ahora sí, después de ese comportamiento ejemplar de los dirigentes de la Coordinadora y de los maestros de más de 10 estados que no se han dejado intimidar y continúan con las manifestaciones, plantones y bloqueos, se puede decir sin la menor duda, que la CNTE es la vanguardia indiscutible del movimiento social en México.
4. Así como nos han hecho vibrar y revivir las grandes huelgas ferrocarriles de 1958/59; el movimiento estudiantil de 1968; las guerrillas rurales y urbanas de los setenta, el EZLN en 1994, el Lópezobradorismo en 2006, así también las grandes batallas de la CNTE en varios años, en particular en 2006 con la APPO, hoy (2016) revivimos y gritamos con alegría junto a la lucha de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa y otra vez con las grandes batallas de la CNTE. ¿De dónde irá a sacar argumentos Osorio Chong para pedir que la CNTE no bloquee si más de 30 presos de las últimas semanas siguen en la cárcel? ¡Ningún paso atrás frente al despotismo del gobierno!
5. El 90 por ciento, la inmensa mayoría de los policías y soldados son de origen campesino, pobre y miserable; sus estudios son de segundo o tercero de primaria y no olvidan que sus padres y hermanos pertenecen a la clase explotada y desempleada. Entre ellos hay algunos militares verdaderamente HDP que hacen méritos de soplones con los jefes; pero esos no importan porque lo importante es la tropa en quienes no hay que perder la esperanza en que en momentos coyunturales recuerden que pertenecen a la clase explotada. Por ello no hay que pensar que ellos son los culpables de las represiones sino que son los que les ordenan.
6. Estoy seguro que se dan cuenta que son ellos (los soldados rasos) los que siempre ponen los muertos mientras sus jefes se las pasan en grandes fiestas y juergas organizadas por los políticos y empresarios. Saben que sus salarios apenas representan un diez por ciento del que cobran sus jefes. Por ello, aunque en las manifestaciones nos cierran o bloquean el paso hacia el zócalo, yo nunca les miento la madre; al contrario, busco argumentos para decirles que se liberen, que no golpeen a los manifestantes y que piensen en que sus familiares son igual que nosotros. Busco sacarles la risa para que entiendan que no somos sus enemigos.
7. No es fácil ser un policía o militar subordinado, vigilado permanentemente por compañeros y superiores. Cuando no están en servicio en la ciudad se portan con amabilidad, aunque se sienten superiores, con autoridad y fuerza que le enseñan sus jefes, cuando están con sus compañeros campesinos. Por esos acordonamientos policiacos a las marchas de los maestros he recordado mi trato hacia ellos y, al mismo tiempo pedirles a mis compañeros que se den cuenta de que nuestros enemigos no son ellos sino sus jefes; que todas las masacres que ha habido han sido determinadas por el gobierno o los empresarios; los soldados sólo reciben órdenes. (6/VII/16)

JAVIER DUARTE DICE QUE LAS DENUNCIAS DE MIYULI SON PURO SHOW

Javier Duarte de Ochoa dijo respetar la decisión del gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, de “continuar su campaña de odio” y de denunciar “todo lo que quiera” sin embargo sus denuncias son “puro show”. A través de su cuenta de Twitter, el todavía mandatario estatal dijo que el pleito y el enfrentamiento pueden servir en la coyuntura a un gobernante “para ganar simpatías”, sin embargo al final “la que pierde es la sociedad”. Este comentario es en respuesta a la declaración que ayer Yunes Linares hiciera en relación a que presentó dos denuncias penales por lavado de dinero y evasión fiscal contra Duarte de Ochoa y ex funcionarios estatales, además de hacer un exhorto al Congreso del Estado a no aprobar las “iniciativas de impunidad”, con las que el mandatario estatal busca su salida de la administración estatal.

EL NERÓN VERSIÓN CUARTA

Plumas Libres

Columna: Fuera de Foco


Veracruz se ha convertido en la versión “chafa” de Roma en la época de Nerón –el 19 de julio del año 64-. La locura del gobernante en turno –el innombrable- es una versión que corre por todos los pasillos del palacio de gobierno y todas aquellas dependencias que controla. Se dice que desde Los Pinos se ha girado la orden de dejar sólo al ejecutivo en su desesperado paquete de impunidad que pretende “cocinarse” para no pisar la cárcel, pero también en su perverso y enfermizo afán de impedir por todo los medios, de no dejarle a su más acérrimo enemigo un gobierno saneado como también lleno de candados, sin presupuesto y sin un solo bien inmueble.
El Nerón versión de cuarta al parecer, ya perdió el último tornillo que sostenía su masa gris. Pero para que exista un “loco” con esos alcances, deben de existir otros tantos, igual o peor que él y que le aprueban todos sus desatinos. El problema es ese, que se cuenta que sus borreguitos ya se hartaron de sus desatinos y ya están respondiendo en contra con declaraciones públicas. Hasta su candidato gorgojo –Tonatiuh Pola Estrada- ya se le ve en ruedas de prensa atizándole por sus pretensiones de enajenar bienes como el World Trade Center (WTC).
Namiko Matzomuto Benítez es la actual titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), quien como todo una “chapulina”, saltó del otro elefante blanco diseñado dizque para “proteger” a los periodistas –la CEAPP- de todas  cada una de las vejaciones que el propio gobierno de “El innombrable” hace en contra de la libertad de expresión. En fin, un cuento por demás contado pero que abona para lo que pretende llevar a cabo el “Demente del palacio” en donde quiere enajenar todos los bienes inmuebles comprados con dinero de los veracruzanos. Los regala como si él los hubiera comprado con dinero propio y para protección personal se los “regala” a estas de dependencias.
El chiste se cuenta sólo. La finalidad real por lo que el titular del “Palacio de Hierro” quiere enajenar los bienes inmuebles públicos es por una sencilla razón. Que actualmente estos han sido literalmente saqueados y las pertenencias han sido llevadas tal vez a alguna residencia del actual gobernante o de plano, distribuidas y todas las propiedades que este adquirió derivado de su mal gobierno.
El interés primordial del “hijo de la Nauyaca” de concederle a Namiko Matzumoto Benítez la Casa Veracruz, es para que ésta mujer le cubra las espaldas con relación al mobiliario lujoso y obras de arte que este tenía en su interior, comprado obviamente con recursos públicos pero que en la actualidad ya no se encuentran en ese bien inmueble llamada Casa Veracruz. Ella aceptará la entrega-recepción de ese bien inmueble de los veracruzanos vacío para desde ahí cómodamente dizque despachar.
Quien mejor que la más fiel lacaya del innombrable como Namiko Matzumoto quien es capaz de asumir el descrédito público y hasta enfrentar los cargos en su contra, luego de que el gobierno de  Miguel Ángel Yunes Linares le realice una auditoría sobre los bienes al interior de ésta mansión y al no encontrarse en el lugar, esta pueda ser acusada de robo y hasta enviada a la cárcel. El innombrable solo piensa en salir bien librado él y no le importa que el resto de sus colaboradores sean quienes paguen los platos rotos de todo el desvío y hurto que originó en las finanzas públicas.
Tal vez a la titular de CEDH y a su alfil, el actual secretario ejecutivo interino, Geiser Manuel Caso Molinari o a la propia Benita González Morales, quienes encabezan la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) -a quien le será también concedida la Casa Veracruz- no les importa mucho pisotear su imagen más de la que ellos mismos la han pisoteado, como tampoco verse envueltos en el robo literal que está originando su patrón, un sujeto que piensa que todo  lo que compró con dinero público y vestir la lujosa mansión, es de él. Tiempo al tiempo señores y señoras de dichos elefantes blancos y este sea el conducto para que también paguen todas las fechorías que han protagonizado en supuestas dependencias autónomas.
Denuncia Ciudadana

Destituyen a directivos y maestros de la UPAV en Minatitlán

La fechoría se cumplió, las promesas se hicieron patentes el día de ayer en UPAV Minatitlán. Los actos de arbitrariedad de los que han sido objeto los directivos, asesores solidarios y hasta los alumnos se han consumado, pues desde los balcones centrales de la rectoría de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz que encabeza el oscuro personaje de Andrés Blancas Portilla  han enviado a culminar su promesa de quitar del camino a quienes osaron descubrir su sucio negocio, vendiendo al mejor postor el padrón de información de la misma UPAV, es decir, utilizar los datos personales de cada uno de los estudiantes para beneficiar al Senador Héctor Yunes Landa. 
Desde muy temprano llegaron a la sede de Minatitlán una comitiva encabezada por Carlos Alberto Villa Jiménez encargado del departamento jurídico, acompañado del Director de Educación Superior Roberto González Villa y del subdirector Carlos Jorge Aguilar Aguilar (quien no dijo ni pío por cierto) para poder amedrentar a sus anchas y justificar que la ley les antecedían se hicieron acompañar por un notario público quien dejaría evidencia que ellos si son legales y limpios, cuando la realidad es todo lo contrario. 

Durante varias horas de discusión, y de inconformidad por parte de los alumnos, quienes no aceptaron que los cambios se hicieran, quedó destituida Gladys Nucamendi como directora de Psicopedagogía, achacándole adeudos millonarios y que en el Sistema SICE, los pagos no aparecen.

Todo el teatro ha sido montado, y los asesores solidarios también han sido removidos sin ninguna justificación, más que argumentado, que con la administración nueva llegarán también nuevos maestros. Es lamentable la situación que se vive y que seguirá suscitando, sin que ninguna autoridad intervenga porque a Blancas y su gente los respalda Flavino Ríos Alvarado, quien desde tiempos inmemoriales trae rencillas en contra de José Luis Almanza Kats, a quien no ha parado en desprestigiar en voz de terceros, acusándolo de ladrón, señalando que el dinero que genera la UPAV en la zona de Minatitlán él lo ha utilizado para generar sus negocios, cuando la realidad es que quienes viven en Minatitlán conocen a los Almanza como gente de trabajo, quienes a base de esfuerzo han logrado establecerse en la zona. Tal parece que el problema es mucho más profundo, y quien teje desde Palacio es Flavino solapado por su jefe Duarte. El Chino de Flavino ha sabido hacer buenas migas con Blancas, no por nada algunos periodistas argumentan que son mil millones los que la UPAV le ha retribuido al actual rector sin que nadie sepa a dónde quedó ese dinero y a dónde se seguirán yendo los millones que tanta urgencia tienen en cobrar a todas las sedes. 

VIDEOS DONDE SE CUMPLE LA FECHORÍA 

Se destituye a los directivos de la Zona de Minatitlán, Ver.

CARTA DE UNA ASESORA SOLIDARIA 
Silvia Núñez HernándezLicenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, directora general y columnista. Sustenta su trabajo, tras 23 años de ejercicio periodístico adquirido en diversos medios de comunicación situados en el estado de Veracruz. Su principal objetivo dentro de su carrera profesional es ofrecer a la ciudadanía una editorial ética y objetiva. Un espacio donde los temas sociales y políticos, son analizadas con una visión crítica, con la finalidad de mostrar una perspectiva sustentada y razonada sobre la problemática social de Veracruz y de la República Mexicana.
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JAVIER DUARTE Y LA DEBILIDAD PRESIDENCIAL

¿Cómo se puede explicar lo ocurrido el miércoles 29 de junio, cuando el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, Ricardo Anaya Cortés, actual presidente del PAN y  Santiago Creel Miranda, líder de la comisión de procesos electorales del PAN y próximo diputado del Constituyente de la Ciudad de México, fueron agredidos por decenas de supuestos simpatizantes del aún gobernador Javier Duarte, al salir del Congreso Local y tratar de convencer a los legisladores para que no votaran a favor del Fiscal Anticorrupción propuesto por el mismo Duarte quien, en caso de quedarse en el cargo, le cubriría las espaldas una vez terminado su mandato?
He aquí una posible explicación. A partir del año 2000, el de la alternancia, los gobernantes de las diversas entidades federativas se han empoderado hasta convertirse en algo así como “señores feudales”. Poco a poco, conforme se debilita la institución presidencial, los gobernadores han ganado el poder que ésta ha perdido.
Teóricamente hay una correlación directa entre el poder de la presidencia y el poder de los gobernadores, conforme el primero aumenta el segundo disminuye y viceversa.
En los últimos 16 años, la institución presidencial ha visto disminuir su influencia y su poder, se ha convertido en lo que los estudiosos llaman “una presidencia acotada”, haciendo referencia a que se terminaron los años de los presidentes omnipotentes, aquellos que quitaban y ponían gobernadores, presidentes municipales, legisladores, ministros, líderes sindicales; que decidían sobre todos los asuntos públicos ya políticos, ya económicos, ya sociales, ya culturales, privados incluso; que operaban como árbitros, situados muy por encima de todos los grupos e intereses que componen a la Nación.
Para muchos esto supone un rasgo positivo, propio de una democracia en vías de consolidación, pues una presidencia acotada supone que la sociedad puede ejercer un mayor control sobre la actuación de los diversos mandatarios, en particular sobre las políticas públicas dictadas por éstos y sobre su intervención en todos aquellos asuntos de interés general.
En 1997, año en que por primera vez el partido del presidente de la república, léase el PRI, no tiene mayoría en el Congreso, comenzó el declive del presidencialismo exacerbado. En el año 2000, ese proceso atraviesa por un momento culminante cuando el PRI pierde la presidencia y la diada presidencia-partido queda desarticulada.
Con la pérdida de la mayoría en el Congreso y la salida de la presidencia del partido que había gobernado al país por 71 años, gran parte de la lógica del sistema político mexicano se trastocó. Se rompieron los equilibrios, la falta del orden impuesto por el presidente en turno, vía su arbitrio, pero también a partir del manejo de las fuerzas políticas componentes del sistema, permitió el empoderamiento de regiones, grupos, actores que antes de la debacle se sometían a la voluntad presidencial, pero que ahora, no sólo no se someten, sino que pareciera venden caro su apoyo.
Si antes, en muchas de las ocasiones los gobernadores se sostenían en su cargo gracias al apoyo presidencial, ahora pareciera que el presidente necesita de los gobernadores, los recursos económicos de sus estados y los votos potenciales que cada entidad federativa pueda ofrecer, sobre todo cuando el voto se ha fragmentado al punto de tener presidentes que lo son gracias al apoyo de poco más de un tercio de la ciudadanía.
De acuerdo con esta lógica la agresión sufrida por los personajes mencionados, así como por sus guaruras y acompañantes, bien puede entenderse en el marco del poder creciente de los gobernadores de los estados que en muchos de los casos operan incluso de manera facciosa y prepotente.
Los agresores, quienes empujaron, golpearon, apedrearon y apalearon, o trataron de hacerlo, a los políticos panistas, fueron identificados como integrantes de los 400 pueblos. Lo anterior fue desmentido por Yunes quien afirmó no haber reconocido a ningún miembro de dicho grupo, al tiempo que sostuvo que se trataba de gente pagada por el mismo gobernador Duarte.
Después de ventilar ante los medios esta agresión, el próximo gobernador de Veracruz pidió la intervención del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que ponga un alto a Duarte, lo inhabilite y en su lugar designe a alguien que pueda concluir la transición entre el gobierno saliente y el entrante argumentando, entre otras cosas, un problema mental, mismo que ha llevado a Duarte a perder el control sobre sus acciones.
Aquí se sostiene, que lo que padece Duarte no es un problema mental, sino las consecuencias de seis años de gobierno, en los que este personaje actuó como el máximo poder en Veracruz sin que nadie, ni el presidente, ni su partido, ni grupos de la entidad pudieran ponerle un freno. Su poder incontestado lo llevó igual a involucrarse en escándalos financieros, a ser acusado por deudas millonarias al no cumplir con el pago a proveedores e instituciones, trabajadores del gobierno y personas jubiladas, a ser señalado por desvíos de presupuestos destinados a diversos rubros como seguridad, a ser acusado de un manejo discrecional del presupuesto estatal, atacado por hacer desaparecer miles de millones de pesos de dicho presupuesto, por aumentar la deuda pública del estado sin que todo ello se refleje en una disminución del número de pobres y en un mejoramiento de las condiciones de vida de sus gobernados. A lo anterior habrá que agregar el número de periodistas desaparecidos (5) y asesinados (18) durante su gestión.
Todo lo anterior no ha sido suficiente para que el presidente de la República y su partido se deslinden de su gestión, el último lo ha hecho apenas un poco antes de las elecciones estatales que tuvieron lugar este año, para tratar de minimizar el impacto negativo de la gestión de Duarte en el proceso electoral.
En el caso del presidente Peña, cabe preguntar primero, si cuenta con las facultades legales para retirar de su cargo a un gobernador, siendo ésta una facultad de la Cámara de Senadores, de acuerdo con el Artículo 76, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, si el equilibrio de poderes, dados los cambios mencionados, le alcanzan para proponer la salida anticipada de Duarte. Tercero, si existe voluntad política y si le parece conveniente ceder a la petición del gobernador electo, cuyo partido le arrebató la gubernatura a su candidato, Héctor Yunes Landa.
Sea cual sea la respuesta a estas interrogantes, lo cierto es que la enfermedad que hoy padece Javier Duarte y muchos otros gobernadores, se llama “debilidad presidencial”, donde la falta de pesos y contrapesos permite a los gobernantes estatales encabezar “gobiernos de botín” donde lo que menos importa es el bienestar de sus gobernados, quienes tampoco cuentan con los instrumentos legales y factuales que les permitan hacer efectiva la revocación de mandato en casos como el aquí comentado.  

PGR ABRE INVESTIGACIÓN PENAL POR EMPRESAS FANTASMA EN VERACRUZ Y SUS OPERACIONES BANCARIAS


Arturo Angel (@arturoangel20)


El SAT presentó las primeras denuncias ante el Ministerio Público Federal tras confirmar la inexistencia de 25 compañías contratadas por el gobierno de Javier Duarte. La PGR desplegó un operativo de investigación en el estado y recabó primeras declaraciones.

La Procuraduría General de la República (PGR) arrancó formalmente una investigación penal en contra de quien resulte responsable tras el hallazgo de25 empresas en Veracruz que recibieron múltiples contratos del gobierno de Javier Duarte, pero que no existen en sus domicilios fiscales ni hay evidencia material de que alguna vez hayan estado en operación.

La dependencia informó a Animal Político que la indagatoria inició a partir de las primeras denuncias que ya interpuso el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ante el Ministerio Público Federal, en la queconfirmó la inexistencia de dichas compañías. Por cada empresa, se comenzó la integración de una averiguación previa.

Los trabajos de investigación están a cargo de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría de Delitos Federales, que la semana pasada  desplegó un operativo en la entidad con agentes ministeriales, policías y peritos enviados desde la Ciudad de México, para realizar las primeras comprobaciones y recabar declaraciones.

Debido a que se trata de averiguaciones de tipo penal, la PGR no proporcionará los resultados hasta que no se lleven a cabo las consignaciones, pero autoridades ministeriales indicaron que se verificarán las operaciones bancarias de estas compañías, desde sus movimientos hasta las personas que abrieron las cuentas.

Una de las personas cuyo domicilio fue utilizado para dar de alta el domicilio fiscal de varias empresas falsas, confirmó que agentes de la PGR lo visitaron para verificar su propiedad y recabar su declaración.

El pasado 24 de mayo Animal Político publicó la primera parte de un reportaje, en el que se reveló que el gobierno de Veracruz había entregado 645 millones a 22 empresas fantasma. El SAT inició una investigación que amplió a 26 compañías, yconfirmó que 25 en efecto no existen, y que sus operaciones rebasarían los tres mil millones de pesos.
Por otro lado la PGR confirmó que la semana pasada funcionarios y exfuncionarios estatales del gobierno de Veracruz rindieron declaración en su delegación estatal, pero declinó revelar los motivos o cualquier otro dato por tratarse de indagatorias en curso.

El operativo

La semana pasada un equipo de la PGR encabezado por el fiscal Héctor de la Paz Cázares, titular de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, se trasladó al estado de Veracruz para realizar la revisión de cada uno de las direcciones fiscales de la red de compañías fantasma, entre otras diligencias.

Los agentes, que se dividieron en dos grupos, además de verificar lasdirecciones tomaron declaraciones ministeriales. Peritos en materia de criminalística y fotografía dela Dirección de Servicios Periciales de la PGR participaron en el operativo de investigación para recabar elementos de prueba.

Cristóbal Álvarez  vive junto con su padre en un predio del puerto de Veracruz donde debería estar una de las compañías fantasma de esta red según su dirección fiscal: Carrirey SA de CV. Confirmó que  seis personas que se identificaron como funcionarios de la PGR acudieron a su domicilio para recabar sus datos e inspeccionar el lugar.

Explicó que su papá  José Álvarez Molina, propietario del predio, rindió una declaración a los agentes en la que narró que nunca dio autorización para que su domicilio fuera utilizado para dar de alta alguna empresa, pero que aun así le llegan estados de cuenta bancarios de Carrirey y de varias empresas más que son falsas.

Los propietarios contaron a los agentes que en el último año intentaron reportar al banco y en las oficinas de la Secretaria de Hacienda esta situación, pero no le hicieron ningún caso.

La situación en el último mes, según Cristóbal Álvarez, ha sido distinta pues ya fueron visitados por funcionarios del SAT a finales de junio, y ahora por el personal de la Procuraduría.

Como parte de esta investigación, la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR también revisará la forma en que fueron constituidas todas estas compañías, así como sus socios y representantes legales.

Animal Político publicó que las personas que aparecen como socios en las actas constitutivas de estas compañías tampoco son empresarios, sino se trata en su mayoría de personas de bajos recursos que reconocen haber dado documentos y firmasen campañas de promoción del voto del PRI o a cambio de supuestos apoyos.

Los delitos bajo la lupa

Los artículos 42 y 93 del Código Fiscal de la Federación facultan a las autoridades fiscales para presentar denuncias ante el Ministerio Público de la Federación, si cuentan con elementos que le permitan presumir que se han cometido delitos. En ese sentido, el SAT presentó las denuncias ante la PGR por el caso de las empresas fantasma.

Como primer paso de la investigación se indaga directamente a las personas morales, es decir a las empresas las cuales figuran como las probables responsables de las irregularidades descubiertas. Quien debe responder por ellas son las personas que hayan sido acreditadas como representantes legales de las mismas.

El Capítulo II del Código Fiscal contempla una amplia gama de delitos fiscales, entre los que se encuentra reportar domicilios fiscales falsos, cambios de domicilio fiscal sin previo aviso, amparar con facturas operaciones falsas, y  omitir o evadir obligaciones tributarias. Son delitos que dependiendo de las particularidades en cada caso, se castigan con uno y hasta  seis años de prisión.

Pero además de las empresas, el artículo 97 del código fiscal también contempla penas de seis años de prisión a servidores públicos que cometan o sea cómplices de delitos fiscales.

En una segunda fase de la investigación, que podrá requerir de nuevas denuncias y de los resultados de comprobación que lleve a cabo el SAT, se verificará el posible mal manejo de recursos públicos en este caso.

Cabe señalar que el Servicio de Administración Tributaria presume legalmente que las operaciones de estas empresas son  falsas, pues las compañías no cuentan con la infraestructura pare realizar el servicio por el que fueron contratadas. Para confirmar lo anterior se contemplan facultades de comprobación a través de auditorías.

Los resultados de este procedimiento acarrearían nuevas denuncias ante la PGR o la ampliación de las ya existentes en los próximos meses.
En la PGR confirmaron que a integración de estas averiguaciones se trabaja de forma conjunta con las instancias fiscales que figuran como coadyuvantes de las mismas.

Y en Veracruz… nada

El 27 de mayo el entonces candidato al gobierno de Veracruz Miguel Ángel Yúnes,presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por los contratos que la administración local concedió a esta red de empresas fantasma. Pero hasta ahora, no se ha informado de ninguna investigación en curso.

Incluso, en un comunicado oficial el gobierno de Veracruz dijo que el tema se trataba de una indagatoria  que involucraba al gobierno federal con particulares, y reiteró que los contratos que le dio a esas compañías fueron legales.

En este contexto, el pasado 1 de julio el Juez Primero de Distrito con sede en Veracruz concedió una suspensión provisional dentro de una demanda de amparo solicitada por Miguel Ángel Yúnes, que obliga a la Fiscalía General de Veracruz a desahogar las diligencias relacionadas con la denuncia por la existencia de empresas fantasma.

Entre las diligencias que la Fiscalía se encuentra obligada a hacer, según las consideraciones del juez, está el recabar información ante instituciones bancarias e instancias federales, así como recabar la declaración de servidores públicos relacionados con la contratación de las referidas compañías.


LA DEUDA DE JAVIER DUARTE CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA CRECE 223 MDP EN SEIS MESES

El monto del adeudo que el gobierno de Javier Duarte mantiene con la Universidad es mayor al presupuesto que el gobierno veracruzano autorizó a esa casa de estudios para este año.

La Universidad Veracruzana (UV) sigue en el limbo presupuestal: la actual administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa le debe 2,301 millones de pesos.

Para tener una perspectiva del adeudo,esa cifra es mayor al presupuesto que el gobierno veracruzano autorizó a esa casa de estudios para 2016, ya que el “subsidio estatal ordinario” programado para este año y que el gobierno del estado debe entregar a la UV fue de 2,293 millones de pesos.

De acuerdo con el corte financiero al 29 de junio de 2016, el gobierno de Veracruz mantiene retenidos 324.7 millones de pesos correspondientes al subsidio que autoridades federales remitieron a la Universidad Veracruzana, a través de la administración del estado.

Además, el gobierno de Javier Duarte sigue sin entregar 1,976.2 millones de pesos correspondientes a los subsidios que el gobierno del estado presupuestó para la Universidad Veracruzana y que no le dió.

Las retenciones a la UV se han mantenido, incluso este año, cuando están pendientes de entrega 223.5 millones de pesos.

El año en que se hizo la mayor retención fue 2015, cuando el gobierno de Javier Duarte dejó de pagarle a la Universidad el presupuesto que le correspondía, entregándole casi siempre sólo lo correspondiente a la nómina; así, de ese año, quedan pendientes de solventar 1,069.4 millones de pesos.

Así ha evolucionado la deuda del gobierno del estado con la UV:
  • Agosto 2013: 867.9 millones
  • Diciembre 2013: 894.3 millones (26.4 millones más)
  • Diciembre 2014: 1008 millones (113.7 millones de incremento)
  • Diciembre de 2015: 2077.4 millones (1,069.4 millones sin entregar en ese año)
  • Junio 2016: 2,300.9 millones (223.5 millones pendientes de cubrir este año)
Estos adeudos han provocado que la Universidad Veracruzana tenga retenidos diferentes programas de mejoramiento de instalaciones, reposición de equipo, e incluso deudas con su personal y sindicatos, por prestaciones pendientes de cubrir.

La secretaria de Finanzas de la Universidad, Clementina Guerrero, informó que de los 2,301 millones de pesos, mil 200 son del Impuesto Sobre la Renta.


Desde agosto de 2014, la administración de Duarte de Ochoa dejó de pagar el ISR especificó.