Boletín de prensa
Ciudad de México a 5 de diciembre
de 2017
Desde
el 2011, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o involuntarias de
la ONU, retomó la exigencia de las organizaciones de víctimas, de derechos
humanos y del movimiento popular e indígena de frenar la militarización del
país y en consecuencia recomendó al Estado mexicano retirar, en un corto plazo,
a las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública. Dichas
recomendaciones, entre otras, donde se menciona a las fuerzas armadas, han sido
retomadas a lo largo de estos seis años por todas las instancias de derechos
humanos a nivel nacional e internacional. Sin embargo, el Estado mexicano no
sólo ha hecho caso omiso de las recomendaciones, sino que ha decido, por lo
menos, a lo largo de los últimos diez años, dar mayores facultades a las
Fuerzas Armadas con el consecuente deterioro de los derechos humanos de la
población y el incremento de la represión política y criminalización de
cualquiera que se oponga a la implementación de las Reformas neoliberales
aprobadas a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Éste
sexenio se ha caracterizado, por un lado, por simular en el discurso
preocupación por el tema de derechos humanos como lo demostró Enrique Peña Nieto
en la reunión privada que sostuvo el pasado 16 de noviembre con algunos
familiares de víctimas de desaparición forzada y desaparición cometida por
particulares y algunas organizaciones de derechos humanos cuando promulgó la
Ley General contra la Desaparición Forzada y por otro lado, en los hechos, este
sexenio también se ha caracterizado por violar de manera generalizada y
sistemática los derechos humanos de su población. Ejemplo de lo anterior es que
mientras EPN firmaba una Ley General contra la desaparición forzada (la cual,
como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, no avalamos por no
corresponder a la gravedad de las desapariciones forzadas y por garantizar
impunidad a las fuerzas armadas), el Estado mexicano estaba siendo juzgado por la
violación y tortura sexual cometidas contra mujeres activistas en Atenco cuando
él fue gobernador del Estado de México en el 2006.
No
sólo el gobierno federal quiso utilizar a algunas víctimas para legitimar su
ley General en materia de desaparición forzada si no que pretendió ocultar su
responsabilidad directa en el caso de Atenco y ganar un poco de credibilidad
ante lo que vendría pocos días después: la aprobación en la Cámara de Diputados
de la Ley de seguridad Interior, la cual viola la Constitución mexicana e
incumple diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos.
La
Ley de Seguridad Interior que será votada en la Cámara de Senadores legalizará
y dotará de un marco jurídico el proceso de militarización que de facto ha
venido padeciendo el pueblo de México, es decir, legalizará lo ilegal e
institucionalizará la supeditación de mando civil al militar.
Por
todo lo anterior, las organizaciones de familiares, derechos humanos, populares
e indígenas que conformamos la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada
en México, condenamos la aprobación e implementación de la Ley de Seguridad
Interior, la cual perpetuará la práctica de la desaparición forzada, así como
la criminalización, persecución, ejecución extrajudicial, tortura y encarcelamiento
de cualquier persona u organización que el Estado mexicano consideré enemigo
interno, permitiendo la instauración legal del Terrorismo de Estado en nuestro
País.
Presentación con vida de los luchadores sociales Edmundo Reyes
Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, las indígenas triquis Daniela y Virginia
Ortiz Ramírez, el defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz, el
indígena chatino Lauro Juárez, el profesor Carlos Rene Román Salazar, los
activistas Teódulfo Torres Soriano, Gabriel Gómez Caña, Fidencio Gómez Sántiz,
el antropólogo popular Héctor Jaimes Abarca, los 43 normalistas de Ayotzinapa y
las más de 30 mil víctimas de desaparición forzada en México.
¡Vivos los llevaron, Vivos los queremos!
¡Ante el Terrorismo de Estado, un Pueblo Organizado!
Atentamente
Campaña Nacional contra
la Desaparición Forzada en México
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta
Encontrarlos”, Comité Cerezo México, Comité de Solidaridad y Derechos Humanos
Monseñor Romero, Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, Acción
Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C, Comité de Derechos Humanos de
la Huasteca y sierra Oriental (CODHHSO), Comité Independiente de Derechos
Humanos de Puebla, Red de Defensa de los Derechos Humanos, Comité de Familiares
y Amigos de Secuestrados, desaparecidos y asesinados en Guerrero, Taller de
Desarrollo Comunitario A.C., Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS),
Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Brigada Multidisciplinaria,
Ajusco Radio, Red de Antropologías Populares del Sur y la Federación
Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos.
