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En días pasados policías reprimieron a pobladores que protestaron contra
la instalación de la cervecera Constellation Brands en Mexicali, Baja
CaliforniaFoto La Jornada Baja California
Antonio Heras
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 20 de enero de 2018, p. 7
Mexicali, BC
Busca abastecer de agua a Constellation Brands, aunque la población
sufra escasez
A los que defendemos los recursos naturales nos han golpeado, humillado,
señalan activistas
El gobierno de Baja California pretende
criminalizar la defensa del agua mediante la persecución a quienes defienden
este bien común, coinciden integrantes de Mexicali Resiste, movimiento surgido
en enero de 2017 a raíz de la movilización social contra los gasolinazos aplicados
por el gobierno de Enrique Peña Nieto y que ahora se opone a la instalación de
una planta cervecera de la compañía Constellation Brands en el ejido El Choropo
de este municipio fronterizo.
Mexicali Resiste convocó a los consumidores y
organizaciones de Estados Unidos y otros países a boicotear los productos que
distribuye esta compañía, principalmente a dejar de comprar cervezas de la
marca Modelo, para pegarles donde les duele: sus intereses económicos.
Con una organización horizontal y una asamblea
donde una treintena de miembros toman decisiones sobre su activismo y actuar
político, Mexicali Resiste se define como un movimiento pacífico y legal de
ciudadanos preocupados por el acontecer de la ciudad donde habitan y buscan hacer
comunidad en Mexicali a partir de cuatro principios: respeto a los derechos
humanos, realizar acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de las clases
populares y las minorías (étnicas, de género y religiosas, entre otras), no
hacer proselitismo para ningún partido político y no tener fines electorales.
Se trata de un movimiento improvisado que se
ha visto fortalecido por la asamblea, alejada de líderes todopoderosos, con
decisiones colectivas que lo han llevado a navegar por un mar bastante ajetreado
donde el gobierno, medios de comunicación y entidades gubernamentales nos han
querido derribar, nos han dicho priístas, panistas, zapatistas, anarquistas,
morenistas y, sin embargo, no somos nada de eso; de hecho Mexicali Resiste es
bastante abierto, precisa Jesús Galaz, sociólogo, filósofo y traductor
encargado de la difusión del grupo.
Para León Fierro, integrante de la asamblea, existe
una persecución policiaca, un hostigamiento hacia los movimientos de
resistencia civil y en contra de los defensores del agua, en un intento de
criminalizar la defensa del líquido.
En un mitin realizado frente a la cárcel de
Mexicali para exigir la liberación de los presos políticos, advirtió que
el mensaje del gobierno panista de Francisco Vega de Lamadrid es “que nos
callemos y vayamos a nuestras casas, que nos crucemos de brazos,
desesperanzados porque nada va a cambiar, un ‘déjate, agáchate y humíllate’”.
Los gobernantes “han hecho un sistema de injusticia
e impunidad –agregó–, por eso este mensaje de rebeldía, porque ya basta de
gobiernos corruptos, de hostigamiento y de las incongruencias de Vega de Lamadrid,
quien no tiene sentido común y perdió el piso, así como su secretario de
Gobierno Francisco Rueda, del alcalde Gustavo Sánchez y de diputados como Raúl
Castañeda Pomposo.
Estamos llegando lejos y esto nadie lo va a parar,
no es un berrinche ni capricho de unos cuantos; tenemos la razón y luchamos por
la justicia y para defender con dignidad el agua, señaló Fierro.
Han recibido manifestaciones de apoyo de diferentes
ciudades del mundo, entre ellas de académicos y organizaciones sociales que se
pronuncian por que el gobernador Vega de Lamadrid pongan fin a la persecución
de los defensores del agua y su intento de criminalizarlos con el
encarcelamiento de activistas, además de exigir la liberación inmediata de
Javier Guillén y José Luis Pozo y la suspensión inmediata de la construcción
del acueducto, porque representa una violación a los derechos humanos, y de la
planta Constellation Brands en el valle de Mexicali.
También muestran preocupación por su
responsabilidad en el proceso ilegal de la instalación de la cervecera, al
garantizar a largo plazo la entrega anual de 20 millones de metros cúbicos en
una zona de extrema escasez, que pone en riesgo el derecho al agua de las
futuras generaciones.
Esas cartas nos dicen que no estamos solos, asegura
Fierro, quien en 2013 participó en acciones de desobediencia civil en
establecimientos asentados en esta capital por el aumento de impuestos, entre
ellos el IVA en la frontera norte de México.
Sobre la instalación de la empresa estadunidense,
Jesús Galaz advierte que es un negocio unilateral que no está consensuado entre
la población, que se basa en la explotación irracional del agua, que ni
siquiera lo llamamos recurso natural porque es un bien común y es
una situación que tiene amarrada una cantidad de agua que el gobernador
Vega de Lamadrid no puede determinar pues, es de la nación.
Es importante que se sumen a esta lucha;
nosotros no somos representantes de nadie. Lamento decir esto, pero es
importante que ustedes aprendan a respetarse a sí mismos, a su familia y a los
que más quieren, porque no es justo lo que estamos viviendo: nos han golpeado,
nos han humillado, nos han calumniado y creo que te toca a ti estar de este
lado, expresó Tania Gallaga, una activista que integra la asamblea de Mexicali
Resiste, quien resultó herida en la frente por una piedra lanzada por policías
antimotines y que pondera la importancia de la participación de los
mexicalenses en las acciones contra la cervecera, los contratos de las APP y
del C5i.
Las lesiones a cuatro personas, entre ellas
Gallaga, forma parte de la investigación 185/2018 que realiza la Comisión
Estatal de Derechos Humanos por los hechos violentos ocurridos durante la
jornada del martes 16 de enero.
Al ver a manifestantes heridos y detenidos, a Galaz
le dio mucho coraje hacia el gobierno, porque demuestra una carencia de
respeto a las personas; son un ejemplo, ya que recibieron las pedradas, no se
cayeron y siguen en la lucha; Mexicali no debería de dejarlos solos, son
valiosos.
El profesor jubilado Ignacio Gastélum, dirigente
del Movimiento de Resissstencia Magisterial en esta capital, consideró que al
gobierno le salió el tiro por la culata en su plan para que quedara
mal el movimiento de resistencia civil, que se convirtió en una cacería de
brujas que representó este operativo vergonzoso por la provocación de
cerca de 200 policías en contra de 40 compañeros que estaban en esa
manifestación. Trataron que pareciéramos gente violenta, pero no vamos a
regalarle agua de Mexicali; se trata de una lucha justa defender el agua y es
en contra de la injusticia y el endeudamiento para la población en Baja
California. No nos vamos a dejar, dijo.
Procesos judiciales y citatorios
La tarea de Mexicali Resiste se enfoca ahora en la
liberación de los presos políticos que resultaron de la operación policiaca en
el rancho Mena, del valle de Mexicali.
A dos estudiantes de la Facultad de Artes de la
Universidad Autónoma de Baja California, quienes participaron en la
manifestación del martes 16 de enero que registró ocho lesionados y seis
detenidos, se les imputan delitos contra servidores públicos y agentes
policiales y lesiones calificadas, según la carpeta de investigación de la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
La juez de control del sistema penal acusatorio
Dora Leticia Salazar, determinó la legalidad de su detención y les impuso la
prisión preventiva como medida cautelar hasta en tanto se realiza la audiencia
para vinculación a proceso fijada para el próximo 23 de enero. Un tercer
detenido, Daniel, enfrenta en libertad su proceso judicial por daños en
propiedad ajena y lesiones calificadas, pero tiene restricción para acercarse a
sus denunciantes, en este caso a la empresa estadunidense y a los agentes
Virginia García, de la Policía Estatal Preventiva, y Melquiades Angula, de la
Policía Ministerial.
A diferencia de los imputados José y Francisco
Javier, quienes han participado en manifestaciones sin pertenecer a este movimiento
de resistencia civil, una decena de integrantes de Mexicali Resiste han sido
citados a las instalaciones de la PGJE dentro de diversas investigaciones de la
fiscalía.
“A pesar de que inició a raíz de los gasolinazos,
Mexicali Resiste pronto viró a la defensa del agua, en contra de la Ley Estatal
del Agua, que pretendía privatizar su suministro y de los contratos a
asociaciones público privadas que propuso el gobernador Francisco Vega, señaló
Galaz.
El 19 de enero de 2017 el Congreso local abrogó la
Ley del Agua de Baja California, por la emergencia política que trajo
consigo las protestas ciudadanas por los incrementos a las tarifas en casi 30
por ciento, la pretensión de concesionar el servicio de agua potable, residual
y alcantarillado y cortar el suministro a los deudores. Un mes antes, el 20 de
diciembre de 2016, la bancada panista junto con el voto de sus aliados PRD y
Movimiento Ciudadano aprobaron por mayoría esta ley que contenía, a su vez,
modificaciones en las normas de Fomento a la Cultura del Cuidado del Agua y la
de Hacienda, que daban cuerpo jurídico a la administración y operación del
servicio de agua, alcantarillado y saneamiento en la entidad.
