Córdoba, Ver. – Mientras las calles de colonias como Agustín Millán, 30 Caballeros, San Román, El Pueblito, Loma Linda, entre otras llevan años sin rehabilitación asfáltica, cuatro propietarios de predios en la colonia San Miguelito entre ellos la presidenta municipal, Leticia López, se beneficiarán con recursos municipales.
Como se dio a conocer oportunamente la obra de pavimentación asfáltica, con guarniciones y banquetas en la calle 20 de setiembre entre avenidas 16 de septiembre y sin nombre con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM DF) beneficiara a la propiedad de la presidenta municipal donde actualmente se realizan trabajos de construcción.
La obra se aprobó en sesión de cabildo en el mes de marzo a propuesta de los regidores panistas -paleros de la flamante alcaldesa, Juan Antonio Téllez y Elia Yadira Espíndola Carrera, quien cabe mencionar también reside en las inmediaciones de dicha colonia y sería una de las beneficiarias directas con el proyecto.
Ayer por la tarde un grupo de ciudadanos adheridos al Frente Popular Revolucionario (FPR) encabezados por Andrés Gómez Ojeda, decidieron clausurar simbólicamente la obra que el Ayuntamiento pretende ejecutar en el lugar al considerar se trata de un monumento a la corrupción impuesto por Leticia López y sus secuaces. En respuesta medios de comunicación pagados por López, atacaron a los quejosos y descalificaron sus demandas.
Sin embargo, los manifestantes exigieron a las autoridades competentes intervención y juicio político en contra de la alcaldesa asegurando que los abusos cometidos en agravio de los cordobeses son imperdonables, además de que aseguran existen pruebas contundentes que comprueban el desvío de recursos como sucedió con la contratación de maquinaria particular destinada a la construcción de la casa de lujo del presidente del DIF Municipal, Isaac Luz en el fraccionamiento Las Cañadas y por la cual el Ayuntamiento pagó más de 315 mil pesos de arriendo.
De igual manera insistieron en la presentación de las firmas de vecinos que avalan la solicitud de la obra ante el Ayuntamiento, pues es un requisito fundamental para que ser seleccionados y beneficiados con obra pública.
*El
Ayuntamiento de Orizaba tiene pendientes con Huiloapan
Huiloapan,
Veracruz.- La clausura del centro de transferencia propiedad del Ayuntamiento
de Orizaba fue clausurado por faltas administrativas, señaló el Presidente
Municipal, Luis Francisco Soto Palacio; desmintiendo con ello a su homologo.
En rueda de
prensa Juan Manuel Diez y compañía, manifestó que la clausura obedeció a que no
se cuenta con licencia de funcionamiento, ni uso de suelo y pago de derechos;
sin embargo el motivo fue otro.
Desde el
pasado mes de junio, dijo que les notificaron unos pendientes pero hicieron
caso omiso por lo que decidieron volverlos a notificar hace una semana sobre
las acciones a ejercer sin obtener respuesta alguna por lo que procedieron a
realizar la clausura.
Dejo
entrever que hicieron un pago en 2016 para funcionar quedando pendiente 2017,
sin embargo la licencia se otorgó como centro de servicios municipales no como
un centro de transferencia (reciclado) almacén y/o taller.
Por lo
anterior, el Ayuntamiento de Orizaba aquel que presume de contar con todo en
regla y haber acusado de supuesta prepotencia a las autoridades de la cuna del
mestizaje, deberá ajustarse a las exigencias de Huiloapan a través del
Departamento de Tesorería.
Córdoba,
Veracruz.- Un
grupo de ciudadanos se manifestaron este viernes 29 de mayo aproximadamente a
las 13 horas en la carretera que conduce a Amatlan de los Reyes, Veracruz, para
bloquear por 10 minutos la carretera, cerca de un inmueble en donde se
instalara un negocio de compra venta de chatarra perteneciente a la familia de
la alcaldesa Leticia López Landero, la protesta es debido a que la dirección de
obras públicas está rehabilitando una calle que conduce a la propiedad, en
donde utilizan maquinaria del ayuntamiento y que en esa calle se pretende
construir banquetas, guarniciones y pavimento. Algunos testigos aseguraron que
maquinaria y personal del ayuntamiento laboran en el local en donde se encuentra
el negocio de la familia Luz López.
Los
manifestantes mediante una bocina dieron a conocer que desde el inicio de la
administración de Leticia López Landero se ha constatado el abandono de las
colonias de la Ciudad, falta de obra pública y falta de seguridad, que no se
olvida las dos torres gemelas con el costo cercano a los 8 millones de pesos
elaboradas de lámina y fibra en donde murieron 2 policías. Denunciaron
públicamente una total corrupción, falta de transparencia en el manejo de los
recursos públicos y el nepotismo existente en el ayuntamiento. Que
notorio el silencio cómplice de los regidores del saqueo del erario público y
el enriquecimiento de la familia de la alcaldesa Lety López. Además
de mantener en la nómina a sus amigos con exorbitantes salarios.
También
insistieron que la alcaldesa Leticia López Landero le falta sensibilidad para
atender los problemas sociales de una población cansada de mentiras, hay un
mercado revolución en el abandono, sin resolver el asunto de los locatarios y
la persecución contra vendedores ambulantes por parte de la dirección de
comercio que requieren ganarse unos pesos para sobrevivir.
Requirieron
que la alcaldesa solo le importa hacerse de terrenos como los que adquirió
en San Miguelito y en el Fraccionamiento
Campestre, pero además se beneficia con obra pública.
Para finalizar clausuraron simbólicamente la obra,
hicieron un llamado al gobernador y a los diputados del congreso del Estado
para exigir la destitución y juicio político a la alcaldesa Leticia López
Landero. Asimismo se lleve a cabo una Auditoria a la actual administración
municipal y se informe de manera transparente el manejo de los recursos
públicos.
Cabe mencionar que algunos medios de comunicación
trataron de desvirtuar, atacando con sus críticas y memes las
demandas de esta manifestación, lógicamente la alcaldesa está
desesperada y necesita de periodistas “chayoteros”.
AL GRITO DE "FUERA LETY" BLOQUEAN TRAMO DE LA CARRETERA
George Floyd, visitó una tienda
de Minnesota para comprar comida, la cajera llamó a la policía porque pensaba
que estaba escribiendo un cheque mal, que en realidad estaba correcto.
El oficial de policía Derek Chauvin, junto con otros dos
oficiales, lo inclinaron en el pavimento y lo golpearon, haciendo presión en el
cuello de George hasta que murió́. Más de 19,000 personas vieron como murió́ en
un directo de Facebook. Estaba gritando "No puedo respirar..."
La muerte de George es el caso más reciente de abuso de poder y
racismo.
El mundo atraviesa momentos realmente difíciles y
trágicos debido a la pandemia por el COVID-19. A nivel
económico, esta situación ha golpeado de forma especial a las personas cuyos
ingresos dependían del trabajo diario y que incluso antes del brote sus vidas
ya se encontraban cuesta arriba.
Esta terrible circunstancia es la que
atraviesa Catalina García, una madre abnegada que carga con su hijo de
37 años a su espalda cada día, mientras ruega
en las calles por algún tipo de ayuda para sobrevivir.
Catalina vive en Lo de Fuentes, zona 11 de Mixco,
en Guatemala con su hijo Gerónimo,
quien sufre de discapacidad y no puede
movilizarse ni defenderse por sí sólo.
Razón por la cual, se ha visto obligada a pedir ayuda en las calles del Centro Histórico de la
ciudad, una actividad que ha hecho
durante años desde que perdió su antiguo empleo.
Esta mujer vive alquilada en un pequeño espacio,
por la que debe cancelar mensualmente la cantidad de 800 quetzales (100 dólares
estadounidenses), así que ni el confinamiento impuesto por el coronavirus se
le ha presentado como un obstáculo para salir
cada día con Gerónimo a sus espaldas en
busca de alguien que les regale un poco de dinero.
«Me dedico a pedir
mis centavos en los mercados y en la calle con mi hijo», explica Doña Catalina
García Pérez.
Lo primero en lo que Catalina piensa en las mañanas
es cuánto le falta para reunir el dinero del alquiler. La humilde mujer tiene miedo de tener que exponer a su hijo a
las noches en la calle, así que decidió
salir de nuevo a las avenidas de la ciudad a pesar de los riesgos que corre de
contraer el virus mortal.
«Salí porque estamos
encerrados allá y no nos llega nada de ayuda. Yo lo que quiero es que me ayuden a tener un lugar dónde vivir”, compartió.
Con su mascarilla como medida de protección y una
bandera blanca, Doña Catalina sale
junto a su hijo a hacerle frente a la vida.
Algunas de las pocas personas que aún transitan por la zona se conmueven,
mientras que otras prefieren ser indiferentes ante su necesidad y dolor.
A pesar de cargar ya con el peso de su hijo,
Catalina también lleva algunas bolsas en las que guarda lo necesario para que Gerónimo pueda
alimentarse e hidratarse durante el
tiempo que debe estar expuesto junto a ella al inclemente sol.
La mujer reveló que ha acudido a algunas oficinas
gubernamentales pero no han atendido su situación: “Vine a buscar ayuda con el presidente, pero dicen
que no está y está cerrado», dijo Catalina.
Mientras
algunos pueden guardar la cuarentena tranquilamente desde las comodidades de su
hogar, esta madre y su hijo aran el mundo para sobrevivir.
El
Notario 102 del Estado de México, Horacio Aguilar Álvarez De Alba fue Diácono y
apoderado legal de la Arquidiócesis Primada de México.
El Notario 102 del Estado de México, Horacio Aguilar Álvarez De Alba, exhibido en un video agrediendo a su esposa, fue Diácono y apoderado legal de la Arquidiócesis Primada de México.
Actualmente aparece en el Directorio de Asociaciones Religiosas como apoderado legal de cinco organizaciones católicas, entre ellas la Orden de Agustinos Recoletos y la Congregación de Hijos de la Sagrada Familia.
En la página 100 (Vigésima Edición. Abril 2004) del Directorio Eclesiastico de la Arquidiócesis Primada de México, el Notario-Agresor aparece como Diácono Permanente por la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, en Lomas Reforma.
Sin embargo, testigos de su ordenamiento, con quienes habló El Heraldo de México, su ceremonia fue en la Iglesia de Nuestra Señora Los Ángeles en Naucalpan en 1995.
Además, diversos documentos y publicaciones lo ubican como uno de los apoderados de la Arquidiócesis Primada de México y hasta 2006 Consejero en el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), donde pretendió continuar en el cargo mediante un amparo.
Además, no es la primera vez que el Notario-Agresor es protagonista de escándalos, pues en la Escuela Libre de Derecho fue señalado de acoso por sus alumnas.
También fue colaborador del panista Santiago Creel y secretario técnico de la Mesa de Diálogo para la Revisión Integral de la Legislación de Medios Electrónicos en el gobierno de Vicente Fox.
Pese a que en el video se puede observar a dos hombres que contemplan la escena de violencia doméstica, ninguno interviene.
David Avendaño (Krizna) Y Gloria
Muñoz Para Otras Miradas*
Foto: Sandra, trabajadora sexual trans, ofrece sus servicios sobre avenida Tlalpan, en la Ciudad de México, a pesar de la pandemia. (Brian Torres)
Especial “Coronavirus desde otras miradas”
Quinta Entrega
Las calles de una megalópolis como Ciudad de México se han vaciado con la reclusión forzosa de la ciudadanía, y la noche adquiere un aspecto siniestro para las miles de trabajadoras sexuales, con menos clientes y más expuestas al abuso y la extorsión.
Las populares calles del barrio de La Merced, en el centro histórico de la ciudad, las banquetas de la colonia Obrera, los alrededores del Monumento a la Revolución, la congestionada avenida Tlalpan –todas ellas zonas en las que se ejerce el trabajo sexual–, están prácticamente desiertas.
Las 7,500 mujeres y trans que viven del comercio sexual en la Ciudad de México enfrentan la peor crisis de la que tienen memoria. Aseguran que la clientela ha decaído hasta en un 90%, y muchas no sólo se han quedado sin trabajo, sino también sin casa, pues vivían y trabajaban en los hoteles que fueron cerrados el pasado 1 de abril a causa de la covid-19.
“No hay lugar para la esperanza”, dice Sandra, 42 años, en una desolada avenida Tlalpan, su lugar de trabajo desde hace más de dos décadas. A las extorsiones policíacas, las violaciones, las agresiones de clientes, agentes y explotadores ahora se suma la crisis económica, que ha dejado a algunas de ellas en la calle, sin comida ni techo. Una tarjeta de mil pesos (42 dólares) para tres meses es la ayuda que han recibido del Gobierno de la ciudad. “Peor es nada”, dicen, mientras hacen fila para recibir el documento.
La Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, que respalda a las trabajadoras sexuales desde hace más de 25 años, publicó a finales de 2019 un informe con un listado de 30 indicadores para medir la violencia hacia las trabajadoras sexuales en México. Actualmente, a la luz de la emergencia sanitaria, han detectado un incremento de las agresiones en 21 de los 30 indicadores, entre los que destacan la violencia institucional y económica. “Ante la prohibición del comercio sexual, el crimen organizado y delincuentes de barrios donde había trabajo sexual, han ‘acogido’ a trabajadoras sexuales, que son víctimas de violencia, extorsión, robo, violación y privación de libertad”, relata el informe.
Hasta un 90 por ciento ha decaído el trabajo sexual en las calles de la Ciudad de México. Foto / Brian Torres
La Brigada Callejera da cuenta del aumento “del señalamiento y estigmatización de las trabajadoras sexuales, ya que no pocos sectores de la población, de los grupos políticos gobernantes y de la prensa mexicana, las consideran un grupo que contagia el covid-19 a sus clientes”. El comercio sexual no ha desaparecido a pesar de la pandemia, y ha aumentado la extorsión de funcionarios públicos, que exigen mayores cuotas para dejarlas trabajar. Paralelamente, continúan los asesinatos y desapariciones en todo el país.
“La autoorganización ha sido la mejor respuesta de las trabajadoras sexuales ante la amenaza de contagio de la covid-19”, subraya la Brigada Callejera, “y también frente a las acciones que el Gobierno ha emprendido y que han afectado a su economía familiar, el acceso al trabajo, al hospedaje y en general al disfrute de sus libertades y derechos”. La organización autogestionada del colectivo facilita comedores y colectas de víveres, medicamentos, colchonetas, cobijas y dinero para las más desprotegidas. Uno de los fundadores de la Brigada Callejera, Jaime Montejo, falleció el 5 de mayo por covid-19 después de recorrer siete hospitales, que le negaron el ingreso por falta de cupo. Grupos de trabajadoras sexuales le rindieron un último homenaje en la calle.
Mascarillas, gel antibacterias y nada de besos
Sandra todavía hace servicios en algún rincón de la calle o en el automóvil del cliente. Se cuida, dice, con mascarilla, gel antibacterias y no da besos. En cambio Laura, de 40 años, lleva cinco trabajando en las calles del centro histórico, y ha tenido que decir basta desde que se declaró el estado de emergencia sanitaria en México. No por voluntad propia, sino a causa del cierre de los hoteles. Vive en el municipio de Chalco, Estado de México, uno de los de mayor contagio de todo el país. Tiene dos hijos que no saben a qué se dedica y que dependen económicamente de ella. De un día para otro se quedó sin dinero para comida, azúcar, jabón, gas, luz y alquiler. Ahora, con el dinero que gana con la venta de cosméticos por catálogo come “un día sopita, otro día frijoles, y una vez a la semana, pollo”.
«Cerrado por contingencia», es el letrero que en los hoteles en los se ejercía el trabajo sexual. Foto / Brian Torres
Como la mayoría de sus compañeras, Laura se enteró de la pandemia por la televisión. Al principio no se lo creía. Después vinieron las medidas sanitarias y se fue adaptando. Los primeros días, cuando los hoteles seguían abiertos, trabajó con gel y mascarilla, “y los clientes también traían y se la dejaban durante el acto sexual”. Tiene, al menos dónde dormir. Otras mujeres acudieron a un albergue provisional que el Gobierno abrió durante dos días, y después, las que tienen familiares pudieron encontrar acomodo. Hay otras, obligadas a deambular por los alrededores de los hoteles, que esperan la reapertura en cualquier momento.
Claudia Torres Patiño estudia doctorado en Derecho en la Universidad de Harvard (EEUU). Investiga sobre el trabajo sexual y además es voluntaria de la campaña Haciendo calle, que apoya a las trabajadoras. En entrevista telefónica advierte que en distintas zonas de la Ciudad de México, como Puente de Alvarado, Jardín de San Fernando, Tláhuac y en la salida del metro Los Olivos, el trabajo no sólo ha disminuido a causa de la covid-19, sino “ya desde antes por la crisis económica, porque hay menos dinero para pagar el trabajo sexual, y no hay tantos clientes”.
En la calle, advierte, hay muchas formas de violencia, y una de ellas, específica de las trabajadoras, es la violencia emocional. “Son mujeres que crecieron sintiéndose no merecedoras de amor, les es difícil dar y recibir confianza, lo que dificulta las relaciones sociales y personales. Viven en un ambiente hostil, en una selva de hormigón”, situación que, explica, las hace más vulnerables frente a la pandemia. En opinión de Claudia Torres, hay una gran falta de información: “Muchas desconocen la dimensión del contagio; otras son conscientes del virus, pero de cualquier forma tienen que trabajar; y otras, con o sin información, se han quedado sin trabajo”. Torres considera que el cierre de los hoteles de trabajo es una medida discriminatoria, porque “tuvo un impacto diferenciado y desproporcionado sobre un grupo históricamente excluido, y dejó a la gente en la calle sin medidas paliativas”. “No tienen ahorros, viven al día, tienen hijos y la mayoría es jefa de familia”.
Luna, Laura, Sandra, Betza y Estrella, todos nombres ficticios para trabajar, padecen una situación económica difícil. Betza tiene 32 años, de los que ha pasado 10 en las calles del barrio de la Merced. Mantiene a su hijo, a sus padres y a su pareja, pero el trabajo ha caído en un 80%. La violencia económica hoy es la peor de todas. Constantemente recibe insultos y extorsiones de la policía. “¡Puta barata!”, le gritan a su paso. Y ahora se siente más discriminada por continuar trabajando. “Me dicen que los puedo contaminar, pero yo cumplo con las medidas sanitarias y me protejo”, precisa. “Hay clientes que les incomoda la mascarilla y me piden que me la retire. Y, pues, me la quito”.
A Betza su “representante” le comunicó que había un virus, pero, dice, “pensé que era un mito. Empecé a creer que era verdad cuando todos se comenzaron a guardar en sus casas, y empezó a verse poca gente en la calle”. Acostumbrada a vivir en un clima de violencia, Betza lamenta que la policía no la cuide y que, por el contrario, la hayan golpeado, amenazado e insultado. “Para el Gobierno, no valemos nada, por eso nos ofrece mil pesos para tres meses, porque hay desprecio”.
«Ni para frijoles» alcanza el apoyo institucional para las trabajadoras sexuales, pero ellas igual se forman para recibirlo. Foto / Brian Torres
Estrella viste un pantalón ajustado gris y una blusa negra. No trabaja y espera su turno en la fila para recibir el subsidio del Gobierno. Tiene 40 años y es una de las miles de migrantes internas que llegan a la Ciudad de México en busca de oportunidades. Nació en el estado norteño de Zacatecas, y mantiene sola a tres hijos de 7, 4 y 2 años de edad. En época normal tenía hasta siete clientes al día. Ahora, apenas llega a uno por día. Trabaja, además, como empleada doméstica y gana 80 pesos diarios (menos de cinco dólares). Teme que su trabajo “se va a acabar”.
La Casa de las muñecas
A norte de la Ciudad de México, en la zona popular de Cuautepec, hay el refugio Casa de las muñecas Tiresias y albergue Paola Buenrostro. Kenia Cuevas, directora general, defensora de derechos humanos y promotora de la prevención del VIH-SIDA, recibe a Desinformémonos en su oficina, que ahora se ha transformado en una pequeña bodega de víveres para ser repartidos durante la pandemia.
Kenia, 46 años, es trans. Hace cuatro años presenció el asesinato de su amiga Paola Buenrostro y ha padecido las omisiones del Gobierno de la ciudad en la prevención de la violencia contra las trabajadoras sexuales, razón por la que decidió organizarse para proteger a sus compañeras. El trabajo y su compromiso crecieron hasta organizar un espacio de intervención integral, para la reinserción laboral, económica y social de las trabajadoras sexuales transgénero, sin “pelearse con esta actividad”, que ha ejercido desde los 9 años, y que cada día “conlleva más riesgos para la comunidad trans”.
Así nació la Casa de las muñecas Tiresias, un espacio inaugurado en diciembre pasado para albergar a trabajadoras en riesgo, pero que tres meses después, en plena pandemia, se abrió a “ las chicas más vulnerables, que tenían su residencia en hoteles y fueron expulsadas a la calle”.
Como no pueden atender a todas en el albergue, algunas salen a la calle para distribuir comida en puntos estratégicos del trabajo sexual. También apoyan a familias de bajos recursos, a personas que viven en la calle, consumidores de drogas y a personas privadas de su libertad con VIH.
En la pandemia han aumentado el señalamiento y la estigmatización hacia las trabajadoras sexuales. Foto / Brian Torres
En la Casa de las muñecas predomina el color blanco y resaltan grandes ventanales por los que entra la luz. Las inquilinas van y vienen por el interior, se juntan para la comida y para organizar el apoyo durante la contingencia sanitaria. Michael Calderón, trans de 50 años, se encarga de la administración del albergue y de la organización de las redes sociales, a través de las cuales llama a toda la comunidad a respetar las medidas sanitarias y el confinamiento.
Karina Cruz, otra de las colaboradoras, tiene también 50 años pero aparenta más. No son sólo las arrugas, sino las cicatrices de una agresión brutal por parte de dos policías, que le vaciaron disolvente y le prendieron fuego. Ahora trabaja como estilista a domicilio, y desde el refugio pide a sus compañeras trabajadoras que “se busquen otro oficio” y, si no pueden, “que se cuiden mucho”.
“El Gobierno obviamente no tiene la capacidad de mantener a todas las personas necesitadas, ni de garantizar sus condiciones de vida de antes de la crisis. Con las tarjetas de apoyo se trataba de mantener niveles de subsistencia, pero con mil pesos, ni para frijoles”, dice la doctorante de la Universidad de Harvard, Claudia Torres. Falta coordinación entre las instancias de gobierno e información, hay un exceso de burocracia y, sobretodo, el apoyo institucional para enfrentar la emergencia de las más de 7.000 trabajadoras sexuales es insuficiente. “Entre ellas hay un sentimiento de traición y de humillación”. El panorama, concluye Torres, “es más que desolador”. Pero podrían apoyarlas si reabrieran los hoteles y funcionaran como residencias temporales, de tal manera que al menos se resolviera el problema de vivienda. De lo contrario “seguirán vulnerables al contagio y al hambre”.
*Otras Miradas es una alianza de periodismo colaborativo integrada por medios independientes de México y Centroamérica. Como parte de esta iniciativa presentamos la serie “Coronavirus desde otras miradas” en la que participan Desinformémonos (México), Chiapas Paralelo (México), Agencia Ocote (Guatemala), No-Ficción (Guatemala), Gato Encerrado (El Salvador), Contracorriente (Honduras), Radio Progreso (Honduras) Nicaragua Investiga (Nicaragua), Onda Local (Nicaragua) y Confidencial (Nicaragua).
