En todo ese proceso desatendió dos puntos: no escuchó al pueblo, sobre todo a los maestros, y tampoco tuvo una actitud autocrítica.
De entrada, Peña Nieto tuvo la genial idea de someter al sindicato magisterial, el SNTE, y su brillantísima mente lo llevó a encarcelar a su dirigente, Elba Esther Gordillo, e imputarle desvío de recursos de la organización y uso de recursos de procedencia ilícita. Con ella en prisión, el SNTE estaría sometido. Así de fácil.
Peña Nieto pura privatización
Cuando se aprobaron las leyes secundarias, sobre todo la Ley del Servicio Profesional Docente, estalló el problema. Los maestros sintieron la amenaza. Supieron que mediante la evaluación perderían derechos, acceso a mejores cargos en el sistema educativo, e incluso quedarían desprotegidos sindicalmente. En el fondo la intención es rasurar de las filas del SNTE a los grupos críticos, principalmente a los adheridos a la Coordinadora del Magisterio, y finalmente el desmantelamiento del poderoso sindicato de más de un millón de afiliados.
Ese fue un error, pero vendrían otros más. Peña Nieto enfrenta un escenario de conflicto, de protesta diaria, de toma de avenidas y carreteras, de allanamiento de instalaciones de gobierno, de plantones en el Zócalo de la ciudad de México y de las principales plazas en capitales y ciudades importantes del país, de reclamos en embajadas, en televisoras, y marchas y movilizaciones, que son sofocadas por actos represivos mediante el uso de la fuerza pública, pero que lejos de amainar el vendaval terminan dándole fuerza.
En el proceso previo a la implementación de la reforma educativa, no hubo consulta pública. El gobierno de Peña Nieto no abrió canales serios para la discusión. No convocó a los eruditos, a los intelectuales, a los enciclopedistas, a los pedagogos, a los lingüistas, a todos aquellos que pudieran aportar su sabiduría para transformar el sistema educativo.
Peña Nieto tiene razón en cuanto a que no se puede reformar la educación si se mantiene a un buen número de maestros de baja calidad, dedicados muchos de ellos a la grilla, motivados por hacer política, por enriquecerse con los presupuestos, muchos de ellos líderes sindicales con cuatro, cinco, seis y hasta doce plazas, o sea con ese mismo número de salarios, lo que equivale a corrupción. En eso Peña Nieto tiene razón.
Su problema es que no se puede barrer parejo para sanear a un sindicato porque no todos los maestros son flojos, incultos, grillos y transas. Hay miles de maestros, sin duda la mayoría, que tienen vocación, que preparan sus clases, que se documentan, que nutren su orgullo cuando ven egresar a una generación de alumnos.
Y el otro problema estriba en que gran número de esas lacras que han sangrado al sistema educativo son los líderes del SNTE, priistas que han lucrado con cargos públicos —diputaciones, senadurías, alcaldías o regidurías—, hoy encargados de vender las bondades de la reforma peñista, incluso contra los intereses de sus agremiados.
Ese es parte del conflicto: la operatividad. El punto crítico es cómo sofocar a un gremio que ya no cree en sus líderes. La dirigencia del SNTE está planchada por el gobierno y muchos de los alfiles del gobierno son líderes desacreditados, pero las bases están sueltas y en rebeldía.
Uno de ellos, en Veracruz, es Juan Nicolás Callejas Arroyo, dirigente moral de la Sección 32, sobre quien pesan acusaciones de corrupción, de enquistarse en el cargo, de practicar el nepotismo y de canjear el sometimiento de su gremio por diputaciones y regidurías y una que otra alcaldía.
Los maestros le han tomado la sede sindical, exigen su destitución, lo insultan y lo increpan, pero el gobierno y los priistas lo acuerpan y lo solapan. Y pese a su innegable impopularidad y a su falta de liderazgo, Callejas será diputado local y líder de la bancada del PRI en el Congreso veracruzano.
Por eso Peña Nieto no puede avanzar con su reforma educativa. Los líderes sindicales han demostrado incapacidad para controlar a las bases y su secretario de Educación, Emilio Chuayffet Chemor, es un político de la vieja guardia, intolerante, que no concilia sino que amedrenta, que no dialoga sino que enfrenta y que por principio de cuentas, pide echar a la calle a los maestros que suspendieron clases a manera de protesta por una ley que les violenta sus derechos.
El otro problema de Peña Nieto es que para exigir honestidad, hay que dar cátedra de integridad. Su gobierno no tiene esa virtud. Chuayffet es el mismo político que siendo secretario de Gobernación en el gobierno de Ernesto Zedillo, enfrentó el escándalo por la matanza de indígenas en Acteal, Chiapas. Enterado del caso, lo dejó crecer hasta que sobrevino la masacre.
Los dirigentes magisteriales, de Juan Díaz de la Torre para abajo, todos elbistas, carecen de calidad moral para llevar adelante la reforma educativa. Ellos, junto con Elba Esther Gordillo, lucraron, se enriquecieron, han detentado espacios políticos, sin que las educación les haya importado. Y pensar que con esos líderes piensa Peña Nieto cristalizar su reforma.
Peña Nieto no miró su interior ni el interior de su gobierno, y mucho menos el interior del SNTE. A sus descalificados se unió el grupo de descalificados del sindicato magisterial para traducir en hechos la reforma educativa. Craso error.
Se requería que para cristalizar la reforma educativa, Peña Nieto hubiera realizado una renovación política y moral de su gobierno y de sus aliados.
Peña Nieto debió someter a una evaluación a sus funcionarios de gobierno en los mismos términos en que pretende someter a los maestros a un proceso de evaluación para ver si son aptos o no para las tareas que se les encomienden. Sin ese requisito, lo demás es palabrería.
Como bien dicen dos estudiosos, Francisco Monfort Guillén y Ricardo Gómez Leyva, urge un diálogo y acuerdos para que cese la protesta en las calles y que sean mitigados los daños a terceros por un proyecto que no termina de aterrizar y en el que muchos, no sólo los maestros, se sienten agredidos.
Para empezar, como señala Monfort, habría que evaluar por qué muchos funcionarios ocupan cargos de gobierno. Están ahí por recomendaciones, o porque son amigas, amigos o amantes de funcionarios con poder. Para ser funcionario debe cubrirse un perfil mínimo, a fin de que sean los mejores los que ocupen los cargos públicos y no los amigos.
Ricardo Gómez Leyva apela al diálogo para la solución de los conflictos, algo que no se da en la reforma educativa. No se puede llegar a acuerdos si no se abren canales de comunicación pues “los puntos de vista están polarizados”.
Peña Nieto pareciera estar en un callejón sin salida. Chuayffet y sus funcionarios, así como los gobernadores, no dan el ancho para sacar adelante la reforma educativa; los líderes del SNTE han sido incapaces de contener las protestas de los maestros, y sin un diálogo con la sociedad, el Presidente termina generando una corriente de opinión pública en contra que pone en riesgo su primer gran proyecto para México.
(roberto@presenciasureste)
