Recién subía a su automóvil en compañía de dos de sus pequeños hijos, cuando se le acercó un desconocido, encapuchado, y descerrajó cuatro balazos a quemarropa contra el periodista. Los niños no sólo fueron sorprendidos, quedaron atónitos, en doloroso silencio, aterrados, mirando a su padre que se doblaba en el asiento delantero sobre el volante, envuelto en sangre, ya sin respiración, muerto, mientras a plena luz del día el pistolero huía del tranquilo barrio de Tijuana, donde vivían.
Hasta ese 22 de junio de 2004, en que se apagó brutalmente la vida de FRANCISCO ORTIZ FRANCO, siempre había sido un profesional ejemplar, honesto y congruente, dispuesto y solidario, que clamaba por la defensa de la libertad de prensa, es decir, el derecho de la población a estar informada, por ende, era contrario a la auto-censura que algunos medios aplican como medida de seguridad.
Fue el propio procurador de Justicia del estado mexicano de Baja California quien hizo el anuncio dos meses después del crimen: el co-editor del semanario "Zeta", de Tijuana, había sido asesinado por un sicario del cártel de los Arellano Félix, una organización criminal narcotraficante que se sintió afectada por las notas sobre su accionar, publicadas por el periodista, en especial una en la que dos días antes había revelado la identidad de 71 miembros de esa banda.
El crimen pasó a formar parte de la fatídica lista de periodistas asesinados o desaparecidos en México, la que se ha ido engrosando debido al espiral de violencia que afecta a la prensa del país, con una impunidad reinante en casi todos los casos.
A seis años de su muerte, en emotiva ceremonia organizada en Tijuana por la SIP y el semanario "Zeta", se honró la memoria del periodista asesinado, ante decenas de colegas y la presencia de su viuda, Gabriela Ramírez y de sus tres hijos: Francisco, Héctor y Andrea. Se estrenó entonces el documental "El crujir de las palabras", producido por la institución y basado en la vida y muerte de Ortiz Franco.
Ante la ineficiencia del Estado mexicano para individualizar y castigar a los responsables de ese crimen, la SIP presentó a mediados de 2010, la documentación de este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), haciendo presente una serie de irregularidades procesales, la falta de justicia y el hermético silencio de autoridades federales, todo lo cual redunda en que se mantenga la impunidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario