Nuevamente el gobierno de
Enrique Peña Nieto demuestra su intención de silenciar a los miles de
ciudadanos que se han manifestado de manera pacífica por la desaparición
forzada de los 43 normalistas
de Ayotzinapa. Ante esto PRI, PAN, PVEM y Panal aprobaron en
San Lázaro cambios constitucionales que permitirían a la autoridad frenar las
movilizaciones.
“Desde
hace tiempo se ha estado intentando introducir prácticas de criminalización de
la protesta social. En este momento México vive condiciones de una crisis de
Estado, en la que todas las instituciones están involucradas, por lo que
aprobar leyes de la legitimización del autoritarismo es parte de esta gran
crisis”, mencionó la experta mexicana en geopolítica, Ana Esther Ceceña en
referencia a la administración de Peña Nieto.
La
Doctora en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Paris I
Sorbonne, advirtió que frente a la situación de México, “hay prácticas de
aplicación simultánea de diferentes iniciativas que se encaminan hacia el
control social, la criminalización de cualquier expresión de la sociedad y
cualquier sentido de disidencia y querrán impulsarla para la aplicación
inmediata”.
Ceceña, afirmó que la
aprobación de la Ley de
Movilidad Social complicaría la gobernabilidad de la
administración de Enrique Peña Nieto”. No obstante, lamentó que en vez de
proponerse remontar el término de gobernabilidad buscando algún tipo de
solución o esclarecimiento a los temas más candentes de este momento, se
castigará a los que exigen el Estado de Derecho.
No se puede limitar la
libertad de expresión
Por
otro lado, Darío Ramírez, director de la organización independiente de Derechos
Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a
la libertad de expresión, recalcó que “no hemos acabado de debatir y protestar
por los desaparecidos, y ya tenemos la intención de aprobar leyes que limiten
las marchas”
Ramírez
recordó que “ya tuvimos en Puebla una ‘ley bala’”, por lo que ahora le preocupa
esta nueva legislación, que “varias organizaciones hemos cuestionado”. Indicó
que un juez ya reconoció que si bien hay derecho a la movilidad, “no se puede
limitar la libertad de expresión”.
“A
la sociedad la ponen a discutir qué es más importante, la movilidad o la
libertad de expresión, es perverso (…) Necesitamos medios, académicos, que
analicen la protesta. Sobre todo, estos medios que les fascinan las (notas de)
capuchas, pues que vayan y averigüen quién está detrás de esas capuchas”,
consideró.
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