Mueve sus redes en la capital del País, se reúne con
autores políticos en el Estado y comienza a promoverse como una opción viable
para la candidatura del PRI a la Gubernatura, pero lo cierto es que el
Presidente Municipal de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos es el único de los 11
alcaldes cuyos municipios tienen alerta de género por feminicidios, que no ha
trabajado en disminuir los asesinatos de mujeres y que no tiene intención de
hacerlo.
Y es que reiteradamente se ha negado a inhibir la violencia contra las
mujeres porque "no cree que sea un problema estructural", aseguró la
directora del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos
Humanos del Congreso local, Martha Mendoza Parissi, quien por otra parte considera
que dicha actitud se debe “al desconocimiento, la falta de recursos y
desinterés.
Y es que los integrantes del cabildo piensan que si el alcalde no
cree en la violencia de género contra las mujeres, esto es algo excepcional y
solo se presenta en ciertas circunstancias". La activista señala que los
ayuntamientos son los primeros responsables en inhibir este fenómeno y a pesar
de ello se siguen asesinando mujeres porque los ayuntamientos no han tomado
esto con seriedad. "Quien tiene la parte fundamental son los ayuntamientos
y tendrían que actuar en consecuencia y tomando medidas para generar
condiciones que inhiban los asesinatos de mujeres".
Por ello Mendoza
Parissi consideró que es urgente acelerar las medidas en los ayuntamientos
porque son los mayormente responsables en entender el tema y hasta ahora solo
unos cuantos han participado. Agrega que el Congreso local cumplió con las
observaciones derivadas de la primer alertan de género y ahora el cumplimiento
está "en la cancha" del Ejecutivo, y en otro tema, sobre la
iniciativa de unión de hechos que permitiría las uniones entre personas del
mismo sexo dijo que es una iniciativa que sirve para responder, aunque no del
todo, a las exigencias de la comunidad LGBTTI. "La iniciativa no es
discriminatoria, pero el Código Civil tendría que recoger las demandas que
tienen las poblaciones, los colectivos LGBTTI, pero como no existe una
regulación esta puede ser una alternativa".
Señala que de esta manera las
parejas tendrían los beneficios de seguridad social previstos en la ley e
incluso hasta acceder a la herencia de sus seres queridos fallecidos. "Es
una posibilidad que tienen no solo las parejas del mismo sexo, sino quienes
tienen una unión que debe ser regularizada para acceder a derechos que no
tienen, como quienes viven juntas y no tienen una relación de carácter afectivo
y sexual". Y es que algunos activistas se han quejado por considerar que
está propuesta no les permite acceder a la adopción ni al reconocimiento formal
de su relación como matrimonio, pero insistió que es un paso y quedaría
pendiente ver si el Código Civil podría recoger estas otras demandas de la
población.
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