La
opacidad del gobierno ha revelado con toda claridad su desprecio al derecho a
la información. El reciente espionaje de activistas y comunicadores reconfirma
esa hipocresía. Mientras por un lado Presidencia promueve reformas de
transparencia, por el otro permite el monitoreo subrepticio de los opositores;
mientras con una mano inscribe al país a programas internacionales de apertura
de datos, con la otra se querella contra quienes buscan un marco legal más
abierto y democrático.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Contrasentido del
peñanietismo: la denuncia por vigilancia ilegal –el nuevo escándalo del
sexenio– ocurrió en el seno de la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA), un
espacio creado para el avance de la transparencia y la democracia.
Fue en febrero cuando las organizaciones
denunciantes que integraron el informe #GobiernoEspía detectaron la vigilancia
ilegal sobre dos activistas de la salud inmersos en un plan de la AGA. En los
meses siguientes fueron documentando más casos y, al observar la lista de los
espiados dada a conocer el pasado lunes 19, se advierte que todos participan en
la agenda de la transparencia, emplean las herramientas disponibles para
documentar el quehacer gubernamental o forman parte de organizaciones
relacionadas con la materia.
De por sí, los últimos años se han registrado
severos retrocesos en materia de transparencia y acceso a la información: el
gobierno, sus proveedores, contratistas y el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
han evitado difundir información mediante interpretaciones a modo o procesos
judiciales.
En el caso del espionaje –y un mes después de que
las organizaciones ciudadanas dejaran la AGA denunciando de manera pública la
práctica de vigilancias ilegales– el INAI ha evitado abordar el asunto más allá
del discurso.
De acuerdo con Ana Cristina Ruelas, directora de
Artículo 19-México, en mayo pasado su organización y grupos aliados pidieron al
INAI que revisara de oficio los contratos con empresas de inteligencia
proveedoras del gobierno, pero ni en eso ni en materia de violación a datos
personales el organismo garante actuó. Proceso solicitó una entrevista con el
presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, para profundizar en esas
omisiones, pero no obtuvo respuesta.
La AGA es una iniciativa multilateral, integrada
por 75 países. México fue uno de los ochos países fundadores. La alianza busca
generar avances en materia de transparencia, rendición de cuentas y
participación ciudadana y, para ello, cuenta con un secretariado técnico
tripartita en el que –desde su creación, hace cinco años– participó un Núcleo
de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC). El pasado 23 de mayo, los
integrantes del NSOC abandonaron la mesa acusando vigilancia ilegal sobre los
dos investigadores-activistas de la salud.
Fragmento
del reportaje en la edición impresa de Proceso 2121, ya en circulación
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