La inhumación
clandestina de personas es, de acuerdo con un documento difundido por el
Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana (UIA), es
una de las evidencias más contundentes de la ausencia de estado de derecho y de
la crisis de garantías fundamentales en México. Vinculado a ello, también es
una de las evidencias más contundentes de la falta de estrategias de prevención
del crimen, de la impunidad que prevalece y de la debilidad de los sistemas de
procuración de justicia.
En el contexto de la nueva edición del informe
Violencia y terror. Hallazgos sobre fosas clandestinas en México que será
presentado en breve, los académicos adelantaron que hay estados en los que el
número observado de entierros clandestinos los lleva a permanecer entre los
primeros sitios de la lista de entidades en que este fenómeno aparece con mayor
intensidad. En Junio de 2017, el PDH, junto con la Comisión Mexicana de Defensa
y Promoción de Derechos Humanos presentó la primera edición del informe
Violencia y terror”, que concluyó que las fosas clandestinas no son un fenómeno
aislado, sino en realidad constituyen un hecho recurrente y extendido en el
país.
De acuerdo con su metodología, sustentada en varios criterios de
verificación, fuentes periodísticas daban cuenta de un total de 390 fosas
clandestinas, de las cuales supuestamente se exhumaron mil 418 cuerpos y más 5
mil 786 restos de 23 entidades del país. El nuevo informe, que se presentará
mañana, incluirá un capítulo nuevo sobre las dificultades asociadas al acceso a
la información pública sobre el tema.
GOBERNANTES.COM
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