REVISTA PROCESO
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Por Noé
Zavaleta
Los familiares de los desaparecidos se dicen desencantados de
las autoridades de los tres niveles: “Gobiernos van y vienen y sólo administran
la impunidad y toleran la acción delincuencial de los policías”, dice Araceli
Salcedo, del colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba.
En Veracruz la violencia y la impunidad se enseñorean
mientras el gobernador Cuitláhuac García, su fiscal y su titular de Seguridad
Pública se ufanan en presumir sus presuntos logros contra los grupos
delincuenciales. Los familiares de los desaparecidos se dicen desencantados de
las autoridades de los tres niveles: “Gobiernos van y vienen y sólo administran
la impunidad y toleran la acción delincuencial de los policías”, dice Araceli
Salcedo, del colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba.
XALAPA, Ver. (proceso).- “Ganando como siempre” es un sticker
con la fotografía posada del titular de la Secretaría de Seguridad Pública,
Hugo Gutiérrez Maldonado. Y aunque Fernando Javier Contreras, vocero del
funcionario, suele incluirlo en los boletines de la corporación policiaca, los
hechos demuestran lo contrario, pues el domingo 17 fueron localizados en la
carpeta asfáltica en la zona del Cerro de Nanchital, en Las Choapas, al sur de
la entidad, los cadáveres de 12 personas.
Once días antes las autoridades ubicaron el cuerpo de la
adolescente Adriana Beatriz López Rodríguez en el interior de una maleta en la
congregación de Las Olas en Cosoleacaque. La joven había sido reportada
desaparecida un mes antes. El miércoles 6 fue hallado un cuerpo más, el de
Samara Aurora, de 28 años, en un predio en Palmas de Arriba, municipio de
Actopan. Sólo en este caso, se detuvo a un presunto sospechoso, un instructor
de un gimnasio; los demás siguen impunes.
“Veracruz se
sacó la lotería” con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, suele repetir el
presidente Andrés Manuel López Obrador en sus giras por Veracruz. No obstante,
tomando como parámetro diciembre de 2018-diciembre de 2020, las cifras del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los
primeros dos años de su gestión las cifras del “premio mayor” son preocupantes:
Cuatro mil 761 homicidios (190 por mes), 203 feminicidios (casi 10 por mes), 463 secuestros (18 por mes) y más de 56 mil robos, de los cuales más de 15 mil 600 corresponden a robo de vehículos.
Apenas el miércoles 20 la avenida Murillo Vidal y Papaloapan fue escenario de una balacera en la que cinco presuntos delincuentes fueron abatidos, hubo cuatro detenciones y los agentes de la SSP rescataron a ocho personas de una casa de seguridad y los cuerpos de dos personas que habían sido ejecutadas por sus captores.
“Lamentablemente pretendían los presuntos secuestradores ejecutar a sus víctimas además de cobrar lo del secuestro. Se actuó muy a tiempo, se logró la detención de los involucrados y se liberó a las víctimas, lamentablemente a dos de ellas no, pero pretendían un acto abominable.”
Y aunque García Jiménez y la fiscal Verónica Hernández Giadáns con frecuencia hablan de una disminución de homicidios, secuestros y extorsiones, el SESNSP tiene “otros datos”.
Si se equiparan las cifras, en 2018 –último año de gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares– hubo 203 homicidios y ocho feminicidios por mes; en 2016, en el ocaso del gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa –quien purga una condena de nueve años en el Reclusorio Norte por asociación delictuosa y lavado de dinero–, el secretariado contabilizó 151 homicidios y cinco feminicidios mensuales en promedio. Cifras muy similares a las del sexenio del morenista García Jiménez.
Fragmento del reportaje publicado en el número 2308 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.
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