** Diputados torcieron el proceso
* Y falsificaron documentos y el dictamen no lleva firmas
Los diputados del Congreso Local, serán denunciados por la responsabilidad administrativa y penal que resulte, en el Juicio Político que se le sigue a la Magistrada Sofía Martínez Huerta, adelantaron los abogados Víctor Loyo y Tomás Mundo.
La defensa de la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, argumenta en el expediente entregado a los legisladores que la Diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, mediante oficio SG-SO-1er./3er./005/2020, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva se auto envió el expediente de Juicio Político, sin embargo desatendió lo dispuesto por el artículo 28 del reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, que señala que los integrantes de la Directiva no podrán formar parte de las Comisiones Permanentes durante su Encargo.
En ese sentido se materializa el delito de Ejercicio Indebido o Abandono del Servicio Público, previsto por las fracciones II y III del Artículo 315 del Código Penal para el Estado de Veracruz.
Al existir un documento que acredita la conducta penal, dicha diputada puede hacerse merecedora a una sanción de uno a seis años de prisión y multa hasta de ciento cincuenta días de salario
A lo anterior, debe sumarse el hecho de que existió una simulación de actos jurídicos así como una alteración de documentos, pues al respecto, con la finalidad de cuadrar sus fechas, el oficio señalado en líneas anteriores, fue recibido en una primera fecha el día 4 de noviembre de 2020, misma fecha de presentación de la denuncia, pero para poder evitar ser evidenciados, se puede atribuir a Adriana Paola Linares Capitanachi el delito de alteración de documentos, pues modificaron el número 4 para convertirlo en un número 9, y así señalar que el oficio fue recibido por la Comisión Permanente de Gobernación hasta ese día, siendo que fue designada presidenta de la mesa directiva el día 5 de noviembre; por lo tanto robustece la conducta anterior, y materializa el Fraude Procesal previsto por el artículo 337 del Código Penal para el Estado.
Los abogados, también actuaran contra los integrantes de la Comisión Permanente De Gobernación: Rubén Ríos Uribe y Raymundo Andrade Rivera; De La Comisión Permanente De Justicia y Puntos Constitucionales: Rosalinda Galindo Silva Y Erika Ayala Ríos por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, coalición y fraude procesal.
Lo anterior, debido a que no fue turnado el expediente de juicio político a todos los integrantes de las Comisiones Unidas, pues la Diputada Mónica Robles no firmó ninguno de los dictámenes, incumpliendo con la obligación contenida en el artículo 51 del reglamento para el gobierno interior del Congreso.
El dictamen que debió pasar por las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia y Puntos Constitucionales, no cuentan con la firma de la Presidenta de esta última Comisión, la Diputada Mónica Robles Barajas, así como la de la Diputada María Josefina Gamboa Torales.
En relación a que hayan sesionado las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia y Puntos Constitucionales en fecha quince de enero de dos mil veintiuno, es presumible que se trató de una simulación toda vez que mediante, circular SG/001/2021, Domingo Bahena Corbalá en su carácter de Secretario General del Congreso del Estado, informó a las Diputadas, Diputados, Secretarios, Directores, Coordinadores, Jefes de Departamento, Jefes de Oficina y a todo el personal del Congreso del Estado, que atendiendo a las instrucciones giradas por el Diputado Juan Javier Gómez Cazarín, Presidente de la Junta de Coordinación Política, en función de la emergencia de salud pública debido al brote de COVID-19 y en seguimiento a la alerta comunicada por el Gobierno Estatal con la finalidad de adoptar acciones eficaces para reducir riesgos tanto para los empleados, como para los usuarios del servicio público, serían suspendidas las labores los días catorce y quince de enero de dos mil veintiuno, reanudándolas el día dieciocho de enero siguiente, y que al efecto únicamente se estableció como inaplicabilidad de suspensión, la recepción de documentos previstos en la Convocatoria para la designación de la persona Titular de la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
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