Ciudad de México, 3 de
mayo (SinEmbargo).- Vejaciones, miseria, humillaciones y desinterés son
parte de la cotidianidad de cientos de migrantes centroamericanos que
diariamente transitan por México para buscar una mejor calidad de vida en los
Estados Unidos, reconocieron diputadas integrantes de la comisión de Asuntos
Migratorios de San Lázaro. Su presidenta, la perredista Amalia García, demandó
al gobierno federal que investigue las presuntas agresiones que sufrieron
migrantes centroamericanos, la madrugada del 2 de mayo, en Cosoloacaque,
Veracruz, presuntamente por integrantes del crimen organizado, al tiempo que
lamentó la prisa del gobierno veracruzano por minimizar los hechos.
“Nuestra
exigencia de que proceda la Procuraduría General de la República y el Gobierno
de la República a través de la Secretaría de Gobernación, para que estos grupos
de la delincuencia organizada que están actuando en contra de los migrantes
puedan ser detenidos”, recalcó la legisladora perredista. Pero no sólo esto,
Amalia García -quien fuera Gobernadora de Zacatecas, uno de los estados que más
migrantes expulsa al año-, pidió que se cambie a los servidores públicos del
Instituto Nacional de Migración, por las denuncias que la casa del Migrante de
Tenosique ha realizado por posible corrupción y colusión con el crimen
organizado.
Por su parte, la Diputada perredista, Socorro Ceseñas, demandó a
los gobiernos de las entidades por donde cruza el grueso de los migrantes
centroamericanos, que se comprometan a trabajar para garantizar su seguridad y
para combatir a las bandas delictivas que los agreden. “Hacemos un llamado
enérgico para que ese tema sea atendido a la prontitud y con la seriedad y la
responsabilidad que amerita, porque México tiene que dar una muestra hacia
todos los países del mundo de que se está actuando con irrestricto respeto a
los derechos humanos”, apuntó.
Las legisladoras lamentaron que persista el
doble discurso de la autoridad, que por un lado invoca a los tratados
internacionales para proteger a migrantes mexicanos en el exterior, mientras
que en México se violan sistemáticamente los derechos de quienes vienen,
principalmente, de Centroamérica. También, indicaron que el Congreso de la
Unión ha puesto de su parte para crear nuevas leyes que garanticen la seguridad
de los transmigrantes. Sin embargo, reconocieron que el respeto a la integridad
y la vida de quienes cruzan el país no se resolverán con novedosas normas
jurídicas, sino con la voluntad de los gobiernos locales para escuchar y
atender sus demandas.
“Somos firmes convencidos de que deben garantizarse,
defenderse, protegerse, los derechos, la vida, la integridad, los derechos
laborales, de los migrantes mexicanos en el extranjero. Y al mismo tiempo,
tenemos que tener la autoridad como nación y como gobierno, para garantizar la
seguridad e integridad de los migrantes que cruzan por nuestro país”, dijo
Amalia García, presidenta de la comisión de Asuntos Migratorios.
Pese a que
ambas cámaras del Congreso no han sido omisas al problema de la migración
migrantes, su preocupación, traducida en las reformas promulgadas se han
quedado cortas para atender su demanda de protección de su vida y su integridad
física. El pasado 16 de abril, la Cámara de Diputados reformó la Ley de
Migración, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos humanos
de migrantes en su tránsito por el país. El dictamen, aprobado por unanimidad
con 447 votos, buscó acabar con la violación cotidiana de las garantías de
transmigrantes durante su presencia en territorio nacional.
La reforma que se
encuentra en estudio en comisiones del Senado establece la necesidad de que las
políticas públicas en materia migratoria garanticen la aplicación de medidas
que no atenten contra los derechos humanos de migrantes. Plantea que la
Secretaría de Relaciones Exteriores, en conjunto con la Procuraduría General de
la República, instrumentará programas, medidas y acciones que garanticen la
seguridad de migrantes en el tránsito por zonas consideradas de alto riesgo.
Y
obliga a los servidores públicos del instituto Nacional de Migración a tener
contacto físico con los migrantes, con “respeto irrestricto a la dignidad
humana” y facilita la queja o denuncia que interpongan migrantes en contra de
los funcionarios del Instituto. “La reforma que hicimos es para subrayar la
fragilidad y la vulnerabilidad en la que están los migrantes centroamericanos y
para subrayar que el gobierno de la República, tanto la Segob como la PGR,
deben tomar medidas, opero ya existe el compromiso del gobierno mexicano de
respetar los derechos humanos y tiene que hacerse de manera permanente e
inmediata”, indicó Amalia García. Otro ejemplo, es la reforma a la misma Ley de
Migración aprobada en el Senado de la República. Se modificó el artículo 112
para establecer la obligación del Estado mexicano para garantizar y proteger
los derechos de los menores de edad migrantes no acompañados de un adulto.
Con
la enmienda se obliga al instituto Nacional de Migración a responsabilizarse de
la niña, niño o adolescente migrante no acompañado, que sea puesto a su
disposición. El Instituto deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos,
canalizarlo al DIF local y dar aviso al Consulado de su país. La reforma agrega
que cuando el menor sea alojado en una estación migratoria, la autoridad dará
aviso inmediato a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las
comisiones estatales en derechos humanos, para que coadyuven en la protección
de sus derechos.
