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El Estado mexicano aplica
técnicas de terrorismo de Estado, como las detenciones arbitrarias, la tortura,
la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales. Hay un colectivo muy
potente (el Comité Cerezo), que trabaja el tema de desaparición forzada en
México y documenta algunos casos; es escalofriante la frecuencia y mecanicismo
con los que se practican estas técnicas del terror, especialmente contra
luchadores sociales.
A pesar que el gobierno de
Peña Nieto (PRI) se presenta como un ejecutivo “democrático” y “reformista”, el
asesinato de los 43 estudiantes de la Escuela Normalista de Ayotzinapa no es
más que un síntoma de la realidad estructural del país desde hace décadas. “Hay
una relación muy profunda entre instituciones políticas y estructuras del
crimen organizado”, afirma Ana Elena Barrios, activista social en el estado de
Chiapas. Por debajo de la fachada modernizadora, añade, “el estado mexicano
aplica técnicas de terrorismo de estado, como las detenciones arbitrarias, la
tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales”. Ana Elena
Barrios trabaja en la ONG “Enlace, Comunicación y Capacitación” con
organizaciones sociales de Chiapas, y ha participado en un acto público
organizado por CEDSALA en Valencia.
-La matanza de 43 estudiantes
en Iguala (Guerrero) el pasado mes de septiembre ha conmovido al país y
suscitado movilizaciones populares de gran potencial. ¿Qué hay en el trasfondo
de estos asesinatos?
Es un momento muy doloroso.
Vivimos el estallido de un cúmulo histórico de situaciones de corrupción y
violencia política que están ahora saliendo a la luz pública e internacional y
se nos presentan de manera crítica. Lo que sucede es que se cayó el teatro, la
pantalla con la que el gobierno presenta a México al resto de países del mundo,
como un país democrático y en paz. Ahora vemos el rostro de la violencia
institucional en México, su rostro más terrible. Pero la violencia en el país
no es un fenómeno nuevo. Viene de hace muchas décadas, desde que el PRI, que
estuvo 70 años en el poder, instauró el compadrazgo, la corrupción y la
violencia como forma de hacer política.
-¿En qué consisten estos
antecedentes de violencia política?
Lo cierto es que el PRI logró
construir un cierto “orden” (sin respeto por los derechos humanos, por
supuesto) y pactó con ciertos cárteles, de manera que los grandes negocios
(sobre todo tráfico de drogas y trata de personas, aunque también tráfico de
armas) estaban más o menos bien repartidos y el camino allanado para que se
hicieran negocios multimillonarios en Estados Unidos. Los cárteles tenían el
control territorial y capacidad de negociación con el gobierno, pero además
financiaban las campañas electorales, sobre todo a nivel municipal. En 70 años
se construyó una extensa red de relaciones de corrupción y redes clientelares
hacia el conjunto de la población y ciertos grupos de distintos sectores.
-¿Representa algún cambio en
la situación de violencia “estructural” la llegad del Partido de Acción
Nacional a la presidencia de la República?
En 2000, por primera vez el
PAN accede al poder con Vicente Fox, después en el 2006, tras un fraude
electoral toma la presidencia Felipe Calderón, también del PAN, quien tomó como
uno de sus ejes de gobierno declarar la guerra abierta al narcotráfico, lo que
es una idea absurda porque el narcotráfico se encuentra arraigado en las propias
instituciones y estructuras estatales. Se militariza entonces el país y se
llena de policías con el apoyo de Estados Unidos, pues el proceso se refuerza
con el Plan Mérida y una inversión enorme en seguridad nacional. El sexenio de
Calderón (2006-2012) termina con un número de muertos que oscila entre 60.000 y
70.000, y unos 26.000 desaparecidos, (la estimación exacta es difícil). Un baño
de sangre en donde la más afectada fue la población, no así ninguna de las
mafias del poder. Del crimen organizado se asesinó a los “narquitos”, a los
últimos en la cadena del narcotráfico que es, además, la capa más fácilmente
alcanzable (“halconcitos”, espías, gente que menudea con droga…). A veces se
captura a algún “pez gordo”, pero esto no desestructura ninguna red, que
permanece inalterable porque en seguida se encuentra un sustituto.
Tampoco se desmantela el
sistema de lavado de dinero, con lo cual sigue intacta la fuente económica que
lo sustenta y hace ensamblar en las estructuras económicas. En esta época “panista”,
los pactos ancestrales que había entre los cárteles y el PRI se alteran, lo
cual crea espacios de poder; se genera entonces una batalla terrible por la
disputa y el control de los territorios, que significa también control y
apropiación de los negocios. Al tiempo que se rompen también los pactos entre
carteles, que cuentan con brazos armados, y que al independizarse para
controlar los territorios no asignados se vuelven mucho más sanguinarios. La
estrategia de militarización logra un mayor control de la población a través
del amedrentamiento y del ataque directo a cierto grupos, entre los que
destacan los movimientos sociales y también las y los jóvenes. Un caso
emblemático de esto fue en marzo de 2011, que se dio la masacre de siete
jóvenes en el estado de Morelos, entre los que se encontraba el hijo del poeta
Javier Sicilia. Este terrible suceso salió a la luz internacional como una
venta a lo que sucedía en el país, de la misma manera que ahora este caso de
los jóvenes normalistas.
-Peña Nieto empieza a
gobernar en 2012, ¿Se ha modificado en algo la situación respecto a los
periodos anteriores? ¿Qué papel desempeñan los medios de comunicación?
La situación de violencia no
ha mejorado respecto al sexenio de Calderón, incluso ha incrementado, lo que sucede
es que en general se conoce menos lo que ocurre. Peña Nieto entró intentando un
“lavado de imagen” y afirmando que el PRI sí era capaz de controlar al “narco”
y “garantizar seguridad”. La estrategia ha sido básicamente a través de la
manipulación informativa, que se lleva a cabo por varias vías. Una es el pacto
con el monopolio comunicativo del México (Televisa-TV Azteca), en un país en el
que el 90% de la población se informa a través de la televisión. Otra vía es la
cooptación de los medios de comunicación locales a través del pago directo (es
tan descarado que incluso están en la nómina de los gobiernos estatales y
municipales); los medios de comunicación que no acceden son atacados. No por
nada México se encuentra en los primeros lugares de agresiones a periodistas.
Un informe de unos meses atrás, elaborado por la organización civil Artículo
19, reveló que con el gobierno de Peña Nieto han aumentado un 59% las
agresiones a comunicadores y solamente en 2013 se contabilizaron 330 agresiones
contra periodistas, de las cuales el 60% fueron cometidos por la autoridad.
-¿Cómo se explica, entonces,
la gran repercusión que ha tenido el asesinato de los 43 estudiantes en Iguala?
Lo que ahora ha hecho la
diferencia para que se hiciera público de esta forma lo que ocurrió en Iguala,
es el papel de informar e informarse de la propia ciudadanía a través de las
redes sociales y medios libres. Pero detrás de esta estrategia de control comunicativo,
la realidad de violencia institucionalizada sigue ahí, contra la población en
general so pretexto de garantizar la seguridad y devolver la tranquilidad al
país. Esta violencia política y de manera específica contra ciertos grupos,
como lo son las y los jóvenes que se organizan y participan en movimientos
sociales. La criminalización de la protesta social ha sido otra de las grandes
tendencias que padecimos en la época calderonista y ahora en el gobierno de
Peña Nieto se agudiza de manera alarmante. Esta criminalización se lleva a cabo
por diversas vías. Una de ellas es la legal, se han aprobado recientemente
legislaciones en algunos estados de México que dan mayor espacio de
discrecionalidad a cuerpos policiacos para intervenir en manifestaciones, y
obliga a la ciudadanía a restringir las formas de expresión y manifestación.
Paralelamente se han
practicado, especialmente en lo que va del gobierno de Peña Nieto, una serie de
detenciones a personas que protestan. Un hecho significativo de esto es que el
mismo día de la toma de poder de Peña Nieto, el 1º de diciembre de 2012, hubo
una serie de detenciones arbitrarias contra manifestantes. Este tipo de
acciones se han repetido en varias ocasiones; también recientemente en las
manifestaciones por Ayotzinapa se ha detenido de una manera brutal y absurda a
personas que se manifestaban e incluso contra personas que ni siquiera se
manifestaban, sólo iban pasando por ahí. El colmo es constatar que se les han
imputado todo tipo de cargos, incluido por terrorismo y se les han enviado a
prisiones de alta seguridad, por supuesto violando todo proceso. Otra de las
grandes estrategias para lograr esta criminalización es nuevamente la
estrategia mediática. Ahí ha sido grotesca la forma de manipular el discurso
ante cualquier expresión de protesta, presentándolos como vándalos, flojos,
alteradores del orden público,… y todos los adjetivos de ese tono que uno se
pueda imaginar.
¿Qué representan realmente los
crímenes de Ayotzinapa? Si la violencia es un elemento “estructural” en México,
¿por qué en esta ocasión se ha desencadenado una gran protesta?
Por el hartazgo popular
acumulado. El “basta ya” de la gente. El aglutinamiento de las diversas luchas
sociales en torno a una situación de esta dimensión. Cuando el Procurador
General de la República, Jesús Murillo Karam respondió a las preguntas de los
periodistas “ya me cansé”, colmó la paciencia de la gente. La población fue la
que dijo ahora “ya me cansé”. La respuesta del gobierno a la masacre de los 42 estudiantes
ha sido ofensiva y meramente discursiva. En una de sus declaraciones, Peña
Nieto se atreve a decir: “Todos somos Ayotzinapa”. Es indignante. Hace aparecer
la masacre como una situación ajena al Estado, como si el gobierno fuera
víctima. Y si hay autoridades responsables, viene a decir, son solamente
algunos a nivel local, en este caso el alcalde de Iguala y su esposa. Pero la
realidad es que nos encontramos ante un crimen de Estado, que toca la entraña
de cómo se ejerce el poder en México.
La respuesta gubernamental
únicamente se explica para amainar la acción internacional, que tiene los ojos
puestos en México. La gente también está abriendo los ojos sobre Televisa y los
grandes medios de comunicación. Frente a este paisaje ha habido una gran diversidad
de respuestas de movilización de parte de diversos sectores. Resulta
esperanzador constatar la capacidad de movilización que actualmente existe en
México. Entre otras iniciativas, un grupo de actores sociales con una fuerte
trayectoria de lucha social que promueven el 5 de febrero (día de la
Constitución mexicana) un primer encuentro para impulsar un proceso
constituyente ciudadano. Porque el hartazgo de la ciudadanía es no sólo contra
Peña Nieto y su gabinete, es también contra los partidos políticos y la clase
política; es un hartazgo del pan con lo mismo que al final deja a la ciudadanía
como víctima de sus políticas que despojan y atacan a la población.
-Sin embargo, el ejecutivo de
Peña Nieto se presenta como un gobierno “reformista”…. ¿Cuáles son las
principales “reformas”, su contenido y alcance?
El gobierno de Peña Nieto
inició con el “Pacto por México” como estrategia para aparentar capacidad de
concertación y consenso. Fue una de las primeras acciones ejercidas que
planteaba algunos puntos básicos a lograr en torno a los grandes temas del
país. Aunque muchos de estos temas estaban ya previamente pactados con los
poderes económicos. En este pacto ya se planteaban las reformas como
necesarias, sin destapar aún los contenidos explícitos, pero sentando el camino
para tratar de garantizar después el apoyo de los partidos políticos. Estas
reformas profundizan el modelo neoliberal, que continúa la privatización del
Estado y terminan de desmantelar lo (poco e insuficiente) que en décadas se
había logrado construir para colocar al Estado como responsable de los derechos
sociales de la población.
Es un paquete de reformas,
que han sido presentadas como “modernizadoras”, argumentando siempre la
inoperatividad del modelo anterior y que restan autonomía al Estado con
respecto al sector privado. Se trata de las reformas fiscal, educativa,
energética y de telecomunicaciones. De todas éstas, la reforma energética es la
que tendrá impactos más fuertes a mediano y largo plazo en el encarecimiento de
las condiciones de vida de la población, al tiempo que favorece la
concentración de la riqueza obtenida del petróleo mexicano, a manos de empresas
transnacionales.
-¿Qué supondrá, en concreto,
la privatización del sector energético?
Hasta ahora las ganancias que
generan petróleo constituyen la principal fuente de PIB para el país y en su
mayoría han sido destinados al erario público (recordemos que en 1938 Lázaro
Cárdenas había llevado a cabo la expropiación petrolífera), con la reforma
energética la renta petrolera será compartida con el sector privado
internacional. Paralelamente, esta reforma establece la actividad energética
como prioridad nacional, por lo cual es superior a cualquier otro interés,
actividad regida por legislaciones municipales y estatales. Esto significa la
disponibilidad total del territorio en manos de la industria extractiva, que
implica el despojo de los pueblos y la depredación de los recursos estratégicos
del país. Ahora mismo, se está preparando la última de las reformas, la más
peligrosa para el pueblo mexicano, la llamada reforma al campo, que no es otra
cosa que la “contrarreforma” agraria, lo que fue la gran conquista de la
revolución mexicana. Esta reforma significaría la re-concentración de la tierra
y consolidación de los monopolios del sector agroindustrial como dueños de la
alimentación de la población, es decir la dependencia alimentaria y la
pulverización del sector campesino; paralelamente el advenimiento de la
industria agrícola transgénica.
-¿Puede considerarse México
una democracia-liberal “homologable” como pretende proyectar el gobierno de
Peña Nieto, o más bien se trataría de lo que llaman un “estado fallido”?
No se puede decir que en
México hay un estado de derecho cuando los poderes fácticos y las dinámicas de
compadrazgo y corrupción tienen la fuerza y el poder que actualmente tienen.
Los gobiernos han montado simulaciones que intentan presentar un México
democrático, ocultando las verdaderas dinámicas que rigen los rumbos y las
decisiones del país en todos los ámbitos y los mecanismos que el Estado utiliza
para garantizar que se cumplan. Lo ocurrido recientemente en Guerrero, nos
habla del nivel de impunidad que rige en México; si los cuerpos policiacos
actúan hechos atroces con tal apertura y naturalidad es porque saben que en ese
territorio no es precisamente la Constitución y sus leyes las que mandan; saben
que no habrá castigo alguno porque en realidad están obedeciendo a otras
órdenes, otras “leyes” e intereses, a otros poderes que son los que realmente
determinan lo que se vive en el día a día de los municipios: quiénes mandan, en
función de qué y de quiénes, qué poderes defiende la policía y con qué
mecanismos, a quién conviene que así suceda. Hay una relación muy profunda
entre instituciones políticas y estructuras del crimen organizado. De hecho,
hace décadas que el narcotráfico financia las campañas electorales en varios
municipios.
-Por último, ¿cómo se
materializa esta criminal trabazón de intereses a la que te refieres?
El Estado mexicano aplica
técnicas de terrorismo de Estado, como las detenciones arbitrarias, la tortura,
la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales. Hay un colectivo muy
potente (el Comité Cerezo), que trabaja el tema de desaparición forzada en
México y documenta algunos casos; es escalofriante la frecuencia y mecanicismo
con los que se practican estas técnicas del terror, especialmente contra
luchadores sociales. Un claro ejemplo de ejecuciones extrajudiciales lo tenemos
sólo unos días antes de los sucesos de Ayotzinapa, en el Estado de México
(donde Peña Nieto fue gobernador), en el municipio de Tlatlaya, el ejército
ejecutó a 22 supuestos criminales que, por los testimonios de sobrevivientes,
se habían rendido y desarmado.
Lo terrible del caso de los
42 estudiantes es el nivel de cinismo con que ocurrió. La propia policía
uniformada disparó a los estudiantes, los tomó y los entregó a grupos del
“narco”, con los que evidentemente colabora. Éste es el “modus operandi” en
muchos lugares de México, aunque ello no salga a la luz. En este caso se les
escapó la información y salió a la luz internacional, por eso ahora la
estrategia del gobierno de cara a la exigencia nacional e internacional es
hacerlo parecer como un caso aislado y limitado exclusivamente a un suceso de
corrupción municipal, en el que están implicados sólo un grupo de políticos.
Quieren seguir sosteniendo la pantalla de un Estado democrático, sabemos que no
es así, ni lo será hasta que no se modifiquen a profundidad las estructuras
gubernamentales y su relación profunda con las estructuras sociales, económicas
y políticas de la delincuencia organizada.
Rebelión ha publicado este
artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad
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