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Tres
estampas retratan el drama de la terrible falta de justicia y la dolorosa
impunidad que vive hoy nuestro país; tres situaciones dibujan de cuerpo entero
un sistema judicial podrido, que sólo protege al que tiene dinero y que
margina, olvida y humilla a los más pobres que no pueden pagar un abogado de
renombre —o de mañas— para defenderse.
La primer
estampa ocurre en Veracruz, donde la indignación social por la violación de una
jovencita menor de edad, Daphne Fernández, a manos de cuatro juniors bautizados en las redes sociales como Los Porkys de
Costa de Oro, es respondida por el fiscal Luis Angel Bravo, con total
insensibilidad al decir que un video (donde los jóvenes piden disculpas por la
violación) “no es prueba ni confesión de delito”.
La segunda estampa sucede en Acapulco, donde en plena costera un
canadiense besa y toquetea abusivamente a dos niñas de 3 y 4 años de edad ante
la complacencia de su padre que las ofrece al cínico extranjero. Ante la
denuncia de un ciudadano indignado que registro en video el abuso y dio aviso a
la policía, el fiscal de Guerrero, Javier Olea Pérez, dice simplemente que el
turista, de nombre Walter Suk, de 68 años, saldrá libre con una fianza de 50
mil pesos “porque el abuso sexual de niños no es delito grave en el Código
Penal” de su estado.
Y la
tercera escena, que desnuda a un sistema de justicia que solapa y protege a
quienes tienen dinero o influencias para comprarlo, ocurre en plena capital del
país y el Estado de México, donde la golpiza a un ciudadano, a manos de un
guarura del propietario de un Ferrari, Alberto Sentiés Palacios, no es
castigada como el acto de violencia que todo el país presencio en video, porque
el prepotente empresario, apodado Lord
Ferrari —un pájaro de
cuenta acusado de fraude y otros delitos— se ampara y culpa a su guardia,
Sergio González Ibarra, quien aparece muerto en un hotel del Estado de México,
en un extraño hecho que rápida y oficiosamente, valida la cuestionada
Procuraduría mexiquense.
¿Qué tienen en común esos tres casos? Primero la ofensiva y
grotesca exhibición de un país que, contra el discurso oficial, vive una
ausencia casi total de Estado de derecho. Segundo la alarmante ineptitud e
insensibilidad de los funcionarios públicos que fungen como procuradores,
fiscales o ministerios públicos, incapaces no sólo de procurar justicia, sino
de mostrar un mínimo de sensibilidad y humanidad hacia las víctimas,
especialmente si éstas son pobres, mientras se dejan seducir —cuando no
comprar— por cualquiera que tenga un mínimo de influencia política y económica,
a los que protegen retrasando y obstaculizando investigaciones que demuestren
culpabilidad de poderosos.
En
Veracruz es indignante que el fiscal Luis Angel Bravo ofrezca “que se sabrá la
verdad” de la violación cometida contra Daphne Fernández, pero al mismo tiempo
reste importancia al cinismo de los cuatro jóvenes, todos hijos de familias
ricas del puerto de Veracruz, que reconocen su delito, pero creen que una
disculpa basta para resarcir el daño hecho a la vida de una jovencita. El
fiscal no muestra avances contundentes en el caso, pero tampoco descalifica a
quienes estúpidamente culpan a Daphne de haber sido violada, en una doble
victimización de la menor de edad. ¿A quién protege el procurador de Javier
Duarte que no ve evidencias claras en un delito confesado por los juniors de Costa de Oro?
En el caso de Acapulco, tras escuchar el comentario inútil del
fiscal Javier Olea, uno puede entender porque ese puerto guerrerense y muchos
otros destinos turísticos de México son vistos como “paraísos” para pederastas
de todo el mundo que vienen a abusar de niños mexicanos como atracción porque
saben que en el país hay gobernantes ineptos y leyes que toleran y protegen el
abuso sexual de menores. ¿Qué pasaría si un viejo toqueteara a un hijo, una
nieta o algún niño de la familia del señor Olea? ¿Declararía resignadamente que
el pederasta saldrá libre “porque no es delito grave”?
Y finalmente, en el DF y el Estado de México, la incapacidad de
sus procuradurías para castigar un caso tan evidente de abuso, prepotencia y
violencia por parte del empresario Alberto Sentíes, que cobardemente se escudó
en un guarura que luego apareció convenientemente infartado, confirman el grado
de indefensión y abandono en que estamos los ciudadanos de a pie, cuando la
justicia puede ser comprada con dinero y prevalece la impunidad del prepotente.
Con esos fiscales obscenamente inútiles y esa justicia
groseramente prostituida, éste seguirá siendo el país de la impunidad para los
pudientes; y de la victimización de la pobreza.
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