Aurelio Contreras Moreno
Para Regina A
cuatro años de impunidad Una de las cantaletas más socorridas por el gobierno
de Javier Duarte de Ochoa para evadir su responsabilidad en la degradación de
las libertades civiles y constitucionales que se ha sufrido durante su sexenio
en el estado, es culpar a los demás de todo lo malo que suceda en Veracruz. El
gremio periodístico, lastimado severamente durante los últimos años por la
violencia asesina propiciada o al menos tolerada por el gobierno estatal, ha
sido uno de sus blancos favoritos para la desacreditación, vinculando
invariablemente a los reporteros agredidos y asesinados con actividades y
grupos delictivos.
La ignominiosa frase “pórtense bien”, y la advertencia de la
caída de las “manzanas podridas” del periodismo, proferidas el año pasado por
el gobernador Javier Duarte, son parte del alegato del régimen para justificar
los ataques a la libertad de expresión y a los trabajadores de la información
en Veracruz, sin que su administración mueva un dedo para garantizar el libre
ejercicio periodístico en la entidad. Y como para que la cuña apriete ha de ser
del mismo palo, se ha buscado “aliados” en los medios para que difundan -previo
financiamiento- los infundios oficiales, que todos los reporteros ultimados
tenían nexos con criminales.
Del ex reportero de Proceso Ricardo Ravelo Galo,
al dueño del diario cordobés El Buen Tono, José Abella García -recientemente
exhibido públicamente por despedir injustificadamente empleados, evadir
impuestos y hasta “piratearse” material de otros medios de comunicación-, se
han prestado a la estrategia de difamación de las víctimas de la violencia
contra los periodistas.
Sin el menor rubor, el fiscal general del estado, Luis
Ángel Bravo Contreras -¿ex? empleado y principal proveedor de filtraciones de expedientes
judiciales para Abella-, se ha colocado al frente de la estrategia para lanzar
lodo sobre los comunicadores a partir, según sus propios dichos, de rumores. O
más bien, de mentiras descaradas. Porque en las instancias encargadas de
procurar justicia, a nivel estatal y federal, no existe una sola prueba, un
solo indicio, que vincule a los periodistas asesinados durante el sexenio de
Javier Duarte con el crimen organizado, contrario a lo afirmado por el
gobernador, su fiscal y sus amanuenses. A través de una solicitud de
transparencia, la revista etcétera pidió a la Fiscalía General del Estado una
lista con los nombres de los periodistas que han sido vinculados con la
delincuencia organizada entre 2010 y 2016. La respuesta, previsible, es que no
cuentan con esa información ya que “los hechos probablemente constitutivos de
delitos en relación con delincuencia organizada, son competencia exclusiva de
la Federación a través de la Procuraduría General de la República”. (http://www.etcetera.com.mx/articulo/Fiscal%C3%ADadeVeracruznotienedatosdeperiodistasvinculadosconelnarco%3Benmediosdiceques%C3%AD/43980)
Así que etcétera acudió a la PGR e hizo la misma solicitud de información, vía
la Ley de Transparencia, misma que fue puesta bajo el folio 0001700040716. La
respuesta fue prácticamente la misma: “no se tienen datos afines a un listado o
número de averiguaciones previas entre el 2000 al 2016 donde obren reporteros,
periodistas, comunicadores o similar donde se les vincule a delincuencia
organizada”, contestó la PGR. (http://www.etcetera.com.mx/articulo/PGR+no+cuenta+con+informaci%C3%B3n+que+vincule+a+periodistas+con+la+delincuencia+organizada/45090)
¿Y los bramidos de José Abella diciendo que todos los reporteros veracruzanos
están “coludidos” con el narco? ¿Y la supuesta lista de 20 narco-reporteros que
según Ricardo Ravelo le entregó la Sedena a Javier Duarte? ¿Y las manzanas
podridas del gobernador? Mismos parlamentos, mismos bufones, de una misma
farsa.
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