Durante su malogrado sexenio, el priista
Javier Duarte de Ochoa saqueó a su antojo las arcas de Veracruz. La Auditoría
Superior de la Federación lo acusó del desvío de 35 mil millones de pesos, un
desfalco amparado por un “gobierno paralelo” integrado por tres círculos: el
primero, conformado por una red de políticos priistas; el segundo, por
familiares y amigos íntimos, y el tercero, por los empresarios y sus socios
favoritos. Así lo documenta el periodista Arturo Ángel en su libro Duarte, el
priista perfecto, de reciente aparición bajo el sello Grijalbo. Proceso
reproduce fragmentos sustantivos del volumen con autorización de la editorial.
CIUDAD
DE MÉXICO (Proceso).- En el Veracruz de Javier Duarte se alternaban dos
realidades. Una, la de la abundancia, en la que el gobernador podía enviar “un
helicóptero por unas tortas” –aun cuando la hora de vuelo costara 25 mil
pesos–, ir a un restaurante y pagar una cena de 300 mil pesos o rentar 15
suites de lujo en España, para un viaje de titulación, por módicos 15 millones
de pesos. ¿Por qué no un bonito anillo para Karime?, sin importar que costara
120 mil… dólares. Había más dinero del que se podía gastar.
La
otra, la de la carencia. No había recursos para pagarles a maestros, burócratas
ni jubilados. Hubo que hacer sacrificios y quedarse con los fondos de los
municipios. Lo de los desaparecidos, qué pena y qué desgracia, pero eso de
tomarles muestras de ADN a los familiares es imposible, no alcanza. ¿Dinero
para patrullas? Ni soñando. Además, se les debían 40 mil millones de pesos a
los bancos.
En la realidad de la abundancia
–en la que estaban instalados Duarte, sus amigos, familiares y excolaboradores,
es decir, sus cómplices–, Veracruz era uno de los estados más seguros del país.
Los Zetas habían desaparecido y los únicos delitos que se cometían eran robos
de “frutsis y pingüinos”. El estado era sinónimo de libertad de expresión,
todos podían decir lo que quisieran. ¿Que a veces asesinaran o desaparecieran a
algunos reporteros? Ok… pero eran las “manzanas podridas del árbol”.
En la
realidad de la carencia –la de todos los demás millones de veracruzanos–, los
desaparecidos y los homicidios se contaban por centenares, aunque el gobierno
manipulara las cifras y los cuerpos se escondieran bajo tierra, en fosas
clandestinas, con todo y la complicidad de los policías. En efecto, cualquier
ciudadano podía decir o publicar lo que quisiera, pero debía atenerse a las
consecuencias. La libertad de expresión era una zona de riesgo.
En el mundo de Duarte –el que
describió en su declaración patrimonial– ni él ni su esposa tenían propiedades
en el extranjero y su único patrimonio eran dos casitas, una en Córdoba y otra
en el centro del puerto. En el mundo de todos los demás, el matrimonio poseía
un imperio inmobiliario que se extiende por 12 ciudades y supera los mil
millones de pesos.
Ninguno de los ejemplos
anteriores es una exageración o un invento. Son, eso sí, botones de muestra del
Veracruz de Javier Duarte… el de los excesos. Su gobierno o, mejor dicho, su
círculo de familiares, cómplices y amigos, gastaba de forma obscena mientras el
estado se sumergía en la quiebra.
*****
Un exsecretario de Finanzas de
la administración de Duarte explicó, bajo condición de anonimato, que en
Veracruz había un “gobierno paralelo” compuesto por tres círculos, y que los
integrantes de esos círculos fueron en buena medida corresponsables de la
emergencia financiera y política en la que terminó sumergido el estado.
“Era como el infierno, pero de
Duarte”, le dijo este reportero al exfuncionario, quien asintió y luego mostró
algunos nombres sobre una hoja de papel.
El
“gobierno paralelo” lo integraba la red de cómplices de Duarte, de la cual
formaban parte figuras nacionales como José Murat y Enrique Jackson, y locales
como Érick Lagos, Alberto Silva Ramos, Édgar Spinoso, Marco Antonio Aguilar
Yunes, José Carvallo Delfín, Adolfo Mota, Noemí Guzmán, Antonio Tarek Abdalá,
Vicente Benítez, Juan Manuel del Castillo, Ricardo Sandoval y Gabriel Deantes.
Otro de los grupos estaba
formado por familiares y amigos íntimos. Ahí estaban Karime Macías y parte de
su familia, como Brenda Tubilla. En este círculo también estaba su amigo y
principal prestanombres, Moisés Mansur Cysneiros –presunto coordinador de los
desvíos a través de una red de prestanombres, empresas fachada y abogados–, y
los empresarios Jaime Porres Bueno y José Francisco García González –cuya
esposa remodeló la hacienda El Faunito, adquirida vía prestanombres por el
exgobernador.
El último grupo lo integraban
los empresarios y socios favoritos de Duarte. Aquí se ubicaban, según el
exfuncionario duartista, Rolando Reyes Kuri, agente aduanal; su hermano Javier
García Kuri, que era un constructor contratista; Enrique Cházaro Mabarak,
empresario gasero, fundador de Gas Mabarak S.A.; y Manolo Ruiz Falcón,
arquitecto favorecido con proyectos. Todas estas personas se encontraban, por
ejemplo, entre los invitados del exgobernador de Veracruz a la ya descrita
Feria de Sevilla entre abril y mayo de 2014.
Aunque Javier Duarte está
preso, las figuras clave que le ayudaron y se beneficiaron de las operaciones
ilegales duermen tranquilos. El único de los ya mencionados que está acusado
penalmente y con orden de aprehensión vigente –al menos hasta septiembre de
este año–, es Moisés Mansur Cysneiros, autoexiliado en Canadá junto con su
familia, en una ubicación ya conocida tanto por el actual gobierno de Veracruz
como por la PGR.
(…) Quien no ha cooperado para
nada con las autoridades, pero inexplicablemente no ha sido siquiera citada a
declarar como testigo, es Karime Macías. Desde 2016 las autoridades federales y
locales tienen pruebas de que ella participaba de forma activa en las
operaciones de lavado de dinero y que gozaba ampliamente de las propiedades
adquiridas con dichos recursos.
Luego de la detención y
encarcelamiento de Duarte la presión pública sobre las autoridades se ha
incrementado para que actúen sobre Karime Macías. El subprocurador de Delincuencia
Organizada declaró a esta investigación, en una entrevista sostenida en agosto
de 2017, que estaban esperando el “momento oportuno” para proceder. Por lo
menos hasta principios de octubre de 2017 ese “momento oportuno” no se ha
presentado.
(…) El velo de impunidad ha
cubierto no sólo a Karime, sino también a sus familiares, quienes fungieron
como prestanombres y se enriquecieron ilícitamente.
Entre los presuntos cómplices
que colaboraron con Duarte en las operaciones irregulares merecen mención especial
sus exfuncionarios. Entre todos ellos destaca el hoy diputado federal Antonio
Tarek Abdalá Saad.
Como ya
se ha mencionado fueron los propios excolaboradores del gobierno duartista los
que identificaron a Tarek Abdalá como el principal operador de los desvíos de
recursos a la red de empresas fantasma. Literalmente era quien autorizaba
la salida del dinero y lo transfería. Luego los administradores de las
distintas dependencias debían simular que las contrataban. Pero su papel no se
limitaba a eso.
En su confesión ante un juez,
Xóchitl Tress aseguró que Tarek Abdalá –por instrucción de Duarte– le entregó
directamente dinero en efectivo para la adquisición de su residencia en un
fraccionamiento de lujo en Boca del Río. También fue Tarek quien estuvo presente
en las gestiones para que una empresa fantasma, de las creadas por el despacho
del contador Víctor López Gachuz, cuya accionista era una militante de bajos
recursos del PRI, simulara una transferencia de recursos para la adquisición de
la referida propiedad.
Hay más. De acuerdo con los
datos a los que este autor tuvo acceso, en más de 80% de las denuncias penales
interpuestas por la ASF ante la PGR, Antonio Tarek Abdalá aparece como
principal responsable en los dictámenes técnicos. ¿Y qué ha pasado con Tarek?
Nada.
Gracias al voto de los
diputados del PRI, el 27 de abril de 2017 el Congreso rechazó darle trámite a
una solicitud de desafuero que había solicitado la Fiscalía de Veracruz, la
cual pretendía acusar a Tarek de desvíos por un monto superior a 23 mil
millones de pesos.
Pero el fuero constitucional
mantiene a salvo a varios posibles involucrados en los hechos irregulares. Poco
antes de 2015 algunos de los principales implicados acordaron que dejarían la
administración de Duarte y que buscarían convertirse en diputados federales, ya
fuera a través del PRI o de su aliado, el Partido Verde. Los que alcanzaron un
escaño, y por ende el fuero, son Érick Lagos, Alberto Silva, Édgar Spinoso,
Marco Antonio Aguilar Yunes, José Carvallo Delfín, Adolfo Mota, Noemí Guzmán y,
claro, Antonio Tarek Abdalá.
Con excepción de Aguilar Yunes
y Carvallo Delfín, los demás son exfuncionarios implicados –por lo menos por
omisión– en múltiples pagos a compañías fantasma.
Otro personaje que ha librado
la acción de la justicia es el hoy diputado local Vicente Benítez, también
tesorero en la administración de Duarte. Él fue despedido del cargo luego del
escándalo por el hallazgo de 25 millones de pesos del presupuesto de Veracruz,
ocultos dentro de unas maletas en el aeropuerto de Toluca en 2012. Dicho
traslado de dinero coincidía con la campaña electoral presidencial.
Benítez fue recontratado un año
después como subsecretario de Desarrollo Social de Veracruz y fue responsable
de anunciar un programa de tiendas comunitarias con precios preferenciales
denominadas Adelante. Como se reveló en el reportaje Las empresas fantasma de
Veracruz, esas tiendas nunca se pusieron en marcha, pero sí fueron usadas por
la Secretaría de Desarrollo Social para firmar contratos con compañías fachada.
Al principio de la
administración de Miguel Ángel Yunes se prometió que se procedería contra
Benítez; sin embargo, a lo largo de 2017 no ha ocurrido nada. La razón que
ofrece la Fiscalía de Veracruz para tal inacción legal es que las
investigaciones en su contra fueron atraídas por la PGR. No obstante, este
autor tiene información de fuentes directas que confirman que, por instrucción
del propio Yunes, esas pesquisas fueron detenidas.
(…) El fuero del que gozan
varios de los exfuncionarios del gobierno de Duarte concluirá en septiembre de
2018. Ése es un dato relevante para la justicia mexicana.
Todas las empresas fantasma
utilizadas en el gobierno de Duarte estaban legalmente constituidas en el
papel. Y en esta constitución la responsabilidad recae enteramente en un
notario que certifica la existencia de las personas que se presentan como socios,
las identifica y las compromete a que cumplan la función de las empresas que
están constituyendo.
Las reformas de los últimos
años en México y la preocupación por facilitar la apertura de negocios,
combinadas con la evolución de los sistemas tecnológicos, permiten a los
notarios, además, inscribir ante el SAT a las compañías que constituyen y
obtener su clave RFC. Luego de esto la persona designada ante ese notario como
representante legal de la compañía debe finiquitar el trámite ante Hacienda.
Las compañías fantasma que
fueron evidenciadas en el mencionado reportaje fueron constituidas por un grupo
de notarios que estaban ligados al propio exgobernador Javier Duarte, a su
antecesor Fidel Herrera y al PRI.
Por citar algunos ejemplos de
las personas involucradas está uno de los notarios involucrados, Francisco
Montes de Oca López, militante del PRI y quien ha ocupado diversos puestos
dentro del Comité Directivo Estatal de ese partido. Su hijo, Fernando Montes de
Oca Zárate, también es priista y como notario avaló la creación de compañías
fantasma; su notaría fue inaugurada por el exgobernador Fidel Herrera. Caso
similar es el de Jorge Monreal Montes de Oca, quien recibió su notaría en 2010,
último año del gobierno de Herrera.
Otro notario es Daniel Cordero
Gálvez, que constituyó varias compañías fachada y en el gobierno de Duarte fue
ratificado como titular de la notaría número 16. También Israel Ramos Mange,
que avaló compañías fachada y es hijo de Raúl Ramos Vicarte, funcionario de la
administración duartista que fue colocado al frente del Registro Público de la
Propiedad y Comercio de Veracruz.
Las investigaciones que el
autor ha llevado a cabo confirmaron que éstos y otros notarios avalaron 22
compañías fachada, además de 350 creadas por el despacho del contador Víctor
López Gachuz. Los notarios, sobre quienes no se ha procedido judicialmente, se
escudan en el hecho de que no se le puede prohibir a nadie la constitución de
una empresa, pues es un derecho ciudadano. Añaden que la verificación de los
domicilios de las compañías le corresponde al SAT.
Al respecto, Aristóteles Núñez,
exjefe del SAT, opinó distinto. Sostuvo que el notario, como representante
social, tiene la obligación de ir más allá y no avalar la creación de una
compañía cuando –como es el caso de Veracruz– las personas que se presentaban
como socios claramente no eran empresarios, sino gente de bajos recursos, que
incluso eran conducidos por otras personas.
(…) El extitular del SAT, que
estuvo al frente de la indagatoria oficial que confirmó que empresas
contratadas por el gobierno de Duarte eran, en efecto, fantasma, añadió: “Yo,
como notario, tengo que dar fe pública de la constitución de una sociedad, pero
también tengo que ver si la persona existe y ver si tiene las capacidades
productivas, intelectuales, económicas y sociales para desempeñar las
actividades que esa sociedad constituida pretende desempeñar. Si tiene la
experiencia, si no lo están usando. La ley castiga prestanombres…
“Curiosamente esos notarios
reciben sus autorizaciones al cierre de una administración, o al principio… y
hay que decirlo, son los pagos por los compromisos que se crean.”
(…) Uno de los despachos que
estuvo involucrado en la creación de una red de más de 350 compañías fantasma,
como ya se detalló, fue el de GLG Asesores Empresariales, encabezado por el
contador Víctor Manuel López Gachuz. Él y sus socios reclutaron un equipo de
abogados que a su vez se valieron de personas de bajos recursos para constituir
compañías fachada. La investigación del SAT derivó en que varios de esos
empleados o accionistas de bajo nivel fueran acusados de delitos fiscales,
aunque los principales responsables están impunes.
Este adelanto de libro se
publicó el 17 de diciembre de 2017 en la edición 2146 de la revista Proceso.
