SOLICITAN ANTE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y HACIENDA SEPARACIÓN DE ALCALDE DE TIJUANA

* Asimismo, exigen la suspensión del crédito a fondo perdido por más de 4 mil millones de pesos. "Se corre el riesgo de generar una empresa privada con fondos públicos", expresan quejosos

Representantes de Transportistas Unidos de Tijuana solicitaron la separación como consejero B de Banobras del Presidente Municipal de Tijuana, Jorge Ramos Hernández y una exhaustiva investigación sobre presunto conflicto de intereses en beneficio propio y de un grupo monopólico del transporte federal, que afecta al 80 por ciento de los concesionarios de la ciudad.

Asimismo, pidieron la suspensión en forma inmediata y definitiva del monto por 4 mil millones de pesos del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) con el cual Ramos Hernández pretende desplazar a los transportistas que tienen más de 60 años movilizando a la ciudad fronteriza, porque existe el riesgo de formar una empresa privada con recursos públicos.

Miguel Ángel Jiménez y un grupo de dirigentes estuvo el pasado viernes en la ciudad de México donde entregaron la queja al secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas; al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo; al Director General del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), Alonso García Tamés y al Titular del Área de Quejas del Órgano Interno De Control en Banobras, Víctor Humberto Gutiérrez Sotelo.

Los transportistas de Tijuana encabezados por Miguel Ángel Jiménez están en pie de lucha contra la intención de desplazarlos de sus fuentes de trabajo ante la presunta entrega del transporte a Autotransportes de Tijuana, empresa propiedad de un grupo que participa en el transporte federal, los cuales han sido desplazados no por otro grupo, sino por las condiciones del mercado.

La queja en contra de Ramos Hernández es “por considerar que quien participa como Consejero “B” del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) Sociedad Nacional de Crédito, señor Jorge Ramos Hernández, Presidente Municipal de Tijuana, se encuentra en una posición de conflicto de intereses con dicha Sociedad Nacional de Crédito, cuyas conductas anómalas hacen necesario la intervención de esa H. Secretaría”.

Los quejosos pidieron se “proceda a la separación del cargo conferido como Consejero “B” de BANOBRAS, se suspendan en forma inmediata y definitiva la disposición de montos de inversión del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) referidos en este mismo escrito, y se proceda a realizar las investigaciones necesarias del caso con vista a las Autoridades y órganos de control interno y fiscalización para los efectos de su competencia”.

En su escrito recuerdan que el 2 de Octubre del 2009, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, la convocatoria pública CONC-SMT-2009-1 mediante la cual ilegalmente se licitó por un periodo de treinta años la nueva ruta a Valle de Las Palmas, pese a la existencia de un acuerdo de cabildo de no entregar nuevas concesiones mientras no se realizara y pusiera en marcha un proyecto de ordenación del transporte.

Los transportistas advierten que 1 mil 893 millones de pesos serían utilizados para el BRT (Bus Rapid Transit) Tijuana (Garita San Isidro-El Refugio) “los cuales como se aprecia van dirigidos a invertirse a las rutas Garita San Isidro-El Refugio las cuales forman parte de la ilegal licitación de ruta conocida como subsistema de transporte de pasajeros urbano y suburbano denominado Valle de Las Palmas.

Asimismo, 1 mil 389 millones de pesos serían para la ruta Línea-Santa Fé-Mesa de Otay, “para ser aplicados a rutas que ya se tienen concesionadas a una de nuestras empresas miembros, estamos hablando rutas concesionadas a Transportes de Baja California, Azul y Blanco J Magallanes, S. A. de C.V., sin que dicha empresa a la fecha hubiese solicitado fondos públicos de ningún tipo a BANOBRAS o al Presidente Municipal de Tijuana”.

Lo más peligroso, asegura Miguel Ángel Jiménez, es que “probablemente dicho monto de inversión pudiera destinarse a fondo perdido, es decir, sin que se tenga que devolver al Banco, y de esta forma se estaría creando una empresa particular con recursos públicos”.

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