Leopoldo Gavito Nanson
Los gobiernos racionales, cuando están atentos al bienestar de sus poblaciones, se ocupan con especial cuidado de mantener activa su producción e industria agrícolas. Aunque ningún país produce la totalidad de los alimentos que consume –todos importan– se ocupan, eso sí, en producir la mayor parte la ingesta nacional habitual y mantener una reserva alimentaria para la mayor cantidad de tiempo posible. Son demasiados los casos de hambruna frescos en la memoria de los gobiernos como para permitirse la ligereza. Excepto los mexicanos. Desde los años 80 se ha desarmado continua y consistentemente toda traza que semejara algún sistema alimentario nacional.
La producción alimentaria de los países exportadores es asunto geopolítico sustantivo. Un alza impensada en la demanda de comestibles mundial puede provocar escasez y alzas de precios en países sin reservas suficientes. En el mejor de los escenarios, porque siempre puede conducir a la hambruna. En cualquier caso, los aumentos de precio asociados a la carencia topan por lo general con la inestabilidad política y el descontento social. Los países cuyas poblaciones dependen de estas importaciones son particularmente vulnerables. México es de ésos.
Los cultivos estratégicos del mundo son el arroz, el maíz y el trigo. Hace tres décadas que México importa la mayor parte de lo que consume de esos granos. De hecho, en general, el país importa 45 por ciento de los alimentos básicos y más de 70 por ciento de esas importaciones provienen de Estados Unidos. Puede suponerse sin demasiado esfuerzo intelectual el inmenso costo que eso implica para cualquier pretensión de soberanía. Ahora, con el cambio climático y la sequía, la situación no sólo pulveriza la autodeterminación, sino que pone al país frente a un peligro doble: la eventualidad de una crisis alimentaria que pudiera fácilmente escalar a hambruna, y los problemas de inestabilidad social y políticos derivados de ello.
Por lo pronto, hay una contracción de la oferta de granos que coincide con un incremento de la demanda, mientras que en los últimos siete años los precios de los cereales se han duplicado, por lo menos. Con la indiferencia de la administración el país pareciera enfilarse a una crisis de esta naturaleza de dimensiones mayúsculas; hace por lo menos 12 años que las decisiones gubernamentales conducen hacia un escenario así. En la presente administración las condiciones se agravan por la situación de guerra interna. Con todo, el presidente Calderón es premiado como “Estadista Global” en el Foro Económico Mundial de Davos, precisamente por aquellos poderes mundiales que han conducido a la mitad de la humanidad a la devastación de la pobreza y a la concentración de la riqueza en cada vez menos manos. Flaco favor nos hacen esos santones de la economía al reforzar la necedad obsesa del actual gobierno.
El liderazgo de Felipe Calderón desde el penoso inicio de su administración encaminó al país a la violenta polarización de los cárteles de la droga. No hay indicios de que en los 11 meses que le quedan pudiera haber algún cambio en su manera de lidiar con el problema. El sábado pasado el general Jorge Carrillo Olea retomaba en su artículo de La Jornada la confesión que hizo FCH al presidente español Aznar: “Al momento de tomar la decisión no tenía idea de las capacidades del crimen para expandirse, ni de las limitaciones de las fuerzas, ni de la magnitud de la corrupción”.
Desde 500 años antes de la era actual, el general y pensador chino Sun Tzu había resumido los principios elementales del uso de la fuerza militar y sus reglas en un pequeño libro de no más de 200 páginas. Karl von Clausewitz hizo algo con profundidad filosófica similar luego de sus experiencias en la guerra contra fuerzas napoleónicas: De la Guerra. Claramente Calderón nunca se tomó la molestia de consultarlos antes de iniciar y bautizar su guerra contra el narco. De ahí la confesión a Aznar, quien la filtró al embajador estadounidense en España y terminó en Wikileaks.
En cinco años la violencia no sólo no ha disminuido como era el objetivo, sino que se ha incrementado a escala geométrica. No se han recuperado territorios ni espacios públicos como dice la propaganda gubernamental; por el contrario, se pierden. Expertos y académicos calculan que las organizaciones criminales tienen control por lo menos en 70 por ciento del territorio nacional. En 2001 el control territorial era 31 por ciento del territorio. El dato no puede ser más revelador de lo que han significado la suma de gobiernos priístas neoliberales con las administraciones panistas. Entre el moderno PRI de Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto y el panismo no hay un problema ideológico ni de concepción con el panismo pragmático de los Fernández de Cevallos o los Calderón. 30 años continuos en que además de empobrecer al país, junto con más de la mitad de la población y ponerlo al borde de la emergencia alimentaria y la pulverización de la soberanía, lo han sumido en un conflicto armado que en varias dimensiones alcanza la clasificación de tragedia humanitaria. La proporción de territorio nacional en control criminal coloca al país en el nivel de los conflictos armados africanos. Ni los horrores ni las matanzas son distintos.
