De 2002 a 2010 fueron asesinados siete periodistas en Veracruz. Sólo esa cifra hizo que la entidad fuera considerada una de las más peligrosas para el oficio de informar. En los últimos 18 meses el número de periodistas asesinados ha sido mayor que en los siete años anteriores, 15 en total.
Quien piense que tal agresión es sólo contra quienes ejercen el oficio de informar está totalmente equivocado. La embestida es en contra de una sociedad completa a la que le es conculcado el derecho de ser informada y de expresarse. La sociedad manifiesta sus preocupaciones y agenda a través de sus comunicadores, que las recogen y publican, las visibilizan.
Cuando se agrede a un informador se arremete por extensión contra la sociedad. En el estado estos ataques han sido tan recurrentes que la organización mundial no gubernamental Article 19 presentó en octubre del año pasado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como la propia ONG sostiene, ni la Secretaría Gobernación ni las autoridades veracruzanas tomaron medidas para garantizar la seguridad de los periodistas recientemente asesinados en Boca del Río y que ya habían sido desplazados por amenazas contra su vida.
Dicho en breve, en México las autoridades incumplen consistentemente con sus obligaciones internacionales de garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión y con el derecho de la sociedad a estar informada. Pero para el diputado local Eduardo Andrade los periodistas deben cuidarse por sí solos.
Debe el diputado tener la certeza de que así lo hacen. Es claro que los periodistas se cuidan solos por el simple hecho de ser adultos. La idea de que “los dueños de los medios de comunicación brinden la protección necesaria” es banalizar un asunto sustantivo para la sanidad y viabilidad del cuerpo social.
Dice el diputado Andrade Sánchez que él cree que la seguridad tiene que provenir del propio gremio. En realidad lo que el diputado crea o no es irrelevante. Lo que importa es lo que sabe. Y sabe perfectamente que independientemente de las medidas personales y gremiales que se tomen, los gobiernos estatal y federal tienen la obligación de dar seguridad a la sociedad en general y a quienes ejercen el oficio de informar porque la viabilidad misma de la sociedad es lo que está en juego.
En cinco años de gobierno calderoniano nadie ha discutido que el crimen organizado no debe ser combatido, eso no es el motivo del diferendo. Lo que se discute es la forma integralmente estulta, errónea e irresponsable de hacerlo. Algo en lo que coinciden personas tan diversas y conocedoras de su oficio como el general Carrillo Olea y el académico asesor de la ONU Edgardo Buscaglia.
Pero, a propósito de protección a la sociedad, ayer jóvenes que desfilaban por la conmemoración del 5 de Mayo fueron agredidos por varias decenas de pandilleros. Dos estudiantes quedaron heridos en el arroyo vehicular. Sólo seis agresores fueron aprehendidos.
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