J. JESÚS ESQUIVEL
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| DF. Miles exigen la aparición de los normalistas de Ayotzinapa. Foto: Benjamin Flores |
El caso de Ayotzinapa y lo que ocurre en el país en este sexenio constituyen “un escándalo internacional muy grande”, y ante los acontecimientos de Iguala y de Tlaltaya se han puesto en evidencia las “debilidades del sistema político mexicano”. Esta es la apreciación del secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, entrevistado por Proceso. Advierte: el gobierno de Peña Nieto se tardó en reaccionar, cuando en crisis parecidas, como las de Aguas Blancas y Acteal, se produjeron de inmediato las renuncias de los gobernadores y de un secretario de Gobernación.
WASHINGTON (Proceso).- El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, califica de insuficientes la respuesta y el manejo que ha dado el gobierno de Enrique Peña Nieto a los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya, y recuerda que una crisis similar, como la masacre de Acteal en 1997, ocasionó inclusive la renuncia del secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, durante el sexenio de Ernesto Zedillo.
En entrevista con Proceso, dice Álvarez Icaza: Los casos de “Aguas Blancas (Guerrero, 1995) y Acteal (Chiapas) generaron una respuesta que provocó una reacción mucho más rápida del sistema político en México. Cayeron más rápido los gobernadores y los secretarios de Gobernación”.
En las crisis de Tlatlaya y Ayotzinapa, “tal vez no tan prolongadas como profundas, la respuesta se tardó, lo que pone en evidencia las debilidades del sistema político mexicano”.
Durante las cinco audiencias realizadas el pasado 30 de octubre sobre la situación de los derechos humanos en México, dentro del 153 periodo de sesiones de la CIDH, los asuntos más destacados fueron la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y la ejecución extrajudicial de 21 jóvenes –presuntos delincuentes– en Tlatlaya, Estado de México, por elementos militares.
Luego de escuchar los argumentos del gobierno de Peña Nieto sobre estos dos casos de violación a los derechos humanos, el secretario ejecutivo de la CIDH declara que “no son sorpresivos” porque no se trata de nuevos acontecimientos. “Son indignantes y dolorosos en cuanto a su dimensión”, manifiesta.
Pero Álvarez Icaza va más allá. Puntualiza que la situación “refleja de una manera tan nítida el fenómeno de corrupción, de crisis de justicia, de descomposición en derechos humanos, que eventualmente ese es el factor que ha hecho que Ayotzinapa sea un clamor nacional”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1983, ya en circulación)
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