Resignarse es una
cobardía, es el sentimiento que justifica el abandono de aquello por lo cual
vale la pena luchar, es, de alguna manera, una indignidad.
Ernesto Sábato.
La llamada Ley
Atenco, ataca directamente los derechos políticos. El Estado mexicano dirige
sus fuerzas en contra de pueblos, comunidades y organizaciones sociales y
políticas del movimiento social que se opongan a las políticas y acciones de
Gobierno.
Dos nuevos
atentados se ciernen sobre la sociedad mexicana.
1.- Ley que
Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, aprobada el
pasado 17 de marzo, en Congreso local.
2.- La Ley
reglamentaria al artículo 29 constitucional que fue aprobada el 29 de
marzo en comisiones del Senado de la República.
Ambas tienen como
característica central, la ambigüedad e imprecisión; facilitando la
interpretación y en consecuencia, la arbitrariedad de la autoridad. Se intenta,
nuevamente, proporcionar elementos jurídicos a los gobernantes autoritarios
para así, violentar los derechos humanos plasmados en la Carta Magna, tratando
de evitar consecuencias para su futuro político.
PARA CONTEXTUALIZAR. EL 1 DE DICIEMBRE DE 2012
La inconformidad
que confluyó como un arcoíris sobre concreto, y puso en jaque el operativo
policiaco–militar en distintos puntos de la capital, para proteger la toma de
protesta de Enrique Peña como presidente, representó una alerta de posibles
escenarios que se presentarían a lo largo y ancho del territorio nacional.
Para intentar
contener la protesta social, los círculos de poder, impulsan, desde entonces,
legislaciones que permita el uso de la fuerza con menos costos políticos. Un
ejemplo claro es el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, que
consideraba una pena de 5 a 30 años de prisión y tipifica el delito de ataques
a la paz pública, a los que “mediante la utilización de sustancias tóxicas, por
incendio, por inundación o violencia, realicen actos en contra de las personas,
de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz
pública”.
Dicho artículo
permitió que en el gobierno de izquierda de Miguel Mancera,
los cuerpos policiacos y el sistema judicial, cometiera abusos contra personas
que se manifestaban contra la imposición de Enrique Peña a la Presidencia de la
República. Hasta la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF)
consideró que era utilizado para “criminalizar” a personas y movimientos
sociales, solicitando su derogación en la Asamblea de Representantes (ALDF).
La Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), en días pasados, otorgó un amparo a Bryan Reyes,
declarando en consecuencia, como inconstitucional dicha reglamentación.
LA IMPUNIDAD DE FACTO
Los partidos
políticos aliados al gobierno en turno, doblegan la representatividad ciudadana
al interés del poder. Por ideología, interés o complicidad aprueban leyes que
contravienen el ideal de la Constitución de 1917 y de los Tratados
Internacionales y sobre todo, del bien común. Más allá de la ignorancia y
corrupción, está la búsqueda de privilegios de la clase política.
Al igual que en el
estado de Puebla, bajo el nombre de Ley para Proteger los Derechos Humanos y
Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública conocida como Ley Bala, se intenta
legalizar las practicas violatorias a los derechos humanos, que caracteriza a
los cuerpos policiacos y militares del país.
De facto se impone
la impunidad. Porque a pesar de existir procesos penales en contra de abusos
policiacos, infringidos en distintos momentos y entidades de la república, no
hay aplicación de la ley. No existe investigación científica ni profundización
en cada caso; no tan solo se evidencian fallas estructurales del sistema de
justicia, fundamentalmente, la falta de voluntad y la complicidad entre poderes
institucionales, económicos y de grupos al margen de la ley.
Recordemos la
Verdad Histórica planeada desde el gobierno federal para evadir la justicia y
ocultar la verdad de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas
de Iguala y los seis asesinatos, incluyendo la tortura en contra de uno de
ellos. Y cuando hay litigio estratégico como en el caso del asesinato de 22
personas, entre ellos menores de edad en la comunidad de Tlatlaya en el Estado
de México, las instituciones judiciales, se someten al poder del Ejército para
evitar la aplicación de la justicia.
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Ley bala
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Ataques a la paz pública
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Ley Atenco
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Gobernantes con clara tendencia
autoritaria.
Intentar limitar derechos políticos
de la ciudadanía.
Se suma la complicidad de Partidos
políticos y Comisiones de Derechos Humanos.
Busca someter la inconformidad y
expresión social de hartazgo contra la clase política, la impunidad y la
desigualdad.
Contraviene los Tratados firmados y
la Carta Magna.
Modifica la agenda y provoca el
desgaste de las organizaciones sociales y políticas, porque en varios casos,
se pospone la lucha de sus demandas sectoriales.
Tienen sucesos sangrientos,
pérdidas humanas, abuso de autoridad e impunidad que marca la percepción ¡ciudadana
de dichas normas jurídicas.
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Tabla comparativa
de las legislaciones contra la resistencia popular.
LEYES CONTRA SECTORES ORGANIZADOS.
La Ley que Regula
el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México surge manchada de sangre,
porque en Atenco, pobladores y militantes del Frente de Pueblos en Defensa de
la Tierra (FDPT) ejercieron la resistencia pacífica, y la autodefensa ante los
ataques de la fuerza federal en clara colusión con los medios de comunicación.
En ese espacio de tierra, se cristalizó una experiencia social: las personas,
los pueblos y las organizaciones resisten a pesar de los excesos del poder.
En el contexto de
las reformas estructurales, en el Estado de México, confluyen personas, pueblos
y organizaciones sectoriales que han construido proyectos valiosos de
resistencia y alternativos a cada imposición gubernamental. Entre otros, se
encunetran los movimientos contra los megaproyectos como el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y la carretera del Grupo Higa en
Xochicuatla y Coyotepec; así como la oposición a la privatización del agua en
Tecámac y por supuesto, el magisterio democrático que extiende su influencia y
campo de acción.
A los gobernantes
les preocupa su unidad, la experiencia compartida, la esperanza de un mejor
futuro, pero sobre todo, la decisión de mantener la resistencia.
REPRIMIR INCONFORMIDADES, NO RESOLVER NECESIDADES.
¿Por qué no
condicionar el uso de la fuerza a un proceso de diálogo e intermediación con
las autoridades y manifestantes para evitar el uso de la fuerza? ¿Por qué no
obligar a las autoridades a resolver antes que reprimir?
Esta ley viola
Tratados internacionales y la Carta Magna, entre otros los que destacan: el principio
de legalidad, porque antepone lavoluntad y criterio de las
personas al ejercicio de un Estado de Derecho y el de presunción de
inocencia porque nadie puede ser sancionado sin un juicio previo.
El interés no es
resolver demandas, dialogar y negociar. El fin, es imponer sus reformas
estructurales y mantener sus privilegios, y aplicar, el uso de la fuerza para
los opositores.
Con el uso de
fuerza, se busca someter la inconformidad, la resistencia a las reformas
estructurales, la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y
la organización popular.
