De
la revista: El Insurgente
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LA LEY GENERAL DE DESAPARICIÓN FORZADA NO HACE
MÁS QUE PROBAR LA EXISTENCIA DEL COMETIDO DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD COMO
POLÍTICA DE ESTADO
EDITORIAL
A pesar que la junta administrativa en turno coligada con
el poder de los monopolios en franca actitud oportunista aprovecha con dolo las
consecuencias de los sismos recientes para tratar de legitimarse, la realidad
muestra una vez más que el régimen sigue hundido en crisis, son múltiples las
formas concretas de su expresión y magnitud, no hay hecho de la condición
socioeconómica y política que no ilustre esta condición.
Muestra concreta es el
incremento de la violencia institucional contra el pueblo; mayor deterioro de
las condiciones materiales de existencia de los trabajadores del campo y la
ciudad; mayor subordinación y dependencia al imperialismo norteamericano; la
expresión vulgar y su descomposición de la democracia burguesa en la
candidatura independiente; y, la crítica política de las masas al régimen.
El
terrorismo de Estado sigue cobrando víctimas. Las ejecuciones extrajudiciales y
la desaparición forzada contra el sujeto político que cuestiona al régimen,
luchadores sociales, proletarios y campesinos pobres siguen en aumento en todo
el país, la saña y descaro con las que se perpetran son propias de prácticas
fascistas emanadas de un Estado policíaco-militar e impunidad que les brinda el
estado de derecho oligárquico a los perpetradores, condición que expresa la
putrefacción de un régimen antipopular.
En este contexto la aprobación de la
Ley General de Desaparición Forzada no hace más que probar la existencia del
cometido de crímenes de lesa humanidad como política de Estado, en particular
la desaparición forzada; y por su contenido de la Ley constituye una muestra
más de la tiranía de la junta administrativa para justificar su responsabilidad
en los cometidos de los crímenes de lesa humanidad.
El espiral inflacionario
producto de las prácticas monopólicas, la política económica y el lucro con la
miseria por parte del Estado conducen a las masas populares a una vida
paupérrima reflejada en el incremento de la pobreza, condición que la junta administrativa
se esfuerza por ocultar con la manipulación de estadísticas y la demagogia,
contradicción que revela la existencia de una junta administrativa que niega de
manera absurda la existencia de la crisis para ocultar uno de los rasgos de su
condición antipopular.
La actitud servil, vasalla y entreguista de la junta
administrativa más la actitud tirana de los representantes del imperialismo
sujeta al país a una renegociación del TLC que trae como producto mayor
funcionalidad y dependencia al imperialismo, aspecto que tiende a desembocar a
la sujeción con beneplácito al neocolonialismo imperialista. Política de Estado
con la que se conduce una junta administrativa antipopular quien se postra ante
el amo imperialista para salvaguardar sus mezquinos intereses.
La magnitud de
la crisis política y putrefacción de la democracia burguesa lo expresa con
claridad la candidatura independiente. Instrumento y trampa de la democracia
burguesa que pretende legitimar al régimen y mediatizar la voluntad popular de
combatir, constituye un mecanismo para oxigenar al régimen y perpetuar al
sistema capitalista. Así lo muestra los cuarenta aspirantes a candidatura
independiente aceptados por los mecanismos de la democracia burguesa, que en su
mayoría son políticos de oficio corruptos, corroídos por el poder burgués y
fervientes personeros del régimen.
Ante la crisis del régimen donde las
contradicciones antagónicas se vuelcan cada vez más violentas, es imposible una
trasformación radical del sistema sin violencia organizada de las masas y con
métodos pacifistas. La crisis del régimen debe ser resuelta con la antítesis
del imperialismo: la guerra popular.
FUENTE: CEDEMA
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