28 de marzo de 2018

EJECUTAN A TESORERA DE MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO


COMUNICADO URGENTE DEL MULT (27 de marzo de 2018)

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS
AL PUEBLO DE MÉXICO
AL PUEBLO DE OAXACA

Una vez más las balas asesinas enlutan a nuestra familia, la consternación y el dolor nos agobia frente a tanta impunidad, tanta indolencia e indiferencia, una mujer profesionista siempre dedicada a su trabajo y a su gente, militante de nuestra organización, la Lic. Janeth González López de 34 años fue arteramente asesinada el día de ayer frente a su casa, enfrente de su pequeño hijo en la Unidad Habitacional Poctlán, Putla Villa de Guerrero Oaxaca aproximadamente a las 19 hrs, por sicarios que se fueron por rumbo desconocido.

Como organización hemos venido denunciando estos hechos desde hace varios años, en contra de nuestros compañeros, y hemos estado exigiendo enérgicamente el esclarecimiento de cada uno de estos asesinatos y la autoridad no ha actuado con celeridad para detener a los responsables materiales e intelectuales. No queremos que más compañeros pasen a formar parte de las estadísticas de los asesinatos que suceden todos los días en el territorio nacional como si fuera normal, no aceptamos vivir en un clima de terror constante, exigimos que el Estado Mexicano cumpla su papel. Decimos ¡¡¡ya basta!!!


El MULT desde hace más de 37 años se ha dedicado a buscar el desarrollo para las comunidades marginadas en Oaxaca y se ha empeñado en construir organización desde abajo y a la izquierda, y en consecuencia posiblemente ha afectado poderosos intereses, que no ven con buenos ojos nuestro trabajo, no podemos cambiar nuestros principios para darle gusto a los que lucran con el dolor del pueblo, nosotros defendemos la vida, y en esa ruta caminamos por varias décadas, porque nos debemos al pueblo pobre y trabajador, seguiremos caminando de cerca con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo.


En esta hora de gran dolor para nuestros compañeros nos preguntamos ¿Cuál estado de derecho, cual respeto a los derechos humanos, dónde está la justicia, quien la merece y quien no, en Oaxaca, señor gobernador?


Como padre de familia póngase en el lugar de nuestros compañeros que han sufrido la pérdida de un familiar, póngase en el lugar de miles de padres de familia que hoy sufren la inseguridad en su comunidad, en su municipio, en su colonia, ¿qué hace la autoridad para frenar la violencia y la inseguridad?, como ciudadanos queremos saber señor gobernador, ¿Le importa la vida de los oaxaqueños?


Por todo lo anterior, nos reservamos el derecho a movilizarnos desde diferentes puntos de Oaxaca para exigir el total esclarecimiento de la cobarde ejecución de nuestra Compañera Janeth González López, no podemos permitir que haya más feminicidios en nuestro estado, que más mujeres mueran, exigimos enérgicamente justicia pronta y expedita.


A nuestros compañeros de diferentes regiones los conminamos a que estén atentos de los llamados de nuestra dirección política para una acción urgente.


A los compañeros del Movimiento social de Oaxaca y de nuestro país les pedimos de manera fraterna a que emitan pronunciamientos y condenas enérgicas para el esclarecimiento del asesinato de nuestra compañera.


Y finalmente, enviamos nuestro sentido pésame a los familiares de nuestra compañera y les decimos que no nos cansaremos de exigir castigo contra los asesinos.

¡¡¡EXIGIMOS EJEMPLAR CASTIGO CONTRA LOS AUTORES MATERIALES E INTELECTUALES DEL ARTERO CRIMEN CONTRA NUESTRA COMPAÑERA!!!

¡¡¡EXIGIMOS AL ESTADO MEXICANO EL ESCLARECIMIENTO DE TODOS LOS CRIMENES CONTRA NUESTRA ORGANIZACIÓN!!!

FRATERNALMENTE

“Por la lucha y la liberación de los pueblos”
MOVIMIENTO DE UNIFICACIÓN Y LUCHA TRIQUI
(MULT)

Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 27 de marzo de 2018


OSCUROS CONTRATOS EN EL AEROPUERTO UNIFICAN A LA CLASE POLÍTICA Y EMPRESARIAL

Duermen juntos

Pedro Echeverría V.
1. Escribe Pedro Miguel señalando una gran verdad: “Por muy peleados que se presenten los candidatos del régimen, Meade (PRI) y Anaya (PAN), están dispuestos a deponer sus diferencias cuando se trata de defender con uñas y dientes la piedra de toque de la corrupción sexenal y que hay muchos empresarios honestos a los que les interesa esclarecer las cuentas oscuras del nuevo aeropuerto, y que hay otros, directa e indirectamente beneficiados, que se resisten a perder semejante oportunidad de negocio”.
2. Ya lo explicaban los seguidores de Marx: Cuando las luchas de los trabajadores están débiles la burguesía aprovecha para arreglar sus diferencias, pelea entre ella por la división del botín; pero cuando el proletariado se unifica y reclama, la burguesía se reunifica para defender con todo lo que puede el sistema de explotación. Es lo mismo cuando se dice que “los partidos burgueses pelean de día, aparentemente; por la noche duermen en la misma cama”. Sucede en México y en todo el mundo.
3. Meade, Anaya y Zavala han salido en defensa obligada del Nuevo aeropuerto sobre el Lago de Texcoco ante un López Obrador –al parecer imparable- que lo único que ha pedido es parar la construcción, los contratos y las inversiones, de eso obra multimillonaria que tiene que revisarse; sobre todo porque con el costo de 250 mil millones busca paralizar y terminar de hipotecar al país en beneficio de los grandes inversionistas. ¿Qué propone AMLO?, construir en terreno firme con un costo de 50 mil millones, la quinta parte.
4. Desde el gobierno de Fox, después de la salvaje represión y encarcelamiento de los campesinos de Atenco, ya AMLO manifestó su oposición a la construcción de un aeropuerto en Texcoco; hace más de dos años AMLO ha expuesto y explicado con detalle por qué se opone, pero los gobiernos –particularmente los del Estado de México, han permanecido tercos por los negocios multimillonarios que están a su alrededor. Por ello mucha gente exige que se abran los contratos para ver quién están tras los negocios.
5. Por ello los grandes inversionistas, sobre todo los ligados con los partidos: PRI, PAN, PRD, “Independientes”, han comenzado a desesperarse. Después de la magnífica exposición de AMLO ante seis periodistas aglutinados por el periódico Milenio para “abatanarlo”, pareciera que la consigna es detenerlo armándole mil un brocas, pero creo que ya no podrán y eso desespera a la clase política. La realidad es que AMLO debería llamar a una concentración fuerte y combativa para frenar la bufalada que se prepara contra él. (27/III/18)

Soy, escritor, periodista, anarquista, libre, revolucionario, hijo, padre, persistente, profesor, rebelde, generoso, amable, jodido, serio, solitario, desmadroso, enloquecido, desesperado, viajero, pesimista, inseguro, ateo, antipatriota, amigo de homosexuales, lesbianas, drogadictos, desquiciados y locos;en realidad soy tantas cosas...

LA CORRUPCIÓN Y EL PROCESO ELECTORAL



¡Por nuestros camaradas proletarios! ¡Resueltos a vencer! El insurgente ¡Con la guerra popular! 
¡El EPR triunfará! 
Año 22 Nº 183 Marzo de 2018 Pág. 17

La corrupción que se vive en el país es más evidente en la actual coyuntura electoral por el grado de las contradicciones interburguesas que toman forma en las contradicciones interpartidistas, a la fecha todos los candidatos se sacan los trapitos al sol y se pisan la cola que los identifica como hijos del sistema. La democracia burguesa es sostenida por grandes sumas monetarias que gastan los partidos políticos electorales y las instituciones encargadas de velar todo el comportamiento y funcionamiento de la burocracia electoral, instituciones y hombres que objetivan la dictadura del capital. 

Todos los personeros que representan a cada partido político burgués se gastan millones de pesos en la compra de votos y en el engaño a las masas trabajadoras despolitizadas con las migajas del pastel que ellos devoran; mientras engañan al pueblo con supuestos apoyos ellos se llevan millones de pesos para sus cuentas personales, familiares y de grupo, es el caso de Josefina Vázquez Mota, Ricardo Anaya, Alejandra Barrales, Rosario Robles, José Antonio Meade y un sinfín de politicastros cortados por la misma tijera. Dicen los candidatos a la presidencia de la República acabar con la corrupción ¿Cómo van a erradicarla si los corruptos y mafiosos son ellos que gozan de los frutos del lavado de dinero? 

La actual junta administrativa está compuesta en su generalidad por políticos de oficio corruptos, que bailan al son de la corrupción, todos al mismo paso que marca el interés oligarca. El caso más sonado en estos momentos es el de Ricardo Anaya, que lo desnuda de cuerpo entero como el político burgués; queda al descubierto el entramado de las corruptelas que hay detrás de todo político “exitoso”; su fortuna tiene una explicación muy sencilla, es producto del fraude legal, el despojo y la especulación al amparo del estado de derecho oligárquico. 

La compraventa de la nave industrial del señor Anaya ejemplifica las formas burguesas de existencia y de hacer política, esta operación mercantil ilustra los mecanismos de la especulación que el señor Diego Fernández de Cevallos defiende a capa y espada. Una práctica generalizada en todos los políticos de oficio que aspiran seguir escalando en los peldaños de la burguesía al amparo de las leyes que ellos mismos modifican. 

Priistas y experredistas no se quedan atrás, el caso Meade-Robles expuesto en la triangulación fraudulenta en la SEDESOL y SEDATU por un monto de más de 400 millones de pesos nos indica las formas burguesas de hacer política y el enriquecimiento a partir del saqueo del erario público. Tráfico de influencias, desvío de fondos, trapos sucios expuestos al público de cuanta triquiñuela se conocen entre ellos son “denunciados” uno tras otro en el actual proceso electoral, lo que nos habla del grado de descomposición de la democracia burguesa. 

El ladrón grita ¡agarren al ladrón!, el corrupto amenaza con ¡cárcel a los corruptos! Se abren carpetas de investigación en las diversas instituciones burguesas que simulan castigo y lucha contra la corrupción, es parte de la cortina de humo y maniobra mediática para distraer la atención de la esencia del problema; la corrupción es inherente al sistema capitalista, por lo tanto, toda maniobra o artilugio leguleyo para “castigarla” es un sofisma. 

Restan cuatro meses de la coyuntura burguesa, ¿qué podemos esperar? Tiempo que el tendedero se hará aún más largo, olores fétidos de todo tipo emanarán de los trapos sucios que unos y otros políticos de oficio colgarán. Lo que es seguro es que las fortunas mal habidas seguirán intactas y una vez pasada la coyuntura, unos y otros se procurarán impunidad. Nada podemos esperar de la democracia burguesa más que putrefacción, en estas condiciones entrar al circo electoral es sumirse en la fosa de las miasmas del sistema, por eso las candidaturas independientes es una falsa esperanza y nadan en el mismo vertedero.

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¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES Y LA DE SU ANTECESOR JAVIER DUARTE DE OCHOA?




Viernes 23 de marzo de 2018, por  Ciudad de México , popularidad : 31%

El cometido de crímenes de lesa humanidad, la impunidad y la corrupción son política del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, quien a casi dos años de su administración la violencia institucional y el terrorismo de Estado incrementaron de manera exponencial; los crímenes de Estado y de lesa humanidad que cometió su antecesor Javier Duarte de Ochoa en seis años, él en menos de dos años de gobierno lo superó.
Político de oficio, con un historial sombrío en su carrera política, llegó al gobierno del estado de Veracruz a través de la alianza PAN-PRD, con el compromiso de recuperar la “seguridad para los veracruzanos en seis meses”, crear una policía una estatal capacitada y sometida permanentemente a exámenes de confianza, así como solicitar mayor presencia y coordinación de las Fuerzas Armadas, la Policía Federal y Gendarmería Nacional.
Entre sus discursos sobresalió uno con mayor ahínco “habrá mano dura contra los delincuentes, los trataré como lo que son: enemigos de los veracruzanos. Se vigilará a los delincuentes y no a los ciudadanos”. Perorata que mostró la política a seguir durante su administración, la cual, no se diferencia en nada a la ejecutada por el gobierno federal de Enrique Peña Nieto.
El argumento gubernamental de combatir “al narcotráfico y la delincuencia organizada” es infundado, discurso encubierto que pretende justificar los más aberrantes crímenes contra la humanidad; las víctimas son gente trabajadora, principalmente jóvenes, que su único delito fue pasar por el “lugar equivocado” para ser tachados como “delincuentes” o “criminales” de tal o cual supuesta banda delictiva y así justificar la forma de operar de los diferentes cuerpos policíacos.
Ejemplos hay muchos en todo el territorio nacional, pero uno ilustrativo es la reciente ejecución extrajudicial de las jóvenes adolescentes de 14 y 16 años de edad, Nefertiti y Grecia Camacho Martínez en el municipio de Río Blanco, Veracruz por policías estatales, quienes a quemarropa les dispararon por el simple hecho de verlas “sospechosas”. Los elementos policíacos no conformes con haber perpetrado el crimen, manipularon la escena del delito para aparentar un supuesto enfrentamiento.
Lo más deleznable son las declaraciones de Miguel Ángel Yunes linares y del fiscal Jorge Winckler, al señalar que las jovencitas “pertenecían a una banda delictiva, tenían tatuajes abandonaron la escuela y tenían modos no normales”, estas expresiones reflejan el odio de clase contra el proletariado, no les importa si es hombre, mujer o menor de edad, sólo cumplen con los designios burgueses.
Los argumentos de estos políticos de oficio rayan en lo absurdo, es ilógico lo que expresan con tal de justificar el actuar de los cuerpos policíacos, en esencia lo que develan es la revictimización y criminalización de las víctimas; por un lado, las señalan como “delincuentes” para tratar de explicar el hecho, la policía les dispara a quemarropa y las culpa por no ser “gente bien”, es decir, según su lógica merecían ese trato; por el otro, al ser parte de familia proletaria se “sospecha” que estén en malos pasos. Estás alocuciones expresan las prácticas fascistas con las que se conducen los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, en todas las estructuras institucionales permea esta política de gobierno.
El objetivo es tener un mayor control de la población a través del terrorismo de Estado en los lugares con mayor cantidad de recursos naturales, de los corredores industriales y puertos marítimos para garantizar el flujo y traslado de las mercancías por las transnacionales; por ejemplo, el municipio de Río Blanco está situado en el corredor industrial Córdoba Orizaba, que recorre desde Ciudad Mendoza hasta Coatzacoalcos, este lugar también es conocido como la ruta de la muerte, según fuentes periodísticas, por tener el mayor índice de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y el hallazgo de fosas clandestinas.
Yunes objetiva su compromiso a inicio de su administración, para él los delincuentes, según su lógica, son la juventud proletaria, los trabajadores, profesionistas, periodistas, luchadores sociales o activistas políticos; éste es el enemigo a combatir, al que hay que considerar enemigos de los veracruzanos, pero ¿quiénes son veracruzanos para él? Los dueños del capital, el grupo político económico que lo situó en esta administración.
¿Qué diferencia hay entre la administración de Miguel Ángel Yunes Linares y la de su antecesor Javier Duarte de Ochoa? Ninguna, ambos imponen las políticas neoliberales a través del terrorismo de Estado; lo que devela que independientemente del partido político burgués que representen todos se conducen con las mismas formas burguesas de hacer política, nadie escapa a éstas.
La impunidad es política de gobierno, los policías detenidos por cometer desapariciones forzadas son la parte desechable de las estructuras institucionales, no se ha visto que detengan a un integrante de las fuerzas armadas o aun alto mando de la Policía Federal o Gendarmería Nacional, no existe castigo alguno para ellos, al contrario, tanto el gobierno federal como estatal les garantizan inmunidad para que a diestra y siniestra cometan desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Por tanto, la mayor coordinación entre el gobierno de Veracruz y las Fuerzas Armadas es para tener un mayor control de las masas trabajadoras e imponer a través del terrorismo un Estado policíaco militar.
El gobierno de Miguel Ángel Yunes se manifiesta tal cual es: profascista, antipopular, represivo y corrupto; político de oficio, fiel representante de la burguesía que puede disfrazarse de priista, panista o perredista, no importa de qué color con tal de obtener sus prebendas y cotos de poder.
El pueblo de Veracruz vive en un ambiente de incertidumbre, con miles de desapariciones forzadas, miles de ejecuciones extrajudiciales, cientos de fosas clandestinas y las amenazas constantes de ser una víctima más del terrorismo de Estado; pareciera que no tiene sentido vivir ahí donde la vida siembra la muerte, donde el anhelo de tener una vida digna se detiene ante esta política aberrante.
Aunque el contexto político y económico en el país sea de muerte y desolación es donde más debe brotar la combatividad para denunciar a cada uno de los responsables materiales e intelectuales de estos aberrantes crímenes; cada víctima es un hermano de clase que no debemos olvidar ni esperar a que el terrorismo de Estado toque la puerta de nuestros hogares.
Hagamos de cada víctima del terrorismo de Estado una bandera de lucha, de la indignación acciones políticas de masas para desenmascarar a los políticos de oficio, represores y corruptos que con sus acciones criminales pretenden mantener bajo el yugo del opresor y explotador al pueblo trabajador.
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

LEY DE SEGURIDAD INTERIOR, INSTITUCIONALIZACIÓN DEL ESTADO POLICÍACO MILITAR


¡Por nuestros camaradas proletarios! ¡Resueltos a vencer! 
EL INSURGENTE, ÓRGANO DE ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DEL PDPR-EPR

AÑO 22 | Nº 183    MARZO DE 2018

La Ley de Seguridad Interior (LSI) aprobada con la participación de las principales fuerzas políticas electorales del país en el Congreso de la Unión, publicada en el diario oficial de la federación el 21 de diciembre de 2017, significa la legalización del Estado policíaco militar como política de gobierno, así como la institucionalización de las medidas e instrumentos políticos profascistas como alternativa para el régimen en caso de inminente riesgo.

Así quedó establecido desde la propia ley, mostró con ello su naturaleza y objetivo; lo que constituye una confesión del régimen sobre cuál es su principal preocupación en el actual contexto de crisis económica mundial y crisis política del Estado mexicano exacerbada en la presente coyuntura electoral. De fondo es la preocupación de clase la que subyace en esta ley: Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés general y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. …Tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior… Desde el principio queda definido y delimitado el “problema” a combatir, el interés que hay que preservar y la premisa política fundamental sobre la que descansa el régimen actualmente, la seguridad interior; sin la cual no podría sostenerse. Y ¿Qué entiende por seguridad interior el régimen? Artículo 2. 

La Seguridad Interior es la condición que proporciona el Estado mexicano Lo que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines… frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente Ley.

Lo fundamental de la LSI es preservar el estatus quo del régimen, de lo que se desprende su naturaleza profascista; centra su objetivo principal en salvaguardar las instituciones y democracia burguesas como premisa para mantener a como dé lugar la dictadura de clase, por los medios que demande la necesidad ya sea coyuntural o de etapa.

Lo que se presenta como gobernabilidad en realidad es la dictadura burguesa. En ésta se presenta a un enemigo interno bajo la difusa figura de riesgos y amenazas a la seguridad nacional, donde los supuestos que definen los criterios y procedimientos de lo que es riesgo y amenaza son como toda definición en la LSI, ambiguos y abiertos al criterio y decisión de quien la ejecuta: el presidente de la República y finalmente un comandante de las Fuerzas Armadas. Cualquier circunstancia considerada de riesgo y amenaza pasa a ser tratado como enemigo interno, de seguridad nacional.

Esta ambigüedad se debe a un solo hecho, es propositiva y va más allá de las pugnas interburguesas que marca la propia coyuntura de su aprobación, como algunos lo han señalado. Es la condición de principio que permite situar en cualquier momento y espacio al enemigo de clase, ya sea en una entidad federativa o en regiones completas del país, focalizándolo u ubicándolo de manera imprecisa en toda la geografía nacional: “La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrá determinar la realización simultánea de Acciones de Seguridad Interior en diversas áreas geográficas del país, cuando por la naturaleza y características de la amenaza o de los agentes que participan en su comisión, no sea materialmente posible circunscribir sus causas, manifestaciones o resultados a una entidad o área específica.” Estamos frente a una ley de clase en su más amplio sentido, donde el riesgo y amenaza es el enemigo de clase al que hay que combatir, es decir, el pueblo explotado y oprimido que se encuentra en condiciones paupérrimas en todo el país. He ahí la intencionalidad en dicha ley de los principales personeros del régimen que la hicieron posible.

En realidad, de fondo no hay nada de ambiguo, sólo quien no ve el fenómeno desde la perspectiva de la lucha de clases y de la teoría de la guerra puede pensar que se trata de una ley fincada en motivaciones personales y de coyuntura; las motivaciones son claramente de clase, de guerra contra el pueblo. Constituye la preparación del terreno legal para una ofensiva policíaco militar contra toda posibilidad de insurrección del pueblo, tiene destinatario y por ello también su instrumento ejecutor, las Fuerzas Armadas.

La posibilidad de la imposición de una junta militar en el momento que la oligarquía lo considere necesario ha quedado sellada. Con la figura integración de grupos interinstitucionales las acciones y protocolos de seguridad interior quien las definirá en los hechos, dirigirá y coordinará es un comandante de las fuerzas armadas: “El Presidente de la República, a propuesta de los Secretarios de la Defensa Nacional y Marina, designará a un Comandante de las Fuerzas Armadas participantes, quien dirigirá los grupos interinstitucionales que se integren”.

La subordinación de lo civil hacia lo militar es una constante que caracteriza a toda la ley. “El Comandante designado… elaborará el protocolo de actuación para establecer responsabilidades, canales de comunicación y coordinación de las autoridades militares y civiles participantes”.

A las Fuerzas Armadas se le eleva al nivel de autoridad con facultades equiparables a las del ejecutivo federal en cuanto a la aplicación de las acciones de seguridad interior: Artículo 26. Las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus competencias de acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables, llevarán a cabo las Acciones de Seguridad Interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos en aquellas zonas o áreas geográficas del país, vías generales de comunicación e instalaciones estratégicas que lo requieran, así como para garantizar el cumplimiento del Programa de Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos.

En los hechos significa discrecionalidad para las fuerzas armadas en la ejecución de retenes, cateos de personas y autos, allanamientos de viviendas, detenciones arbitrarias; en suma, el cometido de múltiples crímenes de Estado, incluidos la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada, todo cubierto con la impunidad en tanto que estas acciones tendrán el carácter de seguridad nacional, por lo tanto, no serán de escrutinio público. Es la carta abierta para la imposición de un estado de excepción cuando así lo considere tanto el Ejecutivo federal como las Fuerzas Armadas, cuando intereses estratégicos de la oligarquía se encuentren en riesgo.

La posibilidad de un golpe de Estado militar se ha legalizado con esta ley. Lo que significa que si a juicio de la oligarquía, las contradicciones de clase acentuadas en la crisis económica y política no tienen salida institucional, desde la democracia burguesa, tienen a su disposición la salida policíaco militar o fascista.

De esa magnitud está la contradicción fundamental del régimen capitalista en México, materializada en la precariedad de la vida del pueblo, en la inmundicia de su condición de explotado y oprimido; porque no se le puede llamar de otra forma a la miseria y degradación humana que genera de forma sistemática sobre el pueblo. Su aprobación se da frente a la oposición de organismos de derechos humanos no gubernamentales entre ellas varias recomendaciones de carácter internacional, incluida la ONU, en medio del cuestionamiento y repudio, por su carácter represivo y violatorio de los derechos humanos fundamentales.

A las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes perpetrados por el Estado, ahora se les da respaldo legal, de la misma manera a la cúpula castrense se le garantiza impunidad institucionalizada en la ejecución del terrorismo de Estado, libertad operativa en el campo de acción y prerrogativas de todo tipo. Todo ha quedado bajo el criterio del presidente y las fuerzas armadas, el mecanismo para declarar el estado de excepción empieza con “la declaratoria de protección a la seguridad interior que corre a cargo del ejecutivo federal o a petición de las Legislaturas de las entidades federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas.” Una vez emitida esta declaratoria se implementarán las acciones de seguridad nacional que se definen como: “Aquellas que realizan las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, orientadas a identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos y amenazas a la seguridad interior”. Donde riesgo a la seguridad nacional es: “Situación que potencialmente puede convertirse en una Amenaza a la Seguridad Interior”.

Con esto queda claro una cosa, el carácter represor y criminal del Estado mexicano se refleja en todo su marco legal, específicamente en las leyes relativas al uso del aparato represor y la ejecución del Estado policíaco militar; ahí encontramos su esencia. Si el terrorismo de Estado se desplegaba en la impunidad para sus perpetradores materiales, los cuerpos policíaco militares, ahora su ejecución forma parte institucional del régimen, reconocido legalmente por su estado de derecho. En México se ejecutará legalmente el terrorismo de Estado.

En esto también la ley es clara: “En ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública.” Lo que significa que la amenaza o el riesgo de seguridad interior no será tratado bajo los protocolos de seguridad pública, una condición de principio para el respeto de los derechos humanos, según el propio marco legal burgués; de tal forma que el riesgo o amenaza será tratado con letalidad máxima, fuera de todo protocolo convencional y racionalidad, por más que se diga que se respetarán los derechos humanos.

Lo que el régimen define como uso legítimo de la fuerza, tratando de legitimar la violencia de clase, la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las Fuerzas Federales y, en su caso, las Fuerzas Armadas, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución, para el pueblo ha significado represión y terrorismo de Estado.

En cada acto represivo y criminal que se ejecuta contra el pueblo, tanto en el nivel federal como local, siempre se dice desde las instituciones gubernamentales y sus personeros que se usó la fuerza pública apegado a los protocolos, lo que significa que las ejecuciones extrajudiciales, violación sistemática de los derechos humanos, tortura y todas las prácticas criminales que se ejecutan cuando se trata de reprimir al pueblo son parte del protocolo. Algunos ejemplos: Nochixtlán, Oaxaca; y Arantepakua, Michoacán.

En todos los casos el uso de los cuerpos represivos, ya sea las policías, ejército o marina, han sido “cumpliendo los protocolos” según los titulares de estos cuerpos policíaco militares y la junta administrativa, federal y local según sea el caso. Está claro que semejantes protocolos y su uso tiene por objetivo quebrantar la voluntad de combatir del pueblo e imponer un escarmiento a todo aquel que se atreva a oponerse al orden burgués.

No se puede entender de otra manera las declaraciones en este sentido en los diferentes operativos policíaco militares en que resultan abatidos con saña los supuestos criminales, donde no tienen ninguna oportunidad de proporcionalidad porque por parte de los cuerpos castrenses, artillería aérea frente a fusiles de los abatidos; los asesinados en desalojos, fuerzas policíacas armadas y pertrechadas con armamento de alta tecnología frente al pueblo inconforme con piedras y palos. Si todo este baño de sangre se ejecutaba y sólo bastaba decir “se cumplió con los protocolos” y diluir los crímenes de Estado, ahora con la Ley de Seguridad Interior no será necesario “cumplir con los protocolos”, basta con que el objetivo a abatir se considere riesgo y amenaza a la seguridad interior, algo que se define desde el criterio de clase según las necesidades de la oligarquía, tanto en tiempo y forma. Para eso fue creada la Ley de Seguridad Interior.
Los mecanismos para su ejecución empiezan por la declaratoria del ejecutivo federal a petición de las juntas administrativas locales, o de plano por decisión del presidente de la República o las Fuerzas Armadas: Artículo 16. En aquellos casos en que las Amenazas a la Seguridad Interior representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, el Presidente de la República de acuerdo a sus facultades podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas. Finalmente, todo se justifica bajo la figura incriminatoria de “grave peligro” para implementar en lo inmediato las acciones del estado de excepción. En conjunto esta ley representa una posibilidad más de salida para la crisis política del régimen; por un lado, la de continuidad; la liberal burguesa y ahora una tercera, la policíaco militar y fascista. 

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EL INSURGENTE, ÓRGANO DE ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DEL PDPR-EPR


INSEGURIDAD INCONTENIBLE EN CÓRDOBA; ASALTAN PANADERÍA COVADONGA, MIENTRAS ALCALDESA COBRA MÁS QUE EL GOBERNADOR Y SUS ANTECESORES



Gobernantes
Aunque no los devenga, a juzgar por los resultados de su administración en materia de seguridad pública, la alcaldesa de Córdoba gana mensualmente 119 mil 623 pesos con 64 centavos, lo que significa que percibe 16 mil 591 pesos con 46 centavos más que el gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, cuyo sueldo mensual bruto es de 103 mil 032 pesos con 18 centavos. De acuerdo con cifras reveladas por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del gobierno del estado, López Landero recibe un salario bruto quincenal de 59 mil 811 pesos con 82 centavos, lo que significa, también, un incremento de 4 mil 520 pesos con 30 centavos con relación a lo que percibía su antecesor Tomás Ríos Bernal, quien ganaba 55 mil 291 pesos con 52 centavos a la quincena. 
En ese sentido, de acuerdo al portal de transparencia del Gobierno estatal, la remuneración mensual neta de Yunes Linares es de 76 mil 034 pesos con 24 centavos, mientras que la alcaldesa de Córdoba recibe 85 mil 480 pesos con 58 centavos, es decir, 9 mil 446 pesos más, libres de polvo y paja. Según un comparativo de El Mundo de Córdoba, con base en las nóminas de los ex alcaldes de esa ciudad, López Landero gana más que el ex alcalde Tomás Ríos Bernal, su correligionario panista, quien al inicio de su mandato, en la primera quincena de marzo del 2014, entró ganando 3 mil 683 pesos con 10 centavos como percepción diaria mientras que la actual alcaldesa gana 3 mil 987 pesos con 45 centavos cada día. 
De igual forma, López Landero, quien el pasado 15 de febrero dijo desconocer su sueldo y justificó que "no vive del erario", percibe 7 mil 347 pesos más que su también antecesor de filiación priista, Guillermo Rivas López, quien en la primera quincena de diciembre del 2013, 15 días antes de concluir su mandato, percibía un salario neto mensual de 78 mil 133 pesos con 22 centavos. Mientras tanto, al mediodía de este martes se reportó un asalto a la panadería Covadonga, ubicada en Avenida 5, esquina calle 14, en la colonia San José, "La Covadonga". 
Los pobladores denuncian que la delincuencia está incontrolable y la ciudad se encuentra en manos del hampa, por lo que piden a las autoridades que no los dejen solos. Apenas la tarde de ayer un joven comerciante de 19 años fue ejecutado a balazos en el interior del mercado Revolución, y el domingo pasado dos hombres más fueron ultimados por arma de fuego, uno en el interior de un automóvil Volkswagen Beetle, entre la avenida 11 y calle 43, en la colonia Lázaro Cárdenas, y el otro, un joven de 25 años de edad poco antes de las 2:00 de la madrugada, entre la avenida 14 y calle 20, en la colonia Los Filtros. Lo anterior, a pesar de que apenas la semana pasada la alcaldesa dio el banderazo de arranque del operativo de seguridad de Semana Santa.

RUPTURA EN EL RÉGIMEN


Para nadie es un secreto que entre los grupos políticos del régimen y la delincuencia organizada existen vínculos extraoficiales en los que resulta difícil discernir quién está al servicio de quién o cuál de las partes vende protección a la otra.
Por Pedro Miguel| La Jornada
Los elementos de juicio disponibles indican que hay una pieza rota en el mecanismo de coordinación entre las distintas facciones políticas del régimen oligárquico. El conflicto en curso entre ellas ha alcanzado una virulencia sin precedente, particularmente por la manera mañosa con que la PGR ha venido manejando las acusaciones por lavado de dinero en contra de Ricardo Anaya y por las demagógicas declaraciones de éste, que reviró poniendo la mira sobre una presa fácil: Enrique Peña Nieto, sujeto del justificado rencor de millones de mexicanos y a quien muchos celebrarían ver sujeto a proceso por alguna o varias de las numerosas tropelías perpetradas durante su administración. Semejante respuesta podría granjear al panista algunas simpatías adicionales entre quienes no conocen su trayectoria de íntima colaboración –que podría ser calificada de complicidad– con el peñato, las reformas estructurales y la gigantesca corrupción de este sexenio y el anterior, pero al mismo tiempo puede incrementar la virulencia gubernamental en su contra y exacerbar el resentimiento del calderonismo, agraviado por la manera en la que el panismo controlado por Anaya cerró todas las puertas a una eventual candidatura presidencial de Margarita Zavala.
El pleito sería digno de chunga y hasta de celebración si los bandos involucrados se caracterizaran por el respeto al marco legal, por su capacidad de dirimir sus diferencias en forma estrictamente institucional y por su disposición a permitir que la última palabra fuera dictada por el veredicto de las urnas. Pero no es así. El priísmo tiene una marcada vocación por el quebrantamiento de las leyes para reprimir y dar grandes mordidas al presupuesto y en los 12 años en los que tuvo en las manos el gobierno federal el panismo –en sus diversas corrientes– dejó sobrado testimonio de su rápido aprendizaje en materia de ilegalidad, ya fuera por medio de fraudes electorales y uso partidista de recursos públicos, uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia (el desafuero de Fox y el michoacanazo de Calderón, por ejemplo), modalidades de saqueo del erario, elaboración legislativa de diversas formas de encubrimiento y recursos a la violencia pura y dura: al foxismo se le hizo fácil recurrir a la represión brutal en Lázaro Cárdenas, Atenco y Oaxaca; Calderón no tuvo escrúpulos para ensangrentar al país en el intento de conseguir alguna legitimidad y Peña Nieto tiene un largo historial que pasa por Atenco, Iguala y Nochixtlán.

 En estas circunstancias no sería difícil que las pugnas internas del prianismo derivaran, de no ser contenidas, en una generalizada ley de la jungla, que es lo peor que podría pasarle al país cuando, para colmo, tiene encima la beligerancia hostil y creciente de Donald Trump.
En este momento incierto la sociedad tiene ante sí dos tareas: encarecerle a todas las facciones del régimen el uso de la violencia y hacerles ver la inviabilidad política de cualquier intento de fraude electoral. Se debe recurrir a la movilización pacífica para expresar el rechazo terminante a todo episodio de violencia y a todo caso de impunidad y se requiere una ciudadanía bien informada de los programas en juego, organizada para vigilar el proceso electoral y segura de sus opciones políticas, sean las que sean.
Por Pedro Miguel| La Jornada