Eckart Boege
La minería contemporánea ha entrado a
una nueva fase, al migrar de la explotación de filos de los minerales
principalmente metálicos, a la remoción masiva de materiales pétreos, mismos
que en ciertos estratos contienen metales de muy baja ley (para el oro el
promedio sería un gramo por tonelada de material removido). Para este proceso
industrial se utilizan maquinarias de gran tamaño y procesos masivos de
lixiviación, principalmente con cianuro de sodio, sustancia prohibida en varios
países de Europa por sus riesgos a la salud humana y ambiental.
Se trata de una explotación masiva a
cielo abierto que requiere una exploración en grandes porciones de territorios,
apertura de caminos y cientos de sitios que se barrenan para la extracción de
núcleos que se analizan para ubicar exactamente los estratos en que se
encuentran los últimos reductos de polvos o fragmentos minerales de interés
comercial.
He aquí las amenazas:
1. El artículo 6 de la ley minera
impuesta por recomendaciones del Banco Mundial, el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) y los regímenes de Salinas y los panistas Fox y
Calderón señala que la explotación del subsuelo es de “interés público
prioritario” y que éste prima sobre otros intereses públicos y privados no
mineros. Este interés público nacional prioritario se transfiere a intereses
privados mediante un sistema de concesiones que el Estado
otorga a los grandes consorcios nacionales e internacionales. Dominan los que
tienen sede en Canadá, aunque los chinos están repuntando en toda América
Latina.
2. Casi nunca los nombres de
las grandes compañías extranjeras aparecen en las concesiones, aunque
las mismas reportan en internet, en sus boletines mensuales para sus
inversionistas, que son dueños (ni siquiera posesionarios) de la totalidad del
territorio que abarca la concesión. Así engañana a los propios accionistas
incautos. No todo el territorio de una concesión es removido para extraer el
mineral; sin embargo, en esta primera fase de exploración pueden pasar sobre
siembras; desmontar; abrir caminos depositar materiales; contaminar ríos, y
sobre todo acaparar los terrenos de los posesionarios de la superficie de las
áreas de interés minero y apropiarse prioritariamente de las diversas fuentes
de agua cercanas o lejanas aun, de las que sirven para abastecer pueblos y
ciudades. En esta fase, entre el otorgamiento de la concesión y la explotación,
compañías especializadas investigan con precisión las porciones del territorio
concesionado que van a explotar. Si los dueños de los terrenos se niegan a
vender o rentar, se ha recurrido al asesinato y la empresa puede solicitar al
Estado la expropiación del mismo. En México han sido concesionadas alrededor de
31 millones de hectáreas del país, de más de 200 millones de hectáreas
concesionables, según el Servicio Minero Nacional. Estas concesiones incluyen
porciones del subsuelo del mar. Ya en la fase de explotación, el mineral sale
del país en forma impura (ore) o purificado sin ninguna regalía a los
municipios, estados o a la federación. Nominalmente, la minera tendría que
pagar uno por ciento del mineral exportado, pero el pueblo de México no tiene
ningún beneficio de este proceso industrial de alto riesgo.
3. Las concesiones mineras que el Estado
otorga a las compañías son patente de corso para acceder a los
territorios en cualquier lugar del país, incluyendo la parte urbana de pueblos
y ciudades, territorios de los pueblos indígenas, áreas naturales protegidas,
costas de propiedad federal o bien porciones del subsuelo del mar. Las
concesiones también son otorgadas como zonas de exclusión para que otras
compañías mineras no disputen los mismos territorios. Con las concesiones las
compañías mineras tienen en sus manos además, de manera directa o indirecta, la
administración de las políticas “de desarrollo” regionales en muy largo plazo.
Es imposible la devolución territorial a los dueños actuales de la superficie
terrestre, puesto que las concesiones se otorgan a 50 años prorrogables por 50
más. No se conocen explotaciones mineras que duren más de 12 años, y se
pregunta uno ¿por qué concesiones a largo plazo? La respuesta puede ser
sencilla, se juega con ello en la bolsa para obtener jugosas inversiones, y el
gobierno mexicano es cómplice de esa maniobra de las mineras internacionales.
Para que el capital trasnacional pueda entrar masivamente a los países con
minerales, y México es uno de los importantes, los tratados de libre comercio
han promovido la promulgación de leyes que permiten la inversión y propiedad
del cien por ciento del capital trasnacional y la apropiación tanto territorial
como de todo el producto, con regalías ridículas (en México el uno por ciento,
en Chile el diez por ciento) sin impuestos específicos a la actividad. Lo poco
que pagan es una mínima suma de dinero por hectárea concesionada. Como
contraparte del proceso de apropiación, tenemos la “desposesión“ en el sentido
físico, social y cultural de los dueños de la superficie en las concesiones, y
en específico de las porciones de tierra en donde se ha detectado el mineral a
explotar, mismas que en general pertenecen a comunidades campesinas e
indígenas, incluyendo sus espacios urbanos, sitios arqueológicos o Áreas
Naturales Protegidas.
4. Se trata de procesos
industriales intensivos en capital, con tecnologías de alto riesgo por
su potencial destructivo de los ecosistemas y la afectación grave de
poblaciones humanas locales y regionales. Una vez que se retiran, las compañías
dejan cicatrices ambientales, sociales y económicas irreversibles con poca
posibilidad de resiliencia a corto y mediano plazos. Para ilustrar con un
ejemplo recientemente estudiado con la información de la propia minera de
tamaño mediano pero de impacto como una grande (Caballo Blanco en el estado de
Veracruz), se remueve la vegetación natural desde la exploración -bajo la
mirada impávida de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)-, afectando así la
complejidad e integridad de los ecosistemas vigentes. En la fase de
explotación, la empresa pretendería excavar un tajo a 400 metros de profundidad
con un diámetro de mil por 400 metros, y transportar 119 millones de toneladas
de material, de las cuales 35 millones tendrían los minerales codiciados y el
resto se depositan en las llamadas tepetateras. El oro presente tendría una ley
promedio de 0.7gramos por tonelada. Para los procesos de lixiviación se
utilizarían tres mil metros cúbicos diarios de agua durante diez años, dos
millones de litros de diesel mensuales durante siete años (no sólo para
combustible, sino como sustancia que intensifica las explosiones), 35 mil
toneladas de explosivos, entre seis mil y 7. 5 mil toneladas de cianuro de
sodio, 300 mil litros de ácido clorhídrico, etcétera. Entre las cicatrices
ambientales más visibles, se encontraría un cráter de 40 hectáreas de diámetro
con una profundidad variable hasta de 500 metros, mismo que sería muy costoso
para las mineras rellenar y controlar los posibles drenajes ácidos y/o de
arsénico, que se irían a los mantos freáticos por cientos de años. Las
“tepetateras” y/o los “jales”, en donde se deposita el material “inerte”, ya
sin minerales útiles, son también cicatrices ambientales que, cuando hay
compuestos azufrados, generan por cientos de años drenajes ácidos y migración
de arsénico y metales pesados, que van hacia las corrientes de agua, subsuelo,
lagunas o mar. La compañía citada pretende obtener 600 mil onzas de oro
comprobadas y 400 mil potenciales, más la plata asociada, lo que le reportaría
en los siete años de vida de ese tajo un ingreso de mil 900 millones de
dólares, según el precio de mercado de la onza de oro a finales del 2012, con
una inversión de 300 millones a 400 millones dólares y un retorno del capital
invertido en dos o tres años. El volumen del oro recogido sería menos de un
metros cúbico. La “remediación” es un eufemismo porque reforestarían las
tepetateras o las capas superiores de las lagunas de lixiviación, sin
consideración de que se trata de ecosistemas destruidos. Recapitulando: se
reduce un cerro que contiene 119 millones de toneladas a un metro cúbico de
oro. Muchos bancos, en donde los pequeños y medianos ahorradores tienen sus
inversiones, invierten en sus paquetes en este tipo de minería sin que los
dueños de estos pequeños capitales se enteren.
5. En total, esta empresa pretende
abrir seis tajos que tramposamente no explicita en su Manifiesto de Impacto
Ambiental-R (MIA-R) del 2012. Se trata de una región de altos valores
ambientales y diversidad biológica con cicadas que tienen más de tres mil años
de edad (mil más que el árbol del tule de Oaxaca) y bosques relictuales de
encinos tropicales cuya adaptación al trópico data desde el pleistoceno. Esta
vegetación que observamos in situ convivió con los habitantes
prehispánicos del lugar, de los cuales tenemos tiestos arqueológicos de grupos
olmecas y totonacos, por lo que de hacerse el desarrollo minero se destruiría
parte de nuestro patirimonio (bio) cultural. La gran biodiversidad que se
encuentra en esta zona, en menos de ocho mil hectáreas, es considerada por
biólogos como una reserva genética para la resiliencia en un estado que ya ha
destruído en nombre del desarrollo el 95 por ciento de su cubierta de bosques y
selvas.
6. Para legitimar un proceso industrial
de alto riesgo y obtener los permisos de la Semarnat, las compañías y sus
asesores incluyendo a un ex titular de esa Secretaría en el régimen de Fox,
discurren sobre el desarrollo sustentable. Su principal argumento legitimador
es que generan empleos para la población local (en el caso arriba mencionado,
300 temporales directos por siete años). Por supuesto, afirman que son
ambientalmente inocuos. Para realizar las obras de infraestructura, se
requieren temporalmente mil empleos, mismos que como en otras obras masivas no
son absorbidos a mediano y largo plazos por ningún proceso dinamizador de la
economía.
7. Es indudable que los
procesos industriales de esta envergadura trastocan el medio ambiente. Utilizan
de forma masiva el recurso agua, al cual tienen acceso preferente frente al de
consumo humano (la ley minera viola el precepto constitucional de acceso al
agua como un derecho humano prioritario), como es el caso de la minera San
José, en los valles centrales de Oaxaca. Para los pueblos indígenas y comunidades
campesinas, significa no sólo el desplazamiento y despojo de sus recursos
naturales esenciales. También significa que ya no hay bienes comunes que
administrar, relaciones sociales comunitarias que establecer, naturaleza que
manejar, conocimientos milenarios que recrear, milpa que sembrar y recursos
fito genéticos que domesticar. En resumen, se trata de un choque frontal entre
un proyecto industrial de la cultura de la muerte y el proyecto implícito
regional indígena y campesino sobre un territorio determinado. Por ejemplo, los
valles centrales de Oaxaca, en especial las laderas, ya están concesionadas, y
si entraran en la fase de explotación las compañías mineras provocarían un
desastre ambiental y humano en un territorio de alta densidad cultural-histórica-paisajística.
8. Adicionalmente, nuevos fenómenos
industriales se asocian a la minería de esta envergadura. En nombre de la
sustentabilidad, hay compañías mineras que le disputan a la población local e
indígena más territorios para construir hidroeléctricas que alimentarían su
sistema minero con electricidad “sustentable”. El interés minero sobre vastos
territorios en México está principalmente en las sierras, en especial (no
exclusivamente) en la gran cadena montañosa de la Sierra Madre Occidental. En general
se encuentra en las cabezas de cuenca, o en laderas, dominantemente en zonas
áridas, semiáridas o subhúmedas, con altos valores en biodiversidad y captación
de la poca o mucha agua que van a conformar mantos acuíferos cuenca abajo.
9. Hay que aclarar que se trata de
concesiones que abarcan todo tipo de minería y se dan en general a 50 años
prorrogables. En 2000-2012 se concesionaron en los territorios indígenas
alrededor de dos millones 173 mil 141 hectáreas, principalmente para la minería
metálica, de las 28 millones de hectáreas identificadas como el núcleo duro de
los territorios indígenas. Es decir, en los cien años recientes los indígenas
perdieron la jurisdicción del 17 por ciento de su territorio tan sólo por
concesiones mineras, frecuentemente sin que las comunidades se hayan enterado.
Según las cifras que analizamos en la tabla 2, la mayoría de las concesiones en
territorios indígenas y no indígenas fueron otorgadas por los dos gobiernos
panistas al amparo de una ley minera neoliberal de corte salinista. Hay que
aclarar que la tabla 1 jerarquiza sólo el mineral principal reportado por las
empresas, que generalmente es el oro. Es común que oculten los minerales en
asociación, algunos de muy alto interés industrial (tungsteno, cobre,
molibdeno, etcétera). La tabla 1 es muy significativa ya que se trata de
concesiones recientes, puesto que actualmente lo más redituable de la minería
tóxica a cielo abierto es el oro. De la totalidad de los cinco mil 712
polígonos concesionados en territorios indígenas, 625 han sido canceladas, por
lo que hay que restarle 232 mil hectáreas a la cifra arriba mencionada. La
mayoría de los territorios se encuentran en fase de investigación o exploración
(o en búsqueda de inversionistas) mientras 106 mil 833 hectáreas ya están en la
fase de explotación.
10. Según la ley minera, el
gobierno tiene la obligación de informar a los propietarios que
pretende concesionar estas porciones de tierras, e indagar si hay interés local
para “explotar” los minerales y obtener de ellos la concesión. En el caso de
los indígenas, la ley dice que en igualdad de condiciones de
capacidad de explotación, léase capital y tecnología (con las tranacionales)
“sería prioritario” el otorgamiento de la concesión a los indígenas. No hay un
solo caso en que se cumpla el precepto de la ley de informar previamente a los
dueños de los terrenos a concesionar.
11. La mayoría de las concesiones
están en la fase de exploración. Es en esta fase en donde las mineras se
acercan (con especialistas en movilización social y resolución de conflictos a
veces financiados por los “organismos de desarrollo” del gobierno de Canadá) a
las autoridades municipales y estatales, reparten dádivas y promesas, como
pintar una iglesia, construir locales para asamblea ejidal o caminos, etcétera.
Este proceso “de movilización social” es un eufemismo para que las empresas se
puedan certificar como “socialmente responsables. Es recurrente que las
compañías polaricen y descompongan el tejido social y enfrenten de múltiples
maneras a la sociedad y cultura locales. En varias zonas de concesión minera se
han observado asesinatos de líderes que luchan en contra de su instalación u
operación.
12 En el caso de los pueblos indígenas,
las autoridades federales hacen caso omiso de los convenios internacionales y
su manual respecto el consentimiento libre e informado por parte de la
población. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
mandata que este consentimiento incluye el derecho a decir no a
una intervención pública o privada en sus territorios, si va contra los
intereses y modo de vida de los pueblos. Si este proceso de consulta se atiene
al manual que la OIT publicó para las consultas, no debiera ser la autoridad
municipal o agraria o estatal la que organice este proceso. Más bien una
autoridad federal de “buena fe” tiene que informar y consultar a toda la
población indígena sea propietaria de la tierra o no.
Es en la fase de la exploración en
donde las empresas tienen que presentar su MIA-R, de riesgo tipo 2 (cuando se
usan “de manera controlada” explosivos, sustancias como el cianuro de sodio por
ejempo). En el momento que la empresa ingresa a la Semarnat la MIA-R, la
sociedad tiene el derecho a solicitar la consulta pública del documento en los
diez días hábiles siguientes, y a discreción de la autoridad se puede efectuar
una reunión pública informativa en donde la empresa informa a la población, y
los distintos sectores pueden opinar (como si los pueblos indígenas de las
regiones más apartadas consultaran cada jueves el internet y estuvieran en
condición de solicitar la consulta pública de un documento altamente
especializado). En la reunión pública informativa la población tiene derecho de
opinar y proponer mejoras al proyecto. Cabe decir que si la población rechaza
el proyecto y no da su “licencia social”, su opinión no es vinculante para la
autoridad ambiental para otorgar el permiso o no. Por ello, el proceso de
consulta y reunión pública informativa puede ser considerado como “la consulta
pública” que marcan los preceptos del Convenio 169 de la OIT.
Conclusiones
1. Las concesiones mineras vigentes que
se han otorgado dentro de los territorios de los pueblos indígenas datan desde
1899 (esta fecha puede ser un error de dedo de la Secretaria de Economía).
Detectamos en ellos cinco mil 712 polígonos, cada uno representa una concesión.
De estos polígonos, están vigentes cinco mil 87 con un millón 940 mil 892
hectáreas, mientras que 650 han sido canceladas. Estas cifras nos dan un
promedio de 17 por ciento de afectación de los territorios indígenas.
2. Algunas las concesiones abarcan casi
la totalidad de los territorios de los pueblos pequeños (kiliwas, kikapoo,
cucapás, pimas, guarijios y los nahuas de Michoacán), lo cual es una afrenta a
la sobrevivencia de estos pueblos indígenas. Hay que aclarar que aun los
pueblos con una población importante indígena también son “expropiados” del
control de su territorio.
3. Los territorios indígenas más
golpeados en términos de la extensión de las concesiones son los rarámuris
(tarahumaras), zapotecos (principalmente de los valles centrales de Oaxaca),
chatinos, mixtecos, coras y tepehuanes. Juntos suman más de un millón de
hectáreas en donde los indígenas pierden el control sobre sus territorios y
representan la mitad de todas las concesiones en territorios indígenas.
4. Las compañías mineras compran o
rentan terrenos en donde directamente explotan y procesan el mineral; en caso
de que la población se negara a vender o rentar, según la ley minera
anticonstitucional, el Estado tiene el “derecho”, a solicitud de las compañías,
de expropiar los terrenos en nombre del “interés público”.
5. Las concesiones mineras para
la explotación del oro dominan sobre las que se refieren a la minería de otros
metales o no metálicas. Las metálicas en especial son las que usan cianuro (de
sodio) para lixiviar los metales; utilizan procedimientos de alto riesgo para
la salud humana y el medio ambiente. En la Colonia se utilizaba principalmente
el mercurio.
6. La Secretaría de Economía no incluye
en el proceso de otorgamiento inicial la consulta para saber si los dueños de
los predios están interesados en explotar el mineral, ni tampoco la consulta
pública para el consentimiento libre e informado en los territorios de los
pueblos indígenas, y por tanto incumple los convenios internacionales y el
Protocolo sobre los derechos de los pueblos indígenas que la Suprema Corte de
la Nación envía a los juzgadores.
7. Las compañías mineras están
incursionando también en la “autoproducción sustentable” de energía eléctrica,
como lo muestran los proyectos de cuatro represas en la Sierra Norte de Puebla.
De la información de las concesiones y de los proyectos de represas, podemos
concluir que los indígenas nahuas y totonacos perderían 30 mil hectáreas o más
de sus territorios, sin que medie ninguna consideración de que se trata de
territorios indígenas, base de su cultura y proyecto de vida.
8. Lo más paradójico de estos
procesos de destrucción en nuestros países es que entre los minerales
de mayor interés está el oro, que se utiliza así: un 52 por ciento en la
joyería, 16 por ciento en las reservas de los Estados, 18 por ciento en
inversiones privadas por las crisis monetarias y 12 por ciento en uso
industrial (el resto no está contabilizado).
9. Ante la sociedad las industrias
quieren presentar una cara de sustentabilidad. Los gobiernos festejan las
inversiones extranjeras como grandes logros del desarrollo del país siendo que
esas inversiones no benefician a la economía regional o nacional, ni a la
naturaleza ni a la sociedad.
El otro
despojo; cielo abierto, infierno cerrado
Armando Bartra
Arriba la minería a cielo abierto amenaza espacios
que son vitales para las comunidades y violenta a la naturaleza. Pero también
hay minería subterránea y lo de abajo es la muerte en vida.
Bien por la denuncia de la “desposesión” y del
pernicioso “extractivismo”. Pero no estaría de más recuperar las aproximaciones
canónicas al drama minero, aquellas que denuncian la explotación y el genocidio
laboral. Porque si en la superficie hay despojo y ecocidio, los socavones son
el infierno bajo la tierra.
Jesús trabajaba como “ganchero” en una mina vertical de
carbón, el Pocito 3 de BIMSA, que el 13 de mayo de 2011 explotó matando a 14
trabajadores. Él salvó la vida pero tuvieron que amputarle un brazo. Jesús
tenía 14 años y es uno de los muchos niños carboneros de Coahuila, pues se
estima que una de cada cinco minas contrata menores de edad. Y es que los niños
son bajitos y se mueven con más facilidad en los “desarrollos” horizontales,
donde la altura es de sólo metro y medio. Además son baratos.
La región carbonífera de Coahuila abarca 22 mil
kilómetros cuadrados donde viven más de medio millón de habitantes, de los que
50 mil trabajan en la minería. De ahí proviene toda la producción nacional de
carbón, unos 11.5 millones de toneladas anuales con valor de casi seis mil
millones de pesos. El total de los salarios pagados es de alrededor de 600 mil
pesos, y en la rústica minería carbonera el trabajo es con mucho la mayor
inversión, El negocio del carbón deja así utilidades anuales de unos cinco mil
millones con una tasa de ganancia del orden de mil por ciento, donde se suman
la renta y la sobreexplotación laboral. ¡Eso es acumulación por despojo y no
chingaderas!
Arriba los pueblos son despojados de sus tierras,
abajo los carboneros son despojados de sus vidas. Si lo de arriba es
ecocidio, lo de abajo es genocidio. Los pocitos donde trabaja la mayoría son
tiros verticales de hasta cien metros de profundidad y 1.50 de diámetro. Las
instalaciones se reducen a un tambo de 90 centímetros de diámetro y un malacate
que se mueve accionado por un motor de coche. Por ahí entran los mineros y por
ahí sale el carbón. En el fondo hay túneles horizontales en los que hay que
moverse agachado porque sólo tienen un metro y medio de altura. La jornada
laboral es de ocho o diez horas y para subsistir no se puede trabajar menos
pues el salario es a destaajo y se paga entre 55 y 70 pesos la tonelada.
Los pocitos no tienen salida de escape y los de
abajo sólo pueden regresar a la superficie si el que está afuera acciona el
malacate, el motor funciona y el cable no se rompe; no hay medidores de gas
metano ni análisis de incombustibilidad, de modo que seguido se producen
explosiones; no trabajan con planos, y si encuentran una mina abandonada llena
de agua, el pocito se inunda y los carboneros se ahogan. Las empresas no hacen
análisis médicos, no tienen baños ni comedores, no pagan aguinaldos ni
vacaciones, no permiten la existencia de sindicatos y en algunos casos hay
personas armadas que impiden a los extraños acercarse…
En Coahuila hay unos 300 pocitos en operación, la mayoría ilegales y que
nunca son inspeccionados ni por la Secretaría del Trabajo, ni por la de
Economía, ni por la de Medio Ambiente, ni por el Seguro Social. En los
socavones y minas mueren, en promedio, dos mineros cada mes, aparte de los que
resultan heridos y los que caen enfermos. Desde 2006, en que 65 trabajadores
quedaron enterrados en Pasta de Conchos, han muerto 132 carboneros: 14 por
explosión en el Pocito 3 de BIMSA, 13 ahogados en el Pocito la Espuelita,
cuatro en dos desprendimientos de carbón ocurridos en la Mina Lulú, y así.
Desde la Segunda Guerra Mundial este tipo de
minería se abandonó por peligrosa. En México se sigue practicando con la
complicidad de gobierno, pues de los pocitos obtiene la Comisión Federal de Electricidad
la mayor parte del carbón que emplea en las termoeléctricas. Cuando enciendas
la luz piensa en la destrucción que ocasionan presas hidroeléctricas y
gasoductos, pero no te olvides de los niños carboneros.
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