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Por Enea Salgado -1
febrero, 2020
México se encuentra
desde hace años dentro de los seis países más mortíferos del mundo para los
defensores de derechos humanos, del territorio y del medio ambiente.
Gobiernos van y vienen,
y el número de activistas asesinados por oponerse a la sobreexplotación de
nuestros recursos naturales, por estar en contra de la devastación y despojo de
territorios habitados en su mayoría por indígenas, por defender y promover el
derecho de las mujeres, de la comunidad lésbico gay, por luchar por los
derechos de las minorías, continúa en ascenso.
Al día de hoy, no
existen mecanismos gubernamentales eficaces que logren frenar la persecución,
las amenazas, la criminalización que padecen la gran mayoría de los luchadores
sociales en México, mucho menos, evitar sus asesinatos.
El 2019, el primer año
de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no sólo se convirtió en el año más
violento del que se tenga registro en la historia moderna de nuestro país, su
primer año de gestión también quedó marcado por el alto número de ataques y
asesinatos de activistas, entre los cuales se encuentran defensores
medioambientales, defensores de la comunidad LGBT, comunicadores y policías
comunitarios, buscadores de personas desaparecidas e integrantes de la Comisión
Nacional Indígena (CNI). Alrededor de una treintena de ellos fueron asesinados
el año pasado, y como suele ser la regla en México, la gran mayoría de los casos
permanecen en la impunidad.
Este 2020 arrancó con
el caso de Homero Gómez González, reconocido activista forestal, férreo
protector de los bosques y del santuario de la mariposa monarca, desaparecido
el pasado 13 de enero en el municipio michoacano de Ocampo. Tras una búsqueda
de 16 días, el 29 de enero, encontraron su cadáver en una olla de agua para uso
agrícola. Gómez González había recibido amenazas por parte de grupos dedicados
a la tala ilegal, los cuales habían sido denunciados por el activista.
Aparte, el pasado 19 de
enero en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue asesinada Isabel Cabanillas de la Torre,
joven promotora y defensora de los derechos de las mujeres, diseñadora de ropa,
artista plástica, muralista, integrante del colectivo “Hijas de su Maquiladora
Madre” y de la Red Mesa de Mujeres. Isabel tenía 26 años de edad, sus
familiares y amigos habían reportado su desaparición un día antes, fue
asesinada de dos balazos y su cuerpo encontrado en la zona centro de la ciudad
fronteriza.
Defender los derechos
humanos, el agua, la tierra, el territorio en nuestro país se puede convertir
en una pesadilla y en una sentencia de muerte para muchos. Los activistas en
México se encuentran en la indefensión total. Por lo mismo es incomprensible la
virulencia con la que son desacreditados algunos luchadores sociales desde
Palacio Nacional.
Las descalificaciones
en boca del Presidente de México en contra de quienes exigen seguridad, paz,
verdad y justicia son, por decir lo menos, irresponsables. La escalada de
ataques de simpatizantes del actual gobierno en contra de ciudadanos y
organizaciones de la sociedad civil que salen a las calles a exigir paz,
seguridad, respeto a sus derechos, ante el deficiente Sistema Nacional de
Atención a Víctimas (SNAV) que tenemos, ante un subsecretario de Gobernación
que se burla de las víctimas, ante funcionarios indolentes que se lavan las
manos y culpan a las administraciones pasadas por su incapacidad para crear
instrumentos que pongan en el centro a las víctimas, no augura nada bueno, no
abona en nada a la reconciliación del país.
Basta de estigmatizar a
quienes salen en defensa de sus derechos. Ignorar y pisotear los derechos de
pueblos indígenas mediante consultas amañadas para imponer mega proyectos no es
digno de un gobierno que se dice humanista, que afirma un día sí y otro también
que es del pueblo, para el pueblo y con el pueblo.
