16 de abril de 2023

TOMAR LAS ARMAS POR MANDATO COMUNITARIO

 

TOMAR LAS ARMAS POR MANDATO COMUNITARIO

Montaña adentro
Abel Barrera Hernández
7 abril 2023
En la sierra de Guerrero unas 2 mil personas de 40 comunidades, aglutinadas en la Unión de Pueblos de la Sierra, de los municipios de Heliodoro Castillo y de San Miguel Totolapan, han decidido tomar las armas contra los grupos de la delincuencia organizada que amenazan con imponer su ley y controlar su territorio. En una asamblea realizada en la comunidad de Piedra Concha, municipio de San Miguel Totolapan, el pasado 24 de marzo, la gente tomó la decisión de enfrentar a la Familia Michoacana.
El comisario de la comunidad de Linda Vista recordó que “desde hace 10 años hemos estado cuidando nuestro pueblo. Queremos decirle al gobierno que respete a nuestra gente porque ya mataron a nuestro presidente (de San Miguel Totolapan). Estamos preocupados por todo lo que está pasando en la sierra, por eso nos organizamos como pueblos unidos, desde Toro Muerto, Chichalaco, Duraznito, Las Conchitas, El Salto, Plan Verde, Lumbreras y Linda Vista para defender a nuestras familias . Ahorita estamos en la misma sintonía desde Toro Muerto hasta Las Tunas. Somos un movimiento grande y no vamos a permitir que entren grupos de la delincuencia a amenazar a nuestras familias. No vamos a dejar que nos maten como están haciendo en otros pueblos. Ha venido el ejército con los policías y ya les dijimos dónde se encuentran los de la delincuencia, y dónde andan haciendo daño. Les señalamos que allá abajo, en la comunidad de El Querengue, están secuestrando a mujeres, niños y señores. Queremos que el gobierno de México se preocupe por los pueblos de la sierra, que nos atienda y que saquen a los de la delincuencia porque queremos vivir en paz”.
Durante la reunión que realizaron estos pueblos, la gente escuchaba a lo lejos los tableteos de las ametralladoras, cerca del poblado de Las Tunas. Ante las amenazas de nuevas incursiones los pueblos han tomado acuerdos para defenderse. “Estamos peleando en cuatro puntos (sin decir cuales), pero es de Coronillas a Tetela del Río. Tenemos más de mil compas”.
Hacen un recuento de que en 26 días de que tomaron la decisión para defenderse como pueblos, se han dado cinco enfrentamientos. En las refriegas hablan de 29 bajas por parte de la Familia Michoacana y cuatro heridos por parte de las comunidades organizadas. Ante esta pelea constante varias familias han optado por dormir en los cerros. Han tomado como bandera la lucha de Zapata y por eso dicen que este 10 de abril lo recordarán “peleando por tierra y libertad”.
Las comunidades serranas que han decidido levantarse en armas son Pueblo viejo, Tejamanil, Las Juntas, Campo Morado, Chilpancinguito, El Durazno, La Ciénega, El Zapote, El Pinzan, El Bejuco, Santa Elena, Otatlán, Pandoloma, Chapulines, El Frío, El Redunbado, Margaritas, Chicahuales, Primaverita, Filo del Águila, Buena Vista, Lavaderos, Los Amates, El Tambor, El Limoncito, El Naranjo, Las Vinatas, Las Parotas, Los Hoyos, Los Hornos, La Palmada, Parrales, La Hacienda, El Encanto, Las Pilitas, Las Ceibas, Los Cirgüelos, Santa Fe, Las Papitas y La Primavera, de los municipios de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo principalmente.
Esta situación se ha complejizado en la región de la Tierra Caliente. La gente del municipio de Ajuchitlán del Progreso comenta que la Familia Michoacana se ha ido extendiendo al grado que tiene el control de más de 100 comunidades. Ante esta grave amenaza los comuneros demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que se reactive la Base de Operación Militar porque es la única forma de contener al crimen organizado. Su mayor deseo es vivir en paz y recuperar la tranquilidad que imperaba en la Tierra Caliente.
En otra asamblea que se realizó en la comunidad de El Balcón, a unos 90 kilómetros de Tecpan de Galeana, David Salto Cortés, comisario del Ejido San Antonio Las Tejas, denunció que en las últimas semanas “debido a la incursión del grupo armado de la Familia Michoacana, más de 60 familias y alrededor de 400 personas, de las localidades de Los Bayados, Santa Clara, La Trinidad, y Los Puertos, pertenecientes al municipio de Coyuca de Catalán, salieron huyendo. Tan sólo de mi pueblo, Los Puertos, éramos 63 familias y sólo quedamos 23, las demás se desplazaron, debido a que los armados nos dieron de plazo tres días para que abandonáramos nuestras comunidades, pero nosotros decidimos quedarnos; pedimos ayuda al gobierno, pero sólo nos mandaron a dos policías ministeriales”.
Ante más de 600 comuneros una mujer dio lectura a la carta dirigida al presidente de México, en nombre de los comités de seguridad privada de las rutas Tecpan-El Balcón-Fresnos de Puerto Rico; la Ruta Tecpan-El Pará-Piedras Grandes; y de la Ruta Atoyac-Pie de la Cuesta y sus Anexos; así como la Unión de Ejidos Forestales y Agropecuarios «Hermenegildo Galeana»(UEFA). En este documento manifestaron que “las comunidades vecinas han sido afectadas por el desplazamiento forzado de sus habitantes, quienes han permanecido ahí toda su vida por generaciones, y ahora ante la ola de violencia que las agobia ya no tienen la seguridad de permanecer en ellas, ni de poder regresar porque las han abandonado por temor a sufrir represalias. El temor de nuestras comunidades es porque podemos sufrir más hechos de violencia. Por eso solicitamos que se reactiven las bases de operación militar mixta y rotativa para que haya más seguridad en la población, así como también los centros integradores de bienestar que se habían instalado anteriormente, pero que no se les dio seguimiento y atención porque son de suma importancia para la sierra”. Esta lucha de los pueblos data del año dos mil “como consecuencia de la problemática que se vivía en la región, donde frecuentemente se presentaban situaciones críticas tales como extorsiones, secuestros, robos de vehículos, robo de ganado y asaltos, entre otras. Por ello los pobladores formaron sus comités de seguridad y pacificación en la sierra para preservar la seguridad física de las familias y de su patrimonio. Los resultados fueron buenos al grado de que el área de influencia de los comités es de los combativos de la sierra de Guerrero”. En su escrito manifiestan los graves problemas que enfrentan en la zona serrana: “lo que más nos duele es que estamos abandonados, seguimos incomunicados, sin servicios médicos ni escuelas. Esta situación se agravó por el asedio de los grupos criminales en la región que se han expandido en 114 comunidades, sin que las autoridades tomen cartas en el asunto”. Resaltan que las armas las tomaron porque integrantes de la Familia Michoacana pretenden desterrarlos, pero sus comités son pacíficos y prefieren dialogar antes que tirar balazos.
En la asamblea relataron que las maestras y los maestros se fueron por miedo a la violencia, lo mismo hizo la doctora que trabajaba en El Balcón. Las amenazas de que los grupos armados irrumpan en las comunidades son permanentes, por eso esperan que el gobierno asuma su responsabilidad para brindarles protección. Comentaron que el 25 de marzo los habitantes de las comunidades de Cashacaui y Las Tunas se enfrentaron con miembros de la Familia Michoacana donde hubo 6 muertos y cinco heridos. Las mujeres no solo están presentes en la asamblea, sino que algunas de ellas ocupan cargos dentro de sus comunidades, son parte de los comités comunitarios. Una de las jóvenes manifestó con mucha contundencia: Anhelamos crecer sin el miedo constante de la violencia e inseguridad, en un entorno seguro donde los niños y niñas podamos ir a la escuela, jugar y relacionarnos con amigos, sabiendo que estamos protegidos, sin embargo, cuando no hay seguridad nos vemos limitados en nuestras actividades diarias y nos sentimos vulnerables ante cualquier amenaza que pueda surgir. La paz es importante para la paz emocional. Vivir en un entorno de conflictos puede generar ansiedad y miedo”.
El presidente de la Unión de Ejidos Forestales y Agropecuarios Hermenegildo Galeana (UEFA), Antonio Beltrán Arreola, reconoció que si no fuera por el programa Sembrando Vida no tendrían otra forma para mantenerse, se verían obligados a robar las gallinas de otros. En este programa les otorgaron “mil lugares y después otros mil, es decir, 6 mil pesos mensuales y entran 12 millones de pesos al mes. El presupuesto para las escuelas es de 250 mil pesos, becas a estudiantes. Se rumora que el gobierno del estado gestionará de 800 a mil millones de pesos para abrir caminos. Todo esto es necesario, pero lo principal que es nuestra seguridad la estamos perdiendo. La UEFA tiene presencia en 300 comunidades (más de 30 mil habitantes) de los municipios de Tecpan, Atoyac, Ajuchitlán del Progreso, Coyuca de Catalán y San Miguel Totolapan, con una extensión de más de 24 mil hectáreas. Su trabajo ha sido determinante para impulsar la organización de los pueblos, cuidar su bosque y su territorio.
Por su parte, el comisario de La Coronilla de San Miguel Totolapan lamentó que cuando asesinaron al presidente municipal todo se complicó porque el pueblo quedó cercado y la gente ya no pudo salir a vender sus productos. En esta temporada no tuvieron posibilidades de vender su maíz que es principal producto que comercializan en la Tierra Caliente. Por la violencia la venta de los productos básicos han quedado en manos del crimen organizado. La gente de los pueblos de la sierra han mostrado su enojo y su gallardía para enfrentar a la Familia Michoacana. Sin embargo, tienen claro que su seguridad debe estar garantizada por el Estado. Ante la ausencia los cuerpos de seguridad se vieron obligados a salir al frente, pero esto no puede ser para siempre. En la asamblea emplazaron a los tres niveles de gobierno para que asuman su responsabilidad porque han sucumbido ante el crimen organizado y han dejado que sus armas se disparen por toda la sierra. Para las familias “esto ya no es vida”, de tener que agarrar las armas para defenderse y al mismo tiempo mantener a sus familias.

EL 16 DE OCTUBRE, EL PERIODISTA COLOMBIANO RAFAEL MORENO FUE ASESINADO A SANGRE FRÍA.


EL 16 DE OCTUBRE, EL PERIODISTA COLOMBIANO RAFAEL MORENO FUE ASESINADO A SANGRE FRÍA.

Rafael había decidido mantener a salvo su información compartiéndola con nosotros, a través de nuestra red #SafeBoxNetwork, unos días antes de su asesinato, cuando se vio cada vez más amenazado.
Quería que sus investigaciones continuaran si le ocurría algo.
Durante seis meses, 30 periodistas, cuyo trabajo coordinamos, continuaron sus investigaciones.
A los asesinos de Rafael Moreno: os equivocasteis.
Matar al mensajero no matará el mensaje.
Revelaciones Martes 18 de abril

3 de abril de 2023

EN MARCHA POR CENTRO DE CÓRDOBA, PROFESORES DEMANDARON SEGURIDAD Y JUSTICIA AL GOBIERNO DE CUITLÁHUAC POR ASESINATO DE PROFESOR Y ESTUDIANTE

 



 -  

Córdoba, Ver.- Un docente y una estudiante fueron asesinados por supuestos agentes ministeriales cuando circulaban a bordo de una motocicleta sobre la carretera Naranjal-Coetzala, a la altura de la Localidad Tequecholapa, en el Municipio de Naranjal, Veracruz, la noche de este viernes.

El docente Antonio González Rodríguez tenía 32 años y la estudiante de pedagogía Lucero Porras Hernández tenía 22 años y estaba por titularse.

¡Somos docentes, no delincuentes! Profesores de #Córdoba marcharon para exigir justicia por el asesinato de su compañero, Antonio González y Lucero Porras. #Veracruz.

Al mediodía de este domingo, los integrantes del magisterio veracruzano de la zona centro se concentraron en la Calle 25 y Avenida 2, para salir en marcha hacia el centro de la ciudad de los treinta caballeros.

Con pancartas en mano que decían: «¡El magisterio está de duelo!, nos mataron a un buen maestro»; «Justicia para el profesor Toño y Lucero, Gobernador, no que no pasa nada»; «Justicia para Lucero»; «Los maestros era profesionales no eran criminales, que caigan los Ministeriales».

Además: «No más impunidad, cárcel a los Judiciales que paguen por su asesinato»; «Justicia, Justicia«; «Docente, director, abogado, luchador social, líder y un gran ser humano. Justicia, Justicia», más de 200 docentes marcharon sobre la Avenida hasta llegar al Parque 21 de Mayo, asentado frente al Palacio Municipal de Córdoba.

Vestidos de blanco y con globos blancos, los docentes y maestros del magisterio exigieron al Gobierno de Veracruz se esclarezca el doble asesinato y sean encarcelados los oficiales de la Policía Ministerial Acreditable responsables.

“Estos arteros asesinatos están llenos de injusticia, nuestros amigos han sido inculpados, incriminados como si fueran maleantes y delincuentes cuando no lo eran, por esta razón pedimos, exigimos al Gobierno de Veracruz se esclarezcan los hechos y se haga justicia para Antonio y Lucero».

Subrayaron que estos no son casos aislados, son muchas las historias de víctimas inocentes a manos de quienes supuestamente cuidan de los ciudadanos de la región centro del Estado: «Esto es producto de un podrido sistema policial y judicial”.

Los docentes llevaron a cabo un mitin en el Parque asentado en pleno corazón del municipio cordobés y posteriormente se retiraron.

Como se recordará, el director de la escuela primaria de El Otate, en el municipio de Amatlán de Los Reyes, Antonio González Rodríguez, de 32 años, y la joven Lucero «N», de 22 años y estudiante de la carretera de Pedagogía, fueron acribillados a balazos por supuestos oficiales de la Policía Ministerial Acreditable cuando circulaban sobre la carretera Naranjal- Coetzala, a la altura de la Localidad Tequecholapa.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado a cargo de la Fiscal Verónica Hernández Giadáns no ha dado un posicionamiento sobre lo ocurrido y si los Ministeriales que ejecutaron a estos dos catedráticos serán encarcelados.

Los profesores demandaron al gobierno de Cuitláhuac Garcia frene la ola de violencia que funcionarios públicos ministeriales, policias estatales de Fuerza Civil y mas, cometen contra ciudadanos inocentes.


PLUMAS LIBRES

https://plumaslibres.com.mx/2023/04/02/en-marcha-por-centro-de-cordoba-profesores-demandaron-seguridad-y-justicia-al-gobierno-de-cuitlahuac-por-asesinato-de-profesor-y-estudiante/

 

CUITLÁHUAC SE DIVIERTE Y VERACRUZ ARDE POR VACÍO DE PODER


 2 abril, 2023162

*Mata Policía M. a profesor y alumna y Naranjal se rebela
*Que consejeros destituyen a Eleaney como líder del PVE
EL SABADO, mientras el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el Secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla (acompañados de aduladores) pedaleaban sus costosas bicicletas en la rodada ciclista: Zempoala a Chachalacas, dizque para promover el turismo, Veracruz vivía de nuevo un infierno, ya que en Naranjal el profesor Antonio González Rodríguez, docente del sistema estatal de Veracruz y Secretario de Trabajo y Conflictos de la Delegación D I66 Córdoba­Amatlán de los Reyes Foráneas, y la joven estudiante de pedagogía, Lucero Porras Hernández fueron acribillados a manos de irresponsables policías ministeriales que viajaban en una camioneta blanca sin placas (asi como les permiten las altas autoridades a los elementos policiacos circular) y sin logotipos en la unidad. Dicen que los elementos les marcaron el alto a los ocupantes de la motocicleta, pero que los ahora occiso, por temor a ser secuestrados, asaltados o, incluso, ultrajados decidieron no detenerse, pues no tenían la certeza de que fuesen policías, y menos en una carretera donde han ocurrido otros hechos violentos como es la Naranjal-Coetzala, a la altura de la comunidad Tequecholapa. Los irresponsables “guardianes del orden” decidieron, entonces, perseguirlos, y lejos de disparar a las llantas del biciclo lo hicieron sobre la humanidad de los jóvenes de 33 y 22 años, en este caso el profesor Antonio González Rodríguez, maestro de la localidad El Otate municipio de Amatlán, y la futura pedagoga, Lucero Porras Hernández, de 22 años que estaba a punto de graduarse de la docencia. Ambos fueron acribillados a mansalva, pero ni eso ni otros crímenes ocurridos viernes y sábado hicieron que el frívolo Gobernador suspendiera su “rodada” y se abocara a atender el espinoso asunto, trepándose a su lujoso biciclo y en short, playera, casco protector y carísimos tenis, recorrer la ruta mientras saludaba feliz a quienes encontraba en el camino, agitando la mano derecha cual si fuera un príncipe o de esos comediantes o actores que actúan en un espectáculo teatral, cinematográfico o circense. Él iba feliz de la vida luciendo su escultural cuerpo, lo mismo que el titular de la SSP, siempre acompañado de una guapa mujer que lo acompaña a todas partes (en lo que se conoce ya como la pareja dispareja) y que presume como su esposa.
ANTE SEMEJANTE desparpajo oficial, pero sobre todo por la brutalidad policiaca –que se experimenta en muchos rumbos de la Entidad debido al desgobierno o vacío de poder que prevalece-, la sección 56 del SNTE ya elevó sus protestas, mientras que la población de Naranjal, hastiada de los abusos y arbitrariedades cometidas por quienes deberían velar por la seguridad, bloquearon la carretera Naranjal-Córdoba a la altura del puente, exigiendo justicia, pero advierten que realizarán otro tipo de protestas en caso de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez no responda a sus demandas para esclarecer el caso, aunque no hay que ser, dejen que el Gobernador siga disfrutando sus “merecidas” vacaciones que al fin, como sostiene José de Espronceda en la última estrofa de su poema: “Canto a Teresa”: Los campos pinta en la estación florida: Truéquese en risa mi dolor profundo….Que haya un cadáver más ¿qué importa al mundo?. En Naranjal algunos manifestantes advirtieron que harán justicia por su propia mano en caso que él gobernador no atienda el caso, mientras la sección 56 del SNTE exige se esclarezca el doble homicidio, donde se presume están involucrados elementos de la Policía Ministerial, por lo que demandan que se llegue hasta las últimas consecuencias.
LA SECCION 56 del SNTE indicó en un comunicado: “Ante los lamentables hechos suscitados el día de ayer por la noche, sobre la carretera estatal a la altura de la localidad de Tequecholapa, Municipio de Naranjal, Veracruz, expresamos lo siguiente: La Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, condenamos enérgicamente el cobarde asesinato de nuestro compañero profesor Antonio González Rodríguez, docente del sistema estatal de Veracruz y quien, también ostentaba la Secretaría de Trabajo y Conflictos de la Delegación D I66 Córdoba­Amatlán de los Reyes Foráneas; quien, al momento de los hechos expresados, transitaba por ese lugar. Exigimos a las autoridades federales y estatales pronta justicia, una investigación profunda y castigo a los responsables de este cobarde acontecimiento. El Comité Ejecutivo de la Sección 56 del SNTE, expresa sus condolencias a familiares y amigos de nuestro compañero y de la alumna. Ya no más violencia en Veracruz…
PERO NO fue el único crimen: en San Andrés Tuxtla fue asesinado el comandante de la Policía Federal Ministerial adscrito a la subdelegación de la Fiscalía General de la República, Mario Vidal González, de 62 años, quien recibió varios impactos de bala, y aunque una versión indica que a manos de un “madrina” o informante que resultó lesionado, otra versión sostiene que fueron baleados por sujetos armados a bordo de un vehículo que se dio a la fuga, lo que pone en relieve que en Veracruz la inseguridad, en plena temporada vacacional que el Gobernador y el titular de la SPPP disfrutan como cubanos en día de fiesta, está a la orden del día. Y ya para cerrar, porque la semana que termina estuvo plagado de masacres como la de Tecolutla y Tuxpan y otros crímenes y feminicidios, un cuerpo sin vida fue localizado en el camino que conduce de la comunidad de Tuzantla a la cabecera municipal de La Perla. Los restos corresponde a un hombre maniatado a quienes sus asesinos le dejaron un mensaje amenazante, y según reportes, presentaba huellas de tortura y de haber sido ejecutado a balazos, y este domingo dejaron dos cadáveres en Nogales con mensaje amenazante. En fin, Veracruz es un caos, pero Cuitláhuac confía en que el arrastre de AMLO seguirá haciendo triunfar al candidato que imponga MoReNa a la Gubernatura, y como todos se tapan con la misma cobija, lo salvarán de acabar como Javier Duarte de Ochoa. Así las cosas…
*****
TRASCIENDE QUE consejeros del partido Verde Ecologista en Veracruz pidieron la renuncia a la periodista en receso, Eleaney Sesma como presidenta estatal de ese instituto, por presuntas irregularidades administrativas, por lo que ya informaron la decisión al Comité Ejecutivo Nacional. Hasta el momento no ha habido un comunicado oficial, pero los informantes indicaron que las irregularidades durante la dirigencia de la misanteca tuvieron que ver con cuestiones administrativas y descuido de los cuadros de ese partido, el cual sufrió un desmantelamiento y desbandada en los últimos 18 meses. Eleaney asumió la dirigencia en una asamblea secreta en el municipio de Jilotepec en diciembre del 2021, tras haber renunciado a la candidatura a la diputación local plurinominal en el proceso local del 2021 para cederle el lugar a Citlali Medellín Careaga, y así, presuntamente, protegerla de posibles señalamientos de daño patrimonial durante su administración municipal en Tamiahua. A ver que se informa en los días por venir…
OPINA carjesus30@hotmail.com

FUNCIONARIOS Y POLICÍAS, PRESUNTA RED DE POLLEROS EN VERACRUZ


Ricardo Ravelo
Sin Embargo
31/03/2023
“Para pasar por Veracruz, además de pagar una cuota monetaria bastante abultada, a veces les representa también el pago de una cuota de sangre o de cárcel en los separos del Instituto Nacional de Migración”.
–Altos funcionarios del gobierno de Veracruz conforman esta red o presunta organización criminal dedicada al tráfico de personas hacia Estados Unidos. Utilizan a las corporaciones policiacas para custodiar camiones repletos de migrantes que, previamente, han pagado por cruzar por la entidad sin ser detenidos ni deportados. El negocio parece muy rentable, pues se han sumado miembros de la Sedena, Guardia Nacional y hasta efectivos de La Marina.
En abril de 2021, el gobierno de López Obrador acordó con Estados Unidos el despliegue de más de 10 mil elementos de Guardia Nacional (GN) en la frontera con Guatemala, con la finalidad de acotar el flujo de migrantes que buscan ingresar a ese país por el territorio mexicano. Salen de sus respectivos terruños huyendo del hambre, la miseria y la muerte.
Las manifestaciones y reclamos de organizaciones defensoras de los derechos humanos no fue impedimento para que AMLO buscara congraciarse con la administración de Joe Biden, y tapizó ciudades como Tapachula y las fronterizas con Belice con cientos de elementos de la GN, complicando aún más el tránsito de personas extranjeras que buscan llegar a Estados Unidos pasando por México, y necesariamente, por Veracruz, donde las autoridades del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez encontraron en esta acción del gobierno federal –y de Estados Unidos –,una gran oportunidad de hacer lo que mejor saben: sacar dinero mediante negocios al amparo del poder.
El negocio de altos funcionarios estatales es a costa del sufrimiento, el dolor y la tragedia que viven las personas extranjeras que abandonan sus países, pues para pasar por Veracruz, además de pagar una cuota monetaria bastante abultada, a veces les representa también el pago de una cuota de sangre o de cárcel en los separos del Instituto Nacional de Migración (INM), que deporta por cientos a quienes no llegan a un acuerdo con los polleros y los personeros del gobierno de Veracruz.
Todo lo anterior se sustenta en datos, hechos y evidencias, además de que el caso es un escándalo inocultable debido por la presunta participación de los titulares de la Secretaría de Gobierno –Eric Cisneros –y de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, quienes de acuerdo con las denuncias se han convertido en presuntos CEO (gerentes) de una de las empresas criminales que más ganancias les estarían dejando al mes.
Las cifras se estiman en millones de pesos, todo en complicidad con mandos policiales de las delegaciones de la SSP en Cosoleacaque, Acayucan, Las Choapas, Coatzacoalcos, entre otras, donde se ha establecido una especie de corredor del dinero escoltando vehículos, desde coches compactos hasta camiones y tráileres en los que a diario se mueven decenas de migrantes que, lejos de ser tratados como seres humanos, les dan trato de mercancía porque les genera ganancias millonarias.
El tráfico humano se realiza con personas de orígenes distintos. Hay ciudadanos de Honduras, El Salvador y Nicaragua; también de países asiáticos; de Brasil, África y de Medio Oriente que buscan el Sueño Americano, pero padecen la desgracia de cruzar por Veracruz –tierra de nadie –donde deben dejar importantes sumas de dinero para conseguir salir con vida, no caer en los separos del INM y librar así la deportación.
Y es que al interior de la dependencia que encabeza el capitán Cuauhtémoc Zúñiga no solo hay una red de acosadores sexuales, la cual ha quedado expuesta en la prensa nacional e internacional; también existe una intrincada, compleja y bien organizada red de elementos de la SSP que colaboran en el movimiento de personas extranjeras sin documentos, claro, obteniendo jugosas ganancias en los traslados que se cobran por tipo de vehículo, inclusive. Los pagos se realizan en moneda nacional o en dólares.
El negocio ya devino en conflictos. De acuerdo con informes consultados, en la zona sur de Veracruz se ha desatado una batalla encarnizada entre mandos medios de la SSP para ocupar el cargo de delegado en el municipio de Las Choapas. Esta delegación deja tanto dinero que es conocida entre jefes y tropa como “La Mina de Oro”, ya que en el peor de los escenarios los altos funcionarios obtienen ganancias de hasta un millón de pesos por semana. Cuando el flujo migratorio es alto, la cifra aumenta.
Antes, esta zona de Veracruz era usada como plaza de castigo. Es una de las más retiradas de Xalapa, la capital del estado, pues entre ambas hay 400 kilómetros de distancia.
Allá iban a parar elementos o mandos que se portaban mal. Se les presionaba enviándolos a esa región sureña para que renunciaran a sus puestos.
Pero gracias al acuerdo sellado entre el presidente López Obrador y el gobierno de Estados Unidos para cortar el flujo migratorio con elementos de la GN apostados en la frontera con Guatemala, ahora esa plaza es la más codiciada por mandos y tropa, pues descubrieron el boyante negocio que significa el paso de migrantes o “pollos”, como les llaman los policías.
El negocio es muy jugoso. Mandos medios y superiores de la SSP tienen cuotas establecidas para autorizar el paso de migrantes que intentan cruzar por Veracruz.
Las cuotas –sostienen las fuentes referidas –se negocian con los “polleros” o bien con la delincuencia organizada, que desde hace varios años explota el tráfico humano. El corredor del sur de Veracruz está controlado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJGN), según los informes consultados.
La dinámica y el negocio opera de la siguiente manera: Por pasar un coche pequeño con centroamericanos se pagan 3 mil pesos (por cada vehículo); camioneta SUV, 4 mil pesos; por camioneta grande, 5 mil pesos; camioneta van, suburban o sprinter, 7 mil pesos; camioneta de tres a siete toneladas, 15 mil pesos; por un torton, 18 mil pesos; por un tráiler, 20 mil pesos.
Los polleros que quieran pasar por Veracruz ya saben que forzosamente tienen que reportarse con el delegado en Las Choapas, Jesús Prieto Rodríguez, de distintivo Toretto, gente allegada al titular de la SSP, capitán Cuauhtémoc Zúñiga. También le responde a Rafael Ángel González Uscanga, exdirector de la Fuerza Civil y actual subsecretario de Seguridad Pública.
Cuenta un alto mando de la policía veracruzana “que desde que van planeando llegar a Veracruz deben informar cuántos vehículos llevan, mandar fotos, así como la cantidad de personas para iniciar las negociaciones. En el caso de que de que los polleros y los mandos de la SSP lleguen a algún acuerdo, se envía a elementos oficiales sin uniforme y en coches sin emblemas para recoger el dinero. Así le dan entrada a la caravana”.
Explica que es muy común que se realicen detenciones de vehículos con migrantes o que se les asegure en hoteles, eso pasa porque son polleros que no quisieron pagar o debido a que la cuota les pareció muy alta, por lo cual son puestos a disposición.
Expone: “Por eso es muy importante que desde que ingresan a territorio veracruzano, los que acuerdan con la SSP, envíen fotos de los vehículos de la caravana, así como el contacto del encargado para correr el dato a las demás delegaciones y retenes en donde pasarán “los pollos”.
“Esta es una práctica que se comparte con otras corporaciones como SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, entre otras, para que todos estén coordinados sobre el paso de migrantes, y claro, es un negocio exclusivamente de los mandos”.
Así cruzan el peligroso territorio veracruzano cientos de hombres, mujeres y niños que buscan llegar a los EU. El dinero que pagan en su mayoría se queda en manos de los delegados de la SSP en Las Choapas, Coatzacoalcos, Juan Rodríguez Clara, Cosoleacaque y Acayucan, el conjunto de delegaciones que controlan más de 100 municipios donde la violencia, el tráfico de drogas, así como las amenazas, el robo de ganado y el secuestro están a la orden del día, pues las autoridades preventivas están más ocupadas en sacarle dinero a los migrantes que en atender la seguridad pública.
Estimaciones someras indican que al menos el 70 por ciento de las ganancias de los “pollos” se queda en manos del delegado en turno; la otra parte la deben reportar a los altos mandos y se asegura que la red de beneficios económicos llega hasta el secretario de la SSP, Cuauhtémoc Zúñiga; al sub secretario, Rafael Ángel González Uscanga; y al titular de la SEGOB, Eric Cisneros Burgos.
A este último se le ha vinculado en la presunta protección de Gil Caro Quintero, “El Pelos Chino”, de acuerdo con informes de la DEA, la agencia antidrogas norteamericana. También se le relaciona con una banda de presuntos polleros. Gil Caro Quintero está afincado en el municipio de Vega de Alatorre y, de acuerdo con la DEA, encabeza el llamado cártel de Caborca.
De acuerdo con las denuncias consultadas, así como con fuentes policiacas, en Veracruz opera una red de corrupción con el negocio de la migración ilegal que estaría “muy bien protegida” por altos mandos de la policía y funcionarios de primer nivel del gobierno veracruzano.
La red estaría encabezada por el delegado de Las Choapas –Jesús Prieto Rodríguez, “El Toretto” –. De él se afirma que es muy allegado a Cuauhtémoc Zúñiga, así como a Eric Cisneros, el secretario de Gobierno. Otra parte de la red la encabeza en Cosoleacaque Hernán Olmos Hernán, “El Blindado”.
En Coatzacoalcos está Jesús Barrera Sobrevilla, “Huasteco” y Andrés Humberto Segura Barradas, “Fénix”, subdirector de la SSP en la zona sur. También forma parte del esquema Francisco Alexander Ronzón Cardeña, “Ronzón” –delegado de esa dependencia en Acayucan — elemento de alta confianza de Rafael Ángel González Uscanga, el segundo hombre al mando dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. También es allegado a Eric Cisneros.
Cisneros fue amenazado por la delincuencia organizada en 2022 cuando aparecieron nueve cadáveres en la autopista Isla-Cosoleacaque. De ese hecho trágico surgió la versión de que el funcionario presuntamente está relacionado con el crimen, aunque hasta ahora no ha sido investigado oficialmente por la FGR.
La realidad del sur de Veracruz –y de otras regiones del estado –revela que las autoridades de la SSP están concentradas en generar dinero con el negocio de la migración ilegal, encarcelar a rivales políticos y a toda persona que no comulgue con los grupos de Eric Cisneros Burgos y de Cuitláhuac García Jiménez, quien se ha ganado la mala fama de ser es el gobernador más represivo e incompetente que ha tenido el estado de Veracruz.
Esta descomposición del estado no es desconocida para el presidente Andrés Manuel López Obrador. El 1 de diciembre de 2022, elementos de la Fuerza Civil –operaban las patrullas FC2141 y FC1698 – fueron sorprendidos por personal de la Sedena, en funciones de Guardia Nacional, cuando trasladaban a centroamericanos a bordo de las unidades; también otorgaban custodia a otros vehículos con migrantes localizados en Ixhuatlán del Sureste.
Los elementos sorprendidos respondían directamente a los capitanes Cuauhtémoc Bonilla –en ese tiempo subsecretario de seguridad –y a Rafael Ángel González Uscanga, entonces director de la Fuerza Civil tras la caída de Hugo Gutiérrez Maldonado como titular de la SSP.
En medio del escándalo por las detenciones del personal bajo su mando –a lo que se sumó la desaparición forzada del policía Juan Alan Cuetero Meza –los dos capitanes ascendieron rápidamente al poder.
De esta forma, la red de protección al tráfico humano sigue intacta, pues ambos son estrechamente cercanos a Eric Cisneros, secretario de Gobierno. No sólo eso: operan como sus arietes para reprimir a opositores fabricando delitos, siembran armas y drogas para cuadrar las incriminaciones, de acuerdo con informes en poder de este reportero. De esta forma sirven a Cisneros, quien aspira a ser candidato de MORENA al gobierno del estado.
Un personaje incómodo para Eric Cisneros y su estructura era Ilario Amaya, primer encargado de la coordinación de la Guardia Nacional en Coatzacoalcos hasta diciembre de 2021, cuando fue adscrito a otra entidad.
Amaya había realizado importantes detenciones de bandas de polleros que operaban desde Centroamérica hasta la frontera con Estados Unidos. Incluso, usaban documentos falsos de organizaciones defensoras de derechos humanos para mover migrantes previo acuerdo con el personal de la SSP.
Durante su estancia en la coordinación de la GN en Coatzacoalcos no había mes que Amaya no diera un golpe a las estructuras del tráfico de personas. Por ello, el personaje resultaba ser muy incómodo para Eirc Cisneros. Conocía muy bien las presuntas corruptelas de Cisneros: ambos trabajaron juntos en la administración pública en el estado de Baja California.
El estado de Veracruz es un caso claro de Estado fallido. Por corrupción o incompetencia, en el sur de Veracruz no dejan de cometerse violaciones a los derechos humanos , masacres y se ha impuesto como una ley el llamado cobro de piso.
La semana pasada –25 de marzo –cerró con la noticia de una nueva ejecución múltiple en el municipio de Hidalgotitlán: dos familias que llevan dos años enfrascadas en un pleito por contratos de obra pública se agredieron a balazos. El saldo: cinco muertos.
Uno de los fallecidos –Jorge Sánchez –presunto constructor y cobrador de cuotas, libró un atentado en el 2022, pero en la trifulca perdió la vida su hija de cinco años de edad.
Pese al baño de sangre que enfrenta el estado, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez salió a defender su estrategia de seguridad. Soslayó la violencia que se vive en la demarcación donde ocurrió la masacre y dijo que todo se trató de un pleito entre familias. Pasó por alto que mandos de la SSP y de la Fiscalía General del Estado arrastran denuncias y señalamientos desde hace dos años por esos generadores de violencia. Sin embargo, nada ocurre para recomponer el maltrecho escenario estatal, pues policías de todos los niveles están más preocupados en proteger el tráfico de migrantes y en perseguir a detractores políticos de sus jefes.
En medio de este contexto, no extraña que en Veracruz haya constante muerte de migrantes en la ruta que siguen, pues las autoridades que deberían cuidarlos solo buscan la rentabilidad: quedan a merced tanto de altos mandos de la policía como de grupos criminales.
Un caso que ilustra lo anterior fue el de la joven Emma Clarissa “N”, de origen salvadoreño, que perdió la vida en Veracruz tras ser agredida por oficiales de la GN, según determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
La recomendación 111/2021 concluyó que fueron balas de la GN, en particular de la Policía Federal de Caminos, las que cegaron la vida de la menor de 12 años.
Estos hechos ocurrieron el 14 de julio de 2019 en la carretera federal 180, a la altura del municipio de Agua Dulce, considerado como uno de los más riesgosos para el paso de migrantes.
Los riesgos van en aumento, En mayo de 2022, en Playas de Tonalá, Agua Dulce, murieron ahogados seis migrantes de diversas nacionalidades.
La tragedia ocurrió cuando la lancha en la que viajaban zozobró. Trataban de llegar a las costas del municipio de Catemaco. Tomaron la vía fluvial porque pretendían evitar los retenes de las autoridades veracruzanas, donde los costos por cruzar son cada vez más altos.
Debido al incremento de la violencia contra migrantes y ciudadanos detenidos a los que les cargan delitos fabricados por parte de la Fiscalía Estatal, las recomendaciones de la CNDH van en aumento. Sin embargo, el gobierno estatal se ha mostrado renuente a aceptarlas.
Actualmente, el gobierno de Veracruz fue emplazado por la CNDH, por medio del Senado de la República, para que el gobernador y la Fiscal General, Verónica Hernández, comparezcan en el Senado de la República para explicar por qué no están aceptando las recomendaciones ante las flagrantes violaciones a los derechos humanos que cometen elementos de la SSP y de la Policía Ministerial.
Abogados, juristas y académicos consultados al respecto sostienen que el gobierno de García Jiménez es igual que el que encabezó Javier Duarte de Ochoa, en cuyo periodo altos funcionarios se ligaron al crimen organizado y se implantó un récord de desapariciones forzadas. De ahí que haya tantas fosas clandestinas en la entidad.
Una de esas recomendaciones es la 146/2021, dirigida al gobierno de Veracruz por la CNDH tras la detención ilegal de seis personas ocurrida el 3 de septiembre de 2021 en las inmediaciones de un centro comercial en Xalapa, donde elementos de la SSP así como de la Fiscalía del Estado sembraron armas y droga para criminarlas.
También los acusaron de ultraje a la autoridad, delito que fue anulado por la Suprema Corte de Justicia al comprobarse que era usado para reprimir a personas de bien y a empresarios que no se alineaban con los intereses del gobierno de Veracruz.
Con ese delito como instrumento, las cárceles del estado se llenaron en poco tiempo. En su mayoría se trataba de personas que se enfrentaban a la policía con cuchillos oxidados o en mal estado.
Los seis jóvenes salieron de la cárcel tras las gestiones y presiones del senador Ricardo Monreal, quien enfrentó al gobierno del estado hasta que echó abajo ese delito que tanto daño causó y, en venganza, las autoridades veracruzanas procedieron a detener José Manuel del Río Virgen, secretario Técnico en el Senado de la República, y hombre cercano a Monreal, quien fue liberado en junio de 2022 al comprobarse que todo se trató de un invento de la Fiscalía de Veracruz, controlada por Cisneros Burgos. El caso se interpretó como una venganza de Eric Cisneros contra Monreal.
No es todo: Anulado el delito de ultrajes a la autoridad, el gobierno de García Jiménez buscó otro instrumento para reprimir: modificó el Código Penal del estado de Veracruz para incrementar penas por el delito contra las instituciones de seguridad pública municipal, penalizado en el artículo 371.
Ahora la pena es de seis meses a dos años de prisión a quien agreda a elementos de la ley en el cumplimiento de sus funciones.
Así, con este delito, las autoridades veracruzanas no paran de detener a quien se les antoja o por consigna de Eric Cisneros Burgos.
De esta manera siguen con sus persecuciones, con la represión y con la siembra de terror en la entidad, pues suelen detener a delincuentes de bajo perfil –en el peor de los casos les fabrican delitos para justificar su trabajo –mientras los jefes de plaza, generadores de violencia, viven sin ser molestados.
Todo este escenario es del conocimiento de las autoridades estatales, entre ellos del gobernador Cuitláhuac García, Eric Cisneros, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla y Rafael Ángel González Uscanga.
El caso de la violencia en Veracruz también se conoce y muy bien en Estados Unidos. En su último informe sobre derechos humanos en México, el Departamento de Estado del gobierno norteamericano reprobó a Veracruz por aspectos como abusos en las detenciones cometidas por personal de la Fiscalía y de la SSP; violaciones a los derechos de los migrantes que cruzan por el estado, así como por la violencia contra los periodistas.
El estado de violencia se ha construido en tan sólo cuatro años de gobierno. Ciudadanos veracruzanos consultados vía telefónica coinciden que el desastre que padece Veracruz es responsabilidad de tres hombres el gobernador Cuitláhuac García, su secretario de Gobierno, Eric Cisneros y el titular de la SS, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla.
–¿Deberían estar fuera del poder? –se le pregunta a Benjamín Rodríguez Cruz.
–Deberían estar presos y sumidos en una cadena perpetua.
La corrupción que impera en el tráfico de migrantes no es distinta de la que priva en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el pasado lunes murieron calcinados 39 migrantes de diversos países: algunos acusan a las autoridades de extorsionarlas y violarles sus derechos humanos. Y de ello acusan al Instituto Nacional de Migración (INM) que, junto con policías y funcionarios estatales, encaban un cártel dedicado a la explotación del tráfico humano.

Ricardo Ravelo
Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

RESISTENCIAS Y LUCHAS ANTE LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA


 Desinformémonos

💧
| Resistencias y luchas ante la privatización del agua

Lo que suena como una práctica inofensiva puede ser la causa de la sobreexplotación de recursos naturales, el empobrecimiento de la población y el surgimiento de enfermedades cada vez más agresivas. La privatización del agua es una de las iniciativas más alentadas desde el gobierno, pero más cuestionadas por la sociedad que padece sus estragos. https://bit.ly/3Zl7fEt

4 de febrero de 2023

JÓVENES PREPARADOS Y EL ESCÁNDALO DE LAS UNIVERSIDADES DEL BIENESTAR


Fernanda Domínguez

Coordinadora de Educación

10 noviembre, 2022 

Estudiar una licenciatura es una decisión que implica una inversión de tiempo, dinero y esfuerzo a cambio de acceder a empleos mejor pagados y de mayor calidad a largo plazo. Sin embargo, la clave no está solo en conseguir un papel que acredite a las y los jóvenes como “licenciados”, sino en las habilidades y capacidades que se desarrollan durante el tiempo que pasan en la universidad, las cuales tienen una utilidad práctica en un mercado cada vez más competido. 

La matriculación en educación superior ha aumentado desde 2016. Sin embargo, el monto dedicado para educación superior en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) ha disminuido 9% en el mismo periodo. En México, ni la oferta de servicios educativos ni el presupuesto son suficientes para atender a todos los jóvenes que quieren estudiar. 

Como respuesta a este dilema, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador prometió generar más oportunidades de educación superior para los jóvenes. Por ello, se creó la Universidad del Bienestar “Benito Juárez” (UBBJ) como uno de los 30 programas prioritarios de su gobierno. Este programa tiene el objetivo de ampliar la oferta de educación superior de manera gratuita, particularmente en comunidades marginadas que no tienen acceso a ella. 

En 2019 la UBBJ fue dotada de mil millones de pesos para establecer 100 planteles alrededor del país y arrancar este nuevo sistema de universidades. En lo que va del 2022 reporta la existencia de 145 sedes de la Universidad del Bienestar con más de 60 mil estudiantes, y este lunes la directora del programa, Raquel Sosa, anunció que se establecerán 55 nuevas sedes para 2023. Parecería que el Gobierno Federal cumplirá con su promesa de campaña y logrará 200 sedes para 2023, ¿pero a qué costo? Tal vez el sacrificio de la calidad educativa. 

Las UBBJ han sido señaladas por falta de docentes, poca claridad en los programas, datos insuficientes sobre el total de alumnos beneficiados, así como mala ubicación y condiciones en las sedes. A pesar de tener un número considerable de alumnos inscritos, en comparación con otras universidades del país, la UBBJ tiene una plantilla de maestros reducida en proporción a los alumnos inscritos. Mientras que universidades como la UNAM o el IPN tienen 19 docentes por cada 100 alumnos, la Universidad del Bienestar cuenta con apenas 2 docentes por cada 100 alumnos. Esto no es suficiente para atender a todos sus alumnos y cumplir con los programas de estudio. 

Asimismo, en abril de este año la UBBJ fue señalada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por no cumplir con la entrega de títulos universitarios a jóvenes que habían cumplido con los requisitos necesarios para graduarse. También, los alumnos del plantel de Tlalpan protestaron en Palacio Nacional por mayores recursos para la Universidad y la contratación y capacitación de docentes suficientes para cumplir con los cursos. 

¿Pero puede realmente la UBBJ formar estudiantes competitivos? ¿Le conviene a un joven invertir su tiempo en estudiar en la UBBJ? 

Si bien es importante que cada vez haya más lugares para captar la demanda creciente de estudiantes que quieren continuar con sus estudios, es fundamental que garanticen las condiciones que permitan desarrollar habilidades y capacidades necesarias para el mercado laboral. De lo contrario, los títulos no reflejarán el valor de los estudios que avalan y los jóvenes no podrán acreditar conocimientos y competencias para ser aceptados como mejores empleados. Solo habrán perdido su tiempo. 

Para ser más competitivos, México no solo necesita más titulados de licenciatura, sino una fuerza laboral de personas más capacitadas que puedan acceder a empleos mejor pagados. Esto implica que los jóvenes inviertan su tiempo y su esfuerzo en concluir planes de estudio consistentes, impartidos por docentes competentes y que satisfagan las necesidades del sector productivo. En medio del huracán de críticas, ¿se harán los cambios necesarios para que la Universidad del Bienestar ponga a los jóvenes en el centro? 

Publicado en Animal Político.