La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año 2011 por la Cámara de Diputados demuestra una vez más el contubernio que tienen el PRI y el PAN para seguir en la ruta de una política económica orientada a mantener los privilegios de unos cuantos que viven al amparo del poder político y económico de nuestro país.
De un gasto total de 3.5 billones de pesos, 2 billones se destinarán al gasto corriente, es decir, a mantener el aparato gubernamental. El gobierno destinará para salarios 871 mil millones de pesos, y hay un incremento de 24 por ciento en las percepciones de Felipe Calderón y otros funcionarios. El presidente de la Suprema Corte de Justicia va a ganar al año 6 millones de pesos. Éste es un presupuesto orientado a administrar a la burocracia.
El Presupuesto Público para 2011 servirá además, como siempre, para pagar intereses de la deuda interna y de la deuda externa, y será muy poco lo que se destine para el desarrollo del país, porque hay una deuda de 350 mil millones de pesos.
El PRI y el PAN aprobaron la Ley de Ingresos de 2011 para seguir afectando a los pobres y la clase media del país y mantener los privilegios fiscales para los grandes contribuyentes. Los legisladores del Partido Revolucionario Institucional dijeron que iban a bajar de 16 a 15 por ciento el impuesto al valor agregado (IVA) y, por el contrario, se pusieron de acuerdo con sus correligionarios panistas y dejaron igual el gravamen, como en el año pasado cuando decidieron aumentarlo.
Con documentos en mano tomados directamente del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2010 y 2011, el diputado federal del PT, Mario Di Costanzo, denunció ante los medios de comunicación que Felipe Calderón no sólo tendrá un aumento de sueldo de 24.4 por ciento en 2011 –producto de un aumento en sus percepciones extraordinarias con cargo al erario– sino que además durante 2010 no se le descuentan de su sueldo 30 por ciento de ISR, sino sólo 28 por ciento. Es decir, Calderón no paga los impuestos que debería pagar y que todos los ciudadanos asalariados sí pagamos. Esto se llama llanamente evasión fiscal.
El Partido del Trabajo expresó su rechazo a estas prácticas irregulares que deciden las cúpulas del poder político y económico del país y se pronuncia por una revisión profunda en la orientación del gasto gubernamental para adoptar una política social de gran alcance y que permita la reactivación económica a través de la inversión productiva, no el derroche del recurso público en manos de la alta burocracia.
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