Rafael Moreno Valle,
gobernador de Puebla.
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (apro).- Si en los dos
sexenios del partido que dice defender la libertad de expresión se usa el
presupuesto para ajustar cuentas con los medios incómodos y se asesina
impunemente a 72 periodistas, como parte de la carnicería propiciada por un
acomplejado, no es raro que un gobernador, ostentándose como “ciudadano” y
provisto de dinero público, emprenda una cruzada para defender su honor y el de
sus funcionarios.
El cruzado es Rafael Moreno Valle, un
priista converso al panismo que se ha nutrido de las enseñanzas de tres
déspotas: Su abuelo del mismo nombre, un incondicional de Gustavo Díaz Ordaz;
de Melquiades Morales, un político duro pero de finas formas, y Elba Esther
Gordillo, la cacique del magisterio.
De ellos abrevó también, por lo visto,
la astucia: Al filtrar la lista de 19 periodistas propensos a ser demandados
por “exceso de libertad de expresión” –y cuya “primera tanda” fue de dos–, no
sólo envió un mensaje de intimidación al gremio, sino que ocultó una maniobra
gravísima: El asalto al Instituto Electoral del Estado (IEE).
El martes 23, el mismo día en que el
vocero Sergio Ramírez Robles presentó las dos primeras demandas por “daño
moral” contra Fabián Gómez, de Contraparte Informativa, y Adrián Ruiz, de El
Heraldo, el Congreso local aprobó a los nueve consejeros del IEE, cinco de los
cuales –incluido el presidente– han sido subordinados, operadores o aliados de
Moreno Valle, dos son afines al PAN y otros dos al PRI.
Esta conformación del órgano electoral
afín al gobernador fue aprobada por los diputados de todos los partidos –que
también controla, incluyendo el PRI– sólo con el criterio de cuotas y con total
opacidad, característica ésta que prevalece también en la integración de la
Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales (CAIP).
El control del IEE es clave para el
proceso electoral del próximo año, cuando se renovará el Congreso que Moreno
Valle quiere controlar para que sean aprobadas sus cuentas públicas y seguir
edificando su candidatura presidencial para 2018.
Valiéndose de los abundantes recursos
económicos que maneja, Moreno Valle ha sometido a todos los actores políticos,
sociales, económicos y mediáticos de Puebla, y a los que han resistido están
siendo sometidos a todo tipo de intimidaciones y represalias, como ahora los
periodistas.
No parece que prosperará esta ofensiva
del gobernador expriista contra los periodistas, no sólo porque numerosos
expertos han advertido el endeble andamiaje jurídico en que se fundan las
demandas, sino porque su reputación represora –que ya trascendió Puebla y
México– atenta contra sus propias ambiciones.
No sólo eso, sino que va quedando claro
que el control que ejerce en todas las instituciones del estado, incluyendo los
organismos que deben ser autónomos, los partidos políticos, los organismos
empresariales y hasta el aparato de espionaje –que lo hace hasta con su
esposa–, lo evidencian como un sátrapa peor que Mario Marín, que ya es
bastante.
Otro ejemplar de esta fauna en el poder
es el gobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte, un confeso admirador
del dictador Francisco Franco que, como este fascista, detesta la crítica y
como uno de sus generales franquistas, José Millán-Astray, parece gritar:
“¡Viva la muerte!”
Han pasado seis meses del asesinato de
Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, y el gobierno de Duarte
ha incumplido su palabra: NO hay ningún resultado, ni del responsable o
responsables materiales ni de los autores intelectuales y sus causas, como
informó el reportero Jorge Carrasco en el semanario de esta semana.
“Ni una línea de investigación sólida.
Sólo rumores, improvisaciones y acoso hacia los periodistas cercanos a la
reportera asesinada la noche del 28 de abril en su domicilio, en la privada de
Rodríguez Clara, en el barrio del Dique, cerca del centro de Xalapa”.
Pese a que el mismo Duarte pidió a la
fiscalía de la PGR ser coadyuvante en el caso, no ha querido siquiera compartir
información, ni siquiera con Proceso, también coadyuvante en las
investigaciones.
De hecho, la información sobre el
asesinato de Regina Martínez y los otros ocho periodistas asesinados durante el
gobierno de Duarte se clasificó como “reservada”, según una petición de
información hecha por el colaborador de Proceso Noé Zavaleta a la Procuraduría
de Justicia del estado.
Lo único que el gobierno de Duarte ha
hecho es acosar a periodistas amigos o cercanos a Regina, 14 de los cuales han
tenido que declarar, pero no se ha investigado sobre el trabajo periodístico de
nuestra compañera, una de las víctimas mortales en ese estado sin ley.
Entre 15 y 20 periodistas han abandonado
el estado por el clima de temor, acoso e intimidación hacia la prensa
para no sumarse a la lista de 9 asesinados desde que, en 2010, Duarte asumió el
cargo de gobernador.
En la Puebla de Moreno Valle no hay aún asesinatos como en el Veracruz de
Duarte. Ojalá no los haya nunca…
