“Más que por la fuerza, nos dominan por el engaño”: Simón Bolivar.
Las delegaciones federales representadas por panistas en el estado de Veracruz, continúan ofreciendo magros resultados. Lo confirma un informe de la Auditoría Superior de la Federación que acusa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), del Gobierno Federal, de haber sobregirado en casi 900 millones de pesos y de continuar incrementando desproporcionadamente, los costos de la construcción del túnel sumergido de Coatzacoalcos, sur del estado.
Conocer esta información, no nos sorprendió en lo más mínimo. Desde siempre, la delegación de la SCT en Veracruz ha sido un auténtico nido de corrupción.
La esperanza del cambio con la llegada de un panista a tan importante posición, se esfumó. Al primer año de la designación de Agustín Basilio de la Vega, trascendieron los primeros escándalos sobre la asignación de contratos de obra pública. Daba inicio la era de las licitaciones por invitación directa y el apoyo para constructoras de políticos del mismo partido.
El 28 de abril de este año 2011, trascendió que por negligencia administrativa, la Secretaría de la Función Pública había sancionado, destituido e inhabilitado por 10 años al delegado del Centro SCT-Veracruz, Agustín Basilio de la Vega.
El Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados reveló que de acuerdo al expediente DR-0072/2010, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitió la resolución con fecha 6 de abril de 2011 en la que especificó que el funcionario federal quedaba inhabilitado por un periodo de 10 años que comprendía del 21 de abril del año 2011 al 17 de abril del año 2021.
Además reveló la aplicación de una sanción económica por 2 millones 104 mil 105.90 pesos, así como la inmediata destitución del cargo público federal que venía ostentando. Pero no, más tardó la dependencia en emitir la resolución que el señor Basilio en mover sus influencias como consejero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, para que lo perdonaran y lo regresaran a su cargo. Escasos meses después nadie supo cómo pudo librar una acusación tan grave por parte de otra dependencia del mismo gobierno federal.
Su militancia y sus muchas relaciones con funcionarios federales del PAN, le permitió al señor delegado, usar sus influencias para salir bien librado de la acción ordenada por la SEFUPU.
Y ahí lo tienen, con sus mismas trapacerías de siempre. Y no lo digo yo, lo confirma el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo dependiente de la Cámara de Diputados, que dice, la obra túnel sumergido de Coatzacoalcos, planeada y autorizada desde el año 2004 durante el gobierno de Vicente Fox, registra un sobre costo desproporcionado, originado probablemente, en la negligencia y corrupción de funcionarios federales de la SCT.
Inicialmente, la citada obra debió costar mil 731 millones 270 mil pesos. Para el año 2010, el costo se disparó en un 51.8% es decir unos 897 millones 394 mil pesos incrementándose a 2 mil 628 millones 665 mil 700 pesos, lo que significa que para el año 2013, los costos podrían haberse triplicado.
Muy probablemente, por los retrasos derivados de la mala planeación en la construcción, licitaciones amañadas, mala calidad de materiales, los constantes accidentes, hundimientos y demás, que sólo exhiben irregularidad y corrupción en el manejo de los recursos públicos asignados para esta obra.
La información que reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no puede pasar desapercibida, determina que la construcción del túnel sumergido de Coatzacoalcos, no se ha logrado concluir debido a la grave negligencia por parte de funcionarios de la SCT del Gobierno Federal.
El delegado de la SCT en el estado y el entonces coordinador general de los Centros de la SCT Julen Rementería del Puerto, tendrían que responder por qué la obra inició con un atraso de tres años, luego de que se aprobaron los presupuestos y que por fin se lanzó la primera licitación para la construcción de la obra.
Tampoco puede pasarse por alto otra información del mismo reporte del citado organismo que reveló la misma obra en la revisión fiscal del año 2009, por una cifra superior a 395 millones 842 mil 700 pesos.
Deberían los nuevos diputados y senadores por Veracruz, mandar a llamar a cuentas a los funcionarios del PAN, que han permitido todas estas irregularidades respecto a obras de competencia federal y han consentido otras, pues nada han dicho sobre el anuncio de construcción de obras que se anunciaron con “bombo y platillo” y aún no se coloca ni la primera piedra.
Durante todos estos años, se ha observado la complicidad entre funcionarios locales con funcionarios federales, en detrimento de los intereses de los ciudadanos. Probablemente, esto explique por qué la obra túnel sumergido de Coatzacoalcos, tiene 8 años, sí, 8 años en construcción y nunca finaliza. Tremendo negociazo para unos cuantos funcionarios.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), viene alertando del grave problema financiero y social que representa para el país los sobrecostos en las obras debido a negligencia de las autoridades responsables de todos los niveles.
Es tiempo de llamar a cuentas a todos los funcionarios involucrados en esta historia de corrupción. Y que se ordenen auditorías a todos los delegados federales en el estado de Veracruz, la mayoría, amparados en su militancia panista, han ofrecido pésimos resultados en el manejo de los recursos públicos.
Hay que revisar también las gestiones de los actuales delegados de SEDESOL, del Trabajo, de Asuntos Indígenas, de Agricultura, de Profepa, de Semarnat, del IMSS, del ISSSTE de Economía, de Profeco y de todas las que han evidenciado opacidad en el manejo de los recursos públicos.
Sería justo que al menos a los de SCT, se les abrieran procesos penales, y se les procesara por el grave daño al erario público. Que no le tiemble la voz al senador del PAN, Fernando Yunes Márquez, para pedir también una investigación sobre el mal trabajo que colegas de su partido, han permitido por la obra túnel sumergido de Coatzacoalcos.
Tras los resultados de la elección de Julio, quedó claro que la principal problemática que llevó al PAN a la pérdida de la Presidencia de la República y su desplome como tercera fuerza política en el país, fue la enorme corrupción con que se condujeron la mayoría de los funcionarios que llegaron a todos los cargos públicos.
Desde las dirigencias nacionales y estatales del PAN, pasando por panistas en la presidencia, gobiernos de estados, alcaldías, diputaciones federales, senadores, diputaciones locales y por supuesto todas las delegaciones federales, fueron representadas en 12 años por individuos sin escrúpulos que no combatieron la corrupción heredada por 70 años del PRI, pero se hicieron cómplices y aprendieron rápido todas las malas mañas.
Y mientras los funcionarios de ese partido, no demuestren voluntad política para reconocer sus errores y cambiar sus conductas cuando llegan a los cargos públicos, de nada servirá que propongan a los mejores candidatos o hagan mejor trabajo político. Se percibe gran decepción del electorado en el PAN porque al menos en Veracruz, no han sabido ser oposición y se reflejará en los resultados de las próximas elecciones locales.
Al tiempo.
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