María José Gamboa, periodista de reputada experiencia de Veracruz, más de 10 años de carrera profesional como locutora de radio y uno al frente de un canal de televisión por cable. Como periodista de vocación siente la necesidad de denunciar aquello que bajo su juicio cree injusto, aquello que el gobierno está haciendo mal. Sin embargo, no ha elegido un buen momento para ejercer la profesión en su país libremente.
Gamboa es una de las periodistas más activas en cuanto a crítica al gobierno se refiere, poniendo en relieve los aspectos en los que cree que el ejecutivo ha reaccionado incorrecta o injustamente, rasgo propio de un periodista de vocación, además de una preocupación para el gobierno de turno.
Por esta razón, muchos mandatarios han visto en los periodistas –ergo en la verdad– una amenaza para realizar su función libremente, ya que el cuarto poder se encargará de ponerles límites y comunicar todo tipo de decisiones que haya tomado. Este es el caso de Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz desde diciembre de 2010, quien mantiene en estado de miedo a todos aquellos que critiquen sus decisiones acerca del gobierno del Estado como Gamboa, quien se ha visto obligada a un curioso exilio.
Según afirma la propia periodista, en los últimos años ha sufrido tres amenazas de muerte. “La primera vez, sujetos desconocidos se bajaron de una camioneta y destrozaron los vidrios de mi auto estacionado afuera de la casa de mis padres. La segunda, reventaron las cuatro llantas de mi auto también, estacionado afuera del canal de televisión de cable para el cual trabajaba”, cuenta la comunicadora tal y como escribió el pasado miércoles.
La tercera amenaza consistió en el asalto por parte de un grupo de individuos en la casa de su ex marido, adonde acude regularmente con la hija que tienen en común, “sólo dejaron juguetes de mi hija regados por la casa y un muñeco de peluche enterrado en un jardín con un machete incrustado en medio”.
Desde entonces, María José Gamboa vive en la redacción de Notiver, diario de Veracruz muy crítico con el gobierno, aceptando la oferta de Alfonso Salces, director del medio el cual temía por su seguridad. La comunicadora culpa de estos asaltos, con claros atisbos de amenazas de muerte, directamente al gobierno de Veracruz, bajo el cual el ejercicio de la profesión de periodista es cada vez más peligroso.
Estado del miedo
Para los profesionales que ejercen el periodismo, la gestión de Duarte ha llevado la inseguridad al estado mexicano de Veracruz. Desde que comenzó a ejercer su cargo de gobernador, nueve periodistas fueron asesinados, dos desaparecieron y hay más de veinte que se han visto obligados a desplazarse de su lugar de residencia por la presión que reciben por parte de los narcotraficantes, los terroristas y el propio gobierno.
Según Daniela Pastrana, de la organización de Periodistas de a pie, la labor periodística es despreciada también por el gobierno de México. Tanto es así que “hace un par de semanas, el gobernador, su segundo y el jefe de policía se lanzaron contra un fotógrafo muy joven y destacado, Félix Márquez”, por las fotografías que éste tomó a “un grupo de guardias civiles de una comunidad en la sierra”. Tras la agresión, el propio jefe de la policía declaró que Márquez “debería ir a la cárcel por pagar a la gente para tener esas fotografías”. Debido a ello, el profesional se vio obligado a salir del estado unos días.
Debido a que estas amenazas son generadas por el propio gobierno, cuentan con amplia impunidad. En los nueve asesinatos anteriores el gobierno declaró que los periodistas asesinados estaban ligados a cárteles de droga o grupos terroristas los cuales habían cometido los crímenes.
En el caso del asesinato de Regina Martínez, el gobierno de Veracruz persiguió a todos sus conocidos incluida una reportera amiga suya a la cual los policías le entregaron una citación por el asesinato mientras se encontraba en medio de una manifestación. Lo más asombroso para Daniela Pastrana fue el momento en el que se le entregó aquella citación. “¿Y cómo sabían que estaba ahí protestando?”, se pregunta.
Finalmente, un hombre de 34 años, seropositivo y analfabeto fue acusado del crimen. Pese a que el acusado declaró ante el juez que había sufrido torturas para obligarle a confesarse culpable, aún sigue en la cárcel.
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