Por Ernesto Villanueva/
México, D.F. (Proceso).- Las promesas iniciales de
Enrique Peña Nieto, que de haberse concretado al menos en parte hubieran
permitido hablar de un PRI renovado tras 12 años de estar fuera del gobierno
federal, han resultado en un modelo cuyas bases son varios aspectos de las reformas
constitucionales y las leyes secundarias que han sido aprobadas. Me aboco al
tema de telecomunicaciones y transparencia. Veamos algunas razones del proceso
de erosión del derecho a la información, de la debilitada rendición de cuentas
y de la transparencia como apariencia.
Primero. Fiel al sofisma
priista, el modelo EPN busca recuperar el control del Estado en lo político
sobre los medios digitales, dejando a las empresas informativas su libertad
económica siempre que sus contenidos no rebasen el umbral de tolerancia del
gobierno, con algunas excepciones en materia de crítica, bajo el argumento del
ideólogo priista Jesús Reyes Heroles en el sentido de que “lo que resiste
apoya”. O como dice el Maquiavelo de Joly: “Hoy en día, utilizar a la prensa, utilizarla
en todas sus formas, es ley para cualquier poder que pretenda subsistir. Hecho
muy singular, pero es así”. (Diálogos en el infierno entre Maquiavelo y
Montesquieu).
Segundo. Con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se
da un trato diferenciado a las concesiones comerciales en relación con las de
uso social o públicas. Las primeras pueden tener una concesión hasta por 20
años, y las segundas hasta por 15. Las estaciones comerciales no tienen límites
para ser escuchadas por el mayor público de audiencia potencial. Los medios
comunitarios e indígenas deben recibir frecuencias sólo en el “traspatio” de FM
y AM.
Tercero. Con la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado
Mexicano se busca homologar contenidos en lo fundamental, dejando espacios de
crítica en lo accesorio. Lo que se crea no es un órgano a imagen y semejanza de
los estándares internacionales, pues las decisiones las toma el gobierno por
tener mayoría en la Junta de Gobierno del Sistema, a la cual le asisten las
principales atribuciones para vigilar que los medios públicos “cumplan sus
fines”.
Cuarto. Se teme que a través de los medios comunitarios e indígenas
puedan generarse redes de crítica y participación ciudadana, así como conductas
que entren en colisión con el modelo de EPN. Por tal motivo, en la ley dichas
emisoras son marginadas; se les reconoce jurídicamente sólo a cambio de que
sean imperceptibles, aisladas y restringidas en lo económico, habida cuenta de
los requisitos que establece la Ley de Telecom, muchos de ellos discrecionales.
Quinto. La alfabetización mediática prevista en la Ley de Telecom se
convierte en un buen deseo, que separa la letra de la ley de la realidad
posible. Hace recordar la frase virreinal de “acátese, pero no se cumpla”, con
lo cual se alimentan la apatía, el miedo, la indiferencia y la falta de
razonamiento crítico de la mayoría de la población, y ello a su vez favorece la
existencia de un gobierno sin contrapesos.
Sexto. En la Ley de Telecom, a los medios de comunicación
universitarios, ventanas usualmente abiertas a la crítica y a las diferencias
de percepción y de criterio sobre una gran diversidad de temas, se les
invisibiliza y condena a la desaparición o a una larga agonía al quedar
prohibido el uso de recursos públicos para su mantenimiento.
Séptimo. En el ámbito de la transparencia se ha dado un largo salto
regresivo desde el punto de vista legal y conductual, toda vez que la autonomía
constitucional del IFAI quedó tocada por faltar a su compromiso con la sociedad
y buscar quedar bien con los políticos que apoyaron las candidaturas de los
comisionados que hoy forman parte de ese órgano. En un estudio que estoy
realizando en materia de seguridad y procuración de justicia hice un gran
catálogo de solicitudes en 2010, las mismas que volví a hacer hace tres meses,
aunque esta vez tanto la calidad como la cantidad de las respuestas se
redujeron en 45%.
Octavo. El sistema de gestión adoptado en materia de transparencia
consta de cuatro ventanillas, dos en sede administrativa y dos en sede
judicial, lo que orilla a los solicitantes a realizar una larga travesía para
lograr respuestas satisfactorias a solicitudes de información pública en temas
sensibles para el gobierno. Si antes los usuarios de las leyes de acceso
constituían una cifra imperceptible, ésta será ahora más pequeña. En el mundo
del absurdo, los mexicanos pagarán más para saber menos.
Noveno. La debilidad del tejido normativo sancionatorio abonará en
perjuicio de los mexicanos que solicitan información y denuncian delitos pero
que, como respuesta de la autoridad, obtienen silencio.
Décimo. La derogación de la figura de la inatacabilidad de las
resoluciones del IFAI, permitiendo que el consejero jurídico de la Presidencia
de la República pueda ahora acudir ante la Suprema Corte de Justicia para
litigar la negativa a brindar información pública, cierra el círculo de este
retroceso en perjuicio de la transparencia y la rendición de cuentas.
En síntesis, el modelo EPN apuesta a la forma sobre el fondo, a la
recuperación del poder de la Presidencia bajo un esquema autoritario y a
combatir todo espacio que critique a su gobierno. Bien lo dice Albert Camus:
“Nada es más despreciable que el respeto basado en el miedo”.
@evillanuevamx
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