José H. Estrada
Aunque existe un laudo a favor emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y un amparo, para que sean reinstaladas y se les paguen casi siete millones de pesos a dos empleadas del Poder Legislativo, las dos trabajadoras no han sido reincorporadas, por lo que los abogados de las afectadas indicaron que es falso que se tengan negociaciones con la Junta de Coordinación Política que preside el diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo.
Uno de los representantes legales de las afectadas, Juan José Llanes Gil del Ángel también informaron que el pasado viernes solicitaron al Juez Segundo de Distrito que determine que se incumplió con su sentencia de amparo y como consecuencia de ello, deberá remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Distrito para que, con base en la nueva Ley de Amparo, reitere que hay incumplimiento de una resolución judicial y remita los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del gobernador del estado y los diputados locales.
Además, los abogados presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de los 50 diputados locales y del titular del Poder Ejecutivo del estado, al considerar que el proceder tanto del Congreso local como del gobernador vulnera los derechos humanos de las trabajadoras, contenidos en los artículos 8 y 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el articulo 25 apartado 2-C de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Así pues, Llanes Gil del Ángel reiteró que el laudo que favorece a sus dos representadas no ha sido ejecutado y que contrariamente a lo manifestado por el diputado local Juan Nicolás Callejas Arroyo, no hay negociaciones de ninguna especie.
“Deploramos que el Congreso del Estado elija denostar al Juez Segundo de Distrito antes que intentar cumplir con su mandato judicial; la sola sugerencia de que el Poder Judicial Federal tiene intereses particulares o políticos en este asunto tendría que estar sustentada en pruebas fehacientes y solicitamos al director de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado a que las presente”,
También indicó el jurista que la actuación del poder judicial federal ha sido apegada a derecho, por lo que lamentan mucho que el trasfondo de esta situación sea el capricho de no cumplir la ley.
“Con actitudes como esta, el gobierno del estado pierde toda autoridad moral para decir a la opinión pública que se vive en un estado de derecho o exigir el cumplimiento de las normas, el mensaje que se envía a la sociedad es preocupante porque se habla de castigar a los que infraccionan, mientras que es el propio gobernador quien no acata las resoluciones judiciales”.
Finalmente Juan José Llanes dejó claro que no tienen interés en que este asunto concluya con la separación del cargo de algún servidor público, ya que carecen de intereses políticos o partidistas como lo han demostrado a lo largo de los últimos 15 años, “nosotros sólo creemos en la necesidad de que el estado de derecho prevalezca y no será así si no se cumplen las resoluciones judiciales”.
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