César Arellano García
Periódico La Jornada
Jueves 10 de septiembre de 2015, p. 12
Jueves 10 de septiembre de 2015, p. 12
Aun cuando las manifestaciones y protestas sociales siguen siendo las
principales vías ciudadanas para exigir la solución de conflictos graves en el
país, persisten abusos y violaciones de autoridades de seguridad, tanto del
ámbito estatal como del federal, señala el informe Control del espacio
público 3.0.
Las demandas, dice, lejos de ser atendidas
son respondidas con pulsiones autoritarias de los tres niveles de gobierno, lo
cual termina por inhibir, regular y criminalizar estas expresiones.
Advierte que desde 2012, año que inició el
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, funcionarios públicos de diversos
estados y partidos políticos emitieron constantes declaraciones contra las
manifestaciones, adjudicándoles cargas negativas y asociándolas per secon
el desorden, entre ellas: vándalos, anarquistas, peligrosos, delincuentes,
entre otros.
El documento, que presentó ayer el Frente
por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (integrado por más de una
decena de organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos) señala que
de 2014 a la fecha hay registro de 17 actos de represión y criminalización en
Puebla, Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca, DF, Hidalgo, Chihuahua y Baja
California, entre ellos la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela
Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
Además indica que en meses recientes se
han presentado o aprobado diversas iniciativas legislativas, tanto a escala
federal como local, que giran en torno al ejercicio del derecho a la protesta
social y a la libertad de expresión.
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