Desesperada
porque en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa no hay quien dé la cara para
enfrentar los compromisos de la administración estatal, la rectora de la
Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara González, tuvo que acudir al
Senado de la República a pedir auxilio antes de que la institución colapse por
falta de recursos.
Ante los oídos sordos de un gobernador al
que nada le importa la Universidad Veracruzana, la rectora buscó a los
senadores para pedir su intercesión para que el gobierno estatal le pague lo
que le debe a la casa de estudios.
Al reunirse con las comisiones unidas de
Hacienda y Crédito Público, y de Educación del Senado, Sara Ladrón denunció la
crisis económica que enfrenta la institución a causa de la retención por parte
del gobierno del estado de los recursos que le fueron asignados para este año.
Detalló que al corte del 9 de noviembre, están pendientes de entrega dos mil
381 millones de pesos, de los cuales 78 por ciento son correspondientes a las
aportaciones estatales y 20 por ciento a las federales.
En el caso de estas últimas, se trata de
451 millones de pesos que el gobierno estatal, sin justificación legal alguna,
no transfirió a la UV a pesar de que la Federación sí aportó esos recursos,
razón por la cual desde el mes de julio la institución recibe los subsidios
federales directamente a sus cuentas sin que intervenga el gobierno del estado.
De ese tamaño es la rapiña del duartismo.
Sara Ladrón dijo a los senadores, sin rodeos, que la Universidad Veracruzana se
encuentra “en una verdadera crisis” que pone en riesgo las actividades de la
institución, cuya matrícula es de 80 mil estudiantes de educación superior, así
como los derechos de los más de 12 mil trabajadores que ahí laboran.
“Solicitamos que se haga un exhorto a las autoridades del estado para que los
recursos que ya están convenidos, que ya fueron firmados, que ya están
presupuestados y que corresponden a la Universidad Veracruzana se hagan llegar
de manera oportuna”, agregó la rectora Sara Ladrón de Guevara.
Los presidentes de las comisiones de
Hacienda y de Educación, el priista José Yunes Zorrilla y el panista Juan
Carlos Romero Hicks, respectivamente, acordaron impulsar un punto de acuerdo
del Senado en apoyo a la Universidad Veracruzana, así como realizar un exhorto
a los todos los gobiernos y legislaturas estatales para evitar que se propalen
las malas prácticas del gobierno veracruzano.
Conocida la “mecha corta” que caracteriza
el temperamento de Javier Duarte, su respuesta fue reflejo fiel de lo que ha
sido su gobierno: se toman decisiones desde las vísceras, con una mezquindad
que, a fuerza de su repetición consuetudinaria durante un lustro, ya ni
siquiera asombra.
Javier Duarte envió al director del
Instituto de Pensiones del Estado, Armando Adriano Fabre, a despotricar en
contra de la Universidad Veracruzana con una falacia gigantesca: ahora resulta
que es la institución educativa la que le debe dinero al gobierno estatal, nada
más y nada menos que dos mil 65 millones 535 mil 526 pesos por concepto de cuotas
y aportaciones de los trabajadores universitarios, acumulados entre 2002 y
2015.
La explicación de Adriano Fabre –quien es
ahora mismo aspirante a magistrado electoral estatal y después de esto,
probablemente ya se haya “ganado” el cargo– del por qué la UV le “debe” al
gobierno, es de antología: porque el monto de las cuotas de los trabajadores en
activo de la Universidad no alcanza para cubrir las pensiones de quienes ya se
jubilaron, por lo cual, la administración estatal ha tenido que cubrir el
déficit.
Es increíble que el director del IPE no
sepa que ése es precisamente el gran problema que enfrenta TODO el sistema de
pensiones del país, y que afecta al ISSSTE, al IMSS y a todas las instituciones
encargadas de administrar los fondos de retiro de los trabajadores. Según su
lógica, esas instituciones también le deben dinero al Estado mexicano.
Lo cierto es que cada vez más, Javier
Duarte evidencia su rencor y desprecio hacia la Universidad Veracruzana y su
comunidad académica y estudiantil, mismo que hizo patente desde el mismo día de
su toma de protesta como gobernador el 1 de diciembre de 2010, cuando anunció,
como primer acto de su gobierno, la creación de la Universidad Popular
Autónoma Veracruzana, un fraude académico con el que pretendió hacer mella en
la UV.
Sólo que la ruindad hacia la Universidad ya
alcanzó un nivel inaceptable.
Tomado de http://libertadbajopalabra.com
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