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Gilberto López Y Rivas
Uno de los más graves problemas que
provoca la recolonización capitalista actual, que el gobierno de AMLO pretende
continuar en su modalidad cuarto transformista, es la profunda
división de los pueblos originarios entre, por una parte, quienes son cooptados
por los operadores de la ingeniería de conflictos de las
corporaciones y los grupos gobernantes, y, por otra, quienes resisten
ofrecimientos monetarios, programas clientelares, amenazas y agresiones
violentas, y defienden, aun a costa de sus vidas, los territorios, recursos
naturales y bienes comunes.
Este es el caso de Loma de Bácum, uno de los
ocho pueblos yaquis que se declaró en resistencia ante un gasoducto que la
empresa Sempra Energy Ienova, con el apoyo de los gobiernos federal y estatal,
pretende imponer en tierras de esta aguerrida nación originaria, conocida por
su lucha secular contra la Corona española y contra los gobiernos de la
república, que, incluso en la dictadura porfirista, practicaron los
fusilamientos en masa, y el destierro de numerosos yaquis a Yucatán y otras
regiones lejanas de su natal Sonora.
Desde 2015, dirigentes yaquis afines al
gobierno estatal y a los partidos gobernantes ( prianismo, le
llaman ellos), firmaron contratos con la empresa, recibiendo apoyos y dinero
por su cooperación. En Loma de Bácum no se aceptó ningún contrato, y, por
el contrario, se activó la lucha política y legal, recurriéndose a tribunales
federales con amparos que les protegieran del gasoducto, dada su ya conocida
peligrosidad y el despojo que significaría esa obra para el pueblo. Después de
algunos laudos favorables a los yaquis, el fallo definitivo del juez séptimo de
distrito de Ciudad Obregón fue adverso a Loma de Bácum, que, en respuesta,
interpuso un recurso de revisión para que fuera atraído por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, y, mientras tanto, la obra continúa suspendida.
En 2016, los gobiernos en turno, ante la
imposibilidad de convencer a las autoridades tradicionales de Loma de Bácum, y
ante los fallos inicialmente favorables del recurso de amparo, urdieron, el 21
de octubre de ese año, con la complicidad de yaquis de otros pueblos, un asalto
armado al recinto sagrado de la autoridad legítima, buscando imponer
representantes espurios que aceptaran las negociaciones del gasoducto y
llevaran a cabo los desistimientos de los amparos interpuestos. De nueva
cuenta, en este caso, como en otros muchos en el territorio nacional, cuando la
disyuntiva de la plata que compra conciencias no funciona, se recurre
a la letalidad del plomo para vencer resistencias. Ese día de luto,
cuyo aniversario recientemente recordamos junto con nuestros hermanos de Loma
de Bácum, con una jornada de lucha y reflexiones, los atacantes, con lujo de
violencia y sin respetar el juramento de la nación yaqui ni sus usos y costumbres,
atacaron a golpes y con armas de fuego a los integrantes de la guardia
tradicional, quienes, valientemente y con denuedo, defendieron su
representación comunitaria y su recinto sagrado e hicieron fracasar el intento
de imposición. Varias personas fueron golpeadas, otras resultaron con heridas
de bala, 16 vehículos quedaron incendiados y un indígena del mismo pueblo,
llamado Cruz Buitimea Piñas, murió en el ataque.
También, como es común en el ámbito judicial
de nuestro país, la Fiscalía Estatal de Sonora abrió una investigación, e
imputó esa muerte a un joven indígena yaqui, llamado Fidencio Aldama Pérez,
quien, ese día, cumplía su comisión en la guardia tradicional, integrando, con
inusitada rapidez, la carpeta penal por el delito de homicidio simple intencional,
respaldada por testigos falsos y pruebas fabricadas, incurriendo en graves
faltas procesales y de criminalística. Destacan las versiones de diversos
testigos, incluyendo las hermanas y la viuda del occiso, quienes exoneran de
responsabilidad a Fidencio, entre otros datos de prueba y peritaje que no
fueron considerados por el juez de origen. Paralelamente, presiones de orden
político sobre el Poder Judicial, han resultado en la apertura de carpetas de
investigación penal contra las autoridades tradicionales, como amenaza latente
sobre sus integrantes. Todos los poderes del Estado se imponen contra los
pueblos originarios en rebeldía.
La CNTE ha asumido la liberación de Fidencio
como reivindicación del gremio, exigiendo del gobierno federal intervenir ante
la Judicatura, sin resultados hasta ahora. Asimismo, la visita a Loma de Bácum
del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos no arrojó nada en claro.
En la reciente gira presidencial a Sonora fue
revelador que no se aludiera la oposición al gasoducto ni mucho menos se
hiciera una declaración sobre Fidencio Aldama Pérez, símbolo de la lucha de un
pueblo que no se somete, no se rinde ni se vende. En Loma de Bácum, la llama de
la resistencia secular de los yaquis sigue más viva que nunca.
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