TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
VÍCTIMAS ‘DESCARRILLADAS’
Son historias horribles, aunque ya contadas muchas veces. Aún así hay que volver a decirlas porque se refieren a vidas cegadas, injusticias tremendas, impunidad recalcitrante y autoridades indolentes y hasta cómplices del crimen. Hace nueve meses el jalapeño Gerson Azael Castro Castellano fue asesinado por elementos de la policía estatal, sí esos que están bajo el mando del neoleonés, Hugo Gutiérrez Maldonado.
Lo “detuvieron” la madrugada del 11 del pasado diciembre, le propinaron una golpiza y luego fue localizado agonizante en un callejón pues supuestamente logró huir de los agentes que lo “pasearon” a bordo de una patrulla. Otra versión apunta que hasta esa callejuela lo fueron a tirar los mismos policías luego de que “se les pasó la mano” en el tenebroso Cuartel San José, la sede de la policía estatal en Jalapa que es una suerte de centro de tortura.
Gerson Azael ya no pudo dar testimonio pues la fractura craneal que le provocaron los policías le impidió despertar. Murió cuatro días más tarde, el día 15. Su “detención” -se entrecomilla el término porque no fue una aprehensión convencional sino un ‘levantón’ al estilo del crimen organizado- y la golpiza recibida se conocieron porque el propio joven logró enviar algunos mensajes de texto a sus amigos diciendo que lo habían “subido” a la patrulla, que lo estaban golpeado y que lo llevaban al Cuartel San José.
El padre de la víctima, Arnoldo Castro, acaba de difundir un video en el que le suplica la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se haga justicia en el caso. “Mi hijo fue asesinado por los que supuestamente están para cuidarnos”, acusa a los policías gutierristas frente al mandatario estatal. También señala que a pesar de que logró hablar con el gobernante estatal, Cuitláhuac García, no hay ningún avance en la pesquisa.
La fiscal del estado, Verónica Hernández Giadáns mantiene paralizada la investigación y no encuentra instancia o funcionario local que lo ayude. Por supuesto, García Jiménez y su fiscala Hernández están más que coordinados para marginar cualquier petición de aplicar la ley a gente ligada con Gutiérrez Maldonado. Podrán morir muchos a manos de los policías, pero al neoleonés es intocable. Eso es tácitamente lo que denuncia el señor Castro.
¿No les suena conocida la historia? Claro, es lo que ha pasado en Veracruz desde los tiempos del innombrable cuando las víctimas son ignoradas, aunque en el gobierno cuitlahuista la negligencia, desidia e indolencia para con ellas alcanza niveles de cinismo. La mala noticia es que Don Arnoldo -al igual que cientos o tal vez miles de los que reclaman justicia para ellos o sus cercanos – podrá va tocar hasta cansarse el despacho de tabasqueño, pero no encontrará respuesta. La impunidad viene desde arriba y más porque el cabecilla responsable es pariente político de la primera dama, según los díceres.
Ah y ¿adivinen quién le dio otro portazo en las narices al demandante de justicia? Christian Carrillo Ríos, recientemente nombrado ‘a dedazo limpio’ como titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. El señor Carrillo ni siquiera se ha dignado a contestar las llamadas telefónicas ni mucho menos aceptar las peticiones de audiencia presentadas ante su despacho. Lleva apenas veinte días en el cargo -fue nombrado por García Jiménez el 13 de septiembre- y ya dio visos de lo que se espera de él.
Y no es el único asunto desdeñado por el nuevo burócrata pues tampoco ha atendido las peticiones de los familiares de los niños Jonathan Herrera Aguilar y Eduardo Jiménez Aguilar, asesinados a balazos por elementos de la policía estatal en el poblado La Patrona del municipio de Amatlán de los Reyes. Ayer se cumplieron tres meses de dicha ejecución extrajudicial y Carrillo Ríos se ha negado a atenderlos.
¿No es el colmo de los colmos? Un comisionado para las víctimas que las ignora. Obvio, en palacio de gobierno están contentos porque Carrillo hace a la perfección su encomienda real que es despreciar los reclamos de justicia de los afectados por la actuación policíaca y sumarse a la orquesta de quienes dan protección e impunidad a las huestes de Gutiérrez Maldonado. Ahora sí que en el cuitlahuismo las víctimas están ‘descarrilladas’.
DOS DE OCTUBRE
Hablando de fechas y de víctimas, hoy sábado se cumplen 53 años de la masacre estudiantil en Tlatelolco. Una de tantas matanzas que en el México se han cometido, pero que de un par de sexenios a la fecha se dan con una frecuencia espantosa. Antes el terror era sembrado por el Estado, pero ahora éste se turna con el crimen organizado para arrebatar vidas y enlutar hogares. A más de medio siglo ni siquiera se sabe la cifra exacta de los asesinados en 1968 por la policía, el ejército y los grupos paramilitares al servicio del gobierno.
Gobernantes han pasado, no solo del PRI que siempre protegió a los genocidas Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez sino también panistas y ahora morenistas, pero la masacre sigue impune. Ahora, López Obrador anuncia que emitirá un decreto para la creación de la “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia” de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990, que tendrá entre sus objetivos volver a investigar lo sucedido en la llamada Plaza de las Tres Culturas.
Hasta parece otro ‘déjà vu’. En el 2002 el panista Vicente Fox creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) para indagar los crímenes de lesa humanidad durante los sexenios de Díaz Ordaz, Echeverría y José López Portillo, la triada que encabezo lo que denominaron la “guerra sucia” contra activistas y movimientos sociales. El entuerto fue una tomadura de pelo, ningún genocida fue llevado a tribunales.
Si el lopezobradorismo no puede -más bien no quiere- esclarecer el crimen de lesa humanidad más reciente y mediático que es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sucedido en el 2014 por no tocar a la milicia, ¿a poco creen que lo hará con una masacre ocurrida hace medio siglo? En campaña electoral, Vicente Fox decía que el conflicto armado en Chiapas lo resolvería “en 15 minutos” y mintió. López Obrador prometió, también en campaña, que el caso Ayotzinapa lo esclarecería antes del primer año de gobierno. ¿No es un ‘déjà vu’?
*Envoyé depuis Paris, France.
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