CUITLÁHUAC TIMA AL INEGI; LA MENTIRA: “VERACRUZ, SEGUNDO ESTADO MÁS SEGURO DE MÉXICO”

Entre lo utópico y lo verdadero

Por Claudia Guerrero Martínez

12 de octubre del 2021. 

Cuitláhuac tima al INEGI; la mentira: “Veracruz, segundo estado más seguro de México” 

En la autopista Xalapa-Veracruz, antes de la caseta de Plan del Río, el Gobierno de Cuitláhuac García instaló unos espectaculares en los que sobresale la frase “Veracruz, segundo estado más seguro de México”, citando como fuente al INEGI. En esta entrega, le diremos al Gobernador, ser un mentiroso y utilizar a una institución federal, tergiversando el estudio realizado en julio pasado, en el que informaremos los verdaderos resultados y qué estados en realidad son los más seguros.

Otra de las pifias y ocurrencias de un incompetente.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) publicada por el INEGI, en marzo y julio pasado,  la ciudad más segura para vivir es Mérida, Yucatán y se puede consultar con las ligas: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2021_mar_presentacion_ejecutiva.pdf y también en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2021_junio_presentacion_ejecutiva.pdf  en ellas se encuentran las ciudades más seguras en México, no los estados, como cita el mentiroso gobernador de Veracruz.

La lista del INEGI aparece en primer lugar, Mérida, Yucatán; segunda, Durango, capital del estado de Durango; tercera, Saltillo, Coahuila; cuarto, Aguascalientes, capital del estado de Aguascalientes; quinto, Tepic, Nayarit; sexto, Campeche, capital del estado de Campeche; séptimo, Tlaxcala, capital del estado de Tlaxcala; octava, Pachuca de Soto, capital de Hidalgo; novena y aunque usted no lo crea Ciudad Juárez, Chihuahua y décima, Puebla, capital del estado de Puebla.

El Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), llamado “Ciudades más seguras de México”, cuya última publicación se realizó en 2016, en el estudio sobre seguridad, las ciudades más seguras fueron, en primer lugar Mérida y de forma descendente Campeche, Tepic, Saltillo, Aguascalientes, Durango, Querétaro, Guanajuato, Ciudad Juárez y Chetumal, en décimo lugar.

Regresando con el INEGI, con la “Encuesta Nacional de Seguridad Pública” citada por el Gobierno de Cuitláhuac García, este organismo federal da un dato escalofriante: “Los mexicanos afirman sentirse seguros, arrojando sólo un 26.9 por ciento”. 

Y para confirmar que Cuitláhuac García no es ni honesto, ni ético, al decir mentiras citando al INEGI, le daremos más datos. El estudio “Índice de Paz en México”, realizado por el Instituto para la Economía y la Paz, postula los estados más seguros en México, colocando nuevamente en primer lugar a Yucatán, segundo Nayarit, tercero Tlaxcala y siguen los lugares del cuarto al décimo Hidalgo, Coahuila, Chiapas, Campeche, Querétaro, Quintana Roo y Veracruz, bajo los indicadores en homicidios, delitos con violencia, delitos con arma de fuego, financiamiento de las fuerzas policiales, presos sin condena, eficiencia del sistema judicial y crímenes por la delincuencia organizada. 

No sabemos quién engaña al Gobernador de Veracruz. A veces pensamos que lo hacen con la firme intención de ridiculizar a Cuitláhuac García y colocarlo como un timador de los veracruzanos. Un fraude votado en el 2018 y ahora, los ciudadanos arrepentidos por este incompetente, quien sólo sabe decir ser “Honesto y austero”, como muletillas y ser grandes mentiras. Y el tema central, es la terrible inseguridad predominante en el estado, mientras este gobierno de MORENA coloca lonas para provocar indignación entre los ciudadanos, quienes exigen parar la violencia en este hermoso estado. 

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POLICÍAS DE VERACRUZ VIOLABAN A SUS VÍCTIMAS ANTES DE DESAPARECERLAS

Xalapa, Ver.- “A una de las víctimas, una mujer de 17 años, la metieron a una patrulla de la SSP que cubrieron con un impermeable. Iban pasando de uno en uno varios de mis compañeros para abusar sexualmente de ella, igual que lo hacía el comandante Trujillo con algunos hombres detenidos y travestis; después los entregaban con Los Fieles para desaparecerlos”.

Lo anterior, es la confesión de un ex trabajador de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que fue leída este miércoles 13 de febrero durante la audiencia de vinculación a proceso de 19 ex policías estatales y mandos de la SSP, acusados de torturar y desaparecer al menos a 15 personas en un lapso de siete meses, durante 2013.

El testigo, de identidad protegida, laboró en el Cuartel de San José, en Xalapa hasta 2012 y luego fue promovido al Grupo de Reacción de la SSP como chofer, bajo las órdenes directas del teniente Manuel Alejandro Trujillo Rivera, alias “El Cyber”, quien a la fecha está prófugo de la justicia, junto a otros 11 ex oficiales acusados por desaparición forzada de personas.

De acuerdo con el testigo señalado en la audiencia como 21/2017, el Grupo de Reacción (al que perteneció) se creó durante la administración de Javier Duarte y trabajaban distribuidos en tres patrullas policiales, con un horario de 24 horas de trabajo por otras 24 de descanso.

Entre sus ex compañeros que pertenecieron a dicho grupo delató a: 1.- Luciano “N”, “El Lince”, 2.- Francisco “N” “El Golpeador”, 3.- Silviano “N”, “El Escorpión”, 4.- Norberto “N” “La Momia”, 5.- Nicanor “N”, “El Quijamón”, 6.- Alberto “N”, 7.- Daniel “N”, “El Nariz”, 8.- Domingo “N”, “El Pedorrín”, 9.- Francisco “N”, “El Paco”, 10.- Cirilo “N”, 11.- Darío “N”.

“Nuestras actividades fueron recorridos en Xalapa, Naolinco, Estanzuela, Coatepec, Xico y todos los alrededores (de la capital). Hacíamos revisiones en puentes, lugares altos, desviaciones y semáforos, pues en esos lugares frecuentemente se paraban halcones”, refirió la Fiscalía ante la jueza de control, Alma Aleida Sosa Jiménez.

Con base en la información integrada en la carpeta de investigación FEADPD/ZCX/011/2017, Trujillo Rivera, quien era el comandante del Grupo de Reacción, durante los operativos cargaba consigo una lista con números de taxis y nombres de “halcones” o “chapulines”, es decir, personas dedicadas a la venta de droga por menudeo.

“El uniforme de los Grupos de Reacción era azul y se compone de camisola, pantalón azul, rodilleras, fornitura, piernera, chaleco, coderas, caso, pasamontañas, lentes negros, arma corta 9 milímetros PX, fusil Galil para 35 tiros recortados el logotipo formal de la división”, abundó.

Foto: Yair Ceballos

Trujillo fue mencionado por el testigo de identidad resguarda como encargado de revisar los teléfonos de los detenidos, y de encontrarles información que comprometiera a la SSP; eran trasladados ilegalmente a alguno de los puntos que este grupo tenían destinados para interrogar a las víctimas.

Entre los puntos estaban una construcción abandonada entre cañaverales cerca del penal de Pacho Viejo, en Coatepec. Un parque ubicado en un paraje conocido como La Herradura y un predio llamado El Gallito, ambos ubicados en Banderilla. Y en Xalapa, los interrogatorios se realizaban en la localidad de Cinco Palos y en el fraccionamiento Casas Homex. 

“Cuando eran interrogados los detenidos, Neri y Domingo, alias “El Pedorrín”, les pegaban; y Silvano, “El Escorpión”, tomaba nota de todo lo que dijeran. A los detenidos los pateaban, los tableaban, les daban toques con la chicharra eléctrica mientras estaban esposados y con el rostro cubierto con sus playeras”, agregó la Fiscalía al respecto de la declaración del testigo 21/2017.

A LOS DETENIDOS SE LES VIOLABA ANTES DE ENTREGARLOS A LOS FIELES 

La Fiscalía de Veracruz, leyó un extracto de la declaración del testigo protegido, quien describió dos detenciones a cargo del Grupo de Reacción, que los ex policías llamaban “tiros”.

En junio de 2013, Héctor Campos Cervantes y Cecilia de la Cruz Luján, de 16 y 17 años respectivamente, fueron intervenidos por los cuerpos policiacos frente a la gasolinera de Jilotepec.

“La chava” llevaba droga en su mochila. Fueron intervenidos y nos trasladamos por las casas Homex. Sobre la vereda Trujillo interrogó a los dos y dijeron ser de Los Zetas. La mujer era joven, de 17 o 18 años, llenita a la cual metieron a la patrulla, misma a la que le pusieron impermeable encima e iban ingresando de uno en uno varios de mis compañeros para abusar sexualmente de ella como hacían con algunas de las mujeres detenidas, y Trujillo con algunos hombres, como travestis de Lázaro Cárdenas, a quienes los interrogaba y los violaba. Después los entregaron a Los Fieles”, refirió el ex policía delator. 

El testigo protegido, también confesó sobre otro “tiro” practicado en mayo de 2013 en contra de un ex policía municipal quien al ser detenido confesó trabajar para “La última Letra”.

Foto: Yair Ceballos

Manuel Alejandro Trujillo Rivera, alias “El Cyber”, utilizó el celular del ex policía detenido para citar a su esposa en unos cafetales, donde varios miembros del Grupo de Reacción abusaron sexualmente de la cónyuge.  “Mientras abusaban de ella, Luciano “N”, El Lince se había quedado con el hijo del ex policía. A varias mujeres las violaban entre Trujillo, Lince, Neri, Golpeador, Domingo, Nariz y Cirilo”, declaró el policía confeso.

LOS DETENIDOS SE ENTREGABAN CON LOS FIELES

De acuerdo con la Fiscalía de Veracruz, una vez intervenidas las víctimas, el comandante Trujillo o “El Cyber”, llamaba por teléfono al subdirector de Agrupamientos Operativos, José Oscar Sánchez Tirado o al comandante Arturo Guevara Paredes y en ocasiones pedía instrucciones directamente a Arturo "N", ex titular de la SSP.

Tras la autorización de los mandos, mediante la clave “O16”, los detenidos eran entregados en alguno de los tres sitios que ordenaban Los Fieles: debajo del puente de Las Trancas, en un lugar conocido como “Chapulín”, sobre la carretera Coatepec-Las Trancas, o en la Academia de Policías de El Lencero.

“En promedio se detenían como a 15 personas al mes y de esas como a 5 mensualmente se le llevaban a la Academia. Yo recuerdo haber ido a la Academia para que se entregaran a unas cincuenta personas, hasta que estuve en el grupo. Es decir, entre 2012 y 2015”, aseguró el ex policía.

Luis Eduardo Coronel Gamboa, Fiscal Especializado en Denuncias por Personas Desaparecidas, explicó que cuando la entrega de las víctimas se llevaba a cabo en El Lencero, lo hacían en una pista que se ocupa para manejo y conducción, para posteriormente ser ingresados en la Academia de El Lencero, en un cuarto denominado “El Bunker”.

Foto: Yair Ceballos

El testigo aseguró que los grupos de élite, los ejecutores, solían utilizar pasamontañas y que se dividían entre tres unidades: Los Fieles, La Frya y la P.E.A. Y que identifica a Roberto González Meza, exdirector de la Fuerza Civil, Roberto Carlos López Flores Oso, ex delegado de la región XX, Xalapa y Jaime Muños Dávila, alias “El Apache”.

“Ellos tenían mejores armas, mejores patrullas, pues las suyas eran camionetas Lobo y se sabe que ellos tenían compensaciones mucho mejores que los demás. La consigna la daba Arturo "N". El comandante Arturo Guevara Paredes nos decía que no hay bronca, que el secretario nunca nos va a dejar solos, teníamos todo su apoyo para trabajar”.

Finalmente, el testigo 21/2017 declaró que en ocasiones Arturo "N" se sumó a los operativos en bares y antros con su Grupo de Reacción, no obstante, el exsecretario apodado “Capitán Tormenta”, arribaba en una camioneta Suburban y sus escoltas se repartían en vehículos Charger.

De acuerdo con la parte acusadora, la Fiscalía, estos delitos se desarrollaron con total impunidad y con la anuencia de las autoridades de mayor rango en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. “Nos decían que cualquier problema el Secretario la pararía, que no había bronca porque ahí había vara alta”.

FUENTE: E-VERACRUZ

ENLACE: https://www.e-veracruz.mx/nota/2018-02-13/estado/policias-de-veracruz-violaban-sus-victimas-antes-de-desaparecerlas?fbclid=IwAR3nx9M9dRMZhMaKQMvFi3MvL35Rzfq6YDWYk6_Q7k1omwbctRfaWw5lEKs

KIMBERLY CLARK, IBERDROLA, WALMART, IENOVA, BIMBO... GANADORES AYER, PERDEDORES HOY

La familia de Claudio X. González, el magnate Ricardo Salinas Pliego y las empresas Iberdrola, Walmart, Ienova, Bimbo y BlackRock serán, entre otros, los grandes perdedores de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en caso de que el Congreso la apruebe.

REVISTA PROCESO

Por Jesusa Cervantes

sábado, 9 de octubre de 2021

La iniciativa de reforma eléctrica que López Obrador envió al Congreso cancela los contratos con particulares que obligan a la CFE a comprar falsos “excedentes” de energía, así como los destinados al “autoabastecimiento” que permiten a empresas simular que tienen “socios cuando en realidad son clientes”, generando con ello un “mercado ilegal paralelo”, afirma en entrevista la secretaria de Energía, Rocío Nahle. Así, de aprobarse la iniciativa, grupos empresariales que se beneficiaron con las reformas energéticas de los sexenios pasados, serán los grandes perdedores.

MEXICALI, BC. (Proceso).– La familia de Claudio X. González, el magnate Ricardo Salinas Pliego y las empresas Iberdrola, Walmart, Ienova, Bimbo y BlackRock serán, entre otros, los grandes perdedores de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en caso de que el Congreso de la Unión la apruebe.

La razón: los nuevos cambios constitucionales cancelarán la compra de “los excedentes” falsos creados en permisos que se dieron a particulares, así como los permisos de “autoabasto” que posibilitaron que cada empresa se hiciera de “socios” cuando en realidad son “clientes”.

Ambos permisos –el primero llamado Producción Independiente de Energía (PIE) y el segundo Generadores de Autoabasto– fueron entregados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la cual, en la propuesta presidencial, desaparece.

Con el segundo esquema se creó un mercado eléctrico paralelo de cuando menos 77 mil 767 usuarios en el que se encuentran las grandes empresas consumidoras.

Ambos esquemas de ventas se iniciaron en 1992, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando se realizaron cambios a la Ley del Servicio Público Eléctrico, pero se constitucionalizaron a partir de 2010, en el gobierno de Felipe Calderón, y se ampliaron con la reforma energética de diciembre de 2013, en la administración de Enrique Peña Nieto.

En entrevista con Proceso, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, esclarece cuáles serán los contratos que se cancelarán: todos los de Producción Independiente de Energía que establecieron excedentes que la CFE estuvo obligada a comprar durante 25 años, así como los de “autoabastecimiento” que “simularon tener socios cuando en realidad son clientes”.

El esquema de compra-venta de energía que se inició en 1992 y que se mantiene vigente, provocó que 62% de la energía que se consume en el país la genere la iniciativa privada y el 38% restante lo abastece la CFE.

El nuevo esquema invierte esta relación y da preponderancia de venta a la CFE, la cual venderá 54% a la población, y la iniciativa privada tendrá “hasta” 46% de mercado.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2345 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/10/9/kimberly-clark-iberdrola-walmart-ienova-bimbo-ganadores-ayer-perdedores-hoy-273575.html

VÍCTIMAS ‘DESCARRILLADAS’

TEXTO IRREVERENTE

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 2 OCTUBRE, 2021

Por Andrés Timoteo

VÍCTIMAS ‘DESCARRILLADAS’

Son historias horribles, aunque ya contadas muchas veces. Aún así hay que volver a decirlas porque se refieren a vidas cegadas, injusticias tremendas, impunidad recalcitrante y autoridades indolentes y hasta cómplices del crimen. Hace nueve meses el jalapeño Gerson Azael Castro Castellano fue asesinado por elementos de la policía estatal, sí esos que están bajo el mando del neoleonés, Hugo Gutiérrez Maldonado.

Lo “detuvieron” la madrugada del 11 del pasado diciembre, le propinaron una golpiza y luego fue localizado agonizante en un callejón pues supuestamente logró huir de los agentes que lo “pasearon” a bordo de una patrulla. Otra versión apunta que hasta esa callejuela lo fueron a tirar los mismos policías luego de que “se les pasó la mano” en el tenebroso Cuartel San José, la sede de la policía estatal en Jalapa que es una suerte de centro de tortura.

Gerson Azael ya no pudo dar testimonio pues la fractura craneal que le provocaron los policías le impidió despertar. Murió cuatro días más tarde, el día 15. Su “detención” -se entrecomilla el término porque no fue una aprehensión convencional sino un ‘levantón’ al estilo del crimen organizado- y la golpiza recibida se conocieron porque el propio joven logró enviar algunos mensajes de texto a sus amigos diciendo que lo habían “subido” a la patrulla, que lo estaban golpeado y que lo llevaban al Cuartel San José.

El padre de la víctima, Arnoldo Castro, acaba de difundir un video en el que le suplica la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se haga justicia en el caso. “Mi hijo fue asesinado por los que supuestamente están para cuidarnos”, acusa a los policías gutierristas frente al mandatario estatal. También señala que a pesar de que logró hablar con el gobernante estatal, Cuitláhuac García, no hay ningún avance en la pesquisa.

La fiscal del estado, Verónica Hernández Giadáns mantiene paralizada la investigación y no encuentra instancia o funcionario local que lo ayude. Por supuesto, García Jiménez y su fiscala Hernández están más que coordinados para marginar cualquier petición de aplicar la ley a gente ligada con Gutiérrez Maldonado. Podrán morir muchos a manos de los policías, pero al neoleonés es intocable. Eso es tácitamente lo que denuncia el señor Castro.

¿No les suena conocida la historia? Claro, es lo que ha pasado en Veracruz desde los tiempos del innombrable cuando las víctimas son ignoradas, aunque en el gobierno cuitlahuista la negligencia, desidia e indolencia para con ellas alcanza niveles de cinismo. La mala noticia es que Don Arnoldo -al igual que cientos o tal vez miles de los que reclaman justicia para ellos o sus cercanos – podrá va tocar hasta cansarse el despacho de tabasqueño, pero no encontrará respuesta. La impunidad viene desde arriba y más porque el cabecilla responsable es pariente político de la primera dama, según los díceres.

Ah y ¿adivinen quién le dio otro portazo en las narices al demandante de justicia? Christian Carrillo Ríos, recientemente nombrado ‘a dedazo limpio’ como titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. El señor Carrillo ni siquiera se ha dignado a contestar las llamadas telefónicas ni mucho menos aceptar las peticiones de audiencia presentadas ante su despacho. Lleva apenas veinte días en el cargo -fue nombrado por García Jiménez el 13 de septiembre- y ya dio visos de lo que se espera de él.

Y no es el único asunto desdeñado por el nuevo burócrata pues tampoco ha atendido las peticiones de los familiares de los niños Jonathan Herrera Aguilar y Eduardo Jiménez Aguilar, asesinados a balazos por elementos de la policía estatal en el poblado La Patrona del municipio de Amatlán de los Reyes. Ayer se cumplieron tres meses de dicha ejecución extrajudicial y Carrillo Ríos se ha negado a atenderlos.

¿No es el colmo de los colmos? Un comisionado para las víctimas que las ignora. Obvio, en palacio de gobierno están contentos porque Carrillo hace a la perfección su encomienda real que es despreciar los reclamos de justicia de los afectados por la actuación policíaca y sumarse a la orquesta de quienes dan protección e impunidad a las huestes de Gutiérrez Maldonado. Ahora sí que en el cuitlahuismo las víctimas están ‘descarrilladas’.

DOS DE OCTUBRE

Hablando de fechas y de víctimas, hoy sábado se cumplen 53 años de la masacre estudiantil en Tlatelolco. Una de tantas matanzas que en el México se han cometido, pero que de un par de sexenios a la fecha se dan con una frecuencia espantosa. Antes el terror era sembrado por el Estado, pero ahora éste se turna con el crimen organizado para arrebatar vidas y enlutar hogares. A más de medio siglo ni siquiera se sabe la cifra exacta de los asesinados en 1968 por la policía, el ejército y los grupos paramilitares al servicio del gobierno.

Gobernantes han pasado, no solo del PRI que siempre protegió a los genocidas Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez sino también panistas y ahora morenistas, pero la masacre sigue impune. Ahora, López Obrador anuncia que emitirá un decreto para la creación de la “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia” de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990, que tendrá entre sus objetivos volver a investigar lo sucedido en la llamada Plaza de las Tres Culturas.

Hasta parece otro ‘déjà vu’. En el 2002 el panista Vicente Fox creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) para indagar los crímenes de lesa humanidad durante los sexenios de Díaz Ordaz, Echeverría y José López Portillo, la triada que encabezo lo que denominaron la “guerra sucia” contra activistas y movimientos sociales. El entuerto fue una tomadura de pelo, ningún genocida fue llevado a tribunales.

Si el lopezobradorismo no puede -más bien no quiere- esclarecer el crimen de lesa humanidad más reciente y mediático que es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sucedido en el 2014 por no tocar a la milicia, ¿a poco creen que lo hará con una masacre ocurrida hace medio siglo? En campaña electoral, Vicente Fox decía que el conflicto armado en Chiapas lo resolvería “en 15 minutos” y mintió. López Obrador prometió, también en campaña, que el caso Ayotzinapa lo esclarecería antes del primer año de gobierno. ¿No es un ‘déjà vu’?

*Envoyé depuis Paris, France.

NOTIVER | La Noticia en el Momento que Sucede 

A MÁS DE UN MES DEL ASESINATO DEL PERIODISTA JACINTO ROMERO FLORES, NO HAY RESULTADOS…

Veracruz se encuentra envuelto en la violencia, muerte e impunidad.

Xalapa, Enríquez, Veracruz

1-10-2021

El 13 de septiembre de 2021 el gobernador Cuitláhuac García Jiménez sobre el asesinato del reportero Jacinto Romero Flores, en Ixtaczoquitlán, destacó ante los medios de comunicación que la Fiscalía va avanzando en las investigaciones y habrá más noticias al respecto. Subrayó que “en este gobierno se acabó la impunidad, y especialmente la Fiscal y yo estamos en el tema de agresiones a periodistas, y hemos dado con responsables materiales y tenemos órdenes de aprehensión para algunos intelectuales que se han escabullido. Es necesario enfrentar este problema con todo el rigor de la ley”. “Vamos avanzando, vamos a dar resultados, y basta de ir contra los periodistas, tenemos que restringir al poder público con la voz libre de los periodistas”.

Cabe recordar que el periodista Jacinto Romero Flores, de 60 años fue asesinado con un arma de fuego la mañana del jueves 19 de agosto del año en curso en el municipio de Ixtaczoquitlán, ubicado cerca de Orizaba, Veracruz. Se trata del periodista asesinado número 26 en Veracruz desde 2011. Laboro como locutor de Ori Stereo 99.3 FM y en la página de Facebook “El Enano del Tapanco”. Principalmente realizaba análisis políticos y sociales de los municipios de las “Altas Montañas”.

A más de un mes de su artero y cobarde asesinato, el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez miente al decir que no habrá impunidad, hasta el momento la fiscalía no cumple con su trabajo y no hay resultados.

Veracruz se encuentra envuelto en una turbulenta ola de violencia, que trae día a día víctimas y como en las administraciones pasadas solo saben decir las típicas frases de siempre…

https://www.facebook.com/Desarmador-Politico-1188536217857016

VERACRUZ, TIERRA PELIGROSA PARA EL PERIODISMO

El asesinato del periodista Jacinto Romero Flores el pasado 19 de agosto en Ixtaczoquitlán se suma a las ya varias ejecuciones realizadas durante el gobierno morenista de Cuitláhuac García. 

Yamiri Rodríguez

2021-09-05
Xalapa, Veracruz

Jacinto Romero Flores, reportero de una radiodifusora de la zona centro de Veracruz, fue ejecutado el pasado 19 de agosto en el municipio de Ixtaczoquitlán; es el segundo periodista asesinado en menos de un año en esta población y el quinto durante el gobierno morenista de Cuitláhuac García Jiménez.

Hasta el momento, no hay avances en la localización de los agresores, pese a la promesa de García Jiménez; ocurrió igual con los crímenes cometidos contra Jorge Celestino Ruiz Vázquez en agosto de 2019, María Elena Ferral Hernández (marzo 2020) y Julio Valdivia Rodríguez (septiembre 2020).

Una noche antes de su homicidio, Romero Flores, reportero de la radiodifusora OriStereo y propietario del portal RadioIxtac Online, festejó su cumpleaños 61 con una reunión bohemia en la que, con sus amigos, cantó El Andariego de Los Panchos y algunos éxitos de Roberto Carlos.

Unas horas después, Jacinto fue asesinado mientras circulaba en una unidad habitacional de la comunidad de Potrerillo, Ixtaczoquitlán, muy cerca de su domicilio, con lo que se cumplían las amenazas que había recibido cinco meses antes.

Tenía 20 años en el ejercicio periodístico y era muy conocido en la región por su espíritu solidario y sus denuncias sociales y de inseguridad, principalmente en la zona de Zongolica; solía recolectar taparroscas para las quimioterapias de niños enfermos de cáncer y se ofrecía a gestionar medicinas, sillas de ruedas y muletas para discapacitados.

Romero Flores fue el segundo comunicador asesinado en la zona centro de Veracruz y en las mismas circunstancias en las que ultimaron a Julio Valdivia en septiembre de 2020. Durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), han sido ejecutados 45 periodistas en el rubro nacional. Según el reporte Primer Semestre de 2021, de la organización civil Artículo 19, la violencia contra los trabajadores de la prensa es debido a la inacción del Estado mexicano; Veracruz ocupa el sexto lugar nacional con mayor número de agresiones a periodistas: 18 en esa primera mitad del año.

“La prensa se encuentra entre la espada y la pared, entre particulares y crimen organizado, ambos amenazan e intimidan para que se detenga la cobertura sobre sus acciones y vínculos con el Gobierno, mientras que el poder público estigmatiza, difama y provoca la autocensura de la prensa al generar un ambiente inhóspito para el ejercicio de la libertad de expresión”, denuncia Artículo 19.

 

La ineficaz respuesta institucional

Después de difundirse el hecho, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desplegó un operativo de investigación en Ixtaczoquitlán con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), en busca de los agresores del periodista. Hasta el cierre de esta edición no había un solo detenido. “Desde la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz reiteramos que no habrá impunidad ni permitiremos que nadie amedrente a la población”, ofreció Hugo Gutiérrez Maldonado, titular de la FGE; en tanto que el gobernador García Jiménez aseguraba que estaban tras los agresores, el gremio periodístico exigía justicia en redes sociales y manifestaciones en varias plazas públicas.

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) demandó el esclarecimiento del asesinato dentro del protocolo de investigación que se aplica a las víctimas que son periodistas. “Confiamos en que las instancias competentes den con los responsables, como ha ocurrido en otros casos”, exigió la CEAPP en un documento público.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por su parte, requirió una investigación “exhaustiva y expedita”, como la que presuntamente hizo con los crímenes cometidos contra otros periodistas: “La Comisión Nacional demanda a la Fiscalía General de Veracruz indagar los hechos y coordinar acciones para la atención integral de los familiares y víctimas indirectas en el caso y estará atenta a la evolución de las diligencias que se realicen para la pronta identificación de responsables para que sean presentados ante la justicia y se les sancione de acuerdo con la ley, a la brevedad”.

En un comunicado, la CNDH señaló: “algunos por hacer denuncias contra políticos y funcionarios locales, otros por cubrir hallazgos de restos de desaparecidos o escenarios de ejecutados; y hay que agregar que algunos de ellos contaban con escoltas asignados por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, o estaban en espera de ser incluidos en el mismo por antecedentes de haber recibido amenazas por sus denuncias contra el crimen organizado”.

El pasado 24 de agosto, durante una visita del Presidente a Córdoba, Veracruz, un grupo de reporteros y sus familiares se manifestó afuera de la ex hacienda de Toxpan –donde AMLO encabezó la conmemoración de los 200 años de Los Tratados de Córdoba– para exigir justicia. Una de sus pancartas exhibía la foto de Jacinto Romero con el Presidente durante una entrevista en Orizaba.

“No me gustaría decirles cuídense, porque no tienen por qué cuidarse de hacer una labor que es nada más informar; pero ahora que mi papá no está, se los digo a ustedes. Mi familia, mis hermanos, yo le decía: ‘Pa, cuídate por favor’. Sabíamos el riesgo en el que él estaba”, lamentó Germán, uno de los hijos de la víctima.

Sin proporcionar más detalles para no entorpecer las investigaciones, indicó que ha tenido reuniones con la FGE y sabe que existen dos líneas de investigación, por lo que pidió a los reporteros no olvidar el tema e insistir en su esclarecimiento. “No mataron a un delincuente, mataron a un luchador social”, denunció Onésimo, uno de los hermanos de Jacinto, quien recordó el profundo amor que su hermano tenía por los animales. Simultáneamente, en Orizaba un grupo de reporteros realizaba una protesta pública en demanda de justicia a su compañero.

Al otro día, en su conferencia mañanera desde la capital veracruzana, AMLO respondió que su gobierno revisa el sistema de protección a periodistas para mejorarlo. “Lo lamentamos mucho, lo de la pérdida de este periodista veracruzano (…) Fue muy acertada la remoción del procurador en Veracruz. Se puede hasta probar con datos, a partir de que se removió al fiscal bajaron los homicidios y los secuestros”, advirtió.

Pero las investigaciones no han dado con los agresores, como ha ocurrido en las dos décadas pasadas. Del año 2000 a la fecha, Artículo 19 ha documentado 142 asesinatos de periodistas en México. Mientras que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se registraron 47 asesinatos de periodistas; en menos de la mitad del gobierno de AMLO van 43 comunicadores y 68 defensores de derechos humanos, según ha informado la Secretaría de Gobernación (Segob).

El más reciente fue el de Jacinto Romero Flores. Artículo 19 sostiene que Veracruz ha sido el estado más letal para los comunicadores, con 30 periodistas asesinados en las últimas tres administraciones estatales, muchos de los cuales continúan sin resolverse.

Entre los casos que aún piden justicia se halla el homicidio de Jorge Celestino Ruiz Vázquez, corresponsal del Gráfico de Xalapa, quien fue ultimado a balazos en Actopan el dos de agosto de 2019. En noviembre de ese año fue detenido el presunto asesino, un policía municipal y escolta del entonces presidente municipal Paulino Domínguez, quien posteriormente fue desaforado, pero no detenido.

Lo mismo ocurre con el asesinato de María Elena Ferral Hernández, corresponsal del Diario de Xalapa, quien fue asesinada el 30 marzo de 2020 en el centro de Papantla, región norte de la entidad. En mayo de ese mismo año, la fiscal Verónica Hernández Giadans anunció que había seis detenidos con base en 11 órdenes de aprehensión liberadas, entre ellos un reportero y un regidor. En septiembre, María Fernanda De Luna Ferral, hija de la víctima, denunció que los avances eran parciales. En marzo de este año, dos de los detenidos ganaron un amparo.

A estos dos homicidios sin resolver se suma el de Julio Valdivia Rodríguez, reportero del periódico El Mundo de Córdoba; lo mataron el 10 de septiembre del año pasado en el municipio de Tezonapa, a unos 70 kilómetros de donde fue asesinado Romero Flores. Desde abril, la Fiscalía señaló que ya tenían órdenes de aprehensión. Casi se cumple un año y no hay detenidos. La mayoría de los asesinatos de periodistas cometidos en administraciones anteriores siguen sin avance alguno e impunes.

 

Periodistas exigen un alto a la violencia

Después de los lamentables hechos, OriStereo, casa de trabajo de Romero Flores, declaró que los medios de comunicación “no somos ni la causa ni el efecto de la violencia en el país, pero sí sufrimos las consecuencias por el desempeño del periodismo y la comunicación”.

La organización Reporteros sin Fronteras se sumó a la condena emitida por el director de la oficina latinoamericana, Emmanuel Colombié, quien opinó que este suceso ensombrece nuevamente el panorama de la libertad de prensa en México: “Jacinto Romero Flores, consciente de que corría peligro, ya había pedido protección oficial. Reporteros Sin Fronteras hace un llamado a las autoridades para que realicen una investigación completa, rigurosa e independiente para no dejar impune este crimen”.

A este llamado también se sumó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y aseguró que “la supuesta normalidad de la violencia en México no es aceptable. El nivel de violencia que enfrentan muchos periodistas, especialmente del interior del país, es una aberración, y debe ser atendido con urgencia por el gobierno”, enfatizó Jorge Canahuati, presidente de la organización.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, advirtió: “Estaremos atentos a que el gobierno, tal como anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, presente los resultados de la revisión del mecanismo de protección de periodistas y cumpla su compromiso de garantizar que estos delitos no queden impunes”.

El caso escaló fronteras y organismos internacionales se sumaron a los llamados para que el Gobierno de México esclarezca el caso de Romero Flores pero que, sobre todo, garantice la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo. “Esperamos ver justicia para Jacinto. Los periodistas son el pilar de la democracia”, declaró la Embajada de Estados Unidos en México.

“La muerte del señor Romero Flores demuestra una vez más el preocupante grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchos periodistas en México. Desde inicios del año 2021 por lo menos seis periodistas fueron asesinados en México. Expresamos nuestra preocupación por la falta de resultados en las investigaciones abiertas para esclarecer casos anteriores de asesinatos de periodistas en México”, declaró la Delegación de la Unión Europea (UE) en México.

El cura católico Helkyn Enríquez Báez, vocero de la Diócesis de Orizaba, aseveró que dicha muerte se suma a la de otros periodistas asesinados en el estado, “uno de los más peligrosos para el ejercicio de esta profesión…Nos unimos a la pena que embarga a su familia y al gremio periodístico por este violento acontecimiento. Confiamos en que las autoridades puedan aclarar y resolver este homicidio. La población y las comunidades necesitan y demandan paz y seguridad, no más violencia”.

https://buzos.com.mx/index.php/nota/index/9159

LOS DISCAPACITADOS, LAS VÍCTIMAS OLVIDADAS DEL NAZISMO

 

Se publica por primera vez en castellano ‘Los orígenes del genocidio nazi. De la eutanasia a la solución final’, de Henry Friedlander, sobre los primeros asesinatos en cámaras de gas

Karl Gebhardt (izquierda), junto a otro de los acusados sin identificar en el juicio contra los ejecutores del plan Aktion T4, celebrados en Bergen-Belsen entre septiembre y octubre de 1945.- / AFP VIA GETTY IMAGES 

GUILLERMO ALTARES

Madrid - 26 SEPT 2021 - 22:32 CDT

Los responsables de la conservación del memorial del campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau repiten una frase que refleja la complejidad y el horror de la Shoah: “Cuando miramos a Auschwitz vemos el final del proceso. Es importante recordar que el Holocausto no empezó con las cámaras de gas. El odio se desarrolló gradualmente a partir de las palabras, los estereotipos y los prejuicios, mediante la exclusión legal, la deshumanización y la escalada de violencia”. Antes de que, en algún momento de la segunda mitad de 1941, Hitler diese la orden del exterminio total de los judíos europeos, antes de que los escuadrones de la muerte —los Einsatzgruppen— fusilasen a cientos de miles de personas tras la invasión de la URSS, los nazis habían decidido que una parte de la población merecía la muerte solo por el hecho de haber nacido, porque se trataba de “vidas que no merecen ser vividas”: los discapacitados físicos y mentales.

Miembros de la dirección y trabajadores de la clínica Hadamar, uno de los centros psiquiátricos en los que se ejecutaba el programa Aktion T4, durante el juicio de Bergen-Belsen, en septiembre de 1945.- / AFP VIA GETTY IMAGES

La comprensión de la Aktion T4, el nombre de la operación secreta de exterminio de los discapacitados, cuya oficina central estaba en la calle Tiergartenstrasse 4, resulta esencial para entender el Holocausto, tanto por los métodos utilizados, cámaras de gas operadas por médicos, como por la decisión intelectual de convertir una visión racista del mundo en genocidio. El salto de considerar que unos seres humanos son inferiores a otros a asesinarlos de forma organizada y masiva se tomó por primera vez con los discapacitados. Un libro, considerado un clásico de los estudios del Holocausto, analiza a fondo la Aktion T4: Los orígenes del genocidio nazi. De la eutanasia a la solución final, de Henry Friedlander.

Traducido por Borja Folch, Ediciones Cinca ha publicado por fin en castellano este importante ensayo. Su lectura resulta esencial para comprender los mecanismos de terror del régimen nazi, pero también para vislumbrar hasta dónde puede llevar el racismo y qué hay al final del camino del odio. Este trabajo resulta especialmente revelador porque describe cómo personas cultas e instruidas, médicos que habían realizado el juramento “no harás daño”, creyeron que era necesario gasear a seres humanos porque los consideraban inferiores. Friedlander (1930-2012) no solo dedicó una parte importante de su vida a estudiar el programa T4 y a ampliar la visión del Holocausto, sino que él mismo fue un superviviente de Auschwitz.

Aunque tratado en películas como la alemana La sombra del pasado (2019), del director de La vida de los otros, Florian Henckel von Donnersmarck, y en una famosa obra de teatro de 1963, El vicario, de Rolf Hochhuth, que Costa Gravas llevó al cine bajo el título de Amén, el programa T4 sigue siendo relativamente poco conocido. Sin embargo, fue impulsado directamente por Hitler. Entre 1939 y 1945, fueron asesinados en torno a 300.000 discapacitados en más de 100 hospitales. Pese a que incluso se celebraron juicios al final de la guerra contra los responsables del programa, dentro de los procesos de Núremberg, esta masacre fue cayendo poco a poco en el olvido. El monumento que conmemora en Berlín este genocidio no fue inaugurado hasta 2012.

“Quería entender los crímenes del régimen nazi”, escribe Friedlander. “Me di cuenta de que la ideología, la toma de decisiones, el personal y la técnica de las ejecuciones vinculaba la eutanasia con la Solución Final. Aun así, seguía pensando que la eutanasia no era más que el prólogo del genocidio. Sin embargo, el genetista Benno Müller-Hill publicó un análisis sobre la participación de científicos en los crímenes nazis y sus argumentos me obligaron a reconsiderar mi interpretación. Comencé a ver que la eutanasia no era un simple prólogo, sino el primer capítulo del genocidio nazi”, asegura el autor.

Esta parte de la interpretación de Friedlander ha sido la que ha provocado más debate entre los expertos desde la primera edición del libro, hace casi un cuarto de siglo: el asesinato de discapacitados no fue una especie de ensayo general de los campos de exterminio, sino que forma parte del mismo proceso, sostiene el ensayo. Al igual que ocurrió con judíos y gitanos, los nazis aniquilaron también a niños y a ancianos discapacitados porque solo estos tres grupos estaban destinados al exterminio total, aunque el Tercer Reich tenía una larga lista de seres que consideraba inferiores o enemigos peligrosos.

Memorial por las víctimas del programa Aktion T4 en Berlín.ODD ANDERSEN / AFP VIA GETTY IMAGES

El gran historiador israelí Yehuda Bauer, de 95 años, lo discutió en un artículo titulado El Holocausto y las comparaciones con otros genocidios. Bauer comienza señalando que “no hay una gradación del sufrimiento y que el número de víctimas no determina la crueldad del ataque. Claramente, los nazis deseaban eliminar a los romaníes como un grupo de gente identificable, los portadores de una cultura. Llevaron a cabo esta política por medio del asesinato masivo, la humillación, la brutalidad y el sadismo extremos”. Sin embargo, este historiador sostiene que “eso fue un genocidio, no un Holocausto, es decir, no un propósito de asesinar a cada individuo de la población elegida, a una escala global y su implementación —hasta donde el perpetrador hubiera podido—”. Su tesis es que el racismo estuvo en el centro de todas las políticas nazis, pero que los judíos fueron su obsesión absoluta y el único pueblo destinado a ser exterminado hasta el último individuo en todo el mundo si hubiesen tenido la oportunidad. “Para los nazis los judíos fueron el enemigo central, un Satán metahistórico que debía ser destruido”, escribe, insistiendo una y otra vez en que resulta imposible establecer clasificaciones dentro de la brutalidad asesina.

Asesinatos con dinamita

El desprecio absoluto de los nazis por la vida queda reflejado en una historia que narra Friedlander. Cuando Heinrich Himmler comprobó el efecto que tenía sobre los soldados el fusilamiento durante horas de seres humanos, incluyendo mujeres y niños, decidió en el otoño de 1941 probar otros métodos de asesinato masivos y rápidos, menos lesivos para las verdugos. Su primera idea fue utilizar dinamita, lo que resultó un absoluto horror porque al final los asesinos acabaron recogiendo restos humanos de los árboles de los alrededores del lugar de la masacre. Las víctimas de este atroz experimento fueron pacientes discapacitados rusos de los hospitales de Minsk y Mogilev.

Me di cuenta de que la ideología, la toma de decisiones, el personal y la técnica de las ejecuciones vinculaba la eutanasia con la Solución Final

HENRY FRIEDLANDER

Solo entonces, las SS recurrieron a las cámaras de gas que se habían utilizado en el programa T4: operadas por médicos, disimuladas como duchas o en camiones para que las víctimas no supiesen hasta el final la suerte que les esperaba. La decisión de trasladar a los territorios ocupados del Este los centros de la muerte también tuvo que ver con esta operación, que había provocado protestas en la sociedad, tanto de las iglesias católica y protestante como de familiares de las víctimas.

“El Führer había comprendido el riesgo que corría ante la población alemana de mostrarse demasiado abiertamente cruel”, escribe Géraldine Schwarz en su ensayo sobre la memoria y el nazismo Los amnésicos. Historia de una familia europea (Tusquets). “También es una de las razones por las que el Tercer Reich desplegó una energía absurda en organizar la logística extremadamente compleja y costosa del transporte de los judíos de Europa y de la Unión Soviética para exterminarlos lejos de la vista de sus compatriotas en campos aislados en Polonia”. Con el asesinato de discapacitados, Hitler se dio cuenta de que debía hacerlo en secreto, pero también descubrió un elemento esencial para sus planes: no iba a tener problemas para encontrar voluntarios que ejecutasen el genocidio, incluso entre los sectores más formados de la sociedad. Las palabras de odio que llevaba sembrando desde hacía décadas habían funcionado.

Fuente: el país

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